¿Leyó o no los expedientes? La pregunta que Boric se niega a responder

El lunes 9 de enero, al igual que todos los inicios de semana, la ministra Camila Vallejo hizo la vocería desde La Moneda. Pero ese día toda la agenda y el interés estaban puestos en las dudas que habían dejado los indultos a 12 privados de libertad en el marco del estallido social, y del exfrentista Jorge Mateluna, anunciados el viernes 30 de diciembre. Además, dos días antes el Presidente Gabriel Boric había tomado una de las decisiones más complejas a lo largo de su mandato: comunicar la renuncia de su entonces jefe de gabinete, Matías Meza-Lopehandía -uno de sus colaboradores más cercanos-, y de la ministra de Justicia, Marcela Ríos, por las “desprolijidades” cometidas en el proceso.

En ese contexto, y luego de que cada día se daban a conocer más antecedentes penales de los indultados -el más emblemático de ellos Luis Castillo, por su pasado delictivo-, Vallejo intentó calmar los ánimos:

“Si el Presidente hubiera tenido todos los elementos a la vista la situación hubiese sido distinta”, dijo la ministra.

La declaración generó todo lo contrario y persigue al gobierno hasta hoy. Luego de días de tensión, el martes de esta semana el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento interpuesto por senadores de Chile Vamos y Demócratas para declarar inconstitucionales los indultos otorgados por Boric. Y pese a que la noticia fue un breve respiro para el Ejecutivo y que el ministro Luis Cordero aseguró que “el gobierno daba por cerrado el capítulo”, en la oposición están decididos a insistir en despejar las dudas que aún rondan frente al anuncio que hizo el Presidente antes de Año Nuevo.

¿Sabía de los antecedentes delictivos de los indultados? Es la pregunta que Boric no ha querido responder y que ha dejado dos escenarios visibles para quienes persiguen el tema: o el Mandatario tenía claros los prontuarios de los indultados y buscó una estrategia para evadir su responsabilidad, o no accedió a las carpetas que tenían los antecedentes, confiando en exceso en Meza-Lopehandía y en la exministra Ríos. Ese segundo escenario es la versión que han entregado diferentes fuentes del gobierno, pertenecientes al Segundo Piso y también que estuvieron en la toma de la decisión.

La respuesta de Vallejo -que es uno de los principales argumentos de la oposición para persistir en la investigación- no fue un arranque personal, ni algo que no fuera conversado antes con el comité político y su equipo. Horas antes de esa vocería, la Secretaría de Comunicaciones del Gobierno (Secom), dirigida por Pablo Paredes, envió una minuta -que fue confirmada a La Tercera Domingo por fuentes del gobierno, por parlamentarios y también por presidentes de partidos- a algunos congresistas de confianza y a directivas oficialistas. En ella, la salida comunicacional era la misma que minutos después desplegó la ministra: sostener que el Mandatario no había tenido a la vista toda la información y que, de lo contrario, la medida podría haber sido diferente.

“Lo que dijo la vocera fue lo que se había entregado a algunos parlamentarios para explicar las desprolijidades políticas en relación a filtros y que eso generó consecuencias por todos conocidas. No obstante, jurídicamente, todos los antecedentes estaban en los expedientes. Desde el primer día se sabía que no había problema legal o constitucional alguno con los indultos”, dicen en el gobierno.

A los “filtros” que se refieren son los dos que mencionó Vallejo en esa conferencia. El primero, “poder indultar a personas que en el contexto del estallido social hubiesen cometido delitos y que fruto de ellos estuviesen condenados, compromiso que se señaló incluso antes de asumir el cargo”, apuntó la vocera.

El segundo: “En la carpeta de aquellos que estuvieran bajo esa condición se excluyeran personas que tuviesen antecedentes complejos previo al estallido, efectivamente ese segundo criterio fue el que no se cumplió, fruto de una serie de desprolijidades de las cuales se asumieron las responsabilidades políticas”, dijo Vallejo.

Pero ante esa declaración, que la ministra daba con tanta seguridad, el Presidente no ha querido responder.

La primera vez que el Presidente fue consultado por los prontuarios de los detenidos del estallido fue el 5 de enero, en Valdivia.

