Las redes de Luis Hermosilla en el Poder Judicial

En los cuatro años en que el exministro de Justicia Hernán Larraín estuvo al mando del Ministerio de Justicia -2018 a 2022- tuvo que designar a casi cuatro mil jueces y otros cargos judiciales. De todos ellos, más de 900 correspondían a cargos titulares. Esta tarea se la tomó con mucho cuidado, haciendo dupla con su entonces jefe de la División Judicial, Héctor Mery. “Para mí esta ha sido una experiencia bastante compleja, hasta ingrata”, reconocía en 2019 el entonces titular de Justicia.

Esa vez lo comentó haciendo referencia a la serie de falencias que tiene el sistema de nombramientos judiciales, pero también porque durante su gestión tuvo que combatir la embestida de agentes externos que querían incidir en la repartija de los cargos.

Uno de ellos fue el abogado Luis Hermosilla. En ese tiempo el penalista trabajaba como asesor del Ministerio del Interior y, en el gobierno, se movía bajo el alero de su amigo y exsocio, el exministro del Interior Andrés Chadwick. Ese respaldo le permitía hacer alarde, en los círculos de abogados, de su influencia para incidir en las designaciones judiciales. Si bien en algunas zonas su voz, directa o indirectamente, tuvo efectos -como por ejemplo en los tribunales de La Araucanía-, en otras se topó con una dura resistencia por parte de Larraín.

Apenas Hermosilla quiso entrometerse en los nombramientos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Larraín lo frenó de inmediato. Quienes conocieron de cerca este enfrentamiento cuentan que el entonces ministro optó por hacer una demostración de fuerza. Hermosilla estaba haciendo gestiones para obstaculizar dos cartas que Larraín tenía casi listas para ese tribunal: las actuales ministras Carolina Brengi y Paula Merino.

Ante la arremetida de Hermosilla, Larraín optó por enviar los decretos de Brengi y Merino al despacho presidencial. La señal fue entendida de inmediato. Tanto así que Piñera se encargó de transmitirle personalmente a Larraín que ya había firmado los decretos. El mensaje fue claro: el entonces Mandatario reafirmaba que en las designaciones judiciales el que mandaba era Larraín.

La incautación por parte de la Fiscalía del celular de Hermosilla volvió a reabrir esta disputa. El Ministerio Público tiene a dos fiscales buceando con un software cada una de esas conversaciones con un solo objetivo: detectar la comisión de eventuales delitos.

Una de las aristas que podría abrirse es el rol que tuvo Hermosilla con los jueces. Esto provocó que Larraín volviera a la primera línea y respondiera los cuestionamientos que estaba recibiendo su gestión. “Personalmente, no recibí nunca una solicitud de dicho profesional y mantuve mi compromiso de actuar en forma independiente y ajena a toda injerencia externa, contando siempre con el respaldo presidencial, para que nuestras decisiones en esta materia, basadas en criterios objetivos, fueran autónomas”, dijo a través de un comunicado público.

El Ministerio Público guarda bajo siete llaves el informe de 777 mil páginas que contiene todas las conversaciones de Hermosilla, vía mensaje de texto, con sus más de mil contactos. Pese a que el Consejo de Defensa del Estado está presionando para acceder a su contenido, hasta ahora la Fiscalía no pretende compartir el documento y, a cambio, ha dicho públicamente que investigarán todo lo que tenga “carácter de delito”.

Pese a que esos chats son desconocidos y pueden no constituir delito alguno, entre los abogados y jueces se instaló una preocupación por su imagen pública, dada la controversia protagonizada por el penalista. Para ningún operador del sistema de justicia es un misterio que durante su carrera de casi 40 años, Hermosilla se preocupó de cultivar buenas relaciones en los distintos niveles del Poder Judicial.

Sus redes van desde el escalafón más bajo, hasta la cúspide de la judicatura. Como buen penalista, su mirada siempre la tuvo puesta en la Segunda Sala de la Corte Suprema, la instancia encargada de revisar como última instancia las causas sobre asuntos penales. Por eso no es una casualidad que varios abogados y jueces comenten que uno de los exministros que eran parte de sus conocidos era el exsupremo Milton Juica.

