Las narcocasas de La Florida, 21 meses después

“Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Estamos viviendo un momento histórico: no se puede calificar de otra forma. Vamos a ser la primera municipalidad en Chile que asume el desafío de empezar a derribar viviendas narco”.

Era el 9 de febrero de 2023 y el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter (independiente ex UDI), anunciaba su nuevo plan: la Política de Recuperación de Barrios. Frente a un grupo de periodistas, y acompañado de cuatro carabineros, la definió ese día como una “política pública permanente”. Ahí también entregó la razón por las que iba a empezar a demoler esas ampliaciones: no podía permitir que los narcotraficantes tuvieran “caletas” donde guardaran droga y que siguieran operando su negocio desde las cárceles.

La escena se transmitió en varios canales de televisión al mismo tiempo: el alcalde supervisó un contingente de casi 100 funcionarios, Seguridad Ciudadana y las máquinas encargadas de romper el segundo piso de una casa en Monseñor Carlos Casanueva, un barrio de clase media.

“Sabemos que muchas familias de esfuerzo han construido ampliaciones -dijo el alcalde a media docena de micrófonos-. A esa gente no la vamos a perjudicar. Pero sí vamos a golpear a los narcos y a demoler esas ampliaciones ilegales, que terminan convirtiéndose en un búnker o en una caleta”.

El método que usó el alcalde, que el entonces ministro de Justicia, Luis Cordero, calificó de “jurídicamente ingenioso”, fue este:

-Yo -explica Carter- conversé con el fiscal Ernesto Navarro (fiscal de Alta Complejidad de la Fiscalía Oriente). Me comentó que el gran problema que tenían era que la policía llegaba y estaba todo cerrado con rejas. Segundo, los barrios estaban controlados por estos gallos que tienen ampliaciones ilegales. Era un panorama desolador. Y el director de obras recordó que había una norma que no se usaba, que era la demolición de la ampliación.

Carter continúa:

-Nos asociamos con el Ministerio Público y le pedimos que nos dijera cuáles eran las casas emblemáticas donde ellos veían que había ampliaciones ilegales. El fiscal me entregó un listado de 20 casas. Eso nos dio un panorama más certero. De esas, diagnosticamos que eran nueve las más complejas -dice-. Elegimos las más sensibles, las más influyentes en el barrio.

Cuando llegó en febrero del 2023 a Carlos Casanueva, el alcalde fue categórico.

“Pertenece a un cartel de narcotraficantes”, dijo. Aunque después añadió que “no haría un juicio de valor”. “Son caletas narco (...). Necesitamos que los malos pierdan”, sumó.

Las casas demolidas aparecen mencionadas en las causas judiciales de dos grandes bandas narco del sur de Santiago, según el Ministerio Público: por un lado, el Macaco, y por el otro, Los Tobar.

El fiscal de Alta Complejidad, Jorge Martínez, de la Fiscalía Metropolitana Oriente, siguió los pasos de la banda del Macaco durante años. En una entrevista con La Tercera, cuando se implementó la política de Carter, en marzo del 2023, el fiscal explicó que la primera hebra que tomaron de ese grupo fue precisamente por su líder: Carlos Retamales, apodado “El Macaco” en su entorno.

La pareja de Retamales, Nathali Pérez, con quien tenía tres hijos, era la dueña de esa primera casa cuya ampliación demolió Carter, en Monseñor Carlos Casanueva.

Eso sí, no fue mencionada en la formalización, dice el fiscal.

-Sabíamos que existía esa casa y fue investigada. Pero no la incorporamos porque no teníamos antecedentes de que ahí se desarrollaran actividades relacionadas con tráfico -dijo esa vez Martínez-. Formaba parte del patrimonio de Pérez, pero no de actividades delictivas.

La segunda demolición fue el 26 de febrero en calle Santa Amalia, otro barrio de clase media. Patricia Paredes era la propietaria de ese inmueble y vivía ahí. También era dueña de otros departamentos en la calle General Arriagada, la principal arteria del sector Los Quillayes. En ellos, tal como en la casa de Santa Amalia, comercializaba y acopiaba droga.

“Paredes adquirió esa casa el año 2012. Y pudimos probar que ahí se seguía desarrollando el tráfico de drogas. Ahí, potencialmente, se podía acopiar o fabricar droga”, dijo el fiscal en 2023.

Carter realizó este procedimiento cinco veces en total. La tercera ampliación que demolió fue un sitio en calle Marigen, al lado de un colegio.

En la cuarta casa, ubicada en General Arriagada, en la población Los Quillayes, Carter encontró más resistencia cuando llegó con sus máquinas a demoler la ampliación de un departamento en el primer piso de un block de viviendas sociales.

La mujer que vivía allí era Elena Orellana. Hoy, la mujer, sentada en ese mismo departamento, dice que le llamó la atención cuando supo que venían por su residencia:

-No entendía por qué. Si yo no soy narco.

La última ampliación que demolió el alcalde Carter fue el 13 de junio de 2023. Era una casa vinculada al clan de Los Tobar, un grupo de traficantes de droga que operaban en el límite comunal con La Pintana. Una de las líderes del clan era Margarita Tobar.

De acuerdo a su sentencia judicial, en esa casa, cuya ampliación fue demolida por Carter, se hacían transacciones de droga. A Margarita Tobar la detuvieron allí el 21 de diciembre de 2018, con 134 gramos de marihuana.

Esa fue la última arremetida de Carter con su iniciativa. Luego de botar un mausoleo, dice el edil, las instituciones que lo habían apoyado le quitaron la ayuda.

-Decidieron que no nos iban a dar más fuerza pública para las demoliciones. Entre la Fiscalía y el Ministerio Público, con el fiscal nacional, tuvieron un cambio con nosotros. Y le iniciaron un sumario al fiscal Navarro.

Carter sigue con su relato.

-Carabineros cambió de opinión después de eso. Dijeron que solo iban a intervenir cuando hubiera una orden de un tribunal por infracción a la Ley 20.000.

Elena Orellana recuerda que ese 22 de marzo, el día de la cuarta demolición, una batahola recibió a Carter en Los Quillayes. Los vecinos de Orellana les trataban de decir al alcalde y a los matinales que la casa que intentaban romper era de una señora que vendía empanadas.

Orellana, sentada en el living de su casa, dice que vive en el barrio desde 1985. Que años después se hizo conocida en el barrio por poner un carrito de completos en General Arriagada, afuera de su casa. Vender comida, dice, era su principal fuente de ingresos.

Orellana no tiene antecedentes delictuales. Tampoco una de sus sobrinas, que es la dueña de la casa donde vive, a quien se la vendió a modo de préstamo hace años. La mujer, de 69 años, explica que su esposo construyó la ampliación para que pudieran tener espacio para un living. Allí, Orellana tiene colgadas fotos de todos sus hijos. Entre esas está la de Alejandro Guerra, su hijo del medio.

Al adolescente lo encontraron con un pito de marihuana en 2007. Lo sorprendieron dos veces más con la misma droga en 2010. En 2014 fue condenado por una riña. Salió en libertad años después, para ser formalizado nuevamente en 2022 por tráfico. El 12 de agosto de 2024 fue sentenciado. El documento de su condena indica que vendía drogas a “adictos del sector” en un departamento muy cerca del block de Orellana. La policía registró el domicilio de su madre, en General Arriagada, porque ocasionalmente dormía ahí, dicen en la Fiscalía Oriente. No encontraron nada de interés criminalístico. Ni la sobrina dueña del domicilio ni Elena Orellana eran blanco de la investigación, indican.

La ampliación de Orellana fue reconstruida nuevamente. Este es un ejemplo de que, a 17 meses de las demoliciones, los destinos de las casas en cuestión son disímiles.

La primera de ellas, en Carlos Casanueva, luce abandonada.

Muriel Garrido (44) cuenta que vive hace 40 años en la cuadra del frente de esa demolición. A raíz de ese evento, formaron un comité de adelanto. Ese mismo día, Garrido se acercó al alcalde.

-Le pedí que cuando terminara el espectáculo, que por favor no nos fuera a dejar abandonados.

No fue lo único que le pidieron.

-Lo que más se reclamó es que se dejara claro que este no es un barrio narco -dice ella-. La primera semana, después de la demolición, los taxis de los supermercados no nos querían venir a dejar a nuestro barrio.

Esteban Contreras (56) es el representante legal del Colegio John Paul, que colinda con la casa cuya ampliación botaron en calle Marigen. Asegura que sabían de la existencia de microtráfico y prostitución en el sitio contiguo. Pero que, a pesar de eso, lo que pasó después con el terreno no los dejó satisfechos.

-El sitio quedó abandonado y se hizo un foco de gente que se pone a dormir. Y lo otro es que nos han pasado a robar siete veces desde allí. Nos han robado proyectores, computadores, material didáctico y herramientas como el taladro del colegio, martillos -dice-. Al final, cambiamos un riesgo por otro.

El alcalde Carter se defiende.

-Dentro de las casas no podemos hacer nada. Las casas son privadas. El único que puede tomar esa propiedad y confiscarla es un tribunal de la República.

La primera de las casas, en tanto, está reconstruida. Carter dice que los dueños de la vivienda en Santa Amelia sacaron permiso para edificar el segundo piso otra vez, pero regularmente. Lo mismo pasó con la de Elena Orellana.

Un año después lo único que había cambiado notoriamente eran las vocerías del alcalde.

Para noviembre del 2023, ya no hablaba de narcocasas, sino que presentó la Defensoría de la Gente, un equipo liderado por el exfiscal Manuel Guerra para representar a víctimas de delitos de alta connotación social. En abril del 2024 era otro el tema que lo ocupaba: cerrar barberías sin patente comercial.

“Los delincuentes sólo tienen derecho a elegir entre dos alternativas: o se rinden o se van al cementerio”, dijo entonces.

Desde mediados de 2024 que la principal cruzada política de Rodolfo Carter fue que su administrador municipal y brazo derecho en las demoliciones, Daniel Reyes (independiente pro UDI), lo sucediera en el cargo como edil de La Florida.

En una entrevista con La Tercera publicada en septiembre, Reyes, frente a una pregunta sobre ese tema, respondió: “Fui parte de esa política. Por supuesto que la mantendría”.

Carter, sentado en una oficina municipal en Los Quillayes, sigue defendiendo los resultados positivos de su plan.

-Se midieron dos cosas. Una, es la cantidad de delitos que se cometen en la zona asociada a ese lugar. Los más emblemáticos son este (Los Quillayes) y Los Navíos. Y dos, es que respecto de ese lugar haya un mejoramiento del espacio público.

Sobre el primer punto, dice Carter, según cifras aportadas y confeccionadas por el Observatorio Municipal de Seguridad Ciudadana, los robos en todos los barrios de las casas intervenidas bajaron, en promedio, un 55,38%. El mismo reporte municipal indica que en los barrios de las casas de General Arriagada, Las Quinchas y Carlos Casanueva, los robos bajaron un 42%, un 79% y un 65,6%, respectivamente.

Esto contrasta con las cifras de Carabineros.

Según los datos del cuadrante 165 -la medida territorial más pequeña que tiene la institución para medir delitos, y que engloba los tres barrios recién mencionados, además de la Villa Santa María de la Estrella-, los robos allí han aumentado un 9%; el robo con violencia un 8,5%, el robo violento de vehículo un 41,9% y el robo con sorpresa un 60,5%. Todo, comparando lo que va del año a la fecha con el mismo período del 2023. En cuanto a homicidios, se cuentan tres este año: dos menos que en 2023.

Asimismo, según fuentes policiales, si se compara el período entre enero y septiembre de 2023 y el mismo período de 2024, los casos de robo con violencia específicamente en el barrio Los Quillayes aumentaron en un 40,7%: pasaron de 27 a 38. El robo de vehículos por sorpresa creció en un 50%, con ocho casos en 2023 y 12 casos en 2024. Eso sí, las infracciones a la ley de droga bajaron: hubo tres casos el año pasado y en este se registra solo uno.

