Oculto detrás de un poste, un hombre repentinamente asoma la mitad del cuerpo, alza los brazos a la altura del rostro, apunta y aprieta el gatillo. No lo hace una ni dos veces; percuta hasta vaciar el cargador de su pistola automática en contra de la 43° Subcomisaría de Carabineros de Peñalolén, la unidad policial más atacada del país durante el estallido social.

Toda esta secuencia quedó registrada en las cámaras del recinto.

El video, captado el 7 de febrero, permitió abrir una investigación para identificar al pistolero. A diferencia de otros ataques armados, la nitidez de las imágenes dio pistas de su contextura y su ropa: moreno y delgado, vestido con una camisa azul de manga corta, shorts oscuros y una máscara antigases. Toda la escena transcurría en medio de las barricadas de Av. Los Presidentes.

Después de entregar la grabación a la fiscalía, las pesquisas del OS-7 se extendieron hasta mayo. Pese a que la captura no fue exitosa, los policías fueron capaces de detectar organizaciones dedicadas al tráfico de drogas que, desde el inicio de la pandemia, expandieron sus actividades en Lo Hermida, intimidando a los vecinos.

Una de estas bandas fue identificada en un análisis del OS-7 como el “clan Ruz”. “Aún en período de pandemia y con cuarentena en la Región Metropolitana, en la comuna de Peñalolén vendían durante todo el día y altas horas de la noche diversos tipos de droga, principalmente cocaína y marihuana”, consigna el análisis. Los antecedentes, grabaciones y seguimientos a los miembros de la organización tuvieron resultados la tarde del 5 de junio. En un operativo que incluyó a grupos de acción táctica, se allanaron tres viviendas, se detuvo a cinco personas y se requisaron diversas armas y ocho millones en efectivo, entre otras evidencias. También se descubrió un almacén utilizado como fachada.

“Todos sabíamos que ahí se vendía droga, pero uno no dice nada, porque da miedo que después te hagan algo. Esta gente es violenta, anda armada y tienen soldados”, dice un vecino.

El ascenso de bandas de narcotráfico durante la pandemia no es un problema exclusivo de Peñalolén, sino que se replica en distintos puntos de la Región Metropolitana, según los análisis del OS-7 (ver infografía). La expansión territorial de los vendedores de drogas y el aumento de la violencia en los barrios abrió un foco de preocupación en La Moneda. Fue así como el martes, tras posponer la actividad por el ajuste de gabinete, el Presidente Sebastián Piñera anunció un proyecto de ley que, en seis ejes, ataca el negocio del narcotráfico. Entre ellos, aumentar las penas para quienes utilicen a menores para el tráfico; enajenar de forma “temprana” los bienes incautados; eliminar la pureza de la droga como factor determinante para condenar a los traficantes, y facultar a las policías para analizar su calidad, acopiarla y destruirla.

Como en Lo Hermida, la estrategia del gobierno apunta a identificar a las nuevas organizaciones, detener su crecimiento y atacar su patrimonio. En paralelo, las medidas buscan poner fin a la violencia callejera, que ha aumentado en las últimas semanas por las disputas territoriales, según indican los análisis de la policía. “En este último tiempo, las armas que hemos incautado más son las pistolas, que tienen mayor capacidad de repetición y disparan en menor tiempo. Estos antecedentes visualizan aumento en la violencia social y del territorio por traficantes de drogas; es por esta razón que nuestro foco en la estrategia es su control en los distintos barrios”, asegura el coronel Manuel Cifuentes, jefe del Departamento OS-7 de Carabineros.

En La Moneda, el Ministerio del Interior supervisa a diario los avances en la desarticulación de bandas narco, la incautación de armamento y los decomisos de droga. Cada día, cerca de las ocho de la mañana, el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, se reúne con los mandos de Carabineros y la PDI para conocer las últimas cifras de la batalla contra el crimen organizado que, al 31 de mayo, cuenta con más de siete mil kilos de droga decomisada en el país.

La pandemia ha obligado a los traficantes a modificar su negocio. El cierre de las fronteras ha afectado la cantidad y calidad de cocaína que ingresa al país y aumentó su valor entre un 37,5 a un 50%. Ahora, por ejemplo, se vende droga en menor cantidad, a un mayor precio, y en puntos más focalizados. Otras sustancias, como marihuana o éxtasis, siguen estando más disponibles.

“Chile, en lo que es criminalidad organizada, está en una etapa bastante incipiente. Estamos lejos de países que tienen una fase más simbiótica, donde la primera afecta también el sistema político y el económico. Esta etapa inicial es también la más violenta, porque es cuando estas pequeñas organizaciones criminales se disputan el territorio y el mercado. Eso se exacerba a raíz de la pandemia”, dice el subsecretario de Interior, Juan Francisco Galli.

La extensión de los clanes narco se puede ver, sobre todo, en comunas céntricas, donde la venta de drogas crece con fuerza.

“Creo que el fenómeno más importante en la comuna son las denuncias de microtráfico; de redes de distribución que son en cantidades pequeñas, lo que hace que sea más difícil la intervención”, dice Gonzalo Durán, alcalde de Independencia, una de las zonas más afectadas en la Región Metropolitana, junto a Peñalolén y Santiago. Durante este año se han realizado seis allanamientos y se ha detenido a 36 personas.

