Pablo Zalaquett Said (60) estaba en Los Ángeles, Estados Unidos -donde viajó por un asunto familiar- cuando reventó la filtración de las reuniones en su departamento de Lo Barnechea con al menos seis ministros de la administración Boric, sin que quedaran registradas por Ley del Lobby.

Entonces su nombre volvió a verse en redes sociales y medios, tal como ocurría habitualmente en los 2000, cuando pasó por la alcaldía de La Florida y Santiago, siendo militante de la UDI, y en la década del 2010, cuando fue formalizado en una de las aristas del denominado caso Penta (2015), causa que la Fiscalía suspendió en 2019, y por la investigación del caso “Tragamonedas” de 2018, que terminó sin delitos imputables.

Tras cuatro años de bajo perfil -su última incursión fue una fallida competencia por la alcaldía de Vitacura, que ganó Camila Merino (Evópoli)-, vuelve a enfrentar un caso polémico por el que no solo él ha dado explicaciones. También lo ha debido hacer La Moneda, incluso el Presidente Gabriel Boric, desde donde han justificado la asistencia de sus ministros a estos encuentros con empresarios y líderes gremiales.

Complicado con los detalles que -tras la primera publicación de Ciper- se iban conociendo, Zalaquett reunió a su equipo durante la mañana del jueves, en sus oficinas de Luis Carrera, en Vitacura. En una declaración pública de poco más de una carilla, escribió que “lamentablemente, nuestra sociedad ha estigmatizado el diálogo y la capacidad para llegar a acuerdos”, y que “la iniciativa de convocar encuentros en mi casa, nace de la preocupante polarización y distancia que vi entre distintos actores del mundo político, económico y social”.

Uno de los que escuchó sus descargos fue Pablo Longueira, en un encuentro casual. El jueves, pasadas las 16 horas, el exministro estaba en la Cafetería del Edificio Tánica de Vitacura, cuando vio pasar a Zalaquett. Lo llamó para compartir un café y, con una broma sobre por qué no lo había invitado a sus encuentros, distendió la situación.

Las citas organizadas por el exalcalde -quien mutó su rol de político a anfitrión- han sido duramente cuestionadas puesto que, con el correr de los días y a cuentagotas, se ha ido conociendo que algunos de los seis ministros del actual gobierno se reunieron con empresarios de sus respectivos sectores, omitiendo su registro formal en la Ley de Lobby. Al tiempo que hay versiones que aseguran que había encuentros en los que se les cobraba a los asistentes, cosa que Zalaquett desmiente en forma categórica.

“No hay cobros a ningún invitado en estos conversatorios. Eso es totalmente falso. Tampoco es cierto que haya dos tipos de charlas, las pagadas y las gratuitas”, sostuvo a La Tercera.

Cómo llegó a ser un anfitrión que es capaz de convocar a rostros y líderes políticos y empresariales es una pregunta que muchos se hacen en el ámbito político.

Tras sepultar definitivamente sus apariciones en televisión, que le valieron hasta una imitación del humorista Stefan Kramer, puso foco en las comunicaciones estratégicas y el lobby, con su empresa PZ. En el registro público aparecen más de una cincuentena de audiencias a su nombre, con distintas reparticiones.

En el entorno de Zalaquett afirman que la idea de realizar estas juntas emergió poco antes del plebiscito del 4-S, vía rondas de diálogo entre el mundo empresarial, políticos y analistas, replicando lo que había hecho en el CEP durante el régimen militar cuando reunía -entre otros- al empresario Eliodoro Matte y al RN Sergio Diez, con el DC Patricio Walker y el PS Carlos Portales.

Es así como por su casa han pasado, durante el último tiempo, Daniel Mansuy, Roberto Izikson, Sylvia Eyzaguirre, Lucía Dammert y Carlos Correa Bau, cuyas ponencias han versado sobre el golpe de Estado, con motivo del aniversario de los 50 años, y también sobre los efectos pre y post plebiscito constitucional del 4 de septiembre.

“Fui invitado a hacer un análisis político de la actualidad”, confirmó Roberto Izikson, socio y gerente general de Cadem, quien expuso en dos oportunidades.

“A mí me invitaron a dar una charla a empresarios antes del plebiscito de septiembre de 2022 sobre los escenarios y fui, pues hago mucho eso. Como parte de mi trabajo como consultor y profesor universitario participo en muchos de esos conversatorios”, aseguró Correa Bau.

Pero la lista sigue. También intervinieron sobre el plebiscito y otras materias relacionadas con políticas públicas y legislativas, en distintas ocasiones, la presidenta del PS, Paulina Vodanovic; el alcalde Rodolfo Carter, de La Florida; el senador PS José Miguel Insulza y el senador UDI Juan Antonio Coloma, hoy presidente de la Cámara Alta.