Según cifras del Ministerio Público, el número de delitos vinculados a ley de drogas -elaboración, cultivo, tráfico, entre otros- en La Florida ha tenido alzas y bajas: el primer semestre de ese año se registraron 134 delitos de ese tipo. El primer semestre del 2023 ascendieron a 218, y en el mismo período este año bajaron a 147. Lo otro que señalan desde ese organismo es que es incorrecto vincular un alza o baja de las cifras a demoler ampliaciones. “Hay un gran número de otros factores que influyen”, remarcan.

El segundo punto que mide Carter muestra la inversión en esas zonas.

El Plan de Recuperación de Espacios Públicos -la medida que acompañó la demolición de casas-, dicen en el municipio, se enfocó precisamente en los barrios donde se demolieron ampliaciones.

Esas mejoras Carter las enseñó el día de la entrevista: recorrió, junto a vecinos, los blocks de General Arriagada, donde mostró las instalaciones de la nueva delegación municipal -cuyo edificio es una exiglesia mormona recuperada después de un incendio-, una nueva multicancha, maceteros con flores amarillas y luminarias nuevas. Esas mejoras, además de otras, significaron una inversión de $ 1.148 millones.

En Las Quinchas, destacan desde el municipio, se plantaron árboles, se instalaron juegos infantiles y se remodeló la multicancha. En Santa Amalia, se “remarcaron leyendas Pare”, se pusieron lomos de toro, se instalaron cuatro señales de “no estacionar” y se repararon veredas. Los trabajos tuvieron un costo de $ 54 millones.

Aún así, a casi dos años de su implementación, la idea de Carter no genera consensos en el mundo académico. Rosario Martínez, directora del Observatorio Social de la U. del Alba y exjefa de estudios de la Subsecretaría de Prevención del Delito, por ejemplo, la valora.

-¿La deberían aplicar todos los alcaldes de Chile? Yo diría que no. Pero Carter fue valiente al querer enfrentar a los narcos. Eso tiene la medida: es un llamado de atención al resto. A las autoridades para buscar nuevas formas de enfrentar este problema. Y a los narcos, de decirles: yo me meto donde tú estás. No te tengo miedo.

Por otro lado, Germán Díaz, coordinador del Centro de Seguridad Urbana de la Universidad Alberto Hurtado, explica que la política le hace ruido.

-Lo primero, es que atenta contra el debido proceso. Los municipios, en esos casos, se toman atribuciones que no tienen, y pueden cometer errores. Lo otro es que si es una política pública, debería medirse de mejor manera, con instrumentos que no sean propios del mismo municipio. Y también, medir los mismos delitos que querían bajar: los relacionados al tráfico de drogas.

Desde la Fiscalía Nacional subrayan que las demoliciones del alcalde Carter son fruto de un proceso administrativo, no de uno penal. Y explican algo más: el Ministerio Público actúa en inmuebles cuya incautación fue decretada. Cuando eso sucede, el inmueble es transferido al municipio. Así, dicen, se menoscaba el patrimonio del narcotraficante.

Carter termina la entrevista en la delegación municipal. Cuando sale, hay vecinas por doquier. Un lote de funcionarios municipales y de seguridad lo sigue a todos lados.

Eso sí, mientras camina por General Arriagada, evita pasar por fuera de la casa de Orellana. Su hijo, hoy, cumple una condena de 10 años. Ella lo va a visitar de vez en cuando.

Daniel Reyes, apoyado por Rodolfo Carter, consiguió el 54,40% de los votos en la mesa donde votó Elena Orellana, en Los Quillayes. Casi dos puntos más que el porcentaje que consiguió el candidato en toda la comuna.

Sobre ese caso, y a 21 meses de haber puesto en marcha su plan, Rodolfo Carter reconoce que no tenía forma de saber qué rol jugaba cada uno de los domicilios en las causas judiciales a las que tuvo acceso, porque eran causas reservadas.

Al final de la conversación, el alcalde saliente pide hacer una última aclaración.

-Yo nunca hablé de casas narco, eso lo dijo la prensa.