Línea de defensa: los abogados favoritos del Frente Amplio

Eran pasadas las 12.00 del lunes y el exministro Giorgio Jackson (RD) estaba sentado adentro de su auto, estacionado al frente del Centro de Justicia, junto a su abogado Miguel Schürmann (40). Esperaron por varios minutos, hasta que bajaron y enfrentaron a la prensa que había sido citada esa misma mañana. El objetivo era concretar una decisión que había deslizado desde que el 11 de agosto de 2023 se vio obligado a renunciar al gobierno: tres acciones judiciales en contra del empresario Jorge Errázuriz, la UDI y el senador socialista Fidel Espinoza por injurias y calumnias, respectivamente.

Que Jackson haya escogido a Schürmann como su abogado no es casualidad. El reconocido penalista es socio del estudio BACS Abogados Bascuñán Barra Awad Contreras Schürmann, una firma que se ha vuelto recurrente en el mundo frenteamplista. El exministro de Desarrollo Social llegó hasta la oficina del penalista debido a que algunos cercanos suyos habían contratado los servicios judiciales de la firma. El contacto ocurrió a finales de julio, luego de la polémica carta de la UDI en que los diputados acusaron una supuesta vinculación de Jackson con el caso Democracia Viva y el robo de computadores y caja fuerte que sufrió la cartera que entonces dirigía. El exministro quiso recibir una opinión jurídica sobre qué acciones se podían hacer frente a la imputación que estaba recibiendo desde la oposición.

Cuando el 9 de agosto el Partido Republicano amplió su querella en el lío de platas, los tentáculos del caso de corrupción que asediaba al Frente Amplio (FA) llegaron directamente hasta el corazón de La Moneda. Producto de esta acción, Jackson se transformó en imputado. Lo mismo pasó con el jefe del Segundo Piso, Miguel Crispi (RD), y la directora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez (RD).

Casi tres meses después, el 12 de diciembre, Schürmann firmó el patrocinio y poder en la causa. Junto con eso, habilitó a su socio Alejandro Awad para que lo acompañe en la defensa de Jackson.

Schürmann comparte dos rasgos con quienes han sido escogidos como defensores por parte de dirigentes frenteamplistas. Primero, que estudió y se tituló como abogado en la Universidad de Chile, de donde egresó en 2011. Segundo, que antes de tener su propio bufete pasó por dos grandes de la plaza: Cariola, primero, y luego, con Jorge Bofill.

Por BACS -cuyo trabajo penal está centrado principalmente en las ligas empresariales- han pasado otras figuras frenteamplistas. Por ejemplo, la exconvencional Constanza Schönhaut (CS) -expareja de Jackson- trabajó como procuradora cuando su estudio llevaba otro nombre y tenía como socio a Miguel Chaves y Antonio Bascuñán aún no ingresaba a la firma. Además el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (RD), los contrató para que lleven la representación de la municipalidad en la querella que ingresaron en contra de la exalcaldesa Cathy Barriga.

Schürmann y su socio Awad, además, son querellantes del exconvencional Jaime Bassa (CS) y Fernando Atria, a quien conoce por la Universidad de Chile: ambos son profesores en la Escuela de Derecho. De esta forma, es parte querellante en la investigación por el delito de amenazas en contra del empresario Pedro Pool, quien en 2022 en su programa de YouTube llamó a “fusilar a los prostituyentes”.

El estudio de Schürmann también ha sido requerido para trabajos desde La Moneda. En marzo de 2022, la División Jurídica del Ministerio del Interior le encargó -vía trato directo y por poco más de $4,7 millones- un informe en derecho para analizar “el alcance de la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado”. Eso ocurrió el mismo mes en que se concretó la decisión de retirar 139 querellas por Ley de Seguridad del Estado en el marco del estallido social.

Además fue parte del equipo de abogados que participó indirectamente en la defensa de la exministra del Interior Izkia Siches en la causa por el delito de omisión de denuncia que enfrentó luego de su frustrada visita a Temucuicui, y que fue sobreseída en febrero de 2023.

