Sumarios, falsificación y amenazas: el abultado historial de conflictos de la abogada Leonarda Villalobos

En septiembre de 2021 y a dos meses de convertirse en abogada, María Leonarda Villalobos Mutter (51), en representación de la empresaria gastronómica Gladys González Nuñez, también conocida como la “Cuca”, presentó una demanda ante el 22° Juzgado Civil de Santiago. ¿El motivo? González no podía cobrar un cheque de $ 180 millones que le había entregado la animadora de televisión y rostro de Canal 13 Tonka Tomicic Petric.

“A mediados del año 2020, la demandada le solicitó a mi representada un préstamo de dinero con la finalidad de costear la intervención quirúrgica de su madre, porque en ese minuto tenía el dinero en algunos instrumentos representativos de valores inmobiliarios que no podía cobrar”, señala la acción judicial.

Por ello, la “Cuca” “entregó la suma de $180 millones a la demandada, tomando en cuenta que eran conocidas y en virtud del carácter público de esta no desconfió”. De vuelta, el 4 de septiembre de 2020, Tomicic le entregó a Gladys González el millonario cheque. Pero una “firma disconforme” le impidió el cobro del documento, por lo que tuvo que recurrir a tribunales.

Pese a todo, el conflicto se apagó a los pocos meses: ambas partes llegaron a un acuerdo extrajudicial. Pero los caminos de Tomicic y Leonarda Villalobos volverían a encontrarse años más tarde por un nombre en común: el del penalista Luis Hermosilla Osorio (67).

Por un lado, tras el allanamiento a su domicilio en febrero pasado, la animadora de televisión contrató a Hermosilla como su defensor en el llamado “caso relojes”, donde su expareja Marco Antonio López Spagui (Parived) fue detenido y formalizado por el delito de receptación. Al mismo tiempo, se indaga el uso de cheques de Tomicic con los que López habría comprado relojes de lujo robados.

Por el otro, el audio revelado el 14 de noviembre pasado, en el que se habla de hacer “una caja negra” para pagar supuestos sobornos a funcionarios del Servicio de Impuestos Internos (SII) y la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), dejó en evidencia los vínculos entre Villalobos y Hermosilla, quienes en conjunto actuaban como abogados y asesores del empresario Daniel Sauer.

“Eres una psicópata bien orientada. Hay huevones psicópatas mal orientados, que andan asaltando gente. Tú eres psicópata bien orientada, que haces estas pegas, existe eso”, le dice en el audio el penalista a Leonarda Villalobos como un “elogio” a su personalidad y carácter obsesivo.

Pero el caso por el que hoy la abogada de 51 años se ha vuelto famosa no es la única situación conflictiva que ha debido enfrentar en su vida. Y de ello ha quedado un extenso registro en tribunales, que combina acusaciones contra su madre y su hermana por una herencia, falsificación de documentos en la disputa por el cuidado de sus hijos, sumarios laborales, e incluso, amenazas de muerte.

Cuando en los 80 Leonarda Villalobos era una estudiante del Colegio La Salle de Valparaíso, su situación familiar no era del todo normal. Pese a que sus padres estaban casados, ella vivía solo con su papá, Osvaldo Villalobos Castro, quien desde 1972 trabajaba como funcionario del Servicio de Impuestos Internos (SII) de la ciudad puerto.

Según el propio relato de Villalobos, el vínculo con su madre, Luz Mutter Urbina (67), “nunca fue de amor filial entre madre e hija” y “la relación siempre fue tensa y basada en la desconfianza y malos tratos”, según reveló a la justicia años más tarde.

Por lo mismo, el año 2014 no fue fácil para la abogada. Meses antes, su padre había sido expulsado del SII por su responsabilidad en el robo de un expediente del Tribunal Tributario de SII del Valparaíso. Luego, en marzo de ese mismo año, Osvaldo Villalobos fue internado en una unidad de cuidados intensivos por una descompensación diabética.

Leonarda, quien en ese momento ya vivía en Santiago, aseguró que ni su madre ni su hermana menor le avisaron de lo ocurrido y que, incluso, “trataron de impedir que visitara a su padre convaleciente”. Fue allí cuando se encendió la llama de un conflicto que en 2017, tras la muerte de su padre, la llevó a denunciar a su propia familia ante la justicia civil.

En la acción, la jurista acusó que su mamá, antes de que su padre falleciera, favoreció a su hermana menor, Nahima Villalobos Mutter (38), traspasándole en una “venta simulada” un departamento de su papá en la zona de Recreo Alto, en Viña del Mar. Para ello, relató Villalobos, su progenitora utilizó un poder que su padre firmó ante notario el 13 de marzo de 2014 en su pieza de la clínica.

“Para la demandada Mutter Urbina el mandato general otorgado no fue más que una herramienta para llevar adelante su propia voluntad, sustrayendo los inmuebles del patrimonio de su mandante y favoreciendo a un tercero, en este caso a su hija Nahima Villalobos Mutter”, expresa la demanda. Luego, en 2016, su hermana vendió la propiedad en $ 52 millones.