Vodanovic, a petición de La Tercera, sostuvo que a principios de septiembre pasado aceptó una invitación de Zalaquett en su calidad de presidenta del PS, acerca del proceso constituyente y la coyuntura política; que se trató de un encuentro (no una cena) de una hora y media, y que “no se plantearon intereses particulares de los asistentes, ni argumentos que pretendieran influir en decisiones o en mi rol de legisladora”.

También fue poco antes del plebiscito de 2022 que el exalcalde comenzó a incorporar a ministros en la lista de invitados.

A Zalaquett le había llamado la atención la propuesta del PPD “Aprobar para Reformar” y, por ello, llamó por teléfono a uno de los redactores del texto: el exdiputado del PPD y exministro Segpres durante la segunda administración de Michelle Bachelet, Jorge Insunza. Días después, en un almuerzo en el restaurante Le Fournil, le expresó su inquietud por el nivel de antagonismo que había en el país y le pidió ayuda para abrir espacios hacia un mayor intercambio entre el mundo de la izquierda y de la centroizquierda con el sector privado.

Fue así como el exparlamentario se convirtió en una pieza clave para contactar a algunos ministros. “No es que tenga la llave del Socialismo Democrático, pero es un hombre muy bien contactado”, dice una fuente del PPD.

Hasta ahora, en La Moneda se admite que han asistido 6 secretarios de Estado: Carolina Tohá (Interior), Alberto van Klaveren (RR.EE.), Nicolás Grau (Economía), Maisa Rojas (Medio Ambiente), Jeannette Jara (Trabajo) y Esteban Valenzuela (Agricultura).

No obstante, trascendió que ante los efectos que ha tenido este caso revelado por Ciper se está haciendo un catastro en todas las reparticiones, para determinar si hubo o no más asistentes.

Otro de los asistentes es Álvaro Elizalde, ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres). Pero éste acudió cuando era parlamentario a la misma reunión a la que asistió el senador Coloma, a hablar del segundo proceso constitucional cuando recién emergía.

“El ministro fue invitado a un espacio de diálogo cuando era senador, en su calidad de expresidente de la Cámara Alta, con la finalidad de dar a conocer su punto de vista sobre el proceso constituyente”, fue la respuesta oficial entregada por la Segpres ante una consulta de La Tercera.

La ministra del Interior, Carolina Tohá, en junio pasado fue la primera participante. El contacto lo hizo directamente Zalaquett y la invitación fue amplia: conversar sobre el escenario político y la agenda de seguridad, con el objetivo de generar un diálogo con el mundo empresarial. Ambos habían cultivado una buena relación desde que Zalaquett era alcalde de la comuna de La Florida, la que se mantuvo a pesar de que Tohá lo desbancó de la alcaldía de Santiago en las elecciones de 2012.

Un total de 15 empresarios de distintos rubros estuvieron presentes en aquella cita. Pero sus nombres se mantienen -hasta ahora- en estricta reserva, al igual que los asistentes al encuentro con el canciller Alberto van Klaveren, quien fue contactado por Jorge Insunza.

De todas las reuniones, las dos más polémicas a nivel político son las de Jeannette Jara y la de Nicolás Grau y Maisa Rojas, por el tenor de los temas.

Esto, porque en medio de la discusión de la reforma previsional, la titular del Trabajo informó esta semana a Ciper que participó en tres reuniones -entre agosto y octubre- donde acudieron ejecutivos de las AFP: Jaime Munita y Juan Carlos Chomali, gerente general y presidente de AFP Capital, respectivamente, y Andrés Merino, presidente de AFP Provida estuvieron en una; Ricardo Mewes, presidente de la CPC, y Óscar Hasbún, vicepresidente de la Sofofa, en la segunda: y Andrés Trivelli y Andrés Bulnes, de la gestora de inversiones LarrainVial, en la tercera

El contacto con Jara lo hizo directamente Zalaquett, tras encontrarse con ella en un evento. Hasta ahora, es la secretaria de Estado que suma más participaciones.

En una situación similar se encuentran los ministros Grau y Rojas, porque quienes asistieron a la cita fueron salmonicultores, entre ellos Sady Delgado y José Guzmán Vial (Aqua Chile), Cristián Sweet y José Ramón Gutiérrez (Multiexport), y Andrés Santa Cruz y Rodrigo Sarquis (Blumar), antes de que el gobierno ingresara su Ley de Pesca. Sarquis es primo y muy cercano a Zalaquett. No se sabe mediante quién se convocó a los dos secretarios de Estado.

