Mujeres explotando a mujeres: la cara oculta de la trata de personas en Chile

Eran las últimas semanas del año 2021 y la situación que estaba viviendo una joven venezolana, de iniciales C.A., entonces de 21 años, no era de las mejores en su país. Hacía pocos meses había perdido a su madre, sufría violencia física de parte de su pareja y sus trabajos esporádicos como peluquera no le permitían ni siquiera alimentar bien a su hija de tres años de edad.

Por eso, según estableció una investigación desarrollada por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, la oferta que entonces le hizo la madrina de bautismo de su hija, Yelixsa Aular Román, de venirse a Chile a “cuidar a una bebé”, le pareció tentadora. “En esas circunstancias y por las labores que iba a realizar, le dijeron que no había inconveniente y que podía viajar con su hija”, relata la fiscal Carolina Suazo.

Tras cerca de 11 días, y de cruzar a pie y de noche el frío desierto a la altura de Colchane con la menor de edad, C.A. fue recibida en Santiago por la también venezolana Anyuly Espinoza Castillo en un departamento de calle Moneda. “Se rieron cuando la víctima les preguntó del bebé que iba a cuidar, indicándole que la habían trasladado a nuestro país para ser destinada a prostitución y que tenía una deuda con ellos o ‘multa’ producto de los gastos del viaje, indicándole una suma de aproximadamente US$ 5.000″, estableció la justicia.

“Los líderes de la organización vinculada al Tren de Aragua inmediatamente la trasladaron a Rancagua para prestar servicios sexuales”, explica la fiscal Suazo, sobre la nueva plaza o “sucursal” de comercio sexual que estaban montando allí. “Y la menor es separada de su madre y mantenida con los tratantes, quienes incluso la agredieron y no podía tener acceso a ella”, complementa la persecutora. La investigación, llevada adelante por la Brigada de Trata de Personas (Britrap) de la PDI, determinó que C.A. estuvo cerca de 40 días en poder de la organización.

Todo ello hasta que el 13 de febrero de 2022, cuando Anyuly y Yelixsa se enteraron de que C.A., según el lenguaje de la banda, había “echado la paja”: le había confidenciado a la dueña de la casa en Rancagua donde la hacían prostituirse que ella estaba retenida hasta terminar de pagar la “multa” con su trabajo sexual. “Las imputadas inmediatamente recriminan a la víctima de forma muy violenta, la agreden con un arma de fuego, tras lo cual la dejan encerrada”, cuenta la fiscal.

Sólo que C.A. aún tenía su teléfono. Desesperada, envió un mensaje de audio a una prima en Venezuela, cuyo padre estaba en Chile. Por coincidencia, el hombre tenía una compañera de trabajo cuya hija trabajaba en la PDI, por lo que el caso llegó a la policía civil. En paralelo, y aún encerrada, C.A. encontró una copia de la llave del departamento y logró escapar.

Si bien en la banda participaban al menos tres hombres, uno de los cuales era apodado “Sonrisa”, el complejo rol de mujeres explotando a otras mujeres en casos de trata de personas ocurridos en Chile en los últimos años ha llamado la atención de los investigadores. “El control era ejercido principalmente por una de las imputadas. El trato era muy agresivo. Incluso, se obtuvo información de la propia menor de tres años que dijo que vio cuando estaban intentando ahorcar a su mamá”, relata la persecutora.

Según expertos, se trata de un fenómeno mixto. Uno en el que mujeres encuentran en la explotación sexual de sus pares una “salvación” a la violencia de la que también son víctimas, pero en el que también otras mujeres acceden a ser parte de uno de los más ocultos y lucrativos negocios de la ola de crimen organizado internacional que afecta al país.

A nivel internacional, y en la legislación chilena desde 2011, se ha establecido que la “trata de personas” consiste en la captación y el traslado de personas en vulnerabilidad bajo intimidación, engaño o coacción, con el objeto de que sean explotadas, ya sea laboral o sexualmente e, incluso, para la extracción de órganos. Si bien se trata de una práctica de larga data, en los últimos años los casos que involucran a bandas internacionales han ido al alza.

Según estadísticas de la PDI, el año 2021 se recibieron 53 órdenes desde el Ministerio Público para investigar este tipo de casos. Luego, en 2022, este número pasó a 98. Al año siguiente la cifra subió a 103. En lo que va de 2024, la institución ya ha recibido 161 instrucciones para abrir indagatorias vinculadas a la trata de personas.

