Mientras la jueza Macarena Rebolledo (51) exponía sobre “Perspectiva de género, violencia patriarcal y justicia penal” en un seminario organizado por la Defensoría de Atacama, la PDI daba a conocer que los restos de Ámbar Cornejo habían sido encontrados en la casa de su padrastro, el principal sospechoso en su desaparición. Se trataba de Hugo Bustamante, un hombre que ya había sido condenado por doble homicidio en 2005, tras matar a su pareja y al hijo de ésta, de solo 10 años.
Un caso similar al de Ámbar fue precisamente el que motivó a Macarena Rebolledo a introducirse en los estudios de género. La noche del 19 de diciembre de 2005, Alfredo Cabrera golpeaba brutalmente a su expareja Claudia Neira, cuando escuchó el llanto de la hija de ambos, Javiera. Entonces, el hombre decidió arrojar a la niña por la ventana de un séptimo piso. La fecha quedaría marcada como Día Nacional contra el Femicidio. La magistrada estaba embarazada cuando se enteró de la noticia. Ya sabía que esperaba una niña.
“Sentí esa vulnerabilidad de saber que todas sin excepción estábamos expuestas”, cuenta Rebolledo. “Luego, una profunda responsabilidad como jueza, de la necesidad de capacitarme para entender el fenómeno, tenía temor que la falta de preparación específica me llevara a revictimizar (...), a reproducir esos patrones culturales que, en definitiva, posibilitan que pasen cosas como lo ocurrido con Javiera y su madre”.
A partir de entonces, la magistrada inició un recorrido académico en el que profundizó en la teoría de la perspectiva de género para aplicarla en su ámbito, el derecho de familia. Toda esa instrucción la convirtió en una referente en la materia. Las invitaciones que recibe para participar de ponencias como la del jueves 6 de agosto son constantes, especialmente ahora, luego de emitir el fallo más importante de su carrera.
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Macarena Rebolledo se crió por todo Chile. Nació en Talca, pero pasó su niñez y adolescencia en Ancud, Concepción y Quilpué. Tuvo una educación esencialmente católica, aunque ya no la considere parte de sus creencias. Cuando salió del colegio, a fines de los 80, no tenía clara su vocación, le atraían las letras y el arte. Sin estar demasiado segura, se matriculó en Derecho, en la Universidad Católica de Valparaíso. Entre sus compañeros estaban el constitucionalista Christian Viera y la penalista Magdalena Ossandón, mientras que un par de años más arriba figuraba el contralor Jorge Bermúdez. En esos primeros años de la transición, Rebolledo se interiorizó en la problemática de los derechos humanos en Chile. Fue la materia que le reafirmó que estaba en el camino correcto. Entonces empezó a colaborar con Amnistía Internacional.
“Siempre fue de convicciones fuertes. Creo que varios de los que entramos a estudiar íbamos en la búsqueda de esta idea de justicia y cada uno lo fue desarrollando de maneras distintas”, dice su amiga Marcela Gaete, actual coordinadora metropolitana del programa “Mi Abogado”, de la Corporación de Asistencia Judicial. “Coincide con una época de activismo, eran claras las posturas. Pero era un tema de DD.HH., no de partidos”.
Su primera inclinación fue especializarse en derecho penal. Después de titularse, ingresó a la Academia Judicial en 1996 para poder convertirse en jueza. Al terminar este programa, se dio un tiempo para conocer España; solo después, en 1999, comenzó su carrera en el Juzgado de Letras de Paillaco. Tras un par de años , en 2001, se trasladó para ser relatora de la Corte de Apelaciones de Valdivia.
Hacia su quinto año, el tribunal le encargó la tarea de cerrar el Juzgado del Crimen de la ciudad, cuando recién comenzaba a funcionar la Reforma Procesal Penal. En 2005, Rebolledo asumió la fase final de la investigación del caso de Cynthia Cortez, una joven estudiante valdiviana asesinada en el Campus Isla Teja de la Universidad Austral el 1 de noviembre de 2003. En la sentencia, Rebolledo condenó a un compañero de curso de la víctima, Luis Carlos Núñez, a solo ocho años de presidio por homicidio simple. No se pudo acreditar premeditación.
