“Ya basta”, suplicó el miércoles Philonise Floyd ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes de EE.UU. “Pongan fin al sufrimiento”, dijo en su testimonio, un día después del funeral de su hermano George en Houston. “Hagan los cambios necesarios para que las fuerzas del orden sean la solución y no el problema”, imploró.
Philonise se presentó ante el Congreso dos días después de que los demócratas, que controlan la Cámara Baja, anunciaran un proyecto de ley para reformar la “cultura” dentro de la policía para terminar con los casos de brutalidad y de racismo. La institución hoy está en el centro del debate a raíz del asesinato de George Floyd, el 25 de mayo pasado en Minneapolis. Ese día, un agente asfixió mortalmente al exguardia de seguridad afroamericano al inmovilizarlo con la rodilla por más de ocho minutos tras detenerlo por presuntamente pagar con un billete falso de US$ 20 en una pizzería.
“Algo extraordinario está sucediendo en Estados Unidos”. Así califica CNN las casi tres semanas de protestas contra la brutalidad policial y el racismo que han sacudido a ese país de costa a costa. Y es que el dramático video del asesinato de Floyd, de 46 años, ha provocado un profundo debate sobre el papel de la policía en la sociedad y el racismo sistémico en el sistema de justicia penal por el que muchos activistas han estado presionando durante décadas.
Los demócratas han impulsado durante mucho tiempo reformas policiales y se han opuesto a la creciente militarización de los departamentos de policía locales, especialmente después de las protestas en Ferguson, Missouri, tras la muerte del también afroamericano Michael Brown en 2014. Pero el asesinato de Floyd parece haber precipitado las cosas, produciendo cambios dramáticos en la opinión pública sobre la necesidad de implementar reformas profundas en las instituciones policiales.
Esto quedó de manifiesto en una reciente encuesta de CNN/SSRS, según la cual el 67% de los estadounidenses cree que el sistema de justicia penal favorece a los ciudadanos blancos sobre los afroamericanos. Y el mismo porcentaje dice que el racismo es un gran problema hoy, en comparación con solo el 49% en 2015, un año después de la muerte de Brown en Ferguson. Esos hallazgos se hicieron eco en un sondeo de la Universidad de Monmouth, que encontró que el 57% de los estadounidenses considera que es más probable que la policía use una fuerza excesiva contra las personas negras, en comparación con el 34% en 2016.
Ese cambio es dramático y raro, según el encuestador republicano Frank Luntz. “En mis 35 años de encuestas, nunca he visto un cambio de opinión tan rápido o tan profundo. Somos un país diferente hoy que hace solo 30 días”, escribió en su cuenta de Twitter. “Las consecuencias políticas, económicas y sociales son demasiado grandes como para caber en un tuit. Esto es grande”, enfatizó el consultor.
Y este fue el escenario del que los demócratas se valieron para presentar su ambicioso plan de reforma policial. “Esta es una propuesta de ley que transformará las cosas. Este es un día importante. El martirio de George Floyd ha generado un cambio en el mundo”, dijo la líder demócrata en la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, al presentar la iniciativa. Se trata, según CNN, del primer paso concreto para forzar la acción de Washington en respuesta a la irrupción de este verdadero movimiento nacional.
Entre otras cosas, la norma forzaría a la policía federal a usar cámaras corporales y en el vehículo; prohibiría las técnicas de estrangulamiento (como las que llevaron a la muerte de Floyd); eliminaría las órdenes de allanamiento de vivienda sin llamar a la puerta, una táctica que usaron los agentes que mataron a tiros en marzo pasado a la afroamericana Breonna Taylor en Louisville (Kentucky); facilitaría responsabilizar a los agentes de policía por violaciones de derechos civiles; pediría que se retengan fondos federales para aquellas fuerzas policiales que no lleven a cabo reformas similares, y establecería la creación de una base de datos nacional de mala conducta policial.
