El 3 de noviembre, La Moneda dio un paso decisivo. Ese viernes, en un consejo de gabinete, adoptó lo que fue caratulado como la “prescindencia dura” frente al plebiscito de hoy. El trasfondo del diseño -que se venía aplicando, aunque con porosidades- apuntó a cerrar definitivamente todos los espacios, con el objetivo de no dar el más mínimo margen a la oposición para convertir esta elección en un referendo a la gestión del gobierno, tal como sucedió con las rotundas derrotas electorales del 4-S y del 7 de mayo. La recta final, sin embargo, diría otra cosa. La derecha buscó forzar el escenario y convirtió a La Moneda en su adversario político en la campaña, con los eslóganes “Que se jodan” y “Boric vota ‘En contra’, Chile vota ‘A favor’”.
La arriesgada estrategia del “silencio electoral” de Palacio -dejando el espacio libre a sus adversarios- venía siendo presionada por el oficialismo y el comando -encabezado por Ricardo Solari (PS)-. Para estos efectos, la Secom elaboró un documento político-comunicacional con los escenarios negativos que podría tener una exposición de La Moneda y del propio Presidente. La conclusión venía dada por la dura derrota que sufrió el oficialismo en el plebiscito de 2022, cuando, a pesar de haber jugado todas sus fichas por el proyecto constitucional emanado de la Convención, este fue rechazado por un 62%.
Las alarmas de los partidos se habían encendido el 31 de octubre -días antes de la instrucción de “prescindencia dura”-, cuando la oposición acusó al Jefe del Estado de haberse pronunciado por el “En contra”, por sostener -en una visita a la Región del Biobío- que “acá no hubo una propuesta ni de cerca de ser de consenso; finalmente se impuso la mayoría circunstancial que hubo en el Consejo, tal como en el proceso anterior”. En ese momento -cuentan en el oficialismo- fue la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, una de las que expresaron directamente su preocupación a La Moneda, por considerar políticamente riesgosa esa incursión.
Después de eso, la única excepción a la regla se produjo a fines de noviembre, cuando el Presidente afirmó en términos genéricos que “en nuestro país no se puede retroceder en los derechos” de las mujeres, lo que también había sido expresado por la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, unos días antes. Y si bien la derecha interpretó las palabras como un marcaje por el “En contra”, en el oficialismo se consideró que estas no habían traspasado los límites.
“Un hecho destacable es el rol estrictamente prescindente que ha tenido el gobierno durante todo este proceso, dándoles garantía a todas las partes”, enfatiza el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos.
Hasta inicios de esta semana en La Moneda tenían un balance positivo de la estrategia, e incluso distintas autoridades les subrayaron a los partidos que era importante ser cautelosos y no cometer errores en la recta final. Así lo hizo el lunes el subsecretario Manuel Monsalve a los secretarios generales de los partidos en una cita en Palacio.
Sin embargo, el esfuerzo fue opacado por una cadena de acontecimientos que instalaron una crisis política en Palacio: la declaración de la exsubsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas, que aseguró haber informado al ministro Carlos Montes de los convenios de Democracia Viva; la detención de dos de los implicados en este caso, el exseremi del Minvu Carlos Contreras y el representante de esa fundación Daniel Andrade, además de la citación de la Fiscalía al jefe de asesores, Miguel Crispi, a declarar como imputado en enero próximo. Y, por si fuera poco, la detención el jueves de Luis Castillo, quien fue uno de los indultados por Boric en diciembre, por un supuesto secuestro.
Por qué la prescindencia
El camino de la no intervención había sido adoptado tempranamente, la misma noche del 7 de mayo, día en que el Partido Republicano obtuvo un inesperado triunfo con 22 de los 50 escaños de consejeros constitucionales. En ese momento, el Presidente y su equipo llegaron a una conclusión: que con esta segunda derrota se había “galvanizado” el giro del electorado hacia una tendencia más conservadora. Y que lo más probable era que la nueva Carta Magna -en la que el oficialismo tenía un estrecho margen de incidencia- terminara teniendo un sello inverso al de su origen en 2019.
De ahí que el discurso del Primer Mandatario esa noche intentara abrir una nueva etapa, con un llamado a la oposición: “No cometan el mismo error que cometimos nosotros”.
En ese ambiente de derrota, donde los dos caminos que se abrían para el Presidente eran amargos -terminar firmando una Carta Magna con contenidos en los que no estaba de acuerdo o seguir gobernando bajo la vigencia de la Constitución de los “cuatro generales”, como la llamó en su momento-, los habitantes de La Moneda comprendieron que debían replegarse y repriorizar la agenda legislativa: la reforma de pensiones terminó yéndose al congelador hasta el 17-D, por no tener acuerdo en el Congreso, y seguridad, migración y economía -áreas cuestionadas por la oposición- saltaron al primer lugar de la tabla.
De este modo, solo en contadas ocasiones -antes de la prescindencia extrema- hubo referencias a la discusión constituyente. Mientras que, puertas adentro de la Comisión Experta y el Consejo Constitucional, el gobierno también se mantuvo ausente, aunque sí tuvo vasos comunicantes, como los expertos Gabriel Osorio (PS) y Antonia Rivas (CS) y la consejera María Pardo (CS).
