Pacientes en vilo: quiénes serían los principales perjudicados con la caída de las isapres

El mundo de Mariela Alcaíno (49) cambió por completo el 6 de octubre de 2017. Ese día viajó con su hija, Constanza Muñoz (23), a la Clínica Dávila de Santiago para que le realizaran una resonancia magnética. Según explica, ahí le administraron más anestesia de la que su hija podía resistir debido al Síndrome de Wolfram que padece: una enfermedad genética rara y progresiva. Sus principales características son diabetes, atrofia óptica y sordera. Muñoz las sufre todas. Por lo mismo, dejó de caminar, ir al colegio y viajar a Iquique a ver a su padre. Hoy existe una demanda en curso en contra de la clínica. Desde ese 6 de octubre, necesita ventilación mecánica y asistencia médica 24/7.

Luego de ese examen, Constanza Muñoz estuvo siete meses y medio hospitalizada en la Clínica Dávila: demasiado lejos de la casa familiar en Curicó. Por eso su madre tenía que viajar todos los días si quería verla. En esa pieza celebraron Navidad y la llegada del año 2018. Ahí, también, quedaban los peluches que Alcaíno le llevaba a su hija.

Durante su estancia en la UCI, el personal les comentó la opción de una hospitalización domiciliaria. Nunca habían escuchado sobre esto, pero les gustó la idea. Gracias a la cobertura de su isapre, Muñoz pudo regresar a su hogar. Hoy lleva seis años con cuidados hospitalarios en su casa.

“Para mí fue la solución traer a la Cony a la casa. Hoy día ella puede tener una mejor vida al sentirse en el calor de su hogar”, dice Alcaíno. Sin embargo, el tono de la madre cambia cuando se refiere a la situación actual de las isapres. Explica que el padre de Constanza, gracias a su plan, paga 126 UF al año por este servicio, lo que equivale a cerca de $ 4,5 millones. Como Fonasa no cubre hospitalizaciones domiciliarias, tendrían que pagar alrededor de $ 24 millones anuales si no tuvieran la cobertura de su isapre. “Es terrible pensar que no podamos seguir teniendo a la Cony aquí y que me la manden a vivir a una clínica”, admite Alcaíno.

Como explica el presidente de la Asociación Chilena de Instituciones de Salud Domiciliaria (Achisad), Diego Hurtado, “más de 40 mil personas al año del sector privado necesitan de este tipo de atenciones. La gran mayoría de estos pacientes son financiados por las isapres. Si estas colapsan, al menos 800 pacientes crónicos de alta complejidad y larga estadía tendrían que volver a una clínica o a un hospital a usar una cama crítica. Hoy el sistema no está preparado para recibir ese número de pacientes: equivaldría a un 30% más de personas demandando una capacidad de atención que no está disponible en el sistema público y privado en su conjunto”.

María Angélica Coronil (53) tiene tres hijos. Los dos menores, de 29 y 27 años, son epilépticos. Ambos aún viven con ella y son cargas en su isapre. Fernando Fuentes, el menor, es el más complicado. Según cuenta Coronil, fue diagnosticado cuando tenía 11 años. En ese momento los ataques se repetían dos o tres veces al año, dejándolo muy mal.

“Sus crisis eran muy complejas y profundas. Una vez le costó más de un mes recuperar su capacidad respiratoria. Termina con pérdidas de memoria. Quien no ha vivido esto no puede entender lo difícil que es ver a tu hijo minutos sin respirar”, cuenta.

Seis años más tarde, Coronil lo notó muy mal. Dormía constantemente y pasaba cansado. Ella decidió cambiar de médico y lo llevó a la Clínica Indisa. Ahí determinaron que su hijo sufría cerca de 33 crisis diarias, pero que no eran perceptibles. Luego, sus ataques empeoraron. Una vez, durante 2020, le pasó en la calle: Fuentes estaba solo y comenzó a convulsionar.

Tuvieron que pasar por muchos tratamientos y exámenes para conseguir la estabilidad que tienen hoy. Actualmente, Fernando Fuentes toma tres medicamentos diarios: Keppra, Daksol y Valcote ER. Coronil estima que la suma de todos los cuidados de salud que necesitan sus dos hijos al mes bordea los $600.000. Sin embargo, gracias a su plan, ella sólo paga $ 8.700 mensuales. Ese, dice Coronil, es su problema: Fonasa no cubre estos medicamentos, sino los genéricos.

“Lo que me da más miedo es que si cambiamos a los genéricos vuelvan las crisis. Vienen en cualquier momento y él se podría morir si lo pilla en uno malo”, cuenta.

Eduardo Quiroga (71) vive junto a su esposa en Estación Central. Ambos están jubilados: él recibe una pensión de $390.000 y ella, de $206.000. Cuando la salud no era un problema, podían manejar mejor su presupuesto. Pero todo eso cambió cuando Quiroga fue diagnosticado con cáncer de próstata.

El primer síntoma, en 2021, fueron molestias en la ingle. Pero en el Hospital del Profesor les dijeron que no era nada grave: sólo les recetaron analgésicos. El dolor, sin embargo, no paró. Un año después terminaron en la Clínica Bupa, donde le realizaron una biopsia y lo diagnosticaron con cáncer de próstata. El tratamiento consistió en quimioterapias semanales durante seis meses. Hasta el día de hoy, Quiroga debe ponerse una vacuna Decapeptyl cada dos meses. Esta inyección se utiliza en adultos para tratar el cáncer de próstata hormono-dependiente localmente avanzado. En el mercado vale $277.490, pero Quiroga paga $40.000 por la cobertura que tiene con su isapre. La diferencia es importante. Sin ese copago, él y su esposa tendrían que gastar toda su pensión en el tratamiento. Por eso, la posibilidad de que las aseguradoras quiebren lo atemoriza.

“Gracias a la isapre estoy vivo. Si es que desaparecen, yo también voy a desaparecer. No tendría con qué pagar mi tratamiento”, cuenta hoy desde su casa.

Según explica el senador Juan Luis Castro (PS), Quiroga pertenece al grupo de personas que se verían más afectadas si eso sucede: “Mayores de 60 años, crónicos, de clase media y usuarios de medicamentos de alto costo”.

El promedio de hijos por cada mujer en Chile es de 2,1, pero Sonja del Río (43) quería más. Ella, que terminó siendo la madre de tres, vive en Santiago Centro, trabaja como técnico jurídico y es afiliada a una isapre donde tiene como cargas a sus hijos. Del Río es clase media y el 7% de su sueldo cubre el total del plan de salud que tiene. Esto para su familia ha sido un alivio, porque su segundo hijo tiene Trastorno del Espectro Autista (TEA). Lo diagnosticaron a los 17 años: una edad bastante avanzada para determinar esta condición. Sin embargo, esto tiene una explicación:

“Él siempre tuvo crisis, pero nosotros no quisimos hacer un diagnóstico por el tema de que es estigmatizarlo. Sabíamos desde los 10 años, cuando una neuropsiquiatra nos dijo que él tenía una condición distinta. Esto vino con una cantidad de psicopedagogos, psicólogos, psiquiatras e intervenciones que son muy costosas”, cuenta del Río.

En el caso de caer las isapres, dice, tendría que contratar seguros adicionales para sus hijos. Y para alguien como ella, con un hijo con TEA, las primas de un seguro privado serían más altas. Hoy del Río gasta cerca de $400.000 mensuales en psicólogo, psiquiatra, remedios y más. Si pasara a Fonasa, tendría que sumar alrededor de $200.000 en seguros.

“Para mí sería catastrófico. Mi mayor miedo es no poder costear sus tratamientos y que mi hijo vuelva a sus depresiones”, confiesa.

Héctor Sánchez, director ejecutivo del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, confirma los cálculos de Del Río: “Si quisieran compensar solamente la diferencia de cobertura que hay entre Fonasa y la isapre, un seguro no podría costar menos de $50.000 pesos por persona”. El problema, asegura Sánchez, no terminaría ahí.

“Si nos encontramos con que dentro del grupo familiar hay una o más personas con preexistencias, se producen dos efectos. El primero, que no sean aceptados por esa preexistencia. O, en su defecto, que tengan que pagar una sobreprima por esa persona que tiene preexistencia”.

El cáncer de mama es el tumor más frecuente en las mujeres chilenas. Se estima que una de cada ocho puede desarrollar esta enfermedad a lo largo de su vida. Roxanne Dufey (57) es una de ellas. A finales de octubre de 2021 sintió una dureza en su mama derecha. Estaba en su casa en Victoria, en la provincia de Malleco, cuando pidió una hora para hacerse un chequeo. Se lo realizó en la Clínica Alemana de Temuco en diciembre de ese año y quedó a la espera de los resultados. En febrero de 2022 recibió la noticia: tenía cáncer de mama.

Dufey fue por una segunda opinión en la Fundación Arturo López Pérez (FALP). Los resultados fueron los mismos: padecía cáncer de mama grado 3, con compromiso ganglionar. En marzo de 2022 comenzó con sus quimioterapias y, en septiembre de ese año, se operó: le sacaron toda su mama derecha y 42 ganglios.

Gracias al plan de isapre y a un seguro complementario, la operación le salió gratis. Hoy se trata con hormonoterapia, un tratamiento médico que influye en la actividad hormonal del cuerpo para que el cáncer no avance. Mantenerse en esta situación es estresante, confiesa, y es que el tiempo juega en contra:

“Cuando tienes cáncer quieres que te atiendan hoy, no en un mes. Mi mayor miedo es que al pasar todos al sistema público este colapse y no puedan atender en un tiempo oportuno. Además, yo tengo una enfermedad preexistente y no voy a poder contratar un plan”.

Efectivamente, Dufey se encuentra en un estado crítico. Según la Encuesta Nacional de Salud realizada por la Universidad Andrés Bello, ella pertenece al 22% de personas afiliadas a isapre -cerca de 630 mil- que, debido a una patología, se encuentran con un tratamiento en curso. Como explica Manuel Inostroza, académico UNAB y ex superintendente de Salud, “al extinguirse el plan de beneficio de la isapre, y al ser traspasados a Fonasa, esta última no tiene ninguna obligación legal de dar continuidad a su tratamiento”.