El 14 de diciembre pasado, la fiscal general de Ecuador, Diana Salazar, cual adivina, lanzaba la predicción que semanas después se haría realidad de la peor manera. “Que el país esté preparado”, dijo ese día, luego de revelar la investigación Metástasis, descrita como la piedra angular de la “narcopolítica” en el país: jueces, políticos, fiscales, policías, un exdirector de la autoridad penitenciaria y muchos otros miembros de altas esferas del poder fueron acusados de beneficiar a organizaciones criminales a cambio de dinero, oro, prostitutas, departamentos y lujos.
“Cuando se unen la corrupción y el narcotráfico tenemos un verdadero cáncer en la sociedad”, escribió Salazar, de 42 años, esa jornada en la red social X. Para luego lanzar: “Con seguridad, la respuesta a este operativo será una escalada de violencia”.
El 7 de enero, el vaticinio de Salazar se hizo realidad. A lo largo de una semana el narco puso en jaque al Estado ecuatoriano con cientos de rehenes en las cárceles, ataques con explosivos, agresiones armadas a la prensa y balaceras, en una ola de violencia que ha dejado una veintena de muertos.
La respuesta del Presidente Daniel Noboa, quien apenas había asumido el poder el 23 de noviembre pasado, llegó el 8 de enero al declarar el estado de excepción en el país por 60 días, el que incluyó un toque de queda y la presencia de militares en calles y prisiones. Pero no fue suficiente. Al día siguiente decretó un “conflicto armado interno” en Ecuador tras la irrupción de un comando armado en un canal de televisión en Guayaquil.
“Le hemos declarado la guerra frontal al terrorismo y no vamos a parar hasta solucionar todos los problemas de seguridad en todas las zonas del Ecuador”, comentó Noboa a La Tercera hace una semana, dejando en claro sus planes.
En el mundo la aplicación de la violencia contra la violencia nunca ha funcionado y aquí tampoco va a funcionar. Pero claro, este modelo se ha vuelto interesante para los países.
Vladimir Sierra, analista y sociólogo ecuatoriano
Sin embargo, cuando la situación parecía bajo control, el fiscal antimafia César Suárez, que investigaba la espectacular toma en plena transmisión perpetrada por hombres armados al canal de televisión TC el pasado 9 de enero, fue asesinado este miércoles en Guayaquil.
En la entrevista con este medio, el mandatario de 36 años se desmarcó de los métodos de su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, en su lucha contra las bandas narco. “Cada país tiene sus características propias y las soluciones a los problemas de Ecuador deben nacer aquí de acuerdo a nuestras realidades, a nuestras necesidades. Hemos recibido propuestas de armas, personal, equipamiento, dinero de más de 38 naciones hermanas que están preocupadas por lo que pasa en Ecuador, las aceptamos y las agradecemos. Pero acá el plan lo maneja el gobierno y lo aplican las Fuerzas Armadas”, dijo en esa oportunidad.
Pero, al estilo de Bukele, Noboa declaró la guerra a una veintena de organizaciones mafiosas, con unos 20.000 miembros. Asimismo, anunció la construcción de dos prisiones de “súper máxima” seguridad -a similitud de las que ya están operativas en México o en El Salvador- con capacidad para más de 3.000 personas, con el objetivo de aislar a los reclusos más violentos, dentro de su plan de asumir el control de las cárceles convertidas en centros de operaciones para el tráfico de drogas a Estados Unidos y Europa. También dijo que planeaba instaurar buques prisiones en el mar, con el mismo fin.
Aunque Bukele no se ha referido directamente a la crisis de violencia que enfrenta Ecuador, sí compartió un mensaje que, según algunos, dejó entrever su postura sobre la situación en la nación sudamericana. “No es soplar y hacer botellas”, escribió en X, en un mensaje que estaría relacionado con las medidas adoptadas por el mandatario ecuatoriano.
El tema no es construir más cárceles, el tema es que el Estado tiene que tener control de las cárceles que existen (...). Es simplemente una declaración política, politiquera.
Sebastián Mantilla, analista y director del Celaep
Bukele, quien está haciendo campaña para lograr la reelección en El Salvador, mantiene, desde hace dos años, un régimen de excepción en su país que le ha permitido encarcelar a miles de presuntos sospechosos de pertenecer a pandillas que por años hicieron de El Salvador el país más peligroso del mundo.
Las fotografías de reclusos encadenados, con el torso desnudo, mostrando sus tatuajes y bajo fuertes controles de seguridad se han convertido en el sello salvadoreño. Los métodos de Bukele han sido rechazados por defensores de derechos humanos y aplaudidos por la mayoría de los salvadoreños (71%) ante la reducción de la tasa de homicidios de 83 por cada 100.000 habitantes en 2017 a 2,4 por cada 100.000 en 2023.
