-”Presidente, hubo un asesinato”.
Eran pasadas las 3 de la mañana del domingo en República Dominicana, cuando el jefe de seguridad, Patricio Aguayo, le informó al Presidente Gabriel Boric lo que había ocurrido pocos minutos antes en Chile: la sargento de Carabineros Rita Olivares (43 años) había sido asesinada en un procedimiento policial en Quilpué.
Boric entonces participaba de la Cumbre Iberoamericana, hasta donde viajó junto a su equipo.
Tras conversar con sus asesores más cercanos, el Presidente tomó el teléfono y se comunicó con la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien, a su vez, se encontraba recibiendo mayores antecedentes en Santiago.
-”Conversemos en algunas horas para coordinar cómo lo vamos a abordar”, le dijo.
Por lo mismo, apenas llegó al aeropuerto de la ciudad caribeña -a las 15 horas de Chile-, ya tenía claro el mensaje que iba a entregar. Y su equipo les pidió a los periodistas que se bajaran del avión para organizar un punto de prensa improvisado. Tanto, que el Presidente le pidió un último repaso de los antecedentes a su escolta antes de empezar.
“Vamos a mover cielo, mar y tierra para encontrar a todos los delincuentes que participaron de este crimen inaceptable”, aseguró Boric, y contó que Tohá ya se había puesto en contacto con la familia de Olivares.
La noticia afectó al Mandatario en el plano emocional y no lo ocultó. Pero lo afectó también en el plano político, cuando la crisis de seguridad sigue atormentando su gobierno y dejando expuesto que este es el tema que más le incomoda.
Con el correr de los días el escenario se puso más difícil; la investigación arrojó que tres de los siete detenidos involucrados en el crimen se habían fugado de la Cárcel y otro había sido liberado en medio de la pandemia, por un indulto general otorgado por el gobierno y el Congreso en la gestión de Sebastián Piñera.
Malas noticias que afectaban la credibilidad y eficacia para un mensaje cuyo tono ha costado instalar, considerando el pasado que arrastran el Frente Amplio y el PC en esta materia: la postura en temas de seguridad, como el estado de excepción en la Macrozona Sur, y los términos en que se refirieron al actuar de las policías, sobre todo durante el estallido social. Y las evidencias -tuits, videos y declaraciones que la oposición no olvida- son resucitadas cada vez que el tema es puesto en discusión.
Pero también en el gobierno hay frustración. En los pasillos de La Moneda comentan que desde hace más de seis meses -después de la contundente victoria del Rechazo en el plebiscito de salida-, el gobierno cambió su agenda, poniendo la seguridad al centro -sus encuestas dicen que es la principal urgencia de la gente-, pero que eso aún no ha logrado permear a la ciudadanía. De hecho, recuerdan en el oficialismo que ya el 20 de octubre el Presidente había asegurado que “hoy la principal preocupación de los chilenos y chilenas es combatir la delincuencia”.
Sin embargo, también están conscientes del relato errático en ese sentido. El indulto que el Presidente otorgó a 12 detenidos en el contexto del estallido social y al exfrentista Jorge Mateluna removió los cimientos de una relación con la oposición en pro de una agenda de seguridad que venía liderando la ministra Tohá y que recién esta semana se pudo retomar a propósito de la muerte de la sargento Olivares.
Esa discusión legislativa volvió a transparentar las disputas entre las dos coaliciones del gobierno por lealtad y compromiso ante los llamados del Presidente y la invitación a la reflexión de su sector.
Reflexión, pero puertas adentro
El domingo, la primera intención de Boric fue impulsiva. Era bajarse en el aeropuerto de Santiago y trasladarse de inmediato a visitar a la familia de Olivares. Pero iba a ser tarde y la recomendación de su equipo fue que era mejor viajar el lunes a primera hora.
Y así fue finalmente: a las 6.30 horas, Boric, Tohá y la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, se trasladaron a saludar a la familia de la sargento fallecida. En una sincera conversación, Boric les preguntó si les parecía que los acompañara el martes en el responso, pues no quería invadirlos. La familia accedió.
