En dos meses, el Presidente de Nicaragua, Daniel Ortega (75), junto a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo (70), ordenaron la detención de 32 líderes de la oposición, entre ellos, siete precandidatos, inhabilitó al principal partido de ese sector que había inscrito a una fórmula presidencial, asedió hasta el cierre a La Prensa, el último periódico impreso crítico y de alcance nacional que funcionaba en el país, modificó el calendario electoral y arremetió contra sus hasta hace poco aliados regionales, Argentina y México. Todo esto, en medio de la campaña por las elecciones del 7 de noviembre, en las que el exguerrillero sandinista disputará su cuarto mandato consecutivo sin competencia y sin las garantías democráticas exigidas.
Después de semanas de silencio ante la seguidilla de arrestos de opositores y a través de un comunicado leído por Murillo, el Ejecutivo liderado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) llamó a consultas esta semana a sus embajadores en Argentina, México, Colombia y Costa Rica, en “reciprocidad ante similares llamados realizados por los gobiernos antes mencionados a sus representaciones en Nicaragua”. El régimen tildó a estos países de “irrespetuosos, injerencistas, intromisores e intervencionistas en asuntos internos”.
La molestia de Ortega contra los países de la región se instaló el 21 de junio, cuando los mandatarios izquierdistas Andrés Manuel López Obrador, de México, y Alberto Fernández, de Argentina, llamaron a consultas a sus diplomáticos por las “preocupantes” acciones del régimen sandinista. Si bien los votos de ambos países habían sido claves en recientes votaciones contra Managua, el enfrentamiento escaló con Buenos Aires. Según el diario La Nación, ante la “falta de apoyo” de la Casa Rosada, Nicaragua no respaldará a Fernández para presidir la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac). A cambio, propondrá a San Vicente y las Granadinas en la votación que tendrá lugar en septiembre.
El 28 de julio, el Presidente de Colombia, Iván Duque, siguió los mismos pasos de sus homólogos y llamó a consultas a su embajador en Managua e instó a la “inmediata liberación de los presos políticos”. Tres semanas antes, la Cancillería chilena había reiterado su preocupación por “el deterioro de la situación de los derechos humanos y libertades públicas” en Nicaragua.
Pese a estos llamados, Ortega continuó la detención e inhabilitación de sus eventuales contrincantes en las urnas. Y el 6 de julio el régimen sandinista dio otro golpe contra la oposición cuando el Consejo Supremo Electoral (CSE) canceló la personalidad jurídica de la Alianza Ciudadanos por la Libertad, dejando fuera de la carrera presidencial a su candidato, Óscar Sobalvarro. Así, el sector perdía una de sus últimas opciones para evitar la reelección de Ortega, que suma 15 años en el poder.
Cinco días después de la decisión del CSE, el gobierno español llamó a consultas a su embajadora en Managua. El ministro de RR.EE. de España, José Manuel Albares, tomó la decisión luego de “graves e infundadas acusaciones contra España y sus instituciones”, “así como gruesas falsedades sobre procesos judiciales y electorales”. Lo anterior en referencia a un comunicado emitido el 10 de agosto por el gobierno de Ortega, que denunció “la cínica y continua intromisión, injerencia e intervención en nuestros asuntos internos”.
Pocos días antes, el 7 de agosto, el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, criticó la decisión del CSE de cancelar la personería jurídica de la Alianza Ciudadanos por la Libertad y subrayó que el proceso electoral “ha perdido toda credibilidad”. Blinken tachó de “maniobra autocrática” la medida y señaló que pone de manifiesto “el deseo” de Ortega de permanecer en el poder “a toda costa”.
“Ortega cada día se va convirtiendo en un régimen comparado o que se iguala al de (Augusto) Pinochet en Chile, de (Jorge) Videla en Argentina o de Anastasio Somoza, en Nicaragua. Un comportamiento que promueve el derramamiento de sangre, impunidad, indiferencia, muy típico de las dictaduras que se aferran con un poder centralizado, totalitario, monárquico absoluto, que no permite a sus ciudadanos a ejercitar sus derechos humanos, políticos, civiles y constitucionales. Tiene a los nicaragüenses como rehenes cada día más aislados”, señala a La Tercera Álvaro Leiva, secretario de la Asociación de Nicaragüenses Pro Derechos Humanos y delegado de la Canadian Human Rights International Organization.
“Por eso la comunidad internacional intenta tomar decisiones duras contra el régimen con el fin de encarrilarlo a una posible senda de democracia y respeto. En la región, Nicaragua representa una hostilidad porque con las personas obligadas a migrar, los países están cargando con la responsabilidad que debería asumir Ortega. Hay un poco más de medio millón de nicaragüenses exiliados”, denuncia Leiva, quien también se cuenta entre ellos.
Los más de 300 fallecidos que dejaron las movilizaciones contra Ortega en abril de 2018, fueron el detonante de las primeras sanciones internacionales. Estados Unidos y la Unión Europea han reforzado su condena al régimen: Washington revocó las visas a 50 familiares directos de los Ortega-Murillo y Bruselas aplicó medidas restrictivas contra ocho altos cargos por “graves violaciones a los derechos humanos”.
Uno de los últimos en sumarse a la ola de sanciones contra Nicaragua fue Suiza, que este viernes anunció el congelamiento de activos y la prohibición de entrada o tránsito al país europeo para otros ocho altos funcionarios, entre ellos Rosario Murillo y su hijo, Juan Carlos Ortega Murillo. En junio de 2020 ya había impuesto sanciones a seis personas ligadas a Ortega.
Según el diario La Prensa, Nicaragua se está aislando internacionalmente como Venezuela, pero a diferencia de Caracas, Managua tiene una economía totalmente dependiente del mercado externo, por lo que la crisis podría desencadenar una implosión interna en el futuro.
“A cada sanción de la comunidad internacional, Ortega y Murillo respondieron subiendo la apuesta, como diciendo: ‘Hago lo que quiero porque tengo absoluta impunidad’. Esta es una nueva forma de régimen autoritario por lo que hay que tener una mirada diferente para encararlo. Aislarlo, condenarlo, adoptar resoluciones de derechos humanos está bien, pero hay que poner énfasis en las sanciones individuales. Parte de esto es la aprobación del Acta Renacer de EE.UU., que falta que se apruebe en la Cámara Baja y luego pase por el Presidente Joe Biden, por lo que hay que acelerar el proceso”, explica a La Tercera Daniel Zovatto, director regional del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional).
“Nicaragua es una dictadura familiar que está llevando a cabo un nivel de represión como no habíamos visto en las décadas recientes en América Latina. Tampoco hay suficiente apoyo para aplicar el artículo 20 y 21 de la Carta Democrática Interamericana para suspender o expulsar a Nicaragua”, denuncia.
