Ricardo Yáñez: “No se trata de pasar la goma y hacer desaparecer a una institución de 94 años”

Aunque el martes Carabineros cumplirá su aniversario número 94, el general director, Ricardo Yáñez, ya está pensando en 2027, cuando la institución que dirige llegará a los cien. “El carabinero del centenario. Eso comienza acá y hoy”, advierte más de una vez, mientras se pasea por las salas de clases de la Escuela de Formación policial, ubicada en Cerrillos.

Yáñez dice estar consciente de la pérdida de confianza, iniciada en 2017, tras detectarse un millonario fraude al interior de la institución. Luego vinieron los casos Huracán, Catrillanca, y finalmente las investigaciones por violencia policial durante el estallido social (96 carabineros formalizados). Por lo mismo, para esta entrevista insistió en estar con dos nuevos aspirantes a carabineros, que serán los primeros en egresar con cuatro semestres de formación. “Mi papá es carabinero, así que sé cómo es esto, pero quiero asumir el desafío”, dice Constanza Vargas. Su compañero, Ignacio Quintanilla, lo comparte: quien tras estar en el Ejército 6 años, ahora quiere vestir de verde.

“¡Y mi hijo también!”, agrega orgulloso el propio Yáñez: “Me salió con la sorpresa y no queda otra que apoyarlo. Yo también soy hijo de carabinero y él también lo será. Habrá una institución distinta, pero con su esencia histórica intacta”.

Ustedes fueron empujados a una reforma profunda después del estallido social. ¿Qué voluntad real hay en la institución para llevarla adelante?

Siempre hay hitos que marcan los cambios. Aquí nosotros empezamos cuando fue el fraude en 2017. En ese momento con el gobierno se comienza a trabajar en 30 medidas para modernizar la estructura institucional. Con Huracán, lo mismo; hubo una serie de reformas en Inteligencia, se desarticula este aparato y se vuelve a reorganizar; y finalmente, el caso Catrillanca, el que deriva de un procedimiento policial, el que se ensució por mentiras y donde hubo errores. Ahora, había algo real: había profesoras a las que habían asaltado, les habían robado los vehículos. Con este tipo de casos ocurre algo complejo, que es que el temor a la sanción es igual a la mentira, y eso hay que cambiarlo (…). Estamos modificando nuestros planes de formación; por ejemplo, los carabineros pasarán a estar cuatro semestres en la escuela, donde habrá un foco importante en materia de derechos humanos.

Luego del 18-0 surgieron cuatro informes internacionales por atentados a los derechos humanos, que cuestionan los procedimientos de Carabineros. ¿Cómo tomaron eso?

Hubo errores, sí, pero yo creo en el cambio. Somos una institución dinámica, nos tenemos que ajustar al comportamiento social que cambia permanentemente. Las demandas que dieron origen al estallido social finalmente son las demandas de mucha gente y pueden ser absolutamente válidas, pero lo que se genera en torno a la violencia es lo que provoca que tuviéramos que hacer frente a la situación con lo que teníamos. Las consecuencias fueron lamentables para el país, por todo lo que significaron las personas lesionadas, los cerca de 5 mil carabineros lesionados, el daño al patrimonio. Fueron casi 20 mil eventos de violencia que marcaron un antes y un después en nuestras operaciones, pero también se instalaron temas que no podemos pasar por alto. Por ejemplo, se dijo que en el Metro Baquedano había un centro de tortura, cosa que no fue; se dijo que en Peñalolén crucificábamos a los detenidos, algo que nunca ocurrió. Se habló de un joven que lo habían violado con un bastón de servicio, tampoco ocurrió; se entregaron listados con personas supuestamente detenidas desaparecidas, personas que cuando las fuimos a ver a sus casas no entendían por qué estaban en el listado.

Tal como investiga la fiscal Claudia Perivancich, quien indaga presuntos delitos de lesa humanidad ocurridos durante el estallido, ¿existió algún tipo de orden para atacar a la población civil que se manifestaba?

Jamás, nunca. Yo mismo entregué más de 90 instrucciones, desde que comenzó el estallido social, para que se respetaran los derechos de las personas, el denunciar cuando se sorprendieran situaciones irregulares, restringimos el uso de la escopeta, las cámaras corporales, dispusimos muchas medidas, está todo documentado. Todas las instrucciones que hay apuntan a lo contrario que usted menciona. Como en cualquier institución hay situaciones puntuales. Es como que si un periodista se equivoca es toda la prensa la que se equivoca, y no porque un médico haga mal un corte son todos los doctores responsables, o, por ejemplo, si una autoridad se ve envuelta en una situación de probidad no le echamos la culpa a la universidad donde se formó, y de eso sí que hay casos, pero a nosotros, pasa algo, ‘no, son los procesos de formación’. Hay casos emblemáticos en Chile donde empresarios y autoridades se vieron envueltos en juicios de probidad importante, y ¿ahí la Universidad Católica es la responsable de la formación de esas personas? No, pues. Bueno, acá también. Las responsabilidades son individuales y hay que trabajar, como lo estamos haciendo con la reforma.