Tras revisar los testimonios de 24 mujeres venezolanas que fueron víctimas en Chile de trata de personas, con fines de explotación sexual entre 2021 y 2022, entre ellas la joven C.A., profesionales del Instituto de Criminología de la PDI elaboraron un informe en el que, por primera vez, se caracteriza a las víctimas de este creciente fenómeno y en el que también se da cuenta de cómo y quiénes ejercen este negocio.

Así, una de las primeras conclusiones transversales a las que llegaron es que “la captación ocurre en condiciones de vulnerabilidad, y esa vulnerabilidad no significa sólo pobreza, hay que entenderla como un conjunto de desventajas que vive el ser humano en ese tiempo y espacio en que ocurre la captación”, explica la psicóloga Ana Bouquillard, profesional del Departamento de Estudios Criminológicos de la institución.

Entre ellas, menciona la profesional, están la falta de redes familiares, el ser víctima de violencia y también la migración, que deja a las víctimas en un entorno totalmente desconocido. Otro de los factores comunes, según las expertas, es la forma en la que son atraídas u obligadas por este tipo de bandas a someterse a las reglas de los líderes. Aquí, distinguen a quienes son captadas en el exterior con una promesa -verdadera o no- de trabajo en Chile y a quienes ya viviendo en el país, según el lenguaje de la banda, son “rescatadas”: se les obliga a pagar un monto mensual como “vacuna” o “llave” por parte de organizaciones como el Tren de Aragua.

“Muchas víctimas pueden trasladarse a un país de destino sabiendo que van a ejercer el comercio sexual, pero no saben las condiciones en que se va a ejercer. Otras víctimas viajan totalmente engañadas, pensando que van a venir a trabajar”, asegura Bouquillard. Pese a ello, la profesional asegura que, tanto a nivel social como incluso judicial, aún existe un amplio prejuicio sobre “el consentimiento o la voluntad de querer participar en algo” que se asigna a las víctimas.

“El hecho de que se haya consentido para trasladarse a vivir esa promesa, que hoy decimos que es un ‘consentimiento viciado’, no tiene nada que ver con el curso que toma eso posteriormente. Es una decisión que se adopta desde un engaño”, concluye la psicóloga de la PDI. Así también quedó establecido en el caso de la joven C.A., quien junto a su hija fueron reubicadas “en un tercer país distinto a Chile y Venezuela”, aseguran las autoridades.

Tras el juicio en octubre pasado, Anyuly Espinoza, quien recibió y mantenía cautiva en Chile a la joven, fue condenada a 23 años de presidio como autora de los delitos de tráfico ilícito de migrantes, trata de personas con fines de explotación sexual y sustracción de menores. Mientras que Yelixsa Aular, quien la captó en Venezuela, deberá permanecer 10 años en la cárcel.

“Bueno, aquí está la cosa bien. Ella es la que está interesada. Yo ni siquiera le propuse el negocio, tía, porque tengo bastantes mujeres pa’ traer”, fue parte de un mensaje de audio que el venezolano Héctor Almérida Osto envió a mediados del año 2021. “Yo tengo un asesor de viaje que es un experto. Con él he traído a unas 40 mujeres. Yo nunca hablo con las mamás de las mujeres. Pero usted, como es un caso diferente, porque somos familia, ella es mi prima, usted es mi tía, después no vaya a haber malos entendidos”, terminó de decir en el mismo mensaje Almérida.

Como relata el audio, el hombre, quien lideraba una célula del Tren de Aragua que se instaló en Puerto Montt, y que entre sus múltiples negocios tenía la trata de personas, llegó incluso a traer a una de sus primas para ser explotada sexualmente en casas del centro y sur de Chile. Así lo determinó la investigación llevada en su contra por la Fiscalía Regional de Los Lagos, en la que también se detuvo a su padre, Héctor Almérida Robles, y a los también venezolanos Yexon Santiso Linares y Jean Ustariz Mendoza.

Si bien se estableció que Almérida Osto era el líder del grupo, en este caso nuevamente el rol de una mujer fue considerado clave al interior de la organización. Se trataba de quien entonces era su pareja, la venezolana Dorianny Moreno López, hoy prófuga y con una orden de captura internacional. “El rol de las mujeres era más logístico inicialmente, relacionadas con llevarlas a la peluquería, a hacerse las uñas, a comprarles la ropa y la lencería, y a ver el tema de las fotografías para subirlas a sitios web de servicios sexuales”, explica Mauricio Maya, director regional del Instituto Nacional de Derechos Humanos, organismo que fue querellante en la causa.

