La travesía de Ronald Ojeda: el teniente (R) que estaba en la mira de la fiscalía venezolana

“Voy a hablar del caso ‘Brazalete Blanco’”, dijo en una extensa conferencia de prensa el pasado 14 de febrero Tarek William Saab, fiscal general del Ministerio Público de Venezuela. “Esto consistía en la planificación de un ataque contra la 21° Brigada de Infantería del Ejército Bolivariano para hacerse con el parque de armas de este cuerpo, luego de atentar contra la vida del gobernador Freddy Bernal y, posteriormente, iniciar una escalada de actos terroristas hasta el intento de magnicidio contra el Presidente Nicolás Maduro”, expresó Saab en un tono duro y pausado.

“Brazalete Blanco” es el nombre que se le habría dado a la supuesta operación de inteligencia en la que, según las autoridades venezolanas, estaría involucrada la DEA, agencia estadounidense contra las drogas, y la CIA, agencia de inteligencia norteamericana. El caso, denunciado inicialmente por Venezuela el pasado 22 de enero junto a otras cuatro tramas de presuntas conspiraciones, ha provocado una ola de detenciones de exmilitares y opositores al régimen de Nicolás Maduro. Entre ellos está la abogada y activista Rocío San Miguel, cuya captura gatilló también la expulsión de Caracas de la oficina técnica del alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU.

“No voy a mencionar todos los nombres, pero hay por este caso 19 involucrados, hay además 15 órdenes de detención por ejecutar, porque muchos están prófugos. Pero hay una detención clave, que fue la del exmilitar terrorista Ányelo Heredia”, explicó Saab en su conferencia. De inmediato, el fiscal general pidió que se reprodujera un video que, agregó, fue clave para desbaratar la supuesta conspiración. Para varios exmilitares de ese país esta sería una pieza clave para entender el cinematográfico secuestro en Chile del exteniente venezolano Ronald Leandro Ojeda Moreno (32), ocurrido a las 3.10 horas del pasado martes desde su departamento en Independencia.

“Emprendí mi salida desde Estados Unidos por toda Centroamérica hasta llegar a Cúcuta (Colombia), donde iba a empezar a reunir el personal y hacer el trabajo de inteligencia para ingresar a Venezuela, evadiendo las alcabalas fronterizas”, dice en el video mirando a la cámara y vestido con un uniforme carcelario celeste el excapitán Ányelo Heredia Gervasio. Heredia fue detenido el 14 de diciembre pasado, cuando, presuntamente, se preparaba para iniciar la operación “Brazalete Blanco”.

En su supuesta confesión, Heredia también delató a quienes lo acompañarían en su plan de sabotaje. “Con las personas que yo iba a ingresar era el primer teniente Ojeda, el sargento Pérez y el sargento Angulo”, se escucha decir al excapitán. En Chile, y tras ver el video, el exteniente Ronald Ojeda supo de inmediato que se había convertido en un objetivo de la justicia venezolana, aseguran hoy sus amigos.

“Quedó muy preocupado, muy afectado en general. El año pasado Ronald tuvo mucho contacto con el capitán Heredia. Sabía que él no se prestaría para algo así, a menos que fuese por amenaza a su familia o tortura”, recuerda hoy desde España el también exteniente Eduardo Figueroa Marchena, quien compartió durante casi todo 2017 prisión con Ronald Ojeda en el penal de Ramo Verde, cerca de Caracas.

“También le preocupaba la situación en Chile luego de esa declaración. Creía que le podía afectar. Le recomendé que estuviera muy atento. Me dijo que lo estaría, que estaba cambiando sus rutinas”, rememora Figueroa sobre la última conversación que tuvo con Ojeda el lunes pasado, dos días antes de su desaparición. Desde noviembre del año pasado Ojeda recibió la calidad de refugiado político en nuestro país.

El secuestro de Ojeda -quien fue sacado a la fuerza desde su casa por cuatro sujetos armados, vestidos con pasamontañas y chalecos antibalas con logos de la PDI- ha llevado al gobierno de Chile a ponerse en “todas las hipótesis detrás del plagio”, entre ellas, un secuestro extorsivo por parte de bandas relacionadas al Tren de Aragua e, incluso, la posibilidad de un autosecuestro para generar impacto político.

