La señal de alerta a la Convención: pesimismo sobre el proceso constituyente sube 19 puntos en tres meses y llega a 56%

“Me siento más bien pesimista”.

Ésa es la respuesta del 56% de los consultados cuando se les pregunta por cómo se sienten frente al proceso constituyente que por estos días está en pleno debate de normas que se instalarán en la propuesta de nueva Carta Magna. No es una cifra menor, sobre todo porque refleja un quiebre respecto a lo que la misma Encuesta Zoom de Reconstitución señalaba apenas tres meses antes, en enero pasado, donde el 63% decía sentirse “más bien optimista”. Y emana una señal de alerta, porque el alza de 19 puntos en el pesimismo se ha dado justo en los momentos en que se está discutiendo el articulado concreto; es decir, no solamente refleja percepciones sobre la actuación de la Convención Constitucional, sino también sobre los temas mismos y la manera en que se están enfocando.

Es una de las diversas conclusiones que se obtienen de la quinta entrega del estudio, una iniciativa conjunta de La Tercera, Criteria y la Cámara Chilena de la Construcción, cuyo sondeo en esta oportunidad fue realizado entre el 12 y el 14 de abril pasado, y contempló como muestra mil casos, incluyendo a mujeres y hombres de 18 años o más, de los niveles socioeconómicos ABC1, C2, C3 y D, y residentes de todo el país.

Y el 56% de pesimismo empata la peor cifra que ha tenido el proceso en el track de la encuesta: es la misma que existió en octubre pasado, en la tercera entrega, pero en ese momento el clima estaba bajo el efecto de la revelación de la mentira del convencional Rodrigo Rojas Vade, a quien una investigación de La Tercera lo obligó a reconocer que no padecía cáncer, como había sido la base de su campaña y de su figuración pública.

“El pesimismo ya no está acotado a un hecho puntual o específico, sino que es más estructural respecto al proceso en general”, marca Cristián Valdivieso, fundador y director de Criteria.

De hecho, la confianza en la Convención también cae en los últimos tres meses. Si en enero el 31% señalaba que la institución le inspiraba desconfianza, en el actual sondeo la cifra se empina al 45% -catorce puntos más-, mientras sólo el 30% asegura que le inspira confianza. Y en particular, un elemento genera curiosidad: si en enero apenas el 20% de quienes se declaraban como “muy informados” sobre el proceso constituyente decían desconfiar de la Convención, en abril la cifra se disparó 38 puntos, alcanzando al 58%.

El complejo escenario queda ratificado al analizar las opiniones sobre el desempeño de la entidad. El 62% opina que los constituyentes han sido firmes y no flexibles en sus posturas, dificultando el logro de acuerdos, en un alza de nueve puntos respecto a enero. El 64% afirma que está avanzando más lento de lo esperado, el 54% está de acuerdo en que está perdiendo tiempo en asuntos que escapan al rol para el que fue elegida, el 52% cree que está gastando más recursos de lo necesario y el 45% señala que está controlada por grupos extremos.

Al mismo tiempo, sólo el 28% está de acuerdo en que la Convención ha sido capaz de procesar y resolver las diferencias de opinión; y tanto el 30% que cree que ha logrado acuerdos importantes en este tiempo, el 32% que sostiene que ha trabajado bien pese a los obstáculos y el 35% que señala que representa adecuadamente la diversidad de Chile son cifras más bajas del porcentaje de encuestados que está en desacuerdo con esas afirmaciones (40%, 38% y 39%, respectivamente).

Un punto adicional es que la mirada crítica se agudiza en los últimos tres meses: sólo como ejemplo, el 45% que afirma que la Convención está controlada por grupos extremos es 11 puntos más que la misma respuesta en enero, mientras el 35% que plantea que el organismo refleja adecuadamente la diversidad del país es 10 puntos menos que los que decían lo mismo en el sondeo anterior.

Una de las consultas del sondeo da luz a un fenómeno de mucho interés que puede estar ocurriendo a la luz de la discusión de los contenidos constitucionales: cómo la población está modificando sus posturas mayoritarias en algunos temas coincidiendo con el debate detallado de las materias.

Ocurre al preguntar por la estructura del Congreso. Hace tres meses, la opción favorita de los consultados era el unicameralismo, que obtenía el 54% de las menciones. Pero tras las agitadas negociaciones tanto en la comisión de Sistema Político como en el pleno mismo de la Convención, en el sondeo actual el apoyo para esa alternativa se desploma 19 puntos, hasta el 35%, e incluso queda por debajo que la opción de que se siga con un sistema de dos cámaras que incluya a los senadores, que pasa de 37% a 40% de respaldo.

En el caso de la agenda que busca dar un nuevo estatus en la Constitución a los pueblos indígenas, pasa algo similar. En enero, el 43% de los consultados decía tener una visión “positiva” o “muy positiva” del concepto de Estado plurinacional. Pero en esta encuesta, ante la pregunta de cómo debiera ser el modelo de Estado, el 54% prefiere la opción de un modelo multicultural -entendido como una nación con varias culturas-, mientras sólo el 21% dice estar más cercano a la idea de plurinacionalidad.