Al día siguiente, pese a que le habían advertido los riesgos que iba a tener su aparición, el Mandatario decidió presentarse junto a Tohá. El recibimiento de los manifestantes no fue bueno: las pifias se escucharon con claridad.
Pero lo que más le afectó al Presidente fue otra cosa: estar con la familia y conocer a la madre de la sargento, con quien no había podido compartir el día anterior. Además, evidentemente emocionado, le dio un fuerte abrazo a uno de los hijos de Olivares y también al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.
Algo similar le había ocurrido el 4 de noviembre, cuando recibió a la familia del sargento asesinado Carlos Retamal para una misa en su honor en la capilla de La Moneda. En ese lugar, según relató la madre del fallecido, Boric le prometió que iba a hacer todos los esfuerzos para que no volviera a ocurrir, y que le iba a entregar más facultades a Carabineros.
En el gobierno dicen que son ese tipo de circunstancias, los contactos directos, las que más afectan al Presidente y que lo han hecho evaluar conductas y declaraciones del pasado que condenan a su sector. Y así lo reconoció cuando llegó a La Moneda, visiblemente afectado, después del responso de Olivares: “Vale la pena reflexionar sobre nuestras actuaciones en el pasado, en donde siempre creo que vale la pena reconsiderar y actuar de acuerdo al contexto que estamos viviendo en Chile”.
Esa reflexión, dicen en el gobierno, tiene que ver con que ha conocido más de cerca a la institución. La estrecha relación que tiene con sus escoltas y ver de cerca el trabajo diario de Carabineros en La Moneda le han permitido eliminar prejuicios. Y aunque al día siguiente el Presidente dijo que profundizaría “más adelante” sobre la reflexión, en el gobierno descartan algún tipo de “perdón público”, como ha sido emplazado por un grupo de parlamentarios de Chile Vamos. El argumento de Palacio es que el Presidente ya ha abordado esas reflexiones con quienes le importa aclararlo, los carabineros, y de ahí la serie de gestos públicos que ha hecho en su respaldo.
Sin ir más lejos, el lunes dijo que personalmente acompañaría a Carabineros en operativos policiales, en una salida personal, sin previo aviso en el Ministerio del Interior ni en las policías. Eso, dicen cercanos al Mandatario, evidencia lo que ha afectado el tema a Boric. De todas maneras, aún no está claro a qué actividad se incorporará y tuvo que aclarar al día siguiente que será “sin show”.
Más simbólico aún fue el Día del Joven Combatiente, cuando visitó la Escuela de Suboficiales y les dijo que “tienen el uso legítimo de la fuerza”, lo que fue leído como un ‘arengazo’ a los uniformados en la previa de la manifestación. En la instancia tuvo una sincera conversación por sus actos y declaraciones en el pasado. El gesto, por el día en que se enmarcó, fue criticado desde el Partido Comunista.
La forma como el Mandatario percibe a la institución lo complica hace tiempo. Durante su campaña electoral hubo cambios. En la primera vuelta el encargado de seguridad era el comunista Alejandro Urquiza -hoy asesor del Ministerio del Interior en los mismos temas- y se inclinaba por la línea más radical. “Refundar Carabineros ahora. Lo hemos exigido hace más de un año”, escribió el entonces diputado en Twitter el 6 de febrero de 2021.
Pero esa opinión se fue matizando. Para la segunda vuelta la conclusión fue que había que reforzar el equipo en temas de seguridad y se incorporaron Lucía Dammert, exjefa de asesores, y el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. Ambos con una visión menos dura sobre las reformas a las policías.
Hoy quienes están al frente de la seguridad son la ministra Tohá, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, y Vergara. Y ya no se habla de “refundación”, como querían en Apruebo Dignidad, sino que de una “reforma a Carabineros”, que lidera el abogado José Roa.
También han existido reflexiones respecto de las opiniones en el estallido, que se han ido cobrando hacia sus promotores. Por ejemplo, en el cambio de gabinete del 6 de septiembre, Boric designó en un principio al comunista Nicolás Cataldo como subsecretario del Interior, pero sus tuits contra Carabineros obligaron al gobierno a echar pie atrás.
