Porfiados en fuga

“Cinismo social”. Ese fue el primer término que se le ocurrió a Miguel (24), estudiante de Derecho, para describir la conducta de la gente que lo rodeaba, que no se portaba tan bien como decía. A finales de mayo, cuando Las Condes llevaba un par de semanas en su segunda cuarentena, se enteró de que algunos conocidos se veían con permisos de supermercado, hacían juntas de toque a toque y, quienes podían, salían a sus segundas viviendas.

“Todos siempre te dicen: ‘No, me he portado súper bien, en estos tres meses no he salido nunca’. Pero tú sabes que no es tan así, y yo no lo veo desde una postura tan juzgadora, a ratos lo entiendo, al final es humano también”, dice Miguel, que vive en Las Condes con sus padres y quien prefirió cambiar su nombre para este reportaje.

Por eso llegó un minuto en el que empezó a cuestionar sus propios resguardos frente al Covid-19, ya que nadie más parecía estar tomándolos. Incluso, sus papás querían irse a su campo en San Jerónimo, a 15 kilómetros de Casablanca, lo que implicaba que Miguel pasaría el confinamiento solo en el departamento. Fueron motivos suficientes para que decidiera sumarse a ese cinismo y, sin llamar mucho la atención, partiera a su residencia de verano.

“Desde el punto de vista sanitario, yo sabía que no iba a llevar el bicho, ya había hecho mi cuarentena acá y, además, por las características del lugar en donde está mi casa, que es bien aislado, no iba a invadir a nadie”, comenta Miguel.

La primera vez que el gobierno se refirió a la prohibición del tránsito a segundas viviendas de carácter vacacional fue el 22 de marzo, cuando se decretó toque de queda nacional y apenas había 632 casos de coronavirus en Chile. Jaime Mañalich aún era el ministro de Salud. “Todas las personas que están en esos lugares en este momento, deben retornar a su comuna de origen entre el día de hoy y el martes 25, hasta las 10 de la noche”, ordenaba el exsecretario de Estado.

Pese a ser una restricción sanitaria y a que se ofició a Carabineros y a las FF.AA. a realizar intensos controles para evitar estos viajes, muchos los evadieron igual, permaneciendo en el lugar o desplazándose antes de que decretaran las cuarentenas. No por nada algunos vecinos de balnearios al norte de Santiago, como Los Molles y Zapallar, comenzaron a protestar con carteles que decían: “¡No son vacaciones, váyanse a sus casas!”. Hasta ese momento, nada se sabía de la pandemia y los residentes tenían miedo de que llegaran los contagios.

Dos meses y medio más tarde, Miguel fue uno de esos que infringieron la medida. El 2 de junio partió junto a sus papás rumbo al campo. Ellos sí estaban autorizados a salir de Santiago, ya que la prohibición del traslado a segundas viviendas exime a quienes tienen más de 65 años -como es su caso- y también a enfermos crónicos. De todas formas, Miguel imprimió esa norma en caso de ser cuestionados en el camino y, además, un permiso de mudanza para cada uno. Ese, dice, era el documento que más se acercaba a lo que estaba haciendo: mudarse a su casa en el campo para permanecer ahí lo que durara la emergencia sanitaria.

“Cuando nos pararon, a mis papás no les pusieron problemas, pero a mí sí. Les expliqué que no había ningún tipo de arriendo que me amarrara a Santiago. Yo sabía que en cierta forma había una trampita, pero traté de ser consistente en que no me iba solo por una semana”, cuenta el estudiante.

No solo se ha intentado evitar la salida de los santiaguinos con controles en carretera. La Seremi de Salud, con el apoyo de la PDI, ha comenzado un trabajo de fiscalización en los mismos domicilios. A partir de una denuncia realizada por cualquier persona, ya sea directamente a Carabineros o a través de la página del Minsal, se puede acreditar que quienes estén en el lugar sean residentes permanentes. Si no tienen nada que lo certifique, se les instruye un sumario sanitario, y se les ordena devolverse.