El ministro Valenzuela estuvo, a su vez, con Óscar Hasbún, de la Sofofa, y Susana Jiménez, vicepresidenta de la CPC y exministra de Energía del segundo gobierno de Sebastián Piñera. El primero es también ejecutivo del grupo Luksic. Jiménez es directora de empresas.

Para La Moneda no hay una transgresión a la Ley del Lobby. Incluso el propio Presidente Boric salió a respaldar a sus ministros diciendo que “no ha existido ningún incumplimiento de ley” y que los ministros van a “seguir dialogando hasta que duela”.

La evaluación de Palacio, tal como lo expresó la vocera Camila Vallejo, es que la legislación “obliga a registrar las reuniones que tienen por finalidad obtener una decisión de parte de la autoridad” y “estas conversaciones no son el caso”.

Sin embargo, para Chile Transparente estos encuentros debieron haberse inscrito. Su directora ejecutiva, María Jaraquemada, fue tajante en su respuesta a este diario. “La Ley del Lobby -enfatizó- busca que se transparenten y publiquen las audiencias y reuniones entre autoridades y privados relativas a asuntos de su competencia en los que se pudiera influir, sin perjuicio del lugar y horario”. Y añadió que “por la información que ha trascendido en los medios y de parte de algunos de los involucrados, soy de la opinión que debieran haberse registrado y publicado de acuerdo a dicha ley”.

Como es obvio, el que se filtraran estos encuentros fue un problema para Zalaquett, quien suele realizarlos en el living de su propio departamento, donde cuelga una extensa pintura de Francisco Bustamante, su cuñado. No solo porque se rompió el acuerdo de reserva que pide el propio anfitrión cuando abre la conversación, sino que por los eventuales problemas legales o administrativos que se pueden derivar para las autoridades que han ido y no han registrado las citas.

Quienes han asistido relatan que, por lo general, parten con una intervención inicial, muy breve, del exalcalde, en la que hace presente que el objetivo es abrir un diálogo para generar confianzas. Zalaquett -según dicen- no emite opiniones, sino que modera la conversación.

“Es como una reunión en la casa de un amigo”, cuenta uno de los asistentes.

Luego, cede la palabra al expositor para que plantee su visión sobre cómo observa la situación país o el tema que va a tratar, por un espacio de unos 10 a 15 minutos, y se abre la fase de preguntas y respuestas.

Cada encuentro -en el que se comparte, por lo general, una tabla variada de quesos, frutos secos, sándwich y bebidas (algunos llevan también algo, como galletas o pasteles)- se extiende durante unas dos horas como máximo.

Desde el Parlamento, sin embargo, hay quienes miran con distancia y suspicacias este tipo de reuniones. En voz baja no solo desconfían del altruismo que habría detrás de ellas, sino que derechamente sostienen que son una vitrina para Zalaquett y para la conformación de contactos y captación de posibles clientes en sus funciones como lobista.

Otros siguen sin entender las razones por la que los ministros de la actual administración están recurriendo a este tipo de instancias, cuando ellos debieran tener capacidad de convocatoria y herramientas para generar diálogo vía instituciones formales.

“Parece que el gabinete se trasladó a Lo Barnechea”, comenta un parlamentario del Socialismo Democrático, mientras el senador PS Fidel Espinoza va más allá. En su cuenta X cuestionó la reunión de los ministros Grau y Rojas con los salmoneros. “Fue a horas -sostuvo- de ingresar la nueva ley de pesca. Ya la contaminaron. Son torpes y amateurs. No entienden nada. Su soberbia es superior a su raciocinio. Presidente, Ud. no puede aceptar esto. Es de extrema gravedad. Debían pasar x lobby”.

Desde la derecha, el senador RN Manuel José Ossandón ha sido uno de los más críticos. En los matinales calificó de grave lo ocurrido y cuestionó a las autoridades de gobierno por haberse “reído” -según dijo- de la “cocina política” de la ex Concertación y aplicar ahora el mismo sistema, en referencia a las míticas reuniones en la casa del exsenador Andrés Zaldívar en las que se selló un acuerdo por la reforma tributaria del 2014.

Con todo, la preocupación de La Moneda está en hacer un control de daños frente a los cuestionamientos y afinar los resguardos frente a qué reuniones se concurre y a cuáles no, para evitar desprolijidades, mientras que Zalaquett está concentrado en conocer quién filtró y con qué objetivo estos encuentros, que -según su visión, son claves para el país en el plano del diálogo- y que hasta ahora parecen tener un punto final. Aunque ha insistido en los últimos días que no los dejará de hacer, a pesar de la polémica.