Pero el propio Bukele ha dejado de manifiesto los requisitos para adoptar su modelo. “El estado de excepción es una herramienta, no una varita mágica. Aprobar un estado de excepción sin una estrategia contra los terroristas no sirve de nada. Los gobernantes deben entender que los problemas no se resuelven por decreto, sino con acciones”, ya advertía en la misma red social en noviembre de 2022.
Maras vs. narcos
Ioan Grillo, periodista especializado en delitos y drogas y autor de Gangster Warlords, un relato de las guerras criminales impulsadas por las drogas en la región, dijo al diario británico The Times que Ecuador estaba experimentando lo que otros países de América Latina, especialmente Colombia y México, ya sabían desde hace mucho tiempo: que poderosas organizaciones criminales se infiltran y corrompen las instituciones políticas y jurídicas de un país siempre que se les presenta la oportunidad. Aseguró que Ecuador había tenido durante muchos años todos los ingredientes necesarios para este proceso, incluida una “gran población marginada” y un “sistema judicial disfuncional”. Solo era cuestión de tiempo.
Ante este escenario, la estrategia de Bukele y Noboa es parecida, pero en contextos distintos, sostienen analistas. Mientras las pandillas maras en El Salvador se especializan en “tráfico de armas, tráfico ilícito de migrantes y las extorsiones”, en Ecuador “hay un interés del crimen organizado por controlar el tráfico de drogas” infiltrándose también en todas las esferas del poder como la justicia y la política, comentó Renato Rivera, coordinador del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, en declaraciones a AFP. “El narcotráfico se ha tomado el Estado en cierta forma, (lo) que no es del caso en El Salvador”, añade.
Un factor que ha puesto a Ecuador en lo que Grillo describe como el “punto de mira” de esas organizaciones criminales es el fuerte aumento de la demanda de cocaína en Europa, un mercado que está bien posicionado para ayudar a abastecer. A diferencia del tráfico hacia Estados Unidos, que generalmente involucra rutas terrestres o pequeñas embarcaciones y aviones, el transporte de cocaína a Europa desde Sudamérica generalmente se realiza mediante envíos de contenedores marítimos. El enorme y poco vigilado puerto ecuatoriano de Guayaquil es ideal para los contrabandistas, que traen la mayor parte de la cocaína desde Colombia. Ecuador también es una base conveniente para los criminales de Europa del este, en parte porque, hasta hace poco, no necesitaban visas, destaca The Times.
En un informe de 2023, la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) confirma que Ecuador se convirtió en el principal país de origen de los cargamentos de cocaína que llegan a Europa, incluso por encima de Brasil. La mafia albanesa ha sido señalada como la principal organización distribuidora de drogas en gran parte de Europa, apunta Plan V.
Este medio ecuatoriano señala que al ser uno de los principales exportadores de plátanos, Ecuador envía miles de contenedores con ese destino donde se camufla la droga. El 46% de la droga incautada en puertos ecuatorianos ha sido en contenedores con esta fruta. Los narcos usan ese tipo de exportaciones porque son perecibles y necesitan salir rápidamente de los puertos.
Así, si bien Bukele y Noboa están adoptando deliberadamente políticas de línea dura contra las pandillas, existen diferencias importantes. “Las pandillas salvadoreñas no son ricas y son muy marginales en el tráfico transnacional de drogas, a diferencia de las de Ecuador”, dijo Will Freeman, investigador asociado de estudios latinoamericanos del Consejo de Relaciones Exteriores (CFR), a The Times. Grillo, en declaraciones al mismo medio, señaló que “mientras que la política de Bukele es de encarcelamientos masivos, comparables a los internamientos en tiempos de guerra, Noboa está dando carta blanca a los militares para fusilar a pandilleros”. El riesgo claro, indicó, es que se mate a personas inocentes.
“En el mundo la aplicación de la violencia contra la violencia nunca ha funcionado y aquí tampoco va a funcionar. Pero claro, por ahora, este modelo se ha vuelto interesante para los países latinoamericanos, porque estamos viviendo niveles de violencia muy altos, y los gobiernos no encuentran la manera de mejorar las condiciones de vida, entonces también echan mano de eso”, explica a La Tercera Vladimir Sierra, analista político y sociólogo de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador.
En cuanto a la propuesta de Noboa de construir cárceles al estilo Bukele, para Sebastián Mantilla, analista político y director del Centro Latinoamericano de Estudios Políticos (Celaep) de Ecuador, “el tema no es construir más cárceles, el tema es que el Estado tiene que tener control de las cárceles que existen”. A su juicio, “es simplemente una declaración política, politiquera, para tratar de generar una impresión en la ciudadanía de que se está haciendo algo en seguridad”, señala a este medio.
Para el retirado general Luis Hernández, exministro de Defensa de Ecuador, no se trata de copiar estrategias de otras naciones. “Se trata de implementar la ley de acuerdo a lo que tiene cada país (...). Al declarar un conflicto armado interno entonces le permite el uso de las Fuerzas Armadas”, explica a AFP. Las imágenes de militarización y presos rendidos son “una estrategia efectiva comunicacionalmente”, añade.