Pero el hecho de que a cuatro días del rapto no se haya pedido dinero por su rescate, sumado al activismo antichavista de Ojeda y su supuesta vinculación con la operación “Brazalete Blanco”, han incrementado la teoría de un “secuestro poco común”. Una trama que tiene en vilo a su familia, pero también al gobierno de Chile y al Ministerio Público.

Es la mañana del jueves 22 de febrero y las miradas de los vecinos que salen del condominio ubicado en calle El Molino 1775, en la comuna de Independencia, son una mezcla de miedo y curiosidad ante el cerco de cámaras de televisión en el lugar. “Quienes sean los que hayan hecho esto, supieron hacerlo muy bien”, dice una residente sobre el secuestro de Ronald Ojeda.

Otros vecinos relatan que en el conjunto de dos edificios, de 25 pisos cada uno y de 600 departamentos en total, más de dos tercios de los habitantes son venezolanos, que se autodefinen “de clase media”, varios de los cuales dejaron propiedades y negocios en su tierra al emigrar a Chile. El lugar está a sólo dos cuadras de un gran recinto de Carabineros que alberga el Servicio de Encargo y Búsqueda de Vehículos (SEBV), la 30° Comisaría de Radiopatrullas y la 57° Comisaría Motorizada de la institución.

“Esto es algo muy delicado, la policía está a cargo y la orden es que ninguno de los conserjes puede decir nada de lo que pasó”, advierte brevemente el administrador sobre los hechos que ocurrieron a las 3.10 horas del pasado martes 20 de febrero, en el piso 14 de la torre A. Horas más tarde, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, había confirmado que un grupo de cuatro desconocidos llegó a bordo de un auto gris marca Nissan, modelo Versa, del año 2020, al conjunto habitacional. En su parabrisas, una luz estroboscópica azul como las que usa la PDI destelló ante las cámaras de seguridad del condominio.

Desde su interior bajaron tres sujetos corpulentos, vestidos con equipamiento táctico, pasamontañas, cascos, banderas chilenas en sus brazos y con un caballete de los que usa la policía para derribar puertas en allanamientos. “En la noche siempre quedan dos conserjes de turno. A esa hora uno andaba haciendo una ronda por los pasillos y el otro, que estaba solo, creyó de verdad que era la PDI la que había llegado y los dejó pasar”, relata otra vecina.

Rápidamente, los tres hombres tomaron uno de los ascensores de la torre A. Imágenes de las cámaras de seguridad, difundidas horas más tarde, los mostraron al interior conversando y manipulando sus teléfonos celulares, hasta que con total calma se bajaron en el piso 14. Lo que vino después fue escuchado por varios de los vecinos. Un golpe seco que dejó un orificio en la puerta del departamento de Ojeda y los gritos desesperados de Jetsy, su mujer, y del hijo de ambos, de seis años de edad.

“Se escucharon unos gritos muy fuertes, me despertaron. Pero no salí a mirar ni nada. En el chat de WhatsApp del edificio dijeron que la PDI se había llevado a alguien y los otros vecinos sólo reclamaron que por qué estaban haciendo ruido a esa hora, que eran gente de mal vivir”, comenta una vecina venezolana del piso 13 de la misma torre, quien por temor pide reserva de su identidad. Las cámaras de seguridad difundidas por diferentes medios el jueves pasado mostraron a Ojeda semidesnudo, maniatado y tomado del cuello por uno de los tres falsos policías. Luego, sin forcejeos aparentes y con pistola en mano, uno de los hombres lo subió al falso auto policial que los esperaba al interior del estacionamiento de visitas.

Posteriormente, a las 3.57 horas, Costanera Norte detectó a través de sus cámaras que en la autopista en dirección al poniente, entre Bulnes y General Velásquez, en la comuna de Renca, un auto había sido abandonado. Se trataba del mismo vehículo al que 46 minutos antes había sido subido Ronald Ojeda, el que llevaba patentes clonadas desde hace unos seis meses desde otro auto de la misma marca, modelo y color. Según ha trascendido, en las cámaras de la concesionaria no habría quedado registro de los captores subiendo al secuestrado a otro vehículo.

Por horas la versión de una detención policial siguió siendo lo que la comunidad del edificio creyó que había pasado. “Los ánimos no estaban muy buenos. La noche anterior había ocurrido un apagón y todo el mundo reclamaba contra la administración. Por eso, después de los gritos siguieron haciendo sólo reclamos”, señala la misma vecina del piso 13. Sólo horas más tarde, cerca de las 6 de la madrugada, otro de los residentes escribió “no fue la PDI, fue un secuestro” en el chat. Lo que vino después fue silencio. “Su mujer está en el grupo de WhatsApp y todos entendieron que era mejor no decir nada más”, sostiene la mujer.

A esa hora Carabineros ya había recibido la denuncia hecha por la esposa de Ojeda y descartado que fuera una diligencia real de la PDI. El primer relato de la mujer habría apuntado de inmediato a que los captores tenían acento extranjero y a que el secuestro había sido orquestado por la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela. Pero, hasta ahora, eso sigue siendo un absoluto misterio y una de las varias hipótesis del caso.

Nacido el 2 de septiembre de 1991, Ronald Ojeda proviene, según recuerdan sus cercanos, de una familia de pocos recursos. Por ello, no fue extraño que a los 16 años optara por la carrera militar. De esa manera, el año 2008 ingresó a la Academia Militar de Venezuela. En uno de los varios videos que Ojeda grabó estando en Chile, relató que “yo era un niño por ese tiempo (...) y ese eslogan de la revolución bolivariana para mí era incomprensible”.

Sobre esa misma época el exmilitar secuestrado dijo en el video que “por esos años yo ya no era el joven militar, ya no era el joven estudiante de un instituto de formación de oficiales donde va a garantizar la seguridad a todos los ciudadanos, sino que simplemente un militante de un partido más”.

Allí conoció a varios compañeros de armas, entre ellos, el exteniente José Rodríguez. “Estuvimos juntos cuatro años en la academia. El año 2012 nos graduamos como tenientes de infantería del Ejército. Luego de eso, Ronald se va a hacer el curso de comando a una unidad de fuerzas especiales del Ejército”, explica desde Estados Unidos Rodríguez. Posterior a ello, entre las destinaciones de Ojeda estuvo la ciudad de San Cristóbal, ubicada en el estado de Táchira, a unos 40 kilómetros de la frontera internacional que lleva a la ciudad colombiana de Cúcuta. Fue allí, en San Cristóbal, donde Ronald Ojeda y Jetsy, su mujer, se casaron en diciembre de 2016. Meses más tarde, ambos estaban esperando a su primer hijo, hoy de seis años.

En esa zona, según el relato del mismo Ojeda en videos, le tocó realizar actividades de control fronterizo y lidiar con los grupos guerrilleros que permean con gran facilidad el límite entre Venezuela y Colombia. “Cuando yo me encontraba activo en frontera, trabajando en las unidades militares, se trabajaba bajo las premisas de que los grupos guerrilleros no eran grupos subversivos en contra de las Fuerzas Armadas”, relató el 20 de enero de 2023.

Ante esa realidad Ojeda dijo sentir “indignación por la incapacidad de poder reaccionar ante estas formas de expresión que tienen las Fuerzas Armadas con estos grupos subversivos. Pero que supuestamente, y era así, eran lineamientos que venían prescritos desde el alto mando militar, desde la cúpula militar y desde las direcciones políticas que para ese momento y actualmente dirigen en Venezuela”. El año 2016 Ronald Ojeda se reencontró con su compañero de promoción, José Rodríguez. “Ese año nos reunimos para hablar sobre la situación de lo que estaba ocurriendo en el país con el régimen de Venezuela”, asegura Rodríguez sobre los hechos que luego desencadenarían en la prisión y tortura de ambos oficiales.

En sus redes sociales Ojeda narró parte de las labores de inteligencia que realizó en contra del régimen cansado de lo que califica como “corrupción”. “Yo de manera independiente me encontraba realizando un trabajo de inteligencia, el cual involucraba a oficiales generales y a oficiales coroneles para ese momento, entre ellos el encargado de las operaciones de los grupos subversivos”. Rodríguez, por su parte, asegura que “nos tomaron presos varias veces en Venezuela. La última vez un comandante de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) se subió a la camioneta de Ronald, lo apuntó con una pistola y le dijo que se bajara. Lo trasladaron en avión desde el estado de Apure a Caracas a las oficinas de la DGCIM”, afirma Rodríguez.

Días más tarde Rodríguez también fue detenido. Ambos fueron apuntados como miembros de la conspiración “Espada de Dios” y acusados de rebelión militar, de instigación a la rebelión, de traición a la patria. En los sótanos de la DGCIM, tanto Ojeda como Rodríguez aseguran haber sido torturados. Luego, ambos fueron trasladados a la prisión de Ramo Verde, ubicada en la ciudad de Los Teques, a unos 29 kilómetros de Caracas, lugar en el que el régimen de Maduro ha concentrado a los opositores civiles y militares.

En Ramo Verde Ronald Ojeda conoció a otro militar detenido, el exteniente de aviación Eduardo Figueroa Marchena, con quien forjó una amistad que perdura hasta hoy. “Compartimos ideología. Somos liberales y queremos ante todo la libertad de Venezuela”, responde desde España Figueroa. Pero también ambos compartieron la experiencia de ser torturados. “Nos desnudaban y arrodillaban. Nos daban descargas eléctricas. Te colgaban esposado de espalda, ese dolor es indescriptible”, afirma el exaviador.

Pero la prisión tendría sus días contados.

El 30 de noviembre de 2017 Ojeda y otros ocho oficiales encarcelados eran trasladados desde un tribunal militar de regreso a la cárcel de Ramo Verde. En ese momento, según reportes de prensa y fotografías, los militares les quitaron las armas a sus custodios y luego capturaron el vehículo.

Pero la policía local del municipio de Los Salias, lugar donde se ejecutó la fuga, se percató de la operación y comenzó a perseguir a los oficiales, lo que terminó en un enfrentamiento a tiros. El resultado fue que cuatro de los militares fueron recapturados, uno de los cuales falleció horas más tarde. Entre los otros cinco que lograron evadirse, además del hoy secuestrado Ronald Ojeda, estaba su compañero de generación en la academia militar, José Rodríguez.

“Desde allí nos fuimos por tierra hasta Perú. Llegamos los cinco juntos a Lima y pedimos refugio al Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú. En ese tiempo nos dedicamos a hacer trabajos en seguridad. Algunos trabajamos como guardias de tragamonedas y de casinos”, rememora Rodríguez. Luego, en agosto de 2018, con su señora y su hijo, Ojeda decide separarse de sus compañeros de fuga y partir a Chile. “Decidió optar por Chile, porque consideró que era un país más seguro para estar que Perú. Y económicamente más estable”, expresa su compañero de armas.

Ya en Chile, Ojeda llegó a la comuna de Quillota, en la Región de Valparaíso, a la casa de unos familiares que años antes habían emigrado desde Venezuela. Cercanos al exmilitar aseguran que allí trabajó como repartidor de comida o delivery y también como conductor de aplicaciones de transporte. Y en octubre de 2018 comenzó a tener una activa vida en redes sociales como X (ex Twitter), donde inicialmente sólo compartía contenido de José Antonio Kast y mensajes críticos a figuras como los entonces diputados Gabriel Boric y Camila Vallejo. “El pueblo venezolano peleando por comida, la fuerza armada prestándose para ser instrumento de la dictadura de Maduro, y toda la cúpula del dictador Maduro peleando por estar aferrado al poder. La salida es radical”, escribió en su primer mensaje, el 3 de noviembre de 2018.

Es por esa fecha que Ojeda solicitó ante el entonces Departamento de Extranjería (hoy Servicio Nacional de Migraciones) ser reconocido como refugiado político, acusando que en Venezuela ha sido perseguido, encarcelado y torturado. Momentáneamente, se le otorgó a él y a su familia un permiso de residencia temporal renovable cada ocho meses. La carpeta con su expediente se demoraría cinco años en ser aprobada. El refugio fue finalmente otorgado en noviembre del año pasado, con lo que se convirtió en uno de los 35 venezolanos que lo recibió en 2023.

El 24 de abril de 2021, mientras aún vivía en Quillota, Ojeda anotó el único registro policial que se le conoce en el país. A las 21.54 horas de ese día, el exteniente fue sorprendido junto a un chileno circulando en un auto y sin permiso sanitario por la Ruta 5, a la altura de Lampa, en momentos en que aún regía la cuarentena por la emergencia del Covid-19. El chileno posee antecedentes policiales por participar de un robo de 200 kilos de paltas en predios de La Calera en 2017 y por riña en 2023.

La fecha en la que el exmilitar secuestrado emigró a Santiago no está del todo clara. Lo que sí se sabe es que primero llegó a un departamento ubicado en calle Maruri, de la comuna de Independencia. “Su familia es humilde, una familia media. Ronald también trabajó en camiones y ahora estaba como agente de seguridad en una empresa. En las tardes ayudaba a su hijo en un canal de YouTube donde comparte videos de juegos”, comenta su excompañero José Rodríguez.

En 2022, el teniente (R) también se volcó a las redes. Ejemplo de ello fueron las protestas que en solitario y junto a su hijo realizó frente al Palacio de La Moneda en noviembre y diciembre de ese año. Allí, con una pancarta con el lema “Libertad a los presos políticos- Venezuela bajo una tiranía”, Ojeda se mantenía arrodillado, simulando tener las manos atadas a la espalda y cubierto con una capucha con la sigla DGCIM, en referencia a la agencia de contrainteligencia que lo apresó en 2016.

“Así como yo, nunca ha dejado de deliberar y buscar soluciones”, expresa su excompañero de prisión Eduardo Figueroa. Prueba de ello son los varios foros y conversaciones en vivo en las que ha participado. Una de ellas ocurrió el 21 de diciembre de 2022 junto al excapitán Ángelo Heredia Gervasio. “Oficiales como nosotros, que tomamos la iniciativa de enfrentar a un narco rey que está colmado de corrupción, que está dejando la incidencia de países extranjeros a nuestro país”, dijo allí Heredia. Un año más tarde, el excapitán sería detenido en la frontera de Venezuela con Colombia, acusado de ser uno de los líderes de la operación “Brazalete Blanco” y, en una supuesta confesión, implicando a Ojeda como uno de sus cómplices.

Para los amigos de Ojeda, la última señal clara de que varios de ellos están en la mira de las autoridades venezolanas fue la ceremonia de “degradación y expulsión”, el 24 de enero, de 33 militares de ese país por estar presuntamente “implicados en conspiraciones mediante la planificación de acciones criminales y terroristas para atentar contra el sistema de gobierno”. Con ello, dicen las mismas fuentes, comenzó lo que creen es “una cacería”. Del listado de los 33 expulsados, al menos 12 ya han sido detenidos en diferentes operativos, pero todos al interior de Venezuela.

Hasta ahora, el único caso del que se tiene registro de una supuesta operación de “extracción” de un ciudadano venezolano desde otro país ocurrió en febrero de 2021, cuando el exteniente Franklin Caldera Martínez habría sido secuestrado en la ciudad de Cúcuta, en Colombia, por guerrilleros del Ejército de Liberación Nacional de ese país y entregado a los aparatos de inteligencia de Venezuela.

Pero en Chile, tanto el gobierno como el Ministerio Público han sido cautos y han recalcado que aún no existen antecedentes fidedignos para saber si el secuestro tuvo motivaciones políticas, si se trata de crimen organizado o es un autosecuestro. Mientras tanto, la esposa y el hijo de Ojeda esperan por noticias en una casa de seguridad junto a la PDI. “Les hicieron firmar un papel de confidencialidad y de secreto, y no pueden hablar”, concluye su amigo José Rodríguez.