El 15 de enero, mientras en el tercer piso del Congreso, en Valparaíso, la Comisión de Trabajo del Senado cerraba con un aplauso la aprobación de la idea de legislar de la reforma de pensiones, en Alcántara 498, sede de Libertad y Desarrollo -el think tank fundado en la década del 90 por Hernán Büchi, Carlos Cáceres, Cristián Larroulet y Luis Larraín-, salían con dureza a cuestionar el paso alcanzado por la enmienda estrella del Presidente Boric. Más aún porque el visto verde fue otorgado por parlamentarios de Chile Vamos.
Pero en su interior, no todos tienen una misma postura.
Y así lo grafican el exministro Rodrigo Pérez Mackenna y el abogado Víctor Manuel Avilés, quienes forman parte del influyente consejo asesor. El primero cree que “es un buen acuerdo comparado con las propuestas anteriores”, pero que debe incorporar las recomendaciones hechas esta semana por el Consejo Fiscal Autónomo. El segundo -experto en temas tributarios- estima que es una reforma “maximalista que se mete con los fondos de los trabajadores (préstamos y seguros), no deseada por la mayoría de los chilenos y, aun así, el gobierno la impulsa para cumplir con su agenda”.
El tono de las críticas hacia el entendimiento -tanto públicas como privadas desde el LyD- detonó la molestia de los senadores de la centroderecha que negociaron la enmienda en los últimos siete meses con La Moneda -el presidente de RN, Rodrigo Galilea, el UDI Juan Antonio Coloma y el Evópoli Luciano Cruz-Coke-.
Quien lo dejó entrever fue el presidente de la UDI, Guillermo Ramírez. El lunes, en entrevista en Tolerancia Cero, Alfredo Joignant (PS) –uno de los panelistas del espacio y miembro del consejo del Servel que ha calificado a LyD de “tanque de ideas a tanqueta ideológica”- le consultó por la “dura” postura de ese instituto en la discusión de pensiones, en contraposición con la UDI.
El diputado respondió que el principal centro de estudios que apoya legislativamente a su partido es la Fundación Jaime Guzmán, y que no es la primera vez que Libertad y Desarrollo tiene una posición distinta a la de Chile Vamos. Recordó que en Piñera 2, LyD se opuso a la Pensión Garantizada Universal (PGU) -una de las políticas públicas mejor evaluadas de la anterior administración- y que anteriormente estuvo en contra del Seguro de Cesantía y del Plan Auge -dos iniciativas impulsadas en el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), que nadie hoy pone en tela de juicio-.
Ramírez dijo sentirse “decepcionado” por el tono ocupado por los principales dirigentes del think tank de calle Alcántara: “He recibido críticas, algunas en redes sociales, otras en medios de comunicación, con cierta decepción por el tono. Pero uno tiene que ser abierto y entender que hay gente con posturas distintas. Si LyD o cualquier otra institución defiende hasta el final que esto es un mal acuerdo, yo no me voy a enojar, no lo voy a censurar, no me voy a pelear con ellos”. Una incomodidad que también plantea el senador Coloma en esta edición (ver entrevista).
¿A qué se refería Ramírez? Específicamente a las intervenciones públicas de sus dos principales rostros: la directora Betina Horst y el presidente, Luis Larraín, en la última milla de la negociación.
“Si los senadores Coloma, Cruz-Coke y Galilea les van a pedir a los 5,7 millones de trabajadores de Chile que le hagan un préstamo al Estado, lo menos que se puede exigir es que se entregue un informe que avale que la devolución de ese préstamo está asegurada”, dijo Horst el jueves en T13 Radio.
Larraín, en tanto, advirtió que el acuerdo alcanzado en la Comisión de Trabajo del Senado, que establece un aumento del 7% de la cotización con cargo al empleador, afectará al mercado laboral. Y, en una columna en La Tercera, planteó que esta reforma era lo más parecido a una estafa a lo Ponzi, lo que molestó a figuras del sector.
La historiadora y consejera del instituto Lucía Santa Cruz -cuyo hijo, Juan Luis Ossa, es el jefe programático de Evelyn Matthei- llamó a Larraín para manifestarle que le parecía “excesivo” comparar el actual proyecto con un esquema piramidal que engaña a los inversores con la promesa de ganancias.
“Cada uno de nosotros, al interior de LyD, tiene su propia historia, previa a esta discusión, y no tenemos por qué estar de acuerdo en todo”, admite Larraín, reconociendo que su columna pudo haber provocado chispas en la derecha y revivido algunos fantasmas. “El haber trabajado en la génesis del sistema de pensiones -junto a José Piñera- puede tener una carga en mis opiniones que a algunas personas puede molestar“, agrega.
Quién es quién
Desde que se creó en 1990, LyD está compuesto por un equipo directivo que hoy lidera Horst -escoltada por Pablo Eguiguren, director de Políticas Públicas, y Rodrigo Ubilla (RN), director del Área Política y Sociedad Civil-, un consejo asesor y otro consejo asesor en políticas públicas. La segunda instancia la integran 15 personalidades de la centroderecha, entre ellos Büchi, Patricia Matte, Cáceres y Gonzalo Cordero, que se reúnen entre tres y cuatro veces al año para analizar la situación del país. La última vez fue en noviembre del año pasado.
Algunos de sus consejeros, entre ellos Lucía Santa Cruz, Cristián Larroulet, además de Pérez Mackenna, ven con buenos ojos el acuerdo suscrito por los senadores. Y, en cierto modo, no comparten el punzante tono en contra del proyecto que han tenido Horst y Larraín en su defensa “con dientes y muelas” de la capitalización individual
Para Horst, en cambio, el argumento de la temporalidad política y el que este proyecto sea mucho más moderado que la reforma del expresidente Sebastián Piñera no justifican volver a introducir el reparto en el sistema de pensiones, aunque sea en un bajo porcentaje.
“No son recomendables los mecanismos de reparto, porque no tienen sostenibilidad en el tiempo, independiente de quién lo proponga. Se debe tener presente que, de haberse aprobado la reforma del expresidente Piñera o de la expresidenta Bachelet, no se habría creado la PGU, ya que esta surgió como respuesta a la falta de consenso en las dos reformas previas. Nadie puede asegurar, tal como ha sido en el pasado, que si no se aprueba esta reforma, que ha instalado múltiples preguntas y alertas que aún no se han resuelto, no podremos aprobar una mejor reforma”, dice la directora de LyD.
Otros consejeros, que prefieren no hablar públicamente, reconocen estas dos visiones en pugna, pero las desdramatizan. Explican que, desde su fundación el 11 de marzo de 1990, la dirección ejecutiva del instituto ha contado con total autonomía para definir su línea editorial, tal como anteriormente lo hicieron Larroulet y Larraín, y que históricamente el consejo asesor ha tenido total libertad para apoyar o discrepar con la dirección ejecutiva.
En la derecha no hay dobles lecturas: lo que está ocurriendo es una lucha sin cuartel entre el pragmatismo de un sector y el dogmatismo de otro, sobre todo en torno a la propiedad del porcentaje de cotización individual, la posible administración del Estado de una parte de esta y los costos fiscales de la reforma.
Mensajes al Senado
Pero los planteamientos no han sido sólo públicos. Dirigentes de oposición que han estado en las tratativas señalan que miembros del think tank han enviado varias veces mensajes directos a parlamentarios, algunos incluso en tono personal.
Horst se ha reunido y hablado con casi todos los senadores de las comisiones de Trabajo y Hacienda para advertirles que en el proyecto no hay claridad respecto de su financiamiento, que los números no calzan y que es necesario saber hoy de dónde saldrán esos recursos.
La economista, quien cuenta con el apoyo de un equipo de expertos integrado por Ingrid Jones, Pablo Eguiguren -director de Políticas Públicas de LyD- y Macarena García, también ha emplazado a los senadores públicamente.
Incluso, en algunos sectores de Chile Vamos surgieron sospechas de que la industria de las AFP pudiese estar detrás de LyD a través de su financiamiento, lo cual es desmentido desde el centro de estudios. Explican que son una fundación sin fines de lucro, que no reciben aportes del sector público, como la gran mayoría de los institutos ligados a partidos políticos, y su método de financiamiento es a través de suscripciones a sus informes legislativos y de políticas públicas.
El efecto en la presidencial
En el mismo programa de CNN, el cientista político Daniel Mansuy fue más allá y advirtió que la reforma previsional podría marcar la discusión presidencial en la centroderecha. “La política se configura de tonos y aquí se percibe una virulencia del mundo republicano que, uno como espectador, dice, aquí hay una guerra civil en la derecha y donde LyD ya tomó posición”.
Matthei ha respaldado a los senadores que llevan la negociación y ha criticado a sus detractores. Lo hizo al ser proclamada por RN el sábado 11 de enero. “Negociar requiere mucho más coraje y demuestra mucho más amor por nuestro país y nuestra gente que denunciar desde la galería los acuerdos en los que no se ha conseguido exactamente lo que se quiere”.
Y al sábado siguiente (18 de enero), al ser ungida oficialmente como candidata presidencial de la UDI: “Los chilenos ansían el progreso y la estabilidad. Eso no se logra con actitudes extremas ni de revancha. Los senadores Coloma, Galilea y Cruz-Coke han logrado algo que parecía imposible: que se respete el 6% de cotización individual y que nuestros fondos sigan siendo nuestros”, dijo en esa oportunidad a su partido.
Sin embargo, la inquietud por el flanco abierto en la oposición y la ofensiva de republicanos y el nuevo partido del diputado Johannes Kaiser contra la reforma es compartida en los partidos de Chile Vamos, que buscan blindar a Matthei de cualquier polémica que pueda afectar su liderazgo en las encuestas.
Este temor también es compartido por Horst: “Lamentablemente, este tema ha generado una fuerte discusión entre sectores de centro, centroderecha y derecha, que debilita una potencial candidatura presidencial cuando se necesita un proyecto político claro y de unidad para encarar los complejos desafíos que enfrenta el país”.
Luis Larraín, en cambio, resta gravedad a esta situación: “Nuestra misión, como centro de políticas públicas, es distinta a las de los políticos y a su timing. Nosotros no estamos preocupados, en particular, de la próxima elección presidencial. Vemos el problema a largo plazo, a 20 años, 30 años, más allá de un ciclo electoral”.
La duda que muchos comparten en Chile Vamos es si esta confrontación tendrá eco en el trabajo programático de la exalcaldesa, donde varios de los investigadores del centro de estudios participan activamente.
