“La cosa se puede poner fea”.

Eran las 22.16 de la noche del viernes y esta frase era repetida casi textual por altos mandos de Carabineros y autoridades del Ministerio del Interior. Ya habían pasado casi cinco horas de un atentado en la comuna de Carahue, en La Región de La Araucanía, que había dejado un fallecido y que se sospechaba podía ser el hijo de Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Ernesto Llaitul Pezoa (26).

El primero en entregar esta identidad fue el werkén Mijael Carbone, quien a través de un video en redes sociales dijo que “nos hemos enterado de la lamentable caída de nuestro hermano en combate Ernesto Llaitul, hijo de Héctor Llaitul”. El líder de la Alianza Territorial Mapuche sostuvo que el joven de 26 años “cayó en combate”.

A pesar de que parlamentarios, los candidatos presidenciales Gabriel Boric (CS) y Daniel Jadue (PC), y autoridades mapuches daban por hecho que el fallecido era el hijo de Llaitul, en el gobierno y la policía preferían guardar silencio. Carabineros, por su parte, una vez que dispararon al joven y vieron que estaba muerto, no tocaron más, ni sacaron la capucha.

La Fiscalía de La Araucanía quedó a cargo del procedimiento y el reconocimiento del cuerpo, por lo que se dispuso la concurrencia de la PDI para corroborar quién era el fallecido. Y se solicitaron peritos para el registro de las huellas dactilares del joven encapuchado que tenía un disparo en la cabeza.

El análisis confirmó que el fallecido era Pablo Marchant Gutiérrez (29), miembro activo de la CAM, descartando que se tratara de Llaitul. Este peritaje fue acompañado, además, del reconocimiento que hizo Héctor Llaitul, quien al ver el cuerpo de la persona muerta aseguró que no se trataba de su hijo.

Antes de despejar quién era el fallecido, los investigadores reconstruyeron qué había pasado. Los hechos recopilados dieron cuenta que a las 17.50 siete personas encapuchadas llegaron hasta el fundo Santa Coy Coy, en Carahue, premunidos de armas largas.

El grupo asaltó al personal de la forestal que estaba trabajando en el lugar, y que eran escoltados por dos carabineros que estaban de punto fijo en el predio. Los policías cumplían una orden de la fiscalía de “medida de protección”, desde mayo, dado que este año se había registrado otro atentado en la zona.

Pues bien, cuando llegaron los encapuchados, según los antecedentes del caso, los carabineros de punto fijo se comunican por radio con otros dos carabineros que los relevarían en el turno. Estos, como ya iban en camino, estaban muy cerca del lugar, por lo que llegaron en cosa de minutos en medio de un enfrentamiento cruzado.

Es en eso, dicen fuentes consultadas del Ministerio Público y Carabineros, que uno de los carabineros que venía a relevar abre fuego e impacta en la cabeza a uno de los encapuchados, justo por el costado derecho, arriba de la oreja.

El resto de los asaltantes se dio a la fuga y escapó hacia un terreno boscoso. La fiscalía ya está abocada -a través del fiscal Héctor Leiva- en determinar quiénes serían estas personas, sospechando, entre otros, de la participación de Ernesto Llaitul.

Héctor Llaitul reaccionó a los rumores del fallecimiento de su hijo. “No sé por qué Carabineros dio por hecho que era mi hijo, y como empezó a circular esa información, nosotros también lo suponíamos, pero cuando vimos el cuerpo vi que no era mi hijo, no era Ernesto”, dijo al medio Interferencia. Agregó que el fallecido murió “en una acción de sabotaje a la forestal Mininco a una faena custodiada por carabineros. Desarrolló una acción de sabotaje”.

En tanto, a metros del lugar, Ceferino González Marabolí, trabajador forestal, estaba gravemente herido y tres maquinarias habían sido incendiadas. González fue internado en el Hospital Regional de Temuco, está conectado a un respirador artificial y en riesgo vital.

El fiscal Miguel Rojas explicó que los “carabineros hicieron uso de sus armas de servicio (tras el atentado), generándose un enfrentamiento, resultando fallecido uno de los presuntos atacantes, quien vestía ropas oscuras y además portaba un fusil M-16. El origen del arma está siendo analizada por la policía y ya se ingresaron sus características en la base de datos para determinar si fue usada en otros atentados”.

En la madrugada, la fiscalía tomó declaración a los cuatro carabineros involucrados, quienes quedaron apercibidos al Artículo 26 del Código Penal, es decir, citados ante futuros requerimientos del ente persecutor.

Dos de los policías portaban cámaras GoPro -los efectivos que cuidaban el predio-, por lo que las pusieron a disposición del Ministerio Público, junto a las tarjetas de video, y de la Fiscalía. También entregaron sus armas.

En la fiscalía prefieren esperar al avance de la investigación, por lo que no es definitivo si los policías serán o no formalizados, pero la investigación está rotulada bajo el delito de homicidio, dado que la muerte de Marchant fue causada por un tercero. Las circunstancias y responsabilidades las determinarán las pesquisas, señalaron fuentes del caso.

Distintos gremios productivos de la zona emitieron una declaración condenando el atentado. “Lamentamos estos hechos y agradecemos el que las fuerzas policiales, cumpliendo a cabalidad con su deber, hayan podido evitar la pérdida de vidas de personas inocentes, que desempeñaban labores en esta faena”, dijeron en un texto firmado por 25 representantes de estas agrupaciones.