Pelea en el Congreso
Los constantes cambios y la disputa entre los dos mundos que componen el oficialismo grafican los problemas que ha tenido el gobierno en su propia coalición al abordar las discusiones en seguridad. Por ejemplo, integrantes del Frente Amplio y del PC no han respaldado el estado de excepción en La Araucanía. Y varios de ese listado esta semana no se alinearon en algunas partes de la votación de la Ley Nain-Retamal -que otorga más atribuciones en el uso de la fuerza a Carabineros- en el Congreso.
“Hay un aprovechamiento por parte de la derecha por levantar agendas populistas. Es peligroso para lo que significa fortalecer la labor policial”, dice la diputada Alejandra Placencia (PC), parte de la mesa de seguridad.
El martes, en un almuerzo privado junto a jefes de bancada, la ministra Tohá, la subsecretaria Macarena Lobos y dirigentes de la Cámara, el diputado Eric Aedo (DC) advirtió a sus pares: “Quiero saber si es que en el Frente Amplio y el PC tienen conciencia de que si se siguen dando gustitos ideológicos y no acompañan al Presidente, le están pavimentando el camino a la derecha más dura”, comentó.
Además, Aedo puso otro punto en la mesa: “Es preocupante que en el año en que se conmemoran los 50 años del Golpe, la gente está pidiendo que los militares salgan a la calle”.
“Quiero saber si es que en el Frente Amplio y el PC tienen conciencia de que si se siguen dando gustitos ideológicos y no acompañan al Presidente, le están pavimentando el camino a la derecha más dura”.
Dijo el diputado Eric Aedo (DC) en el almuerzo junto a jefes de bancada".
De hecho, el senador socialista Juan Luis Castro pidió que se evaluara un estado de excepción en barrios de la Región Metropolitana. No es el único. “Por lo menos deberíamos evaluarlo”, lo respalda el senador Gastón Saavedra (PS).
La discusión del martes fue profunda entre los integrantes del Frente Amplio: “Comentamos que teníamos que sacarnos la venda y ver los proyectos de ley artículo por artículo, sin prejuicios. Ahí decidimos votar como lo hicimos”, relata el diputado Jaime Sáez (RD).
“Hay un constante esfuerzo por dejarnos como anti Carabineros y eso es falso. Hemos estado disponibles a cualquier discusión, pero tampoco vamos a ceder ante cuestiones que abren la puerta a la impunidad y el abuso”, añade Sáez, justificando la postura que tuvo su coalición después en la votación.
El desalineamiento indignó a los parlamentarios del Socialismo Democrático que aprobaron el proyecto, porque ellos estaban dispuestos a votar unidos para que después se hicieran las modificaciones en el Senado.
“Antes de votar, en el Frente Amplio hablaban de que el Mandatario quería que se aprobara. Quedé perplejo. Ver a los dueños del gobierno impedir que el Presidente cierre sus flancos en seguridad raya en el masoquismo, parece que la obsesión con el programa es más fuerte que el sentido de realidad. Ojalá pronto metan al picapapeles ese libro guía”, critica el diputado Jaime Araya (independiente PPD), parte de la Comisión de Seguridad.
La molestia también apuntó al gobierno, ya que desde la Segpres enviaron una minuta a los parlamentarios con las indicaciones que le ingresarán al proyecto de Ley Nain-Retamal, la cual utilizaba el mismo argumento de los frenteamplistas: “No queremos convertir a Chile en un Estado que valida el gatillo fácil”.
“Es impresentable que desde el gobierno y Apruebo Dignidad hoy se hable de gatillo fácil, cuando el Presidente solicitó su aprobación. Uno es gobierno en las buenas y en las malas”, comentó el diputado Daniel Melo (PS).
El gobierno logró aplazar la votación del proyecto de ley para el martes en el Senado con un Socialismo Democrático bastante molesto. Al final, comentaban, el episodio refleja lo mismo que le ocurre a Boric y su coalición de origen: “un día están con todo por la seguridad, pero al día siguiente retroceden ante los suyos”.