“¿Tuvo todos los antecedentes a la vista a la hora de conceder el indulto?”, preguntó la periodista.

La vuelta que dio Boric para responder fue larga, incluyó una mención al libro Las cenizas del olvido, y se refirió a lo compleja que es la atribución presidencial, pero no fue a lo concreto. Por eso, un periodista insistió:

“Presidente, no nos quedó claro si usted sabía todos los antecedentes…”.

Boric lo interrumpió y dijo: “Ya contesté la pregunta”. Desde ahí, la respuesta siempre fue la misma.

El 25 de enero, en medio de la gira del Mandatario a la Región de Aysén, volvió la inquietud. “Quedó pendiente un tema y sus ministros tampoco han respondido…”, le dijo la periodista.

Pero el Mandatario reiteró: “Ya se ha respondido esa pregunta en reiteradas ocasiones”. Y pese a que la periodista le hizo saber que no era efectiva su respuesta, Boric insistió en lo mismo y agregó: “Respaldo las acciones que está realizando el ministro (de Justicia) Luis Cordero en este tema”.

Incluso hace una semana, el 13 de marzo, en una entrevista con Mega, la respuesta fue la misma. “¿Tuvo a la vista todos los prontuarios?”, le preguntaron.

“A ese punto ya nos hemos referido recurrentemente. El ministro Luis Cordero es el que está a cargo de eso y todas las declaraciones me remito a lo que diga el ministro”, contestó Boric.

No fue casual. Desde que llegó el ministro Cordero la instrucción ha sido que el jefe de Justicia es quien responde ante el tema. Incluso, luego de que esta semana el Tribunal Constitucional rechazara el requerimiento y de que se constituyera una comisión investigadora por los indultos en la Cámara de Diputados debido a la insistencia de la oposición, en el ministerio se comunicaron con todos los involucrados en el tema, incluidos los que habían salido del ministerio a propósito de este asunto, para advertir que hay que mantener el silencio.

“Hay preocupación por la comisión investigadora y la información se entregará centralizadamente, porque es mucha a la gente que se está tratando de contactar. Por ello la indicación de que es solo el ministro puede entregar versiones oficiales”, respondieron en la cartera.

Matías Meza-Lopehandía y Marcela Ríos, consultados en más de una ocasión por este medio sobre su participación en los indultos, no quisieron participar del reportaje.

El 30 de diciembre, día en que el Presidente otorgó los indultos, la Secom entregó a los ministros un listado de consideraciones importantes. Uno de ellas era que “este es un compromiso adquirido ante la ciudadanía que debe materializarse. En política es importante cumplir las promesas”.

Desde que asumió su mandato Boric, se comprometió con las familias de los detenidos en el

marco del estallido social. El primer paso fue anunciar en marzo el retiro de 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado que habían sido interpuestas y acelerar la tramitación del proyecto de Ley de Amnistía para los presos del estallido.

Luego comenzaron las reuniones y las dificultades. Ante la imposibilidad del gobierno por avanzar en el proyecto de Ley de Amnistía, la opción del indulto presidencial comenzó a hablarse entre el círculo más cercano al Mandatario, principalmente entre Meza-Lopehandía y Ríos -quienes tienen una estrecha relación-. De hecho, la entonces jefa de asesores, Lucía Dammert, y la exministra del Interior, Izkia Siches, quedaban marginadas de esas conversaciones, al manifestar dudas con la atribución presidencial.

Desde la instalación del gobierno en “La Moneda Chica” -la sede donde funcionaban una vez electo Boric-, la relación con las familias de los detenidos en el estallido social la llevaba la abogada Natalia Arévalo -quien luego fue parte del equipo de asesores de Ríos-, junto a los ministros Antonia Orellana (CS) y Giorgio Jackson (RD), y el senador Juan Ignacio Latorre (RD). En esa mesa también participaba Jaime Fuentes, abogado en ese entonces de las familias, y hoy seremi de Justicia de la Región Metropolitana.

Además, los familiares solicitaron reuniones por lobby con el subsecretario de Justicia, Jaime Gajardo (PC), y con la exsubsecretaria de Derechos Humanos, Haydeé Oberreuter, para hablar de las condiciones y del estado de salud de los privados de libertad. También lo hicieron con parte del gabinete de Ríos, entre ellos, Arévalo.

