Las mujeres que lideran la toma de San Antonio

Elizabeth Rivera (38) supo una noche de 2019, a través de redes sociales, durante el estallido social, que se estaban tomando el cerro Centinela. Ella, una vendedora de zapatos a domicilio, separada, con dos hijos adolescentes a cuestas, se las arreglaba para llegar a fin de mes con ese oficio y la pensión de alimentos. Cuando el negocio dejó de ser rentable, el arriendo de 300 mil pesos que pagaba por una casa de materiales ligeros en Cartagena la dejaba sin más plata para vivir.

Esa noche vio en un grupo de Facebook que esos terrenos arriba en el cerro, ese lugar que primero fue un bosque y luego un peladero, que solo tenía antenas y una estatua de la Virgen en su cumbre, pero que contaban con una amplia vista panorámica al mar y a San Antonio sin obstrucciones, estaba siendo tomado. Rivera lo vio como una oportunidad.

Llegó en auto hasta el sector de Vista Hermosa, detrás del cerro, cerca de Cartagena. Según ella, ya había ocho familias asentadas. Alguien que ya estaba ahí le dijo dónde se podía instalar. Puso una carpa y empezó a construir una casa.

El problema es que ese terreno tenía dueños. Estaba inscrito a nombre de la Sociedad Inmobiliaria y Constructora San Antonio, cuyos representantes legales son los empresarios Esteban Solari y Ricardo Posada. Este último, un empresario inmobiliario, agrícola y exdirector de la Cámara Chilena de la Construcción. La propiedad era de gran envergadura: con una superficie total de 254 hectáreas, posee el equivalente a todo el triángulo histórico del centro de Santiago, desde la Plaza Baquedano hasta la Panamericana.

La primera dificultad fue el terreno tomado, que los mismos vecinos de Rivera califican como “arenoso”. Además, abundan las quebradas, los árboles y troncos de eucaliptos. Por eso, bautizaron su sector como “El Bosque”.

El ambiente de ese 2019 fue algo que impulsó este fenómeno de apropiación ilegal en la región. De acuerdo a datos del Minvu, si en Valparaíso el 2019 había 181 asentamientos irregulares, en 2022 ya eran 255. Es la región con el mayor aumento del período, con un 41% de alza.

La mujer dice que las construcciones eran rústicas y con materiales reciclados, como los troncos que ya había en el lugar, pallets o planchas de zinc regaladas. Por eso, ese primer invierno, cuenta, todas las casas de la toma se llovieron y el terreno quedó despedazado. Recién con el retiro de los 10% de las AFP, dicen los vecinos de la usurpación, pudieron terminar sus casas.

Eso sí, hay discrepancias sobre esos primeros días de la toma.

A unos 500 metros de allí, atravesando un bosque de eucaliptos, Verónica Morales (40) también levantó su casa. En 2019, dice, vivía en Quilicura con su pareja. Vendían autos que compraban en remate. Eso, hasta que los echaron de la casa, porque el dueño la había vendido hacía meses. Fue entonces que un conocido les dijo que “estaban cediendo terrenos en San Antonio”.

-Llegamos a una reunión y había una persona llamada Luis Medel. Él nos dijo que estaban construyendo con compromiso de compra, que el propietario iba a vender y que él nos estaba ayudando a ver el tema de las calles, cuánto medía un pasaje. Él nos estaba ayudando con respecto a la planificación del campamento.

Rivera también dice que Medel intentó venderles terrenos.

Los abogados de Solari y Posada, del estudio Kandora y Cía., los representan desde el año 2022. Explican que Luis Medel fue un empleado de la empresa dueña de los terrenos. Pero que no trabaja ahí desde 2020. Además, descartan absolutamente que Medel haya estado vendiendo paños o que llamara a la gente a tomarse el lugar.

Según información del Índice de Registros de Comercio del Conservador de Bienes Raíces de Santiago, una persona llamada Luis Medel Corral era el representante de Inmobiliaria Santa María de La Reina, una de las cuatro sociedades accionistas que constituyeron a Inmobiliaria San Antonio S.A. en 1996. También, al chequear la constitución de Inmobiliaria Santa María de La Reina, Medel figura como uno de las seis personas que la constituyeron en 1992. Además, en 2014 lo designaron como Gerente General de esta.

Otras complejidades aparecieron y perduran hasta hoy: se tuvieron que colgar de la red eléctrica ilegalmente. Hasta hoy no hay alcantarillado y se abastecen de agua potable a través de camiones aljibe.

También nació una especie de junta vecinal para tener representantes. La formaron esas primeras ocho familias. A Rivera la nombraron presidenta. La mujer dice que estaban en esa incipiente organización, tratando de mejorar sus casas, cuando llegó la primera orden de desalojo. Era enero de 2023. Lo supieron a través de las noticias.

-Hasta ese entonces, las conversaciones con los dueños iban bien. Nunca se nos pasó por la cabeza esa demanda.

Esa noche, dice Rivera, se instaló una inquietud en todos los grupos de WhatsApp de la comunidad: “Teníamos miedo de que nos echaran después de todo este trabajo”.

La noticia de que la toma del Centinela crecía y crecía comenzó a ser un tema en la comunidad de San Antonio.

Empezaron las reuniones con el alcalde Omar Vera -exradical, hoy independiente apoyado por Chile Vamos- en mayo del 2020, quien se mostró en contra de la toma. En febrero del 2020, él declaró a Radio Bío Bío que le solicitó a la Dirección de Obras Municipales que notificara el desalojo, ya que eran terrenos que no estaban urbanizados ni tenían servicios básicos, y que solucionar eso iba a ser “un tema de largo aliento”.

Lo otro: recalcó que para que se desalojara el terreno, los propietarios debían ejercer acciones legales.

Eso demoró dos años. En enero de 2023, la Inmobiliaria y Constructora San Antonio puso un recurso de protección en la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Allí exponían que el terreno fue loteado y tomado. Además, mostraban que había compraventa de terrenos, con mafias dedicadas a ello. También, que el MOP desistió en 2021 de un proceso de expropiación de un trozo del lote, correspondiente a un 37%, para construir una autopista. La razón era que la municipalidad aún no quitaba las tomas del lugar.

Mientras avanzaba la acción legal de los dueños, Rivera y el resto de las comunidades supieron que debían organizarse para contrarrestarla. Verónica Morales ya encabezaba una comunidad en el sector bautizado como “Fuerza Guerrera”, al este de la toma. Allí, también conocieron a Susana Carvallo (62), una mujer que llegó en 2019 desde Peñalolén. Ella y su marido quedaron cesantes en el estallido social y no pudieron pagar más arriendo. Con el tiempo, se convirtió en dirigente en el sector Centinela, en medio del cerro.

Rivera dice que, en conjunto con otras dirigentas, empezaron a investigar sobre el lote donde estaban: fueron al Conservador de Bienes Raíces a sacar los planos. También juntaron pruebas para demostrar que no hubo una usurpación violenta y que el lote no tenía ninguna cerca ni seguridad. Se creó una comisión investigadora dentro de la causa judicial, la que integraron algunos miembros de la comunidad.

Rivera recuerda algo más de ese tiempo: la exalcaldesa Constanza Lizana (ex FA) también los visitó. La edil, que asumió en 2021, mantuvo públicamente una postura en la que defendió la toma. En marzo del 2024 declaró a Cooperativa que, a pesar de que la toma no está urbanizada, “sí tiene una especie de ordenamiento que la hace menos caótica que otros campamentos”.

En marzo del 2022, la toma entró al Registro Nacional de Campamentos. Comenzó el contacto formal con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo. La delegada presidencial provincial de San Antonio, la arquitecta Carolina Quinteros, explica algunas cosas sobre la conformación de la toma.

-De acuerdo al catastro, el 75% son chilenos. Muchos son oriundos de Cartagena y San Antonio. El 30% son niños. Y son del 40% más vulnerable socioeconómicamente. Ganan el sueldo mínimo. Y hay un 8% que tiene registrada una segunda vivienda. Pero eso también tiene que ser revisado: hay gente que pudo haber ganado un subsidio, se separó y ya no vive en esa casa, por ejemplo.

Desde el Centro de Estudios de TECHO-Chile exponen algo: en la megatoma de San Antonio viven 4.722 familias y más de 12 mil personas. Es el campamento más grande del país y superó al del año pasado: el Alto Molle, en Alto Hospicio.

Las mujeres explican algo más de la conformación de la toma: es difícil unificar tantas posturas entre gente tan diversa. Por eso es que la organización derivó en una estructura más bien horizontal: no hay una sola líder que tome todas las decisiones.

Esto pesó más adelante.

El 24 de marzo de 2024, la Corte Suprema dio un plazo de seis meses para el desalojo del lugar. Eso puso presión a los habitantes de la toma: tenían que decidir pronto, entre todos los comités, qué hacer: si seguir pidiendo que el Minvu comprara el terreno o buscar otra solución.

En septiembre de ese año, por sugerencia del Minvu, apareció la idea de comprar el terreno colectivamente a través de una cooperativa. Si no llegaban a un acuerdo, el 6 de noviembre debían partir.

Rivera sabía que existían posturas muy distintas ahí.

-Hay un 10% que pide radicar los campamentos a toda costa. Son más que nada del lado comunista y anarquista, que van por la lucha, la manifestación y que el Estado tiene que expropiar.

El 1 de diciembre, el plazo del desalojo se extendió una vez más hasta el 31 de enero de este año. Por eso el ministro Carlos Montes pedía más tiempo para un acuerdo. El 18 de febrero fue cuando todo estalló: la Corte de Valparaíso fijó el desalojo para el 27 de febrero. Es decir: quedaban nueve días para llegar a un trato con el dueño del terreno y, además, para acordar la forma en que los vecinos de la toma actuarían.

Esa noche, dice Rivera, no pudo dormir.

Susana Carvallo del cerro Centinela, dice que lo que provocó la demora en el acuerdo fueron esos grupos más radicales.

-Hay gente en el campamento que siempre ha pensado que el Estado está en deuda con ellos y les tiene que regalar los terrenos. Por eso, al principio, se negaron a la posibilidad de pagar por el terreno. Y a la fecha, ellos siguen pensando que el Estado les va a regalar el terreno a través de la expropiación.

La indecisión de los dueños, las noticias que anunciaban el fin de la toma y lo largo del proceso fue mermando la salud mental en la toma. Carvallo dice que fueron días duros.

-Uno se levantaba y se acostaba pensando en el desalojo.

El ministro Montes designó a la exsubdirectora del Sernam Gloria Maira como delegada ministerial en la megatoma. Participó en las mesas con las dirigentas. Ella les tuvo que aclarar algo.

-La opción de que el Estado comprara el terreno no era posible. El precio de los dueños hace un año era $ 52 millones de dólares. No tenemos ese presupuesto.

Según los abogados de los dueños del lugar, ese precio está acorde al precio del mercado, considerando la cercanía del terreno al puerto, que está dentro de un área urbana y tiene posibilidades de urbanizarse.

En la premura por llegar al acuerdo volvió a aparecer la idea de una cooperativa: una estrategia antigua que se usa poco, explica Maira, dado que funciona distinto a un subsidio.

El mecanismo, explica ella, dejaría como dueños a los actuales pobladores de la siguiente forma: se tienen que agrupar en cooperativas. Cada una tendrá, en promedio, unos 200 jefes de hogar inscritos, con un terreno delimitado para cada uno. Esa cooperativa inscribirá el lote que corresponde al total de los terrenos de esas 200 casas. Luego, comienza el proceso de compra: con el valor del terreno en mano, se le asignará un precio proporcional a la superficie que pretende cada cooperativa. Así, cada cooperativa deberá conseguir por su parte un crédito hipotecario con el banco. “Se está gestionando que los créditos sean a través de BancoEstado o Coopeuch”, explica la delegada Quinteros.

