La recaída de Luis Hermosilla

Luis Hermosilla quería su teléfono de vuelta. Era febrero y ya habían pasado tres meses desde que el abogado penalista de 67 años había entregado su iPhone 14 Max al OS-7 de Carabineros, para que lo revisaran como parte de la investigación que la Fiscalía Oriente llevaba en el marco del “caso audios”: la causa judicial que nació en noviembre pasado, a partir del registro sonoro de una reunión de la que dio cuenta Ciper, donde el mismo Hermosilla, el empresario Daniel Sauer y la abogada Leonarda Villalobos hablaban sobre pagos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), con el propósito de conseguir beneficios para Sauer.

El estruendo del caso para el círculo de Hermosilla, que es representado jurídicamente por su hermano, Juan Pablo, parecía estar apagándose entonces. No había surgido evidencia que comprobara los sobornos ni su participación en algún delito. Ni siquiera había sido formalizado. Hasta ese momento, calculaban en su entorno, el único daño real que podían apreciar era la traición de Villalobos, que había sido quien grabó y filtró la reunión, y la reputacional, porque en ese audio -de ser todo falso- Hermosilla sonaba como un abogado que presumía sobre redes y contactos que simplemente no tenía.

Por eso es que, en febrero, su defensa le pidió al fiscal Felipe Sepúlveda si podían tener el iPhone 14 Max de vuelta. Según ellos, Sepúlveda dijo que sí. Que se lo pidieran.

Era la primera vez que el penalista hacía una solicitud directa. Hasta entonces había preferido mantenerse alejado de la causa, dejándole todo a su hermano. De hecho, dicen cercanos, ni siquiera ha pedido una copia de la carpeta investigativa. La razón era sencilla: no querían que nadie lo apuntara en caso de que hubiese una filtración.

En ese escenario, las posibilidades que le quedaban de llevar una vida que pudiese controlar estaban circunscritas a rutinas en su casa de calle Espoz, en Vitacura, donde se refugió con su pareja y los hijos de ella, viajes cortos a la playa durante el verano, trabajar en las causas que pudo mantener y a no salir demasiado a la calle. A veces podía, a veces no. Una de esas fue para el plebiscito del último diciembre. Llegó a las 17.00 al Colegio Newland, en Lo Barnechea, escondiéndose detrás de lentes de sol y usando un gorro blanco. Pero los periodistas, que lo estaban esperando, igual lograron identificarlo. A pesar de las preguntas, esa tarde no dijo nada.

Recuperar su teléfono, considerando el giro que había tenido su vida desde noviembre, podía sentirse como un paso hacia la normalidad para quien había logrado fabricarse la fama de ser uno de los abogados más influyentes y conectados del país.

Ese deseo se derrumbó el 15 de marzo.

A las 6.00 de ese viernes, Carabineros allanó la casa del director de la PDI, Sergio Muñoz, y también su oficina institucional. Habían encontrado mensajes suyos con Hermosilla, donde le filtraba información sobre 12 causas. Incluso de algunas que eran reservadas. Más tarde se supo que lo formalizarían por el delito de violación de secreto. El detalle de los mensajes extraídos también fue publicado por Ciper dos días después. Hermosilla se enteró por un amigo, quien le avisó.

Ahí estaban los intercambios en que Muñoz le avisaba sobre pericias y decisiones en causas como la del exdirector de la PDI Héctor Espinosa, por malversación de fondos reservados, pero también en otras como Dominga, Enjoy y en las que se investigaba a Raúl Torrealba y Felipe Guevara.

Lo grave no sólo era el fondo. La forma, con invitaciones a comer a la casa de Muñoz, reuniones con ofrecimientos de once con churrascos y felicitaciones y gestiones varias, daba un tono de familiaridad a las 510 conversaciones analizadas que, inevitablemente, se leyeron como otro daño a su imagen y una recaída para Hermosilla. Incluso, a pesar de que no hubiera nada ilícito, desde su parte, en los mensajes.