En el último tiempo Schürmann también ha estado presente en los medios porque defiende a la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler (PC), en el caso Sierra Bella. Junto a Awad también representa a Rodrigo Topelberg en el Caso Audios. Su entorno lo define como alguien de izquierda y ha tenido dos incursiones frustradas como candidato al consejo del Colegio de Abogados en la lista de Libertades Públicas.

La explosión del caso Democracia Viva es el primer gran escándalo de corrupción que azota al gobierno y golpea a RD, uno de los partidos ancla del FA. La indagatoria de la Fiscalía ha provocado fuertes consecuencias políticas y, de paso, hizo que una nueva generación de penalistas pasaran a la primera línea.

El abogado Guillermo Chahuán (37) no se topó en la universidad con Schürmann. Con quien sí fue compañero de generación fue con el Presidente Gabriel Boric. No fueron cercanos ni tampoco parte del mismo grupo de amigos. De hecho hace varios años que no se han vuelto a topar.

Chahuán, uno de los más jóvenes de este grupo, apareció en el mapa del caso Democracia Viva en noviembre del año pasado. Cuando la investigación de la Fiscalía le explotó a Crispi, el exdiputado optó por llamar a Luis Hermosilla, el papá de Juan Cristóbal Hermosilla, uno de sus amigos más cercanos de su época universitaria en la Universidad Católica, cuando los dos estudiaron sociología.

La elección de Hermosilla -un reconocido penalista y parte del círculo de defensores del piñerismo- se transformó en un problema. Tiempo después se filtró el audio que lo transformó en imputado en una causa en que se indagan posibles coimas a funcionarios públicos, y Crispi se vio obligado a cambiar su defensa. Ahí fue cuando llamó a Chahuán y concretó el cambio.

Al igual que los otros abogados que están representando a los frenteamplistas, Chahuán -además de ostentar un título en la Universidad de Chile- también pasó por uno de los grandes estudios penales. Estuvo una década trabajando con Bofill, ahora es socio de Chahuán Letelier Abogados y enseña derecho penal en la Universidad Adolfo Ibáñez y la Universidad Alberto Hurtado.

No tiene vinculación con el FA, pese a que firmó por Convergencia Social (CS) cuando Boric necesitaba patrocinios para inscribir su candidatura presidencial, pero nunca ha participado de actividades del partido. La representación de casos políticos es más bien una excepción. El grueso de su trabajo está centrado en casos empresariales. Por ejemplo, aún lleva la representación del exgerente general de La Polar Pablo Alcalde.

También forma parte de Libertades Públicas y desde ahí asumió la representación de víctimas de traumas oculares del estallido social. El año pasado, una de esas demandas civiles se acogió parcialmente en primera instancia. El tribunal fijó una indemnización de $40 millones y obligó al general director de Carabineros, general Ricardo Yáñez, a pedir disculpas públicas. Al igual que Schürmann, también fue parte del equipo de abogados que colaboró en la defensa de la exministra Siches.

Cuando la exsubsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas (RD) se vio obligada a renunciar pagando los costos políticos del lío de platas, supo que tarde o temprano iba a ser requerida por la Fiscalía. Por eso optó por otro abogado conocido en las filas frenteamplistas: el penalista Jaime Winter (42).

El abogado también fue formado en la escuela de Pío Nono, cuando entró a estudiar en el año 2000. Al igual que Schürmann, es uno de los profesores que se hacen cargo del ciclo de derecho penal. Su vínculo más obvio con el FA es a través de su hermano, el diputado Gonzalo Winter (CS), con quien lo suelen confundir en redes sociales.

También es parte de Libertades Públicas, pero últimamente ha estado más alejado de esa organización. Si bien se siente cercano a las ideas del FA, está ajeno a la vida partidista de esa coalición. Aunque mira a lo lejos a los partidos del bloque, al igual que Chahuán fichó por CS cuando Boric necesitaba firmas para inscribir su candidatura presidencial.