El abogado de la familia Cortez era el actual senador PS Alfonso de Urresti, quien apeló el fallo buscando que se sancionara por homicidio calificado. “Fue un caso que conmocionó a la ciudad”, recuerda el parlamentario, querellante en esa causa. “Se hizo justicia dentro de lo que correspondía. No había Ley Gabriela; de haber existido, la condena hubiera sido mayor”.
La jueza no lamenta la decisión. “Creo que la pena se ajustó a los hechos y a los tipos penales de la época (…). Con las modificaciones de la Ley Gabriela, que incorpora varias circunstancias en que se entiende que hay violencia de género, quizás habría sido diferente”.
Dos meses después de la resolución del caso Cortez, cuando Rebolledo ya estaba instalada como jueza de familia, Javiera Neira fue asesinada por su padre. Si el primer caso ya había dejado una huella en ella, el segundo la hizo mirar la justicia de otra manera. A los pocos meses, se anotó en un diplomado de la Universidad de Chile sobre estudios de género. Las lecturas le permitieron comprender cabalmente su alcance. La experiencia en los juzgados de familia también le permitió entender las dificultades prácticas: las mujeres se enfrentaban a normas judiciales anticuadas y a las percepciones estereotipadas.
Lo que Rebolledo terminó incorporando fue una metodología para identificar situaciones de desigualdad estructural que suelen perjudicar a las mujeres y a las minorías en la administración de justicia. En términos simples, se había puesto las “gafas violeta”, una expresión de la española Gemma Lienas que ella detesta.
Durante la segunda mitad de los 2000, Rebolledo comenzó a hacer una clase de violencia intrafamiliar en la U. Austral. Ahí conoció a la profesora Yanira Zúñiga, quien se convertiría en una suerte de mentora. Ella sería su guía en sus dos tesis de posgrado, ambas con enfoques interseccionales: una sobre acuerdos reparatorios para mujeres mapuches víctimas de violencia intrafamiliar (U. Austral en 2014) y otra sobre mujeres migrantes y acceso a la justicia (U. de Jaén de España, en el Instituto de Estudios Judiciales, en 2017).
“Había una afinidad temática”, dice Zúñiga. “Había una inclinación natural a los temas de género, vinculada al ejercicio práctico de su trabajo. Eran temas poco tratados; fue una precursora en eso”.
A poco de terminar su primer magíster, en 2014, la jueza Rebolledo se trasladó junto a sus dos hijos a Santiago, donde sus decisiones ganarían en resonancia.
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La foto de cabecera del perfil de Twitter de Macarena Rebolledo muestra tres palabras en francés: Egalité, Liberté, Sororité. En su cuenta, abierta solo a fines del año pasado, la jueza suele retuitear noticias y voces de otros especialistas sobre temas de DD.HH. y Género. Solo a veces comparte opiniones propias.
Un tuit del 15 de enero de este año fue una de esas excepciones: “¡Matrimonio igualitario y derechos filiativos!”, escribió.
Dos semanas antes, su tribunal -el Segundo Juzgado de Familia de Santiago- había recibido una demanda de reclamación de filiación de Gigliola Di Giammarino contra su pareja, Emma de Ramón, en la que pedía reconocer la comaternidad para que De Ramón también tuviera que hacerse legalmente responsable del hijo de ambas, Attilio. Las dos mujeres estaban unidas civilmente desde 2015 y se habían sometido a un tratamiento de fertilización asistida que le permitió a Di Giammarino dar a luz en septiembre de 2017. Como De Ramón no había parido a Attilio, no tenía ni derechos ni deberes sobre su hijo.
Aunque la admisibilidad de la acción fue decidida por otra magistrada, Rebolledo fue la encargada de revisarla. Hace poco más de dos meses, el lunes 8 de junio, su sentencia acogió la demanda de Di Giammarino, afirmó los derechos filiativos de De Ramón y exigió al Registro Civil inscribir a Attilio como el hijo de dos madres. Que un tribunal chileno reconociera comaternidad era histórico.