Pero la disputa judicial se fue desvaneciendo, al punto que la causa fue archivada en noviembre de 2017. Desde ahí en adelante, lo que se sabe de la relación de Villalobos con su madre proviene del mismo audio de la reunión con Hermosilla y Sauer, dueño de Factop, donde la abogada habla de una deuda que la empresa tendría con Mutter Urbina.

Cuando Sauer comenta su pretensión de vender su participación accionaria en el grupo inmobiliario Patio para responder a algunos de sus compromisos, Villalobos dice: “Hay que cumplirle al... al... a mi madre, y no son 100 palos ($ 100 millones)”. Se trata de aportes que tanto la mamá como la hija hicieron a Factop con la promesa de recibir un retorno del 1,25% mensual.

En el caso de Leonarda Villalobos y su actual marido, Luis Angulo Rantul, el pasado viernes se acreditó en proceso judicial de reorganización que Factop les adeuda a ambos $ 1.010 millones. Pero en el caso de su madre, Luz Mutter, aún no hay claridad de cuánto dinero invirtió en el factoring de los hermanos Sauer.

Al igual que en su época escolar, durante sus primeros años como estudiante universitaria, Leonarda Villalobos siguió viviendo con su padre. Comenzaban los años 90 y, según ha relatado en sus diferentes trabajos, habría estudiado Ingeniería Comercial en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV). Incluso, en algunos de los escritos y poderes que ha presentado en tribunales, la mujer se identifica como “ingeniero comercial”.

Pero consultados oficialmente, desde la PUCV señalaron que “revisados todos nuestros sistemas de información, no figura ninguna persona con ese nombre en ninguna carrera. Jamás ha sido estudiante y, en consecuencia, no puede haberse titulado con nosotros”. Luego, estudió en el Instituto Profesional Alemán de Valparaíso, donde obtuvo el título de “Relacionador Público Empresarial”.

En el año 1993 y con 21 años se casó con Marcos Bratti González, con quien tendría cuatro hijos. Él trabajaba en bancos y sostenía el hogar. Al tiempo, el matrimonio se mudó a vivir a Santiago. “Durante esos años vivieron en Antofagasta, Talca y el 2005 volvieron a Santiago. Con el tiempo ella consiguió trabajos como vendedora en multitiendas y empresas de seguros”, relata una persona que compartió con la abogada durante esa época.

Dos años más tarde, en diciembre de 2007, comenzó una escalada de conflictos matrimoniales que la llevó a ser detenida por el delito de lesiones en contra de su esposo. El tribunal decidió suspender el procedimiento por un año, con la prohibición de acercarse a la víctima y la orden de “hacer abandono del hogar en común”.

Diez días después, su marido retiró la demanda, ya que “no deseaba que mi cónyuge pasara por la audiencia a la cual fue expuesta ni asumiera la medida cautelar que se provisionó en su contra”. Con ello se cerró el caso.

Luego, en agosto de 2008, la abogada tuvo que comparecer nuevamente ante un juez, pero esta vez acusada por la Fiscalía de falsificar una firma: usó los cheques de un compañero de trabajo para comprar equipos para esquiar en una multitienda. Por eso, tuvo que pagar una indemnización de $ 1.500.000 a la víctima.

Con los años, la convivencia en su matrimonio empeoró, lo que desembocó en un divorcio el año 2012. Tras ello, Villalobos acusó que Bratti no cumplió con la compensación económica comprometida en la separación. La disputa no se cerró allí. El 2016, Bratti se querelló contra Villalobos por falsificar una serie de documentos con los que ese mismo año había conseguido la tuición del menor de sus hijos, de 13 años.

Entre ellos, una serie de conversaciones por WhatsApp que en verdad nunca sucedieron, un informe psicológico falso hecho por un técnico en transportes y un informe escolar adulterado, todo con la supuesta intención de “presentar la figura de un padre que está a cargo de cuatro niños, pero que no cuenta ni con competencias ni habilidades parentales suficientes”, acusó Bratti.

Por estos hechos, Villalobos fue formalizada en septiembre de 2017, pero en noviembre de 2018 llegó a un acuerdo y se comprometió a pagar $ 450 mil en compensación. Meses más tarde, en marzo de 2019, sus abogados renunciaron a su defensa por el no pago de honorarios, mientras que la abogada tampoco cumplió con el pago a su exmarido. Tras ello, en agosto de 2019 la mujer fue detenida y, finalmente, pagó el dinero.

Al volver a Santiago tras vivir en otras regiones, el año 2009 Villalobos comenzó a trabajar como directora de Abastecimiento y Operaciones de la Corporación de Educación, Salud y Atención de Menores (Coresam) de la Municipalidad de Conchalí, bajo el mandato del entonces alcalde RN Rubén Malvoa.

De su paso por la Coresam también quedaron huellas. En febrero de 2011 el psicólogo Rodrigo Soto Donoso, director del área de Atención de Menores de la corporación, se querelló contra la abogada por el delito de amenazas. Según su relato, a fines de 2009 Villