La prueba de fuego de Boric

El martes feriado, alrededor de las 13.30 horas, Carolina Tohá -quien se encontraba en unas breves vacaciones en la Región de Los Lagos- fue informada de un nuevo homicidio múltiple que, poco más de una hora antes, había ocurrido en la comuna de Lampa, al norte de la Región Metropolitana (RM). Al otro lado del teléfono, el director de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, le informaba que una balacera en una fiesta after había dejado cinco personas muertas y otras tantas heridas en un recinto clandestino.

La desazón embargó a la ministra del Interior y Seguridad Pública e histórica militante del PPD. Los nuevos crímenes a sangre fría se sumaban al de los cuatro menores de edad ocurridos en la madrugada del domingo en la población Parinacota, en Quilicura, que habían tenido un fuerte impacto público y una amplia cobertura mediática. Y, otra vez, la crisis en seguridad se tomaba bruscamente la agenda en un año electoral.

Pocos minutos después, Tohá recibió un llamado del Presidente Gabriel Boric, quien le pidió suspender su descanso, tomar un vuelo a Santiago lo más pronto posible y citar a una reunión de emergencia con la PDI, Carabineros, el fiscal nacional, Ángel Valencia; el delegado presidencial de la Región Metropolitana, Gonzalo Durán, y sus dos subsecretarios, Manuel Monsalve (Interior) y Eduardo Vergara (Prevención del Delito), para evaluar nuevas medidas.

El Mandatario y su Segundo Piso volvían a repetir el libreto con que habían enfrentado crisis anteriores, como la ocurrida tras la brutal muerte de tres carabineros en Cañete, buscando mostrar unidad institucional y credibilidad en un tema que en el pasado él, el Frente Amplio y el Partido Comunista usaron como bandera de lucha para enfrentar a la derecha y torpedear al anterior gobierno de Sebastián Piñera.

No en vano, la oposición hizo circular esta semana en redes sociales un cuadro que mostraba el rechazo -o abstención- del actual Jefe de Estado, su vocera Camila Vallejo, su jefe de asesores Miguel Crispi y su exministro Giorgio Jackson, en un conjunto de proyectos de ley relacionados con temas de seguridad, cuando eran diputados. Entre ellos, el que mejoraba la persecución de narcotraficantes y la iniciativa que ponía mayores exigencias, controles y sanciones a la fabricación, importación, comercialización, distribución y venta de armas.

Un funcionario de gobierno miembro del Socialismo Democrático (SD) asegura que, aunque en menor medida, la mirada ideológica en temas de seguridad y migración, entre otros, sigue presente en el ADN de Boric y el ala izquierda de su administración, a pesar de que este tema -por presión ciudadana y política- se haya tomado las prioridades de La Moneda. Y, ahora, sea un tema clave para la campaña que está por comenzar. En ese contexto se explica la arremetida del Partido Socialista, liderada esta semana por el experimentado senador José Miguel Insulza.

Un alto dirigente socialista, en tanto, agrega que en varias instancias había planteado internamente a La Moneda la opción de mostrar una mayor proactividad en la lucha contra el narcotráfico y la migración ilegal, pero no habían sido escuchados.

En este contexto, la directiva y las bancadas parlamentarias del PS sacaron el miércoles una dura declaración, pidiendo al gobierno “medidas cualitativamente distintas”, que permitan enfrentar el crimen organizado. “Apoyamos todas las medidas que consagra el Estado de Derecho, incluida la declaración de estado de excepción para que las Fuerzas Armadas puedan apoyar en labores preventivas”, dice uno de los 12 puntos del comunicado.

En al menos dos reuniones en La Moneda (el jueves con Monsalve y parlamentarios oficialistas y el viernes en un almuerzo con Tohá), la presidenta del PS, Paulina Vodanovic, explicó que el objetivo que había tenido la ofensiva de su partido era enmendar el rumbo del gobierno en materia de seguridad, ad portas de las elecciones regionales y municipales.

Fue el senador del PS Juan Luis Castro quien sinceró esta preocupación por el impacto que pueda tener el clima de inseguridad que existe en la capital y en las principales regiones del país en los comicios de octubre y en la presidencial del próximo año.

“Puede haber un castigo electoral simplemente porque la seguridad pública no está garantizada y la responsabilidad siempre es de los gobiernos, antes y ahora”, advirtió Castro, pidiendo más firmeza al Ejecutivo.

Así lo entienden también una serie de alcaldes de gobierno que buscan la reelección, que han endurecido sus acciones en materia de seguridad. El ejemplo más evidente es el de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, quien ha reforzado sus equipos y pautas relacionados con este tema.

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La noche del miércoles, tras llegar de un viaje relámpago a Paraguay, Boric partió directamente a La Moneda, donde analizó con Tohá y Monsalve el escenario en aquel momento marcado por, entre otras cosas, la dura reacción de los candidatos presidenciales de la oposición -Evelyn Matthei, José Antonio Kast y Rodolfo Carter- y el anuncio de diputados del Partido Social Cristiano de una acusación constitucional en contra de la titular de Interior, la cual no tuvo eco en Chile Vamos. Ello, además de la arremetida del PS, que seguía insistiendo en decretar estado de sitio en la capital.

El diagnóstico compartido esa noche en Palacio era que las cinco medidas anunciadas el día anterior (500 nuevos carabineros recién egresados para la RM, reordenamientos de las tareas en las comisarías para tener más efectivos en las calles, ampliar la labor de la PDI en fiscalizaciones a la población migrante y el refuerzo profesional al trabajo de los fiscales, entre otras) no habían tenido una buena acogida política ni tampoco un efecto tranquilizador en la población y había que hacer nuevos anuncios que revirtieran los ánimos políticos.

Pero el margen de acción era estrecho. El Mandatario decidió citar a las 7 de la mañana del jueves al llamado gabinete pro seguridad y adelantar el anuncio de la construcción de una nueva cárcel de alta complejidad para presos vinculados al crimen organizado y una “fuerza especial en Gendarmería”, que el Ministerio de Justicia tenía contemplado hacer a fines de mes.

El jueves en la mañana, tras la reunión, Boric -de parka azul parecidas a las que caracterizaron al gobierno anterior- anunció, además, la creación de una “unidad de acción y seguridad”, que se reuniría regularmente tres veces a la semana y en la que participarán Interior, Carabineros, la PDI, la Fiscalía y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) y que coordinará el delegado presidencial de la RM, Gonzalo Durán. Y dijo que, para monitorear la actual situación, suspendería su viaje a la inauguración de los Juegos Olímpicos en París y a la Cumbre de Desarrollo Sostenible Olímpico, donde había sido invitado por el Presidente de Francia, Emmanuel Macron.

Sin embargo, el nuevo paquete de medidas tampoco logró bajar la temperatura. Desde la oposición muchos salieron a decir que esta unidad ya había sido anunciada antes y que el exedil de Independencia no tenía las credenciales en seguridad para liderar este equipo y especialmente a ambas policías.

El plan definido por La Moneda fue involucrar al Parlamento en la crisis de inseguridad -oficialismo y oposición-, poniéndole urgencia a proyectos de ley que se encuentran trabados desde hace mucho tiempo. Y compartir con el Congreso los costos del complejo momento.

El Mandatario se comunicó personalmente con el presidente de la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Francisco Undurraga (Evópoli), para plantearle la necesidad de acelerar la tramitación del proyecto de ley que crea el Sistema de Inteligencia del Estado y de Ley de Inteligencia Económica, bajo el argumento de que ambas iniciativas son fundamentales para combatir el crimen organizado.

El Mandatario pidió también a su ministra y subsecretario del Interior reunirse con todos los partidos y los parlamentarios involucrados en el tema para aunar posiciones y, con los oficialistas, desactivar lo más pronto las tensiones.

El PPD había expresado su preocupación por la alta exposición de Tohá, quien hoy aparece como la segunda figura presidencial de la centroizquierda mejor evaluada en las encuestas, después de Michelle Bachelet, quien ha reiterado que no será candidata por tercera vez.

Tampoco les había caído bien que Boric hubiera reconocido públicamente que las medidas para evitar un alza de homicidios en la RM no habían tenido los resultados esperados. Lo cual, señalan fuentes del partido de Tohá, nunca advirtió cuando Constanza Martínez era la delegada presidencial metropolitana.

Hace algunas semanas no pasó desapercibido el discurso del diputado Diego Ibáñez durante la última actividad de Convergencia Social, antes de fusionarse con Revolución Democrática y otras fuerzas de izquierda, donde reivindicó las ideas con las que nacieron políticamente hace seis años y que los llevaron al poder en tiempo récord.

“Son nuestras ideas las que cambian la vida a la gente. Y aquí quiero ser muy claro, gobernamos mejor, cuando la Constanza Martínez recupera el barrio Meiggs y baja un 30% la tasa de homicidios. Gobernamos mejor cuando el Eduardo Thayer (director del Servicio Nacional de Migraciones) logra que la migración irregular sea la más baja de los últimos tres años, sin violar los derechos humanos. Eso es gobernar mejor (...)”, señaló Ibáñez en esa oportunidad, siendo ovacionado por la audiencia frenteamplista.

Desde los partidos del Socialismo Democrático también habían tomado distancia de la idea de decretar estado de sitio.

“Hay personas que piensan que, frente a la hemorragia, hay que hacer medidas de salvataje, pero eso puede servir para un momento breve. No puedes tener a la sociedad chilena viviendo permanentemente en un estado de excepción”, señala Guido Girardi, exsenador del PPD. “El fenómeno delictual no desaparece por unas leyes más o por un decreto de estado de sitio”, agrega el presidente del PR, Leo Cubillos.

Otro foco de conflicto se produjo tras la decisión de La Moneda de excluir al gobernador metropolitano, Claudio Orrego -quien busca su reelección-, de varias de las reuniones y puntos de prensa realizados esta semana en La Moneda. La razón fue que hasta hora el ex DC no es el candidato único del oficialismo y su presencia podría tensionar la fase final de las negociaciones.

El Partido Comunista, en tanto, se mantuvo al margen de las polémicas, salvo el rechazo de Hassler a la construcción de una nueva prisión en su comuna, la colectividad se cuadró con Boric y Tohá.

“No es momento de pequeñeces”, es una de las ideas fuerza de una minuta enviada por la Secom a parlamentarios y presidentes de partidos del oficialismo a fines de esta semana.

Tohá invitó a almorzar el viernes a la plana mayor del PS, entre ellos, al senador Insulza, a quienes recibió con un almuerzo poco habitual en Palacio: un abundante plato de pollo a lo pobre (papas, huevo y cebolla frita).

A la salida del encuentro, el otrora “panzer” del gobierno de Lagos retrocedió en su idea de decretar estado de sitio en la RM. En cambio, anunció que habían solicitado al gobierno aplicar “discusión inmediata” al proyecto que permite el despliegue de Fuerzas Armadas en infraestructura crítica, que se encuentra en el Congreso.

Desde el PS desdramatizaron la vuelta de carnero, asegurando que habían cumplido su objetivo: empujar a Boric a endurecer la mano y mostrar medidas y acciones concretas en el tema que -incluso a contrapelo suyo- terminó siendo el prioritario de su gobierno.