¿No “refundar Carabineros”, como dijo la ministra Karla Rubilar?

No, de ninguna manera. Yo no sé si alguien puede pensar lo que significaría refundar una institución de 94 años, no sé cuánto se demoran en crear una policía, y no sé si existirían voluntarios para ingresar a una institución sin historia.

Le molesta el tema, por lo tanto imagino que se enojó con la ministra y el gobierno.

No es que me haya molestado, sino que uno se sorprende con situaciones que están totalmente fuera de lo que se está trabajando. No se trata de pasar la goma y hacer desaparecer a una institución de 94 años. Tenemos muchas cosas que corregir, pero también muchas por las cuales somos reconocidos internacionalmente.

¿Cómo valora las encuestas y que estén tan por debajo de los niveles de confianza que tenían antes?

Mire, yo salgo a recorrer el país y donde voy me piden más carabineros. Donde voy me piden más cuarteles y me dicen que compremos más vehículos. Además, si usted me dice que las encuestas me tienen por abajo, yo la veo y estoy en los seis primeros lugares de la encuesta, no soy el paciente más crítico y claramente la institución está mucho mejor valorada que otros estamentos del sistema.

Además de la Fiscalía, la Contraloría también abrió una investigación. Tras finalizar su sumario propuso la suspensión de dos de sus generales. ¿Eso afectó la interna del mando?

Como institución somos respetuosos de las otras instituciones, por lo tanto, uno tiene que regirse por los procedimientos que el derecho administrativo establece. Nosotros, sin embargo, estamos ad portas de firmar un convenio con Contraloría, incluso me reuní con el contralor, Jorge Bermúdez, el cual está enfocado en la colaboración y acompañamiento del ente contralor con nosotros. El sumario es algo que tengo que estudiar y resolver cuando los tribunales se pronuncien respecto de la suspensión de este proceso.

¿Cuál es el ánimo de los carabineros que están hoy en la calle?

Por el mando que uno tiene siempre está expuesto a críticas, y no hay problema, pero son los carabineros que están en la calle a los que les dicen ladrones, corruptos, y eso es muy injusto. Por ejemplo, los funcionarios que participaron del fraude no eran policías operativos, se dedicaban a las finanzas, estaban muy lejos de ser uniformados de orden y seguridad, o que atendieran a la señora que denuncia un procedimiento policial. Quienes cometieron el fraude fallaron, son unos delincuentes y están donde tienen que estar, pero el que se insulte al resto de los carabineros es injusto. Hoy alguien me decía, y lo comparto: Los que estamos de uniforme sentados acá somos los buenos, los malos están presos, formalizados y procesados.

La fiscal Ximena Chong, quien investiga la caída de un adolescente desde el puente Pío Nono al río Mapocho, allanó las oficinas de Carabineros. ¿Se tensionaron las relaciones con el Ministerio Público?

Ese fue un tema que pasó por una mala coordinación, más que por una tensión. Yo lo hablé con el fiscal nacional, Jorge Abbott, porque cuando hay este tipo de procedimientos, al menos se debe avisar, porque hay un responsable y tiene que tomar conocimiento de lo que se hace, y eso no ocurrió. Nosotros no tenemos nada que esconder, porque mientras más rápido se aclaren estos casos, menos enjuiciamiento hay hacia la institución. Mire, el 70% menos de postulantes a Carabineros es una muestra de que hay jóvenes que, claro, tienen la convicción, pero que ven en esto un riesgo. No existe ninguna institución que tenga el nivel de exposición de nosotros. ¿Quiénes más van a ser? Sí, los que teníamos que poner el pecho a las balas éramos nosotros, a nosotros nos llegaron las molotov, las piedras.

¿Están mejor parados ante un eventual estallido 2.0?

Un estallido de esa naturaleza a nadie lo puede pillar bien parado. Hemos sufrido mucho últimamente como país, como chilenos, y yo creo que hablar de eso no me parece. El país tiene que recuperarse y volver a la normalidad.

¿Pero desde punto de vista operativo?