Además, destaca la BBC, la ley convertiría el linchamiento en un delito federal, limitaría la venta de armas militares a la policía y otorgaría al Departamento de Justicia la autoridad para investigar a la policía local y estatal ante evidencias de prejuicios o mala praxis general en un Departamento de Policía. Sin embargo, el proyecto no responde a la última petición del movimiento “Black Lives Matter”: la de “quitar fondos a la policía”, reducir su presupuesto e invertirlo en las comunidades.
Una encuesta de YouGov a principios de este mes encontró que el 88% de los estadounidenses apoya la capacitación en técnicas de desescalada para los oficiales de policía, mientras que el 87% respalda equipar a todos los agentes con cámaras corporales. Asimismo, el 80% es partidario de implementar sistemas de alerta temprana para identificar a oficiales problemáticos y el 67%, de prohibir las comprensiones de cuello como la que se usó contra Floyd. Sin embargo, solo el 16% de los estadounidenses se inclina por recortar fondos para los departamentos de policía.
Por ello, se espera que la iniciativa enfrente una fuerte resistencia de los republicanos, los sindicatos de policías y los funcionarios locales que no quieren que Washington intervenga en su diseño de políticas. Muchos republicanos en el Senado argumentan que el Congreso no debería establecer políticas policiales a nivel nacional y que, en cambio, los estados y las localidades deberían tomar sus propias acciones. “El panorama es más incierto en el Senado, controlado por los republicanos, especialmente si Donald Trump ve algún tipo de ventaja política en tratar de retratar las propuestas demócratas como una amenaza a la ‘ley y el orden’”, escribió Anthony Zurcher, periodista de la BBC especializado en política estadounidense.
En alusión a la iniciativa demócrata, de hecho, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, admitió que “hay algunos puntos que no vamos a apoyar”. La funcionaria destacó los cambios a las leyes de inmunidad calificadas, que facilitarían a las personas demandar a la policía por maltrato y abuso, como ejemplo de algo a lo que Trump se opondría.
El mandatario ya ha dejado de manifiesto su postura. El jueves, durante una visita a Dallas y en sus primeros comentarios sobre la reforma policial desde la muerte de Floyd, anunció que estaba dando cuatro pasos en la reforma policial, incluido uno que “finalizaría una orden ejecutiva que alentaría a los departamentos de policía de todo el país a cumplir con los estándares profesionales más actuales para el uso de la fuerza y eso significa fuerza pero fuerza con compasión”. Los otros pasos incluyen fomentar el desarrollo económico en las comunidades minoritarias, abordar las disparidades de atención médica por raza y dar más opciones escolares. Trump también dijo que su administración invertiría más en capacitación policial. Contrario a los recortes de fondos a estas instituciones, Trump fue claro. Sin la policía, dijo, “¿qué sucede tarde en la noche cuando haces esa llamada al 911 y no hay nadie allí?”. Así, aseguró que EE.UU. tendrá fuerzas policiales más fuertes, porque “tenemos que dominar la calle”.
Pero la necesidad de un cambio en la estrategia policial no es nueva, pues ya en 2014 la muerte de Michael Brown hizo que la administración de Barack Obama creara la Fuerza de Tarea de la Casa Blanca sobre la Policía del Siglo XXI. El mandatario encomendó a Laurie O. Robinson, experta en criminología en la George Mason University, copresidir ese equipo junto a Charles H. Ramsey, entonces comisionado de Policía de Filadelfia. En su informe final, en mayo de 2015, el grupo de trabajo recomendó que los departamentos de policía tengan políticas claras y específicas sobre cuándo los oficiales pueden y no pueden usar la fuerza.
¿Pero qué sucedió con la implementación de estas propuestas? Robinson dijo a La Tercera que “debido a la gran descentralización de la policía en EE.UU. la adopción de los cambios es lenta”. Pese a ello, Ramsey recordó en una columna publicada en The New York Times que “delineamos una política que prohíbe expresamente cualquier maniobra física que tenga un riesgo razonable de cortar sangre u oxígeno al cerebro”. En su opinión, “seguir esa política habría evitado la muerte del señor Floyd”.