Oberreuter -que tenía de jefe de gabinete a Enrique Gatica, hermano de Gustavo- además codirigía junto a la senadora Fabiola Campillai la mesa de Reparación de Víctimas del Estallido Social, que en los próximos días publicará su informe si es que lo aprueba el ministro Cordero.

De todas formas, las subsecretarías, aseguran en el ministerio de Justicia, nunca se involucraron en los indultos y se enteraron de la medida cuando ya estaba tomada. Es más, pese a que Gendarmería depende de la Subsecretaría de Justicia, en el gabinete de Gajardo había quienes no se enteraron de las diligencias para otorgar los indultos. Todo, dicen en las subsecretarías, pasaba por Meza, Ríos y su gabinete. Incluso la ministra del Interior, Carolina Tohá, estaba fuera de esas conversaciones.

La presión de la senadora Campillai y de las familias iba por un carril paralelo. De hecho, la Asamblea de Familiares de Presos Políticos sostenía reuniones quincenales con parte del equipo del Ministerio de Justicia. Además, la parlamentaria se reunió con Meza-Lopehandía -que siempre se mostró a favor del beneficio- en más de una ocasión.

Una vez que las solicitudes de indulto llegaban al ministerio, las divisiones de Reinserción Social, a cargo de Macarena Cortés, y Judicial, a cargo de Pablo Fuenzalida, y de la jefa de la sección Indultos, Carolina Huerta, prepararon las carpetas. Ellas estaban compuestas por las sentencias de los indultados, sus antecedentes y los informes familiares, académicos, económicos, de salud y de conducta, en que algunos de los indultados fueron mal evaluados por Gendarmería.

El gobierno preparó el anuncio para el 24 de diciembre, pero los incendios en Viña del Mar atrasaron una semana la presentación del listado. Además, se incluyeron dos nombres de último minuto, lo que generó que los indultos de Luis Castillo y Sebastián Montenegro se firmaran el día siguiente que los demás. Ahí, dicen en La Moneda, se produjo la confusión de nombres y hubo un error tan absurdo como “no mirar la parte de atrás de un papel”. Para peor, el listado entregado por Justicia y Presidencia no coincidía, lo que terminó con la renuncia de la jefa de comunicaciones del ministerio, Alejandra Lazo.

Ese mismo día, el 30 de diciembre, los presidentes se enteraron de los indultos a través de Meza-Lopehandía, quien llamó a los dirigentes de Apruebo Dignidad, su coalición, con tono de celebración.

Una semana después el entonces jefe de gabinete tuvo que renunciar junto a Marcela Ríos y se anunció la llegada de Luis Cordero a la jefatura del ministerio.

Luis Cordero recibió la llamada del Presidente el sábado 7 de enero, cuando estaba en Berlín. Por la cantidad de escalas que tuvo que hacer en el viaje a Chile, el abogado aprovechó de cerrar algunos asuntos personales, pero también decidió adelantar trabajo: comenzó a leer los antecedentes de la acusación constitucional a Luis Bates Hidalgo, exministro de Justicia en el gobierno de Ricardo Lagos, quien fue denunciado de ocultar datos de indultos otorgados a finales de los 90.

El miércoles 11 de enero, cuando Cordero llegó a Santiago, apenas alcanzó a pasar por su casa, se duchó y tuvo que partir a La Moneda. Ahí se reunió con Boric, quien le dio absoluta libertad y confianza para investigar los antecedentes. Al salir del despacho presidencial Cordero dio un punto de prensa: “Papelitos primero”, dijo.

Y era literal, en su oficina, a pasos de La Moneda, lo esperaban los 13 expedientes -de color crema y que contenían más carpetas en su interior-. Ese día Cordero estuvo hasta pasadas las 22 horas en el ministerio para revisar cada documento. Apenas pudo, les dio una señal de tranquilidad a Boric y los demás ministros: no había desprolijidades jurídicas en los indultos y todos contaban con los antecedentes.