Un episodio se registró al término del trabajo de la Comisión Experta, cuando Boric sorprendió diciendo que “yo, hoy, la aprobaría”. Y la del ministro de Hacienda, Mario Marcel, por el tema de la exención de contribuciones a la primera vivienda. “El gobierno no comenta los temas que se discuten en el Consejo Constitucional. El único dato que vale la pena consignar es que de la recaudación de impuesto patrimonial, el 50% viene de las comunas de Las Condes, Lo Barnechea, La Reina, Ñuñoa, son todas del barrio alto de Santiago”, planteó.
Ya en los días finales del proceso este mismo silencio se apoderó de las fuerzas oficialistas, que optaron por retrasar un pronunciamiento por el “En contra” hasta no conocer el texto definitivo. El “plan de dilación” para que los partidos se alinearan en una postura común, que incluyera incluso a la DC, provino del presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, quien jugó un rol clave en ese proceso. Al interior de las distintas tiendas políticas el análisis era que había que aprovechar el colchón de ventaja que daban las encuestas (la última Cadem fue de 38% por el “A favor” y 46% por el “En contra”) y no mover el avispero.
Uno de los problemas complejos fue, para las cúpulas, alinear a las bases, ante la resistencia de díscolos, especialmente en los partidos de Apruebo Dignidad, donde había partidarios de cruzar el límite y manifestarse tempranamente por el “En contra”.
El vestigio de esa postura quedó expuesto a fines de septiembre, con el llamado a una manifestación en la Plaza de la Constitución, frente al Palacio de Gobierno.
“El 30 de septiembre apoyo a Boric y el 17 de diciembre en contra de la Constitución”, señalaban los convocantes en las redes sociales, entre los que figuraban militantes del PC; de Convergencia Social, el partido del Presidente; de Comunes y del Frente Amplio.
Una serie de movimientos a nivel de las dirigencias de los partidos del oficialismo logró desactivar que hubiera un pronunciamiento anticipado, por lo que la manifestación quedó reducida solo al respaldo al Presidente por el caso fundaciones.
Finalmente, los plazos se cumplieron de acuerdo a lo pronosticado y el 27 de noviembre el oficialismo completo anunció su postura “En contra” de la propuesta constitucional zanjada en el Consejo.
Amarrando flancos
La Moneda se mantuvo en su estrategia a pesar de los insistentes llamados del timonel de la UDI, Javier Macaya, al Presidente Boric para que se pronunciara. La determinación se canalizó en voz del ministro de la Segpres, Álvaro Elizalde, quien recordó los cuestionamientos que hubo hacia La Moneda por haber marcado una opción para el 4-S. “Ahora critican todo lo contrario. Yo les diría que se pongan de acuerdo”, dijo.
El aprendizaje de esa dura derrota provocó que el guion seguido esta vez por el oficialismo fuera prácticamente el contrario al que puso en escena en 2022, con Karol Cariola (PC), Vlado Mirosevic (PL) y el abogado Felipe Heusser a la cabeza de la campaña. Esta vez fue fichado como coordinador del comando el exministro Solari (PS), una figura del Socialismo Democrático, de amplios contactos transversales, cercano a Elizalde y a la ministra Carolina Tohá, lejano al octubrismo y con experiencia en distintos comicios (estuvo en el del 88 y en la primera de Michelle Bachelet).
Junto a Camila Miranda (Comunes) diseñó una campaña con Chile como marca, es decir, lejana a los partidos, a la izquierda y al gobierno. Y levantó un relato con foco en la explicación del texto constitucional y no en una contienda contra José Antonio Kast. Ello, porque según focus group y encuestas, concluyeron que la ciudadanía está harta del proceso y de las peleas a nivel político. De ahí la resistencia a responder al “Que se jodan” de la campaña del “A favor”, que al final sí hicieron mediante la franja.
La presencia de Solari fue relevante, según se admite a nivel político, para cerrar flancos. Uno de ellos fue haber concordado con los partidos el no perseverar con un tercer proceso constituyente. Ello quedó plasmado en una declaración que firmaron el 27 de noviembre todas las colectividades de gobierno. Clave en esa rúbrica fue la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, quien apuró la firma de esa declaración en una cita con todos los jefes de partidos, quienes horas antes se habían reunido con Solari -como tantas veces lo hicieron durante la campaña- para ver estrategias y mensajes en común. La firma se logró ese mismo día.
El único disidente, al menos públicamente, fue el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), quien fue categórico en afirmar que “no corresponde que los gobiernos que están en entredicho sean los que definan si los procesos constituyentes se hacen o no”. Y que “el PC y los comunistas vamos a seguir trabajando porque haya una nueva Constitución a través de una Asamblea Constituyente”, citas que fueron ocupadas por la oposición durante la campaña.
Pero su postura era solitaria. “Daniel, que es uno de los liderazgos del partido, nunca dijo que la posición oficial del PC era la que él exponía”, sostiene Carmona, al afirmar que la decisión de no ir a un tercer proceso la definió el partido.
Sin embargo, a pesar del cuidado esquema de la prescindencia y el logro de haber alineado a sus filas, las alarmas del oficialismo volvieron a encenderse esta semana -calificada de negra por algunos- con la reactivación del caso Democracia Viva y la detención del indultado Castillo, cuyas consecuencias son inciertas para la tercera elección que enfrenta esta administración.