Claro, se hizo un trabajo importante con los efectivos de Control de Orden Público (COP), se renovaron protocolos, los que se socializaron con el Instituto de Derechos Humanos (INDH) y la Subsecretaría de la Niñez. Esto da cuenta de lo que la sociedad espera de una institución de esta naturaleza.

¿Mantiene contacto con sus antecesores?

Tuve la fortuna de poder reunir a todos los generales directores, me reuní con ellos, porque creo que es buena la transmisión de la experiencia. Todos vivieron momentos complejos y distintos, por lo tanto, eso hay que transmitirlo; buenos, malos, como sean. Si en mi gestión ocurre una situación grave, en la cual tenga un nivel de responsabilidad, tendré que dar un paso al costado.

¿Qué tipo de rol le gustaría que asumieran las Fuerzas Armadas en la Macrozona Sur?

Algo que ya está en curso, como el apoyo con vehículos blindados, las capacitaciones que está haciendo el Ejército en Pailahueque, el uso de la aeronaves, aviones no tripulados. Tengo una muy buena relación con Javier Iturriaga, el jefe del Estado Mayor Conjunto, por lo que tengo plena confianza en que este trabajo permitirá tener una mejor acción de prevención de los delitos relacionados a la violencia rural.

¿Por qué es tan complejo mejorar la respuesta policial?

Allá hay dos dimensiones que hay que considerar: lo operativo, donde queremos hacer un despliegue más funcional, con los elementos que correspondan, porque hemos lamentado la muerte del cabo Eugenio Nain y del inspector Luis Morales de la PDI. Además, en los últimos 11 años, hubo 3 carabineros fallecidos en la zona, y más de 400 carabineros lesionados. Lo otro es la situación política-social y las pretensiones que tienen las comunidades por derechos políticos y sociales, donde hay un grupo pequeño -que opera con el factor sorpresa- que aprovechándose de estas demandas hace uso de la fuerza como un medio.

¿Han detectado en esos grupos instrucción paramilitar, por ejemplo?

No es casualidad que los vehículos policiales dañados tengan impactos tan precisos, justo para dejarlos fuera de servicio. Entran por las junturas de las puertas, los neumáticos, los vidrios delanteros para imposibilitar la visión. Eso revela que es gente que tiene un nivel de preparación importante.

¿Y cómo se investiga eso para detener a estas personas?

Fíjese que cuando ocurrió lo del cabo Nain, enviamos un equipo para allá y en un par de meses logramos identificar a tres personas que participaron de este ataque. Por lo tanto, cuando existe una voluntad de querer investigar, se puede.

¿No hay voluntad del resto de las instituciones, entonces?

Hay, pero se tiene que aprovechar la experiencia operativa, conocemos el territorio; las operaciones tienen que tener un carácter táctico. Nosotros tenemos buenos elementos, incluso con la PDI hemos trabajado en conjunto allá, permanentemente, dado que tenemos un plan con ellos, donde si la PDI tiene que hacer una diligencia en cierto sector, van con carabineros para cubrirlos. Ahí, otro punto: eso de que no se puede entrar a algunas zonas, mentira. Se puede, pero bajo condiciones operativas y tácticas distintas.

Durante el último año se han visto delitos muy violentos, sobre todo en lo que se refiera a portonazos y encerronas. ¿Qué debe cambiar, mejores procedimientos, más facultades?

Yo creo que las facultades nosotros las tenemos. Mire, la policía por sí misma no va a solucionar los problemas: el último año hubo 670 mil detenidos, o sea, claramente no es suficiente con detenerlos, porque tienen que funcionar otros órganos para que esto tenga una efectividad. Qué sacamos con detener a 700 mil, 800 mil...

Pero también hay que considerar la calidad de las pruebas, o si los procedimientos fueron bien o mal hechos...

¿670 mil procedimientos mal hechos? No. Cuando tenemos personas con altas tasas de reiteración, o una alta tasa de reincidencia, algo pasas que va más allá de nuestro rol.

¿De qué labores podría liberarse para abocarse de mejor manera en sus funciones netamente policiales?

El tema de las órdenes judiciales, los desalojos, también. En La Araucanía, por ejemplo, ese delito tiene una sanción mínima, donde solamente la persona queda citada; para eso se nos demanda una cantidad impresionante de recursos.

¿Me imagino que adhiere, entonces, a la idea de una policía municipal, para que, por ejemplo, se hagan cargo del tránsito?

Absolutamente, y fíjese que estamos trabajando en eso, en establecer un nivel de coordinación mayor con todos los municipios que tengan implementado el sistema de seguridad municipal. Se puede hacer en cosas como acudir a situaciones por ruidos molestos, ir a bajar el gatito del árbol, todas esas situaciones más domésticas las podrían hacer ellos.