Luego tuvo que definir la estrategia. Aunque Vallejo había dado una señal contraria días antes al hablar de desprolijidades y que el Presidente no tenía toda la información, el ministro optó por abarcar el tema desde un punto de vista muy diferente: si la ofensiva de la oposición era en términos jurídicos y administrativos, ese iba a ser el tono de la defensa, que además es su especialidad y el terreno donde más se siente cómodo. Por lo tanto, abrir el debate de los antecedentes solo perjudicaba su defensa. Así, se les pidió a las autoridades dejar todo en manos de Cordero y evitar referirse a si Boric leyó o no los expedientes de los indultados. La respuesta que había que dar era que los expedientes cumplían la norma y que incluían todos los documentos solicitados. Es decir, afirmar la tesis de que no hubo alguna situación que volviera inconstitucional el otorgamiento de los indultos.

Fuentes de La Moneda aseguran que a la oficina del Presidente no llegaron las carpetas de los indultados, como en general se procede en los gobiernos en la toma de decisiones así. Es decir, que Boric confió en la evaluación de la exministra Ríos -quien finalmente es la que firmó los indultos- y de Meza-Lopehandía, quien era muy cercano al proceso. Nadie tomó conciencia del ruido que podía generar la decisión. Por lo mismo, fueron ellos los que tuvieron que pagar por los costos políticos del error.

Pero el domingo pasado todo se enredó cuando, en Tolerancia Cero, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, aseguró que “el Presidente tuvo a la vista los antecedentes de las personas que iba a indultar”. Por lo que al día siguiente estuvo obligado a rectificar su declaración.

A lo que se refería Monsalve, según explican en La Moneda, es que quería entregar la misma versión que había dado Cordero en una entrevista en TVN esa misma mañana, cuando aseguró que “están todos los antecedentes en esos expedientes”. Pero había una gran diferencia entre ambas salidas, ya que el ministro de Justicia ha sido muy cuidadoso en los términos utilizados para no asegurar que esas carpetas habían sido vistas por el Mandatario.

Para preparar su defensa ante el TC lo primero que hizo el ministro Cordero fue revisar todos los indultos desde el gobierno de Patricio Aylwin, es decir 1.665 expedientes. Con eso en mano, obtuvo otra señal de tranquilidad: al comparar los indultos que otorgó la ministra Ríos con los de los demás gobiernos, en términos jurídicos, decidió que no había de qué preocuparse. Cordero, de todas formas, ha evitado enredarse en “peleas chicas”, como dicen en el gobierno, con sus antecesores, pero sí ha dejado en claro que las justificaciones entregadas en otras ocasiones tienen menos detalles que los entregados por el gobierno. El caso más emblemático: el de Manuel Contreras Donaire, quien fue indultado en el gobierno del Presidente Ricardo Lagos.

Además, explican en el Ministerio de Justicia, había una coincidencia entre los indultos otorgados por todos los gobiernos. En todos había motivos políticos para concederlos.

De todas formas, en el ministerio todavía existe un debate que resolver, ya que en las oficina hay una solicitud pendiente de indulto por delitos durante el estallido social. En todo caso, en La Moneda aseguran que ya no está contemplado volver a otorgar el beneficio presidencial.

“Es una decisión política, pero también de tiempos y contexto”, dice una fuente involucrada en la decisión.

Además, en el gobierno aún tienen que preparar el despliegue ante la comisión investigadora que se conformó en la Cámara de Diputados y donde la oposición ya planea contraatacar.

El jueves, en una reunión por Zoom, los diputados Diego Schalper y Sofía Cid, ambos de Renovación Nacional, conversaron con Luis Pardo, director ejecutivo del Instituto Libertad, y Constanza Castillo, experta legislativa, para definir un plan de acción para su rol en la comisión investigadora de los indultos que ambos parlamentarios integran y que Cid preside.

Se definió entonces levantar información sobre el tema y también planean enviar un cuestionario al Presidente Boric. Los otros diputados de oposición que integran la comisión -entre ellos Cristián Araya (Rep), Juan Antonio Coloma (UDI) y Henry Leal (UDI)- también preparan estrategias en ese sentido.

“A la primera que vamos a citar a la comisión es a la ministra Vallejo, porque ella es la que dijo que si el Presidente hubiese tenido todos los antecedentes no habría sido lo mismo. Alguien miente y tenemos que resolverlo”, adelanta el diputado Leal, dispuesto a dilucidar la incómoda pregunta que el gobierno se niega a aclarar.