El connotado juez estuvo 17 años en el máximo tribunal (desde el 2001 hasta el 2018). Con Hermosilla tuvo un sostenido contacto por su rol como querellante del “caso degollados”, la investigación que indagó el homicidio de tres militantes del PC durante la dictadura. Juica llegó a la Suprema en su segundo intento. Su primera nominación fue durante el gobierno del expresidente Eduardo Frei, en 1998. Esa vez los senadores de oposición vetaron su llegada, como una revancha luego de que el Ejecutivo no eligiera a la jueza Raquel Camposano, quien había sido ministra en visita del caso que investigó el homicidio del exsenador Jaime Guzmán.

Tres años después, el expresidente Ricardo Lagos volvió a la carga. Nominó a Juica, pero esta vez los votos de la derecha sí estuvieron. Asesores de los senadores de oposición de ese tiempo comentan que Hermosilla se activó en el Senado y ordenó los votos, sobre todo los de la UDI, cuya bancada estaba integrada por Chadwick, para que Juica pudiese llegar al máximo tribunal.

La red de Hermosilla también alcanzaba a otros dos supremos que, al igual que Juica, ya están fuera del Poder Judicial, debido a que jubilaron hace algunos meses. Se trata del exministro Haroldo Brito y su pareja, la exfiscal judicial Lya Cabello. Quienes los conocen comentan que ambos jueces, cercanos a la izquierda, tienen una larga relación con Hermosilla, la que pudo tener su origen hace varias décadas, cuando Hermosilla frecuentaba los círculos de las Juventudes Comunistas.

En 2014, cuando el Ejecutivo nominó a Cabello para la fiscalía judicial, Brito movió sus influencias para que su nombre fuera aprobado por el Senado. En esos contactos, uno habría sido Hermosilla, para que promoviera el nombre entre los votos de derecha. El vínculo que existía con Brito no era menor: varios abogados comentan que el exsupremo, que integraba la sala penal, tenía gran ascendencia entre otros ministros que la conformaban, como por ejemplo Jorge Dahm.

Otro de los supremos con quien el abogado comparte una relación cercana desde hace varios años es la ministra de la Tercera Sala (constitucional) Ángela Vivanco. La magistrada fue uno de los primeros nombramientos realizados durante el gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Vivanco conoce a Hermosilla desde hace varios años, pero el vínculo surge principalmente por el hermano del abogado, el también penalista Juan Pablo Hermosilla. Él junto a Vivanco se conocieron cuando la magistrada trabajó en Anatel, organismo del cual fue abogada hasta el año 2015.

Esta semana, otro de los ministros que tuvieron que referirse a Hermosilla fue el supremo Jean Pierre Matus. Luego de una publicación de Ciper, en que se le atribuía un vínculo con Hermosilla cuando Matus fue nominado por Piñera para llegar al máximo tribunal en 2021, el magistrado aclaró la vinculación. “Lo conocí en su calidad de penalista a mediados de los años 90 en reuniones preparando la reactivación del Instituto de Ciencias Penales. No soy su amigo, no tengo vínculos cercanos con él, ni familiares, ni profesionales”, afirmó Matus en entrevista con La Tercera.

Lo que sí reconoció fue que luego de quedar en la quina, lo llamó -como lo hizo con varias personas más- para contener las acusaciones que estaba recibiendo en contra de su opción para llegar a la Suprema: “(La llamada) fue motivada porque en ese entonces el señor Hermosilla era abogado del Ministerio del Interior, cercano al Presidente. Como cualquier designación importante, yo imaginaba que el señor Presidente les iba a preguntar a las personas que tenía cercanas. Si le preguntaban a él, que él diera la versión de mi propia fuente y no a través de terceros”.

La indagatoria que lleva adelante el Ministerio Público terminó salpicando a la Suprema. Hasta ahora esa investigación solo tiene una arista formalizada -la del exdirector nacional de la PDI Sergio Muñoz, quien está en prisión preventiva por filtrar información reservada-, pero podría sumar más cuerdas judiciales según avance el análisis del informe.