El pie para ese crédito se logra, enseña Maira, con el dinero de cada uno de los miembros de la cooperativa. Mensualmente, cada jefe de hogar de las cooperativas se comprometerá a pagar un monto de dinero. Rivera, por ejemplo, estima que los de su cooperativa aportarán $100 mil mensuales. En un plazo de seis meses, en total, esperan reunir $ 200 millones solo en la Cooperativa El Bosque.

Pablo Allard, decano de la Facultad de Arquitectura y Arte de la Universidad del Desarrollo, dice que esta idea de las cooperativas no va a resultar. Además, prevé que esto abra la puerta para que más personas hagan lo mismo que los vecinos del Centinela.

-Si el gobierno no trabaja en un plan urgente de un desalojo no violento y que dé soluciones de emergencia a las familias, esto se va a seguir dilatando para el próximo gobierno. Y eventualmente va a generar un precedente para que otras tomas exijan lo mismo.

El humo blanco salió del edificio del Minvu el 24 de febrero: los dueños acordaron vender el terreno y los pobladores decidieron que iban a seguir el modelo de cooperativas. Y se suscribió que se iba a formar una comisión técnica entre las partes, “que reportará a las partes sobre las condiciones de venta del terreno, precio y garantías”, decía el comunicado del ministerio.

Si bien Rivera no estaba presente en ese momento, y estaba en San Antonio, sintió un pequeño alivio: ya había un acuerdo firmado. Lo que le molestó fue lo que encontró al revisar sus redes sociales después del acuerdo. Los trataban mal. Decían que se estaban aprovechando. Ella no lo ve así.

-Nosotros no somos delincuentes. Somos la clase media olvidada. Acá hay de todo. Técnicos en calefacción, técnicos en informática. Mi hijo es mecánico industrial. También hay empleados públicos. Incluso, hay carabineros viviendo.

Lo que dice tiene asidero: al hacer un cruce entre una lista de habitantes de la toma que aparece en el tomo del recurso de protección con la información del Portal de Transparencia del Estado, aparece que al menos tres exempleadas públicas viven en la toma: una exauxiliar del Servicio de Salud de la Municipalidad de San Antonio, una exempleada de la Corporación Municipal de Quinta Normal y una extécnico de atención clínica del Hospital San José.

Una vez que la cooperativa se adjudique el terreno, dice Maira, comienza un proceso de loteo, inscripción y urbanización. Cuando eso termine, los terrenos dejarán de ser un campamento y pasarán a ser un barrio.

Maira comenta que ella lista alrededor de 60 dirigencias en el campamento. Aún así, dice, hay un gran desafío por delante: no todo el cerro está cooperativizado.

-Se han conformado 16 cooperativas. Pero de las cuatro mil familias, alrededor de 3.200 forman parte de una cooperativa. Aún no sabemos qué va a pasar con las familias disidentes. Hay que ir viéndolo.

Carvallo celebra el acuerdo.

-Ahora nos levantamos pensando en conformar las cooperativas y nos acostamos pensando en conformar las cooperativas.

A Rivera y al comité de El Bosque aún les molesta cuando la gente les dice que se saltaron la fila al asentarse en un terreno que no era suyo. Entre todos reiteran para sí un discurso. Uno que, ahora, repite Carvallo. Primero dice:

-Sabía que no era mío, pero tenía la convicción de que lo iba a comprar. Era ilegal, obvio, el terreno tenía dueño. Pero yo pensaba que él lo iba a vender.

Y concluye:

-Hay comités que llevan 20 años sin solución. Y nosotros fuimos valientes en venir, luchar, pasar las inclemencias del tiempo y vivir sin alcantarillado. Todo porque estábamos convencidos de que nos iban a dar la posibilidad de comprar el terreno. Y lo hicimos.