Presidentes: El dispar presente de los líderes regionales que vienen al 11-S

Si hay un elemento que gran parte de las naciones de Latinoamérica comparte es su historial de dictaduras durante el siglo XX. Jorge Rafael Videla en Argentina, Alfredo Stroessner en Paraguay o Juan Velasco Alvarado en Perú son solo algunos de los nombres que marcaron la vida política regional. Y, para la conmemoración de los 50 años desde el Golpe de Estado en Chile, el Presidente Gabriel Boric invitó a sus pares latinoamericanos para participar de los actos conmemorativos.

Han confirmado su asistencia los presidentes de Colombia, Uruguay, Argentina y México, con Gustavo Petro, Luis Lacalle Pou, Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador (AMLO), respectivamente. Sin embargo, los cuatro mandatarios llegan Chile en momentos dispares en lo que respecta a los escenarios políticos que enfrentan en sus respectivos países.

Lo que inició como un gobierno que prometía transformaciones, al ser el primero de izquierda en la historia de Colombia, prontamente chocó con otro panorama. Gustavo Petro, quien llegó al poder durante 2022, traía consigo una batería de reformas, desde salud y pensiones, hasta una laboral.

Sin embargo, su luna de miel con el Poder Legislativo se acabó de manera abrupta. Sus reformas aún no ven la luz del día, con la de salud, la más avanzada, pausada hasta el próximo martes por la falta de mayorías en el Parlamento.

En opinión de Vicente Torrijos, profesor de Ciencia Política colombiano, si bien la gestión de Petro destaca en cuanto a la negociación en vez de la expropiación en materia de tenencia de tierras y al “entendimiento con las fuerzas militares, pese a haber sido miembro de una guerrilla”, el líder izquierdista también enfrenta problemas de gobernabilidad, comentó el experto a La Tercera.

Uno de los principales factores guarda relación con las acusaciones de corrupción en su entorno. El primer caso estalló cuando su otrora mano derecha en la campaña presidencial, Armando Benedetti, dijo en un audio publicado por la revista Semana: “Nos hundimos todos. Nos acabamos todos. Nos vamos presos”. El mensaje iba dirigido a la entonces jefa de gabinete de la Presidencia, Laura Sarabia –que esta semana asumió como directora del Departamento de Prosperidad Social–, y forzó al mandatario a romper con el dúo que lo ayudó a llegar al Palacio de Nariño.

Otro foco explotó con la detención a fines de julio de su hijo mayor, Nicolás Petro, por los presuntos delitos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. “El clima de corrupción ha venido marcando a algunos de los miembros del gobierno, incluso del propio ámbito familiar del Presidente Petro, lo que ha enrarecido el desarrollo del día a día del gobierno”, dijo Torrijos a este diario.

También destacó la “improvisación” del gobierno, ya que “a pesar de estar 15 años en la lista para tratar de llegar al poder, la agenda ha estado marcada por ciertos aspectos de improvisación que lo han llevado a tener altibajos en el Congreso que no ha logrado superar aún”, lo que se suma a “remezones ministeriales” que sacaron a la mitad del gabinete en menos de un año.

En lo que podría ser su último viaje oficial como presidente en funciones, Alberto Fernández salió de Argentina el miércoles hacia Nueva Delhi para unirse a la Cumbre del G20. Luego visitará Chile y, tras una breve pausa hasta el jueves, retomará su gira con miras a Cuba y Nueva York.

Fernández llega a Chile en la recta final de su mandato, tras no conseguir el apoyo dentro del oficialismo -principalmente del kirchnerismo- para presentarse a la reelección en los comicios programados para el próximo 22 de octubre.

“Fernández reina, pero no gobierna”, aseveró a este periódico María Lourdes Puente, directora de la Escuela de Política y Gobierno Universidad Católica Argentina. “Y en ese estado cumplirá tres etapas distintas: primero, hasta las elecciones generales de octubre; segundo, hasta la segunda vuelta, si la hubiera, y, por último, hasta la entrega del poder, el 11 de diciembre”.

En la primera instancia, “la iniciativa absoluta le corresponde al candidato del oficialismo, también ministro de Economía, Sergio Massa. Por lógica, toda la agenda de gobierno hasta esa elección será generada y administrada por él. En la segunda etapa, y si el candidato oficialista participa en el balotaje, todo seguirá como en la anterior. Si solo hubiera dos candidatos opositores, Fernández retomará la iniciativa y recuperará algo del poder perdido al interior de su gobierno”, continuó.

Fernández, quien logró cifras cercanas al 80% de aprobación durante el inicio de la pandemia –históricas, aseguró la encuestadora Poliarquía–, también enfrentó críticas por escándalos posteriores, como la fiesta en la residencia presidencial o el vacunatorio VIP. Actualmente, acumula un rechazo superior al 70%, según algunos sondeos.