Durante varios años fue parte del estudio de abogados del penalista Gabriel Zaliasnik, de quien es cercano. En septiembre de 2020, siendo miembro de ese bufete, por ejemplo, asumió la defensa de la jueza Silvana Donoso en su frustrada acusación constitucional. La mayor parte de su carrera la hizo junto a Zaliasnik, pero hace poco más de un año decidió armar su propio estudio, Winter Etcheberry Abogados.

Winter tiene una relación de amistad con otro de los abogados del caso Democracia Viva: Gonzalo Medina (49), el defensor de la diputada Catalina Pérez (militancia suspendida en RD) en la causa Democracia Viva. El penalista también fue formado en la Universidad de Chile, participa en Libertades Públicas y -al igual que Winter y Schürmann- hace clases de derecho penal en la escuela de Pío Nono. Con Schürmann, de hecho, comparten las clases en esa misma cátedra. Tal como ha sido la tónica de este grupo de abogados, su carrera también está marcada por el paso por uno de los grandes estudios penales: fue asociado del estudio del exdecano de derecho de la Universidad de Chile Davor Harasic y el penalista Julián López. Ahora es socio de Dal Pozzo Medina.

Pese a ser reconocido por sus pares como alguien progresista, no tiene vinculación con el FA. La diputada Pérez lo llamó directamente, y luego de revisar los antecedentes del caso asumió la representación.

Cuando la directora de la Dipres, Javiera Martínez, se transformó en imputada, en ese momento llamó al abogado Jonatan Valenzuela (44).

El abogado llegó a las salas de derecho de Pío Nono en 1998. Su perfil es más académico que los otros abogados del caso y en vez de hacer clases de penal, lo suyo es la enseñanza de derecho procesal. Trabajó como consejero hasta el año pasado en el estudio de Chahuán y ahora forma parte de Tavolari Abogados. También es parte de Libertades Públicas, abogado integrante de la Corte de San Miguel y también fue de los que participaron indirectamente de la defensa penal de Siches.

La única que no es defensora, sino que querellante en el caso Democracia Viva, es la abogada Libertad Triviño (38). La penalista también estudió en la Universidad de Chile. Entró a la escuela en 2003, iba una generación más arriba que Chahuán, con quien luego se topó cuando ambos trabajaron en el estudio de Bofill, el mismo donde trabajó por años Schürmann. Antes de eso fue procuradora del estudio de Harasic y López, donde compartió con Medina y ahora integra el estudio Horvitz. A diferencia de los otros, Triviño hace clases de derecho penal en la Universidad de Santiago.

Llegó a RD cuando el partido la llamó para hacerse cargo del caso. Quienes la conocen comentan que siempre le gustó la política, es cercana a la izquierda, pero nunca ha militado en un partido. Desde que tomó la investigación, se ha transformado en el rostro jurídico de RD. Su rol ha sido representar los intereses del partido en la indagatoria que golpea a sus propios militantes y enfrentar la presión mediática.

Al igual que todos los otros, también es parte de Libertades Públicas. Desde ahí, por ejemplo, impulsó la reforma a los estatutos del Colegio de Abogados que incluyó la paridad. Esa hazaña la logró junto a otra abogada, Elisa Walker (DC, 41 años).

Esta última -abogada constitucionalista- tiene un estudio con dos socios más: los socialistas Claudia Sarmiento (42) y William García (42). Este estudio, alejado de las esferas penales, también se ha vuelto un lugar predilecto del FA cuando se trata de causas vinculadas al derecho público. Walker defendió a Siches en la acusación constitucional y Sarmiento a Jackson en el frustrado libelo que intentó destituirlo. García, en tanto, fue el abogado del oficialismo en la fallida reclamación que hicieron los consejeros de izquierda ante la Corte Suprema en el proceso constitucional. Ahora asumieron la representación del partido Comunes para revertir su disolución ante el Tricel. El caso lo llevará Sarmiento y a ella se sumará Sebastián Winter (RD, 29 años) -otro del clan de hermanos Winter-, quien trabajó como asesor del excomisionado Domingo Lovera (RD).