Pero su rol, explica Maya, también pasó a ser operativo. “Durante un tiempo estuvo a cargo de la asignación de tareas. Ella contestaba el teléfono de los servicios de escort, daba los valores y asignaba las labores a las distintas mujeres de cuándo tenían que atender y a cuántas personas”, detalla el director regional. Por cada una de esas llamadas y clientes agendados, Moreno cobraba una comisión, la que era cuidadosamente anotada en un libro y sumada a la “multa” que aún debían las mujeres explotadas.

“Esto es muy grave en términos de la dignidad humana, porque las personas son consideradas prácticamente objetos que tienen un valor en el mercado, que no pueden decidir ninguna cosa mientras estén bajo el control del tratante, sólo están a su disposición para que obtenga los recursos económicos de la explotación”, expone Maya.

Una pieza de la investigación, explican fuentes de la causa, es que se logró detectar que, en un momento de su vida, Moreno también fue escort. “Pasa de ser alguien quien fue explotada sexualmente, ámbito en el que conoció a Almérida Osto, a ser alguien que ejecuta actos dentro de la misma organización”, afirma la fuente. Comportamiento que, para los expertos, tiene explicaciones posibles.

Una de ellas la entrega el prefecto José Contreras, jefe de la Brigada de Trata de Personas de la PDI. “No significa que cambie o que mute su estatus, sino que muchas veces se ven coaccionadas por este grado de dependencia que tienen con sus explotadores”, afirma el oficial. “El que dirige la estructura muchas veces hace una multiplicidad de roles y ahí muchas veces se busca un enfoque mucho más desde el lado del género para generar espacios de mayor proximidad, de confianza entre las mujeres”, complementa.

Mientras que, desde la perspectiva de género con la que hoy se está abordando este tipo de investigaciones, la psicóloga Ana Bouquillard concluye que roles como el de Dorianny Moreno también “tienen que ver con cómo el criminal piensa sobre el género femenino. No es casual que muchas veces sean la pareja de los líderes. Es instrumental que ellas pertenezcan a estos espacios”, asevera la profesional.

“Yo estoy aquí, atrapada con un man (hombre) que me tiene atrapada, con un man que trabaja el tráfico de blancas. Y no me va a dejar salir el marica, a menos que yo me escape. Si yo me llego a escapar y ese man me mata o me hace algo, marica, yo le dejo a mis hijos”, fue el desesperado mensaje que una de las 12 víctimas acreditadas de la organización dirigida por Héctor Almérida y su pareja, Dorianny Moreno, envió a una amiga.

En la indagatoria, también se expuso cómo las mujeres eran disputadas por diferentes facciones del Tren de Aragua, incluso por los jefes en Chile de la organización. “Líderes como “Satanás” (Hernán Landaeta Garlotti) también eran clientes de algunas de las chicas. Pero no van como clientes, van a captarlas y a someterlas a través de violencia para que comiencen a pagar esta famosa multa, que es un cobro que se genera a propósito de que te vamos a proteger de otra banda criminal o para que ocupes una plaza determinada”, explica la psicóloga de la PDI Ana Bouquillard.

La caída del grupo llegó por un hecho poco imaginable. “Un cliente notó que la mujer a la que requirió sus servicios estaba desganada y muy callada. Le preguntó si le pasaba algo y ella le confesó que estaba siendo explotada por la banda. Luego de eso, el hombre decidió ir a presentar una denuncia a la PDI”, relatan fuentes de la investigación.

Antes de que la banda fuera desbaratada en octubre de 2021, Moreno rompió con Almérida y se fue del país. Rápidamente, la organización encontró un reemplazo, que también se convirtió en la pareja del líder. Su testimonio y la información detallada que entregó en el juicio fueron claves para conseguir en junio pasado condenas que suman casi 100 años en contra de los cuatro hombres detrás de la célula del Tren de Aragua.

La suerte judicial de Moreno, su posterior reemplazo y otras mujeres que han asumido roles de mando en bandas que se dedican a la trata de personas con fines de explotación sexual es un tema que sigue generando cierta controversia por la delgada línea entre ser víctima y pasar a convertirse en victimario que se ha observado en algunos casos.

La fiscal Carolina Suazo, quien ha enfrentado juicios de este tipo, hace una distinción caso a caso. “Efectivamente, hay víctimas que, encontrándose en situación de explotación, son utilizadas por la organización para captar más víctimas y no tienen otra posibilidad más que acceder”, asegura. Pero, al mismo tiempo, explica, hay víctimas que luego decidieron, conociendo el negocio, continuarlo o independizarse. “Ahí están en una situación diferente, porque están en una posibilidad razonable de desligarse de esta organización o de que no emprendan un negocio vinculado con la trata de personas”, concluye.