El sector sur -entre el río Mapocho, Av. Recoleta, Vivaceta y Av. Santa María- es señalado como el punto más conflictivo. La municipalidad ha trabajado con Carabineros y la PDI para controlar la situación. Gracias a las denuncias de vecinos y a patrullajes nocturnos se identificaron nuevos métodos de venta.

“En algunos sectores tenemos edificios en altura donde se concentra un número importante de personas y al interior se producen problemas de hacinamiento que generan dinámicas complejas que son difíciles de intervenir. Es un fenómeno del último tiempo”, dice Durán.

El toque de queda también ha impactado el tráfico. Ahora han empezado a operar de día, aprovechando la poca gente que hay en las calles. La Municipalidad de Santiago ha acumulado varias denuncias. La entrega de drogas a través de apps de delivery también ha aumentado. La libre circulación de los repartidores les permite moverse sin levantar sospecha.

“El tráfico en los barrios se ha visibilizado mucho más. Hoy están actuando con completo desparpajo, frente a la autoridad, a plena luz del día, y eso es lo que tenemos que atacar. Nosotros no tenemos ninguna atribución policial, no andamos armados, muchos de ellos sí”, dice el edil de Santiago, Felipe Alessandri.

Santiago es la comuna metropolitana que más intervenciones registra (113) y la de mayor cantidad de detenidos por estos operativos (194) durante este año. En cuanto a allanamientos (8), está tercera, detrás de Peñalolén y La Florida.

Barrios infectados

El narcotráfico no es un problema nuevo en estos territorios; la novedad es la pandemia. Los vecinos encerrados en sus casas -muchos en condiciones de hacinamiento- ahora ven por sus ventanas cómo las bandas se toman calles y pasajes.

Huechuraba es un ejemplo de comuna en la que, según las autoridades, la desarticulación de una banda ha dado la oportunidad a una nueva para ocupar su lugar. Según cifras de Carabineros, en la comuna se han realizado ocho allanamientos que dejaron a 14 personas detenidas. Gran parte de las intervenciones fueron realizadas en La Pincoya. El 22 de marzo ocurrió el último golpe al narcotráfico en ese sector. El operativo se centró en detener a los miembros de la banda de “Los Cambachos”, famosos por sus letales ajustes de cuentas. El OS-7 logró determinar que habían realizado un “lavado emergente o microlavado”, es decir, habían comprado vehículos nuevos, pagado viajes al extranjero y realizado modificaciones estructurales de casas del sector con el dinero que obtenían de la venta de sustancias ilícitas. Todo se pagaba en efectivo. Fueron arrestadas 13 personas, a quienes les incautaron más de un millón de pesos en efectivo, 491 gramos de tres drogas (pasta base, cocaína y marihuana) y tres vehículos avaluados en $ 27 millones.

La urgencia por detener el avance del tráfico de drogas llevó a que los vecinos de La Pincoya se organizaran para hacer frente al problema. Dicen que la autoridad los olvidó y que la única opción es la autogestión. Desde el año pasado funcionan varios comités de seguridad que agrupan, en total, a 100 personas.

“El tráfico ha existido siempre. No creo que este tiempo haya sido más duro. Ahora hay más organización, ya que el Estado no ha sido garante de las necesidades de los vecinos”, dice la dirigenta Lorena Eyzaguirre.

La Pintana es otra de las zonas afectadas. Según datos de la municipalidad, se han registrado 22 homicidios en lo que va del año, mientras que en 2019 la cifra era de ocho muertes. La mayoría están relacionados con narcotráfico. Allá explican que las intervenciones que Carabineros realizaba en las poblaciones eran exitosas, pero que a partir de la pandemia ese trabajo disminuyó. “No es lo mismo pasar la cuarentena en La Pintana que en una comuna donde las casas tienen más espacio, porque acá las personas deben convivir con este entorno de violencia que genera el narco. La sensación de temor entre la gente ha aumentado, porque son más frecuentes las balaceras y las quitadas de droga”, asegura Pizarro.

Aun cuando al inicio de la pandemia del Covid-19 alcaldes de distintas comunas alertaron sobre presencia de “narcobenefactores” que ayudaban en las poblaciones vulnerables con insumos médicos y comida, desde el gobierno aseguran que ningún jefe comunal entregó antecedentes concretos como para investigar.

El avance del narcotráfico ha puesto a prueba a las policías y las estrategias implementadas por el gobierno. Al menos en Lo Hermida, las cosas parecen un poco más tranquilas luego de los últimos allanamientos. En las estrechas calles del barrio se ve poca gente, en parte, por las cuarentenas obligatorias, pero también por la desarticulación en la cadena de abastecimiento. Pese a la calma que hoy reina en las calles del sector, nadie quiere hablar de las otras bandas que podrían ocupar el lugar de las caídas. Los vecinos solo esperan que las cosas empiecen a mejorar, para así poder concentrarse en cuidar la salud y olvidar al menos una de sus numerosas preocupaciones.