El ruido de esta semana provocó que el asunto fuera abordado entre el presidente de la Suprema, Ricardo Blanco, y el ministro de Justicia, Luis Cordero. También hizo que en el pleno del lunes los supremos tocaran el tema. En la reunión más de alguno transparentó la incomodidad generada por la eventualidad de que salgan a la luz mensajes de Hermosilla en los que se refiera a su supuesta influencia en las designaciones judiciales. Tras el pleno, el máximo tribunal volvió a reafirmar su postura de cambiar el sistema para evitar los “espacios de opacidad” y tener un órgano a cargo de los nombramientos con mayoría de jueces. Además, dio un portazo a la invitación recibida por parte de la Cámara para asistir a la comisión investigadora que se inició por el “caso Hermosilla”.

Entre los 34 ministros de la Corte de Santiago también hay preocupación. En la misma publicación de Ciper el magistrado Antonio Ulloa reconoció el método de Hermosilla para influir en la judicatura. “Lo conozco desde hace unos cuatro o cinco años, cuando yo era ministro en Copiapó. En esa oportunidad postulé como ministro a Santiago, quedé en terna, y bueno, ahí un amigo me dijo: ´Tengo contacto con Luis Hermosilla y él te puede ayudar para que te nombre el Presidente Piñera, o el ministro de Justicia, el señor Larraín’, y bueno, ahí lo conocí”, dijo el juez.

Para varios magistrados del tribunal de alzada capitalino, Ulloa arrastró a la corte a una compleja situación, porque en sus palabras confirma la influencia que tenía el penalista en el ámbito más político. Sin embargo, otros jueces guardan la calma. Comentan que la situación de Ulloa solo lo afecta a él personalmente y no compromete a la corte a nivel institucional. Por lo mismo, el presidente, ministro Omar Astudillo, no puso el tema en el pleno de esta semana. Tampoco lo hicieron el resto de los ministros, a diferencia de lo ocurrido con la Suprema.

Pero la calma está lejos de instalarse en el Palacio de Justicia. Los ministros de la Corte de Santiago saben que el informe que contiene las conversaciones de Hermosilla es una bomba de tiempo. Para nadie en ese tribunal es un misterio que el abogado tenía vínculos con varios magistrados.

Así suena, por ejemplo, el nombre de la ministra Graciela Gómez. La magistrada fue nombrada por el exministro Larraín y cuando eso ocurrió a varios les llamó la atención. Larraín fue un ministro que, tal como lo reconoció él mismo, favoreció en la judicatura la designación de ministros de derecha. La jueza, con un reconocido pasado de izquierda, no caía bajo esa estrategia. Por eso algunos ven la mano de Hermosilla en su nombramiento.

Fuentes del Ministerio de Justicia durante ese gobierno retrucan y comentan que fue una carta de Larraín, consciente de que su nombre generaba anticuerpos en la derecha. Lo cierto es que Gómez conoce hace bastantes años a Hermosilla. El vínculo se originó por el marido de la magistrada, el abogado Miguel Chaves. El penalista conoce de cerca desde hace varias décadas a Hermosilla. De hecho, él mismo trabajó en el estudio de abogados de su padre, Nurieldín Hermosilla. Desde el entorno de Gómez, en tanto, comentan que el mérito de la abogada para llegar al tribunal de alzada se debe a su carrera judicial, que partió hace ya casi 30 años.

Otro de los nombres que suenan en el Palacio de Tribunales es el de la ministra Lilian Leyton. La magistrada fue designada en 2019 como ministra de corte luego de pasar algunos años como relatora de la corte de Santiago y luego de la Suprema. Fue en esas labores en que conoció a Hermosilla, un abogado recurrente entre los pasillos de tribunales.

Entre los jueces la molestia está extendida. Sobre todo por algo que, dicen, es una cacería de brujas que podría extenderse por meses. Los más molestos, incluso, van un paso más allá. En estricta reserva comentan que esta vez el foco de la polémica estará en el Poder Judicial, pero creen que será cosa de tiempo para que el manto de dudas también llegue a otros ámbitos, como por ejemplo el mismo Ministerio Público, ya que, agregan, la red que tenía Hermosilla con los jueces se replicaba con los fiscales.