–Teníamos la sensación de que lo peor había pasado –dice un cercano–. Pero la Fiscalía tenía su celular. Habíamos pedido que lo devolvieran y no lo habían hecho. Sabíamos que había una bomba ahí, sonando tic-tac.

El viernes, esa bomba explotó.

El daño dejó de ser algo intangible y se convirtió en algo real cuando, cuentan sus cercanos, entregó su oficina alrededor de diciembre pasado. El inmueble, en el cuarto piso del edificio Alonso, que tiene el grupo Patio en Alonso de Córdova, simbolizaba el poder y el mundo al que Luis Hermosilla accedía a través de su clientela. Por eso mismo, dejar ese arriendo, vaciar ese espacio y enviar a su equipo a trabajar de manera telemática tenía una lectura que sólo podía entenderse como una caída en desgracia. Sobre todo cuando, en un principio, analizaron cambiarse a otra dirección y, frente a los hechos, optaron por desechar esa opción.

No es difícil imaginar que, por lo mismo, esos primeros meses tras la filtración del audio con Sauer y Villalobos fueron los que más le costaron. En su círculo dicen que era una situación compleja de manejar, porque no podía culpar a nadie más que a sí mismo. A cómo se mostraba, a las cosas que decía. Para levantarle el ánimo, sus amigos y familiares le recuerdan las situaciones que enfrentó antes. Le hablan de los 80, cuando era el abogado de la Vicaría de la Solidaridad y tomaba casos, como el “degollados”, donde representó a la familia de José Manuel Parada, quedando en la mira de agentes de Augusto Pinochet. La narrativa de que es un profesional duro, que ha pasado por momentos más pesados que este, es una que su entorno repite harto. Uno de ellos, sin ir más lejos, la frasea así: “Lucho no es un abogado del club de golf”.

Lo otro que le planteaban es que ninguna de las consecuencias de lo que comenzó a destaparse con el audio era devastadora para él. Que, a medida que pasara el tiempo, se iba a dar cuenta de que el costo a pagar no iba a ser tan grande, porque Chile “iba a seguir funcionando igual”.

Pero hubo cosas que sí cambiaron.

Algunos clientes, como Rodrigo Ubilla, terminaron en manos de otros defensores, en este caso, de Samuel Donoso. Marcelo Mosso, exdirector nacional de Fonasa, lo cambió por Francisco Sepúlveda, y Juan Francisco Galli hizo lo propio, pasando a Eduardo Riquelme. Las redes que había empezado a establecer con la administración Boric se cortaron rápidamente, cuando Miguel Crispi lo sacó de su defensa y puso, en su reemplazo, a Guillermo Chahuán.

Incluso en mundos donde su nombre tenía aún más peso perdió clientes. Christian Grollmus, de la familia del molino del mismo nombre, ubicado en Contulmo e incendiado durante un ataque en 2022, prefirió tomar su propia representación y no seguir con Hermosilla. Héctor Espinosa, el antecesor de Sergio Muñoz, investigado por malversación, confirma con un WhatsApp que el penalista ya no es su abogado. Lo mismo pasa con la familia de Jaime Guzmán, que puso término a su relación con Hermosilla después de 28 años.

Esa, claro, no es la historia que quieren contar en su círculo. Ahí dicen que sí, que ha perdido algunos clientes, pero tampoco tantos. Que, como se trata de relaciones laborales confidenciales, no pueden salir a dar la lista de quienes siguen con él. Pero que la cantidad de trabajo es suficiente como para mantenerlo ocupado en su casa.

Aun en este momento, dicen, Luis Hermosilla sigue trabajando normalmente.

El viernes del allanamiento a la casa de Sergio Muñoz les produjo varias dudas a Luis Hermosilla y a su equipo legal. No lograban entender por qué habían optado por pedir una entrada y registro a la residencia del director de la PDI, si toda la información que necesitaban para formalizarlo estaba en el iPhone del penalista. Lo otro era qué había conversado con Muñoz. Esa tarde, cuando Hermosilla tuvo que declarar como testigo en la causa contra el líder de la policía civil, el fiscal tuvo que leerle los mensajes. Fue la única forma de que pudiese recordarlos.

En ese interrogatorio, además, Hermosilla contó que conocía a Muñoz desde antes de que encabezara a la PDI, que no eran amigos y que, como aún era abogado de Héctor Espinosa, no podía referirse a los mensajes que tuvieran contenido relativo a esa causa.

La interpretación que hizo su defensa del material extraído del teléfono no era demasiado alambicada. Muñoz quería congraciarse con el gobierno de Sebastián Piñera a través de él. El mejor argumento, dicen, es que Hermosilla nunca le pidió nada al director de la PDI. Tampoco hay evidencia de que lo haya presionado.

El propio abogado de Muñoz, Juan Carlos Manríquez, lo dijo con otras palabras en un punto de prensa: para él, el policía “actuó no respondiendo a ningún encargo, ni a un compromiso, ni a un pago, ni a una prebenda, ni a un acuerdo ilegal. Lo hizo de motu proprio”.

El que sí quiso precisar algo fue Juan Domingo Acosta, quien representó a Sebastián Piñera en el caso Dominga. “Quiero ser bien claro en esto: los abogados que estuvimos a cargo de esa defensa, como en otras anteriores, fueron los de mi estudio profesional. El señor Hermosilla y el señor Chadwick no tuvieron ninguna intervención en esta causa, de ningún tipo. No tuvieron poder, no participaron en reuniones -por lo menos en las que yo estuve, nunca hablé con ellos de este tema ni nada por el estilo. Yo vengo a saber esto ahora, a propósito de todo el revuelo que se ha producido”, dijo a Radio Cooperativa.

Parecía ser otro ejemplo de lo que los audios de Leonarda Villalobos reflejaban: un abogado ostentando poderes y relaciones que no eran ciertas. Aunque eso, en todo caso, estaba lejos de ser lo que más preocupaba a su entorno. Lo que realmente no entendían era cómo la Fiscalía había logrado hacerse de los mensajes con Muñoz, cuando el análisis a su iPhone sólo permitía indagar en conversaciones relacionadas con el “caso audios”.

La justificación de la Fiscalía Oriente, en todo caso, estaba respaldada por el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago.

“El secreto profesional del abogado no cubre los actos delictivos del propio abogado, siendo precisamente indagado el señor Hermosilla como autor precisamente de delitos de soborno, lo que implica que la evidencia existente con los antecedentes aportados hasta el momento podría ser utilizada para fundar una investigación y medidas intrusivas que tiendan a corroborar dicha información”, argumentó la jueza Andrea Díaz-Muñoz para sostener su resolución del 16 de noviembre.

En la Fiscalía Nacional también estaban seguros de que tenían las atribuciones, porque se presumían delitos de un funcionario público, como era el caso de Sergio Muñoz.

Ese razonamiento, por supuesto, inquietó al círculo de Hermosilla. Algunos se preguntaban cómo la Fiscalía podía saltar de una conversación con Leonarda Villalobos a una con Muñoz, Piñera o Chadwick, que, aseguran, “están protegidas por el secreto profesional”.

Al margen de esa discusión, la defensa de Hermosilla cree que aún no es momento de atacar, que la causa tiene que seguir su curso y que la opinión pública no es algo que puedan controlar. Lo otro que le recomienda su hermano a Hermosilla es que trate de tomar distancia del día a día del caso. Por eso mismo, le pidió que no viera la transmisión de la audiencia de formalización del 20 de marzo, donde dejaron a Muñoz en prisión preventiva.

Más allá de que en ningún momento de esa jornada se mostró prueba de que Hermosilla hubiese cometido un delito al conversar con el ahora exdirector de la PDI, en su círculo aún quedaba una sensación incómoda.

–Lo que mostró el teléfono de Lucho es el mundo real de los abogados –dice uno–. Y ese es un mundo donde se hace trampa.