Eso le pasó a Macarena (25), quien llegó junto a su familia a Zapallar a principios de marzo. Ella explica que lo hizo para acompañar y cuidar a su abuela de 85 años que padece alzhéimer, que además es la propietaria de la casa en la que veranean todos los años. Como llegaron poco antes del anuncio de la restricción sanitaria, Macarena notó la tensión que se generó las primeras semanas entre vecinos y visitantes. Se sintió incómoda con las miradas y con los carteles de protesta. En una ocasión, incluso, les gritaron a ella y a sus hermanos que se devolvieran a Santiago.

“Ellos sabían que nosotros no éramos de ahí, y por eso tratamos de salir menos. Dejamos de ir a la playa, y cuando salíamos a comprar intentábamos separarnos para que no fuéramos tantos”, recuerda ella, pues en su casa había 15 personas.

Todo marchaba tranquilamente hasta mediados de mayo, cuando una denuncia anónima llevó a la PDI hasta su puerta. Les dieron cuatro días para volver a Santiago; si no, tendrían que pagar una multa de $ 50 millones. Ahí tomaron la decisión de que una de las dos familias que estaban en la casa se tendría que ir. La otra se quedaría cuidando a la dueña de la casa, que contaba con un certificado que le permitía tener más de un acompañante.

Quienes residen en las comunas de Zapallar y Puchuncaví dicen que el sector se fue llenando de a poco. Algunos llegaron en marzo. Muchos apagaban las luces y entraban los autos para evitar exponerse en medio de la tensión con los vecinos. La segunda ola llegó entre julio y agosto, con las vacaciones de invierno. Algunas trampas como salir de Santiago a las cinco de la mañana, justo en medio del cambio de turno de controles, o el cambio de domicilio se volvieron recurrentes para evadir a las autoridades.

Pero realizar el trámite del cambio de casa no es tan simple. Un paso crucial es solicitar un certificado de residencia a las juntas de vecinos de la zona. Cada una tiene sus propias normas. En Cachagua, por ejemplo, es el presidente de la junta quien propone un nuevo residente y se hace una votación para ver si se le entrega o no el documento que acredite que reside en ese lugar. “En el fondo, queda en las manos de ellos si te dan ese papel o no. Yo se lo traté de conseguir a un vecino, pero después ya no pude más, están llenos de peticiones últimamente”, cuenta Francisca (48), quien ahora es residente de Cachagua, pero pasó de madrugada un par de veces antes de cambiar su domicilio.

Este fenómeno tiene preocupadas a las autoridades municipales, quienes pese a no poder intervenir en las juntas de vecinos, hicieron un llamado a que dejaran de entregarse certificados, ya que incentivaba a que mucha gente se saltara los controles sanitarios.

“Sabemos que hubo algunas organizaciones que entregaron decenas de certificados y eso no contribuyó en nada a poder controlar la llegada masiva de personas de la capital. El mayor problema es que esa gente se quedó en la comuna y con el certificado tiene la posibilidad precisamente de ingresar cuando lo necesita”, explica la alcaldesa de Puchuncaví, Eliana Olmos.

Desde marzo se han entregado 200 certificados. Según cuenta una fuente de la comuna, el momento crítico se vivió entre abril y mayo, con un flujo importante de visitas. Por eso, otras juntas ya decidieron impedir de lleno el arribo de santiaguinos, estableciendo requisitos más estrictos para obtener este documento. “A la gente de mi sector no tengo problemas en darle papel de residencia, porque sé que llevan viviendo aquí por años. Pero a personas que yo no conozco y que se vienen a pasar su cuarentena acá, ninguna posibilidad. ¿Por qué tienen que venir a contagiarnos a nosotros? Es un autocuidado que yo hago hacia mi propia gente”, señala la presidenta de una de las juntas de vecinos de Puchuncaví.

Miguel también cambió su domicilio de Las Condes a uno en la provincia de San Antonio, pero lo hizo después de pasar meses allá. El trámite no fue complicado. “Lo hice porque si me tocaba ir a Santiago por alguna necesidad, quería estar blindado para poder volver”, explica.

En esa misma provincia, el jefe de la Prefectura de San Antonio, Daniel Moraga, indica que la PDI en apoyo a la Seremi de Salud ha efectuado 50 controles sanitarios en viviendas, denunciando a 107 personas “por estar habitando un domicilio particular diferente al habitual, no pudiendo justificar su permanencia en el inmueble”, sostiene.

Algarrobo es la comuna que concentra el mayor número de denuncias, con 34 hasta la fecha.