El patrón se reitera en otras materias. Por ejemplo, el 45% prefiere el modelo de Estado unitario por sobre el que incluiría autonomías territoriales, entre ellas las indígenas, algo que respalda sólo el 25%. A su vez el 52% se siente más cercano a la idea de que el sistema jurídico sea el mismo para todos los chilenos, mientras el 23% respalda la idea de “pluralismo jurídico” en que cada pueblo indígena tiene su propio sistema de justicia; el 46% está en desacuerdo con que las personas de dichos pueblos puedan elegir voluntariamente si se acogen o no a su propio sistema de justicia o al de la mayoría del país -algo que sólo respalda el 26% de los consultados-, y el 50% está en desacuerdo con la idea de cuotas o escaños reservados para grupos que no están correctamente representados.

“Desde la ciudadanía en general hay una respuesta al mismo proceso constituyente que se expresa en los contenidos; es decir, que mientras más la Convención Constitucional ha hablado y ha tocado ciertos temas, particularmente los de identidades y en especial los temas indígenas, la gente, que en un principio estaba muy cercana y dispuesta porque veía en eso un acto reivindicatorio respecto a grupos que han sido minimizados en la sociedad, hoy día está buscando más bien el punto inverso, porque probablemente está dando una respuesta contra el mismo proceso y cómo se ha ido llevando a cabo”, dice Cristián Valdivieso.

Donde parece haber un consenso muy amplio es el el frente de los derechos sociales. El 81% de los consultados se muestra de acuerdo con consagrar el derecho de acceso a la vivienda, algo que se aprobó ya en el pleno durante la semana que pasó, mientras el 72% apoya que se consagre el derecho universal a la seguridad social -entendida ésta como previsión, salud y empleo-, independiente de si las personas han cotizado o no.

“El derecho a la vivienda y los derechos sociales aparecen como temáticas transversales y de gran acuerdo. Eso está expresando con mayor nitidez los orígenes del proceso y de las demandas sociales, y son los puntos en común”, marca Diego Córdova, director de cuentas del área de Asuntos Públicos de Criteria.

Pero al mismo tiempo, el 54% está de acuerdo con que se prohíba la estatización de los fondos previsionales, uno de los temas más controvertidos de las últimas semanas y que no sólo ha marcado a la Convención, sino también al Congreso y el gobierno de Gabriel Boric a partir de la discusión del denominado “quinto retiro”. Y si bien el 52% está de acuerdo con que se permita a los gobiernos regionales y municipales crear empresas públicas, apenas el 25% opta porque sea el Estado el único proveedor de derechos sociales como educación, salud y previsión, mientras el 48% señala que prefiere un modelo donde el mismo Estado colabore con la sociedad civil y los privados para hacerse cargo del cumplimiento de dichos derechos.

La encuesta además preguntó por la actitud de los electores de cara al plebiscito de salida, configurándose un escenario de casi perfectos “tres tercios”. El 33% de los consultados dice que segura o probablemente votará Rechazo, el 32% dice lo mismo sobre el Apruebo, y el 32% señala que aún no sabe si aprobar o rechazar, mientras el 5% afirma que se abstendrá o no participará, más allá de que la votación sea obligatoria.

El resultado va en línea con otros estudios que han mostrado un avance de la intención de voto del Rechazo en las últimas semanas. Eso sí, hay una pregunta adicional que resulta de utilidad para entender el panorama: el 72% de los consultados señalan que preferirían, en caso de que gane esa opción, que se defina un mecanismo para elaborar una nueva propuesta constitucional, mientras sólo el 28% afirma que le gustaría que se mantenga la actual Carta Magna.

Eso sí, un elemento llamativo es que al interior de ese 72%, la opción que tiene la primera mayoría relativa es que se designe un Comité de Expertos (44%). La segunda alternativa con más preferencias es que se elija una nueva Convención (33%), mientras el 17% optaría porque se haga un sorteo entre todos los ciudadanos para elegir quiénes redactarían el documento. Apenas el 6% dice que su modalidad preferida sería que el Congreso fuera quien redactara esa nueva Constitución.

“Aquí hay varias noticias. Primero, que la gran mayoría de la gente no quiere volver a la Constitución de 1980. Pero cuando te encuentras con un grupo que tiene esa visión, y que al mismo tiempo está expresando molestia contra la Convención, e incluso un aumento del Rechazo, lo que hay ahí es un rechazo no a la idea de una nueva Constitución, sino al proceso constituyente que está instalado. Y segundo, que pese a que la inmensa mayoría sigue queriendo tener una nueva Constitución, no cualquier cosa es mejor que la Constitución que tenemos hoy día. En ese escenario, se abre un Rechazo que sólo es capaz de articularse con más sentido y posibilidades si se abre a una alternativa para modificar igual la Constitución”, analiza Valdivieso.