“Ellos eran una familia y no fue la sentencia la que les dio el carácter de tal, lo que hizo el fallo fue otorgarle legalmente el reconocimiento que cualquier otro niño tendría en su misma situación”, comenta Rebolledo.
No era primera vez que la jueza obligaba al Registro Civil a cumplir con inscripciones extraordinarias. Lo había hecho en 2018, al conceder una maternidad biológica en vientre subrogado, y a comienzos de este año, cuando aplicó la nueva Ley de Identidad de Género para aprobar una rectificación de nombre y sexo registral a Mathew, un adolescente trans.
La sentencia del “caso Attilio” fue tan celebrada en círculos liberales como criticada por la academia más conservadora. “No existe la posibilidad de dos madres en nuestro Código Civil”, escribió el civilista UC José María Eyzaguirre en estas páginas. “Este es un caso más de lo que se llama el activismo judicial”.
Para quienes defienden el fallo, todo se remite a los derechos que garantiza la Constitución y a los tratados internacionales que Chile ha firmado en los últimos 30 años. “Hace rato que se nos acusa de activistas a jueces que incorporamos el Derecho Internacional. Esta nueva forma de concebir el derecho que viene apareciendo ahora es una obligación”, dice Carola Rivas, ministra de la Corte de Apelaciones de Concepción. Junto a Rebolledo y a otras juezas que pasaron por la Comisión de DD.HH. y Género de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados de Chile -la organización gremial más masiva- fundaron en 2013 la Asociación de Magistradas Chilenas (Machi), una nueva plataforma para visibilizar temas como la igualdad y paridad en el Poder Judicial. Rivas es su presidenta.
“El Código Civil está anquilosado en estructuras patriarcales. Fue creado por hombres, para hombres. Es cosa de ver quién es la encargada del cuidado de los hijos”, agrega la ministra.
La jueza Rebolledo, en principio, prefiere no polemizar. Argumenta que todos los fallos son susceptibles a la crítica. Lo que sí le molesta es que se diga que se aprovechó un “resquicio legal” a través de una demanda en la que no existía un conflicto real entre las partes, como manifestó el civilista de la U. de los Andes Hernán Corral.
“No llamaría así al derecho a la acción que tiene toda persona de recurrir a un tribunal para que se le declare un derecho. La falta de controversia es propia de varias causas en el derecho de familia (…). Porque la controversia no es entre las partes, sino ‘con el Estado’”.
Actualmente, la magistrada participa en diversos programas de capacitación dentro del sistema judicial, sobre temas como la Ley de Identidad de Género. El protocolo de atención que preparó para el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago sobre esta materia está siendo replicado en otros tribunales del país. “Ella comparte sus conocimientos y materiales. Eso hace que la inviten a distintos equipos. Es firme en sus ideas, pero nunca ha desmerecido a quien sabe menos. Tampoco hace la diferencia con los hombres”, dice Susan Sepúlveda, jueza del Tercer Juzgado de Familia de Santiago.
Rebolledo recién fue elegida directora de Machi y es representante de la Asociación de Magistradas y Magistrados frente a la Secretaría de Género de la Corte Suprema, encabezada por la ministra Andrea Muñoz. Esta oficina, según su propia política, “propone incorporar la perspectiva de género y DD.HH. en todo el quehacer del Poder Judicial”.
“Tener una línea de trabajo adecuada a convenciones firmadas por Chile no es activismo en cumplir disposiciones internas”, asegura María Soledad Piñeiro, presidenta de la Corte de Apelaciones de Valdivia y de la Asociación de Magistradas y Magistrados.
Por este incipiente respaldo de la Suprema, cuando se le pregunta a la jueza Rebolledo si se considera “activista” en materia de género, ella prefiere contestar con una palabra que, sin ser un sinónimo, en este contexto podría serlo. Esa palabra es “capacitada”.