En un intento por no entorpecer el esfuerzo del ministro de Economía, el mandatario ha salido en contadas ocasiones a cruzar a Javier Milei, la sorpresa en las primarias, que logró hacerse con la mayor cantidad de votos a nivel nacional y relegando al tercer lugar al oficialismo, detrás de Patricia Bullrich y Juntos por el Cambio. Sin embargo, la inflación se presenta como el gran enemigo del oficialismo en sus intentos por conservar la Casa Rosada.

A la espera de este 13 de septiembre, donde se conocerá la cifra oficial de inflación de agosto, en el gobierno temen el retorno a los dos dígitos a nivel nacional después de dos décadas, aseguró Clarín. “Agosto fue un mes dramático”, reconoció Massa. “La candidatura de su ministro de Economía vino a terminar de vaciar el poder y la reputación del gobierno de Alberto Fernández”, cerró Puente.

En la vereda contraria, al menos en cuanto a apoyo ciudadano se refiere, se encuentra el Presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, el único mandatario de centroderecha que participará en la ceremonia del 11 de septiembre en Santiago. Al igual que Chile, el país viene de su propia conmemoración por los 50 años de su Golpe de Estado, el 27 de junio, evento que contó con la presencia de todos los expresidentes uruguayos vivos.

En términos de aprobación, el mandatario cuenta con el respaldo del 46% del país, según la última encuesta realizada por Equipos Consultores. Para el politólogo uruguayo Adolfo Garcé, el mandatario “puede ser considerado, hasta la fecha, un presidente exitoso”, ya que “fue capaz de conservar niveles altos de aprobación, lo que no es frecuente en los estándares uruguayos”.

Pero Lacalle Pou también ha tenido que sortear dos crisis: la hídrica y los choques con socios de su propio gobierno.

Desatada a fines de junio, incluso se habló de que a Montevideo le quedaban 10 días de suministros de agua bebestible. Una sequía implacable y el poco avance en la construcción de infraestructura que permitiera aumentar la capacidad de recolección hídrica terminaron costándole manifestaciones en las calles y un 41% de los consultados por la consultora Factum asegurando que el gobierno de Lacalle Pou era el responsable –y un 31% culpando a los previos gobiernos frenteamplistas–.

En la vereda política, en tanto, ha logrado sostener la coalición de gobierno a pesar de que el partido Cabildo Abierto, uno de sus principales socios, no haya vacilado “en confrontar al presidente en temas relevantes”, explicó Garcé. Si bien el mandatario capitalizó políticamente la gestión en la pandemia, pudiendo implementar importantes promesas de campaña, su tercer año de mandato, en 2022, se tornó “difícil”.

Según Óscar Bottinelli, politólogo uruguayo, Lacalle Pou sufrió “golpes importantes relacionados con escándalos de corrupción, aunque ha logrado evitar que afecten su imagen ante buena parte de la ciudadanía”. El primero fue “el otorgamiento de un pasaporte a un narcotraficante preso en Emiratos Árabes, que le permitió salir en libertad y estar prófugo”. Otro escándalo tuvo que ver con la gestión “de pasaportes con ciudadanía falsa a ciudadanos rusos” por parte de su jefe de seguridad. “Y ahora estalla un escándalo que determinó la renuncia del presidente de la parte uruguaya de la autoridad binacional de la represa hidroeléctrica de Salto Grande, la principal del país, cogestionada con Argentina”, cerró.

“Como no queremos que nos hagan una majadería, porque como es público y notorio, no tenemos buenas relaciones con el gobierno de Perú, no vamos a solicitar pasar por espacio aéreo, vamos a dar un rodeo para llegar a Santiago de Chile”. Con esa frase, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, transparentaba lo que ha sido la piedra en el zapato en cuanto a su gestión internacional: su pleito con la Presidenta de Perú, Dina Boluarte.

Una gestión con altísimos niveles de respaldo se antepone con su título de “persona non grata”, declarada por el Congreso peruano en mayo de este año. Su negativa a reconocer la sucesión de la mandataria tras el arresto del expresidente Pedro Castillo lo ha mantenido por meses enfrentado a la nación vecina, lo que le valdrá un desvío de cerca de una hora en su viaje a Chile para la conmemoración de los 50 años.

Pero su viaje también se da tras la victoria de Claudia Sheinbaum en las primarias internas de su partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena). A un año de las elecciones, la mujer de 61 años se posiciona como la sucesora de AMLO y es quien parte con las mayores posibilidades de triunfar, según las encuestas y gracias al capital acumulado por López Obrador.

En las encuestas locales, el mandatario promedia un altísimo 60% de apoyo entre distintos sondeos realizados en agosto, pero también carga con problemas internos, como la alerta emitida por Amnistía Internacional por las 9.826 personas desaparecidas y no localizadas, las 1.840 denuncias de torturas y tratos crueles por agentes del Estado o, más recientemente y en la vertiente política, su aparente quiebre con Marcelo Ebrard, histórico aliado de AMLO que perdió las primarias de Morena a manos de Sheinbaum.