Para su alcalde, José Luis Yáñez, esto ha sido un problema. La razón principal por la que se tomó la medida de prohibir el acceso a segundas viviendas, además de evitar la llegada de personas contagiadas, era poder mantener la trazabilidad de una zona pequeña que era fácil de controlar. Ahora, pese a que están con cero contagios, se perdió ese control con la llegada de tanta gente y temen que pueda surgir un rebrote. “Acá hay muchos adultos mayores. Ya no sabemos cómo controlar, tenemos el borde costero cerrado, hemos tomado medidas con el comercio, pero ya se están armando aglomeraciones”, advierte el edil de Algarrobo.

Otra de las situaciones que preocupan a las autoridades de esa comuna es que muchos afuerinos se han comenzado a atender en sus Cesfam. Este incremento de residentes también se ha traducido en un aumento de personas inscritas en el Registro Social de Hogares que acceden a beneficios en Algarrobo.

“Es toda una carga adicional la que tenemos hoy día y estamos con los mismos recursos que antes”, señala el alcalde Yáñez.

En los últimos meses no solo serían los propietarios de segundas viviendas los que están saliendo de Santiago. En la comuna de Zapallar, por ejemplo, se ha generado un boom de arriendos. Muchas familias de alto estatus socioeconómico han alquilado casas por los próximos tres o seis meses para pasar la cuarentena. “Este último mes se han disparado las solicitudes, ha sido bien increíble, nunca me había llamado tanta gente queriéndose venir para acá”, cuenta una corredora de propiedades que lleva más de 15 años trabajando en el sector.

Andrés Vergara, un publicista dedicado al interiorismo, no tiene reparos en reconocer que arrendó una casa en Cachagua para quedarse por cuatro meses. Dice que lo vio en parte como una oportunidad laboral para echar a andar su proyecto de cuidado y mantenimiento de casas premium. “Si vas caminando por la playa, cada 10 minutos te encuentras con alguien conocido que te cuenta que está viviendo acá. Es bien impresionante ver cómo se produjo una migración de gente”, señala.

A medida que se acercan las Fiestas Patrias, esta migración es la que más preocupa a las autoridades locales, que buscan prevenir el rebrote. Si bien la prohibición de asistir a la segunda vivienda sigue vigente a nivel nacional y no se levantaría hasta la etapa cinco -Apertura Avanzada-, en estas comunas nadie parece confiar en el cumplimiento de la medida. Por eso, Puchuncaví ya está preparando un plan especial para septiembre, que impida efectivamente el ingreso de personas que no residen en la comuna.

“El uso de la segunda vivienda es un problema, no sabemos si las personas que vienen de otras regiones o comunas tienen el virus, no sabemos qué grado de preocupación tienen. Y eso lo vemos los fines de semana, que hay un número importante que ni siquiera usa mascarilla”, asegura la alcaldesa Eliana Olmos. “Me pregunto por qué hay gente que se siente con el derecho a saltarse las normativas y pasar por sobre la ley”.

Miguel está consciente de que eso fue exactamente lo que hizo. Los primeros días que llegó a su campo reconoce que se sintió culpable. “Desde el punto de vista más moral, tenía mis reparos, te entra esto medio culposo, porque está toda esta cultura que se ha centrado en no pasar por encima de la norma y no sacar provecho”.

Pero más adelante tuvo una sensación extraña al ver que en su entorno, de a poco todos comenzaban a salvarse como podían. Sobre todo, le llamó la atención que frente a una crisis nacional tan grande, no apareciera ese espíritu colaborativo que asoma después de catástrofes naturales, cuando pese a todas las diferencias, existe un trabajo mancomunado.

“Creo que en un minuto se intentó formar ese proyecto colectivo, pero no resultó, y entonces cada uno empezó a hacer lo que mejor podía, siendo respetuoso dentro de los cánones. Pero el contexto inevitablemente te lleva a que cada uno se las arregla como puede”, explica Miguel.

Para completar la idea, su mente inevitablemente recurre a un lugar conocido, una instancia de catarsis y esperanza que suele servir de referencia al hablar de “solidaridad”.

“Aquí no hubo ese efecto ‘teletonesco’. Si lo hubiera habido, quizás mi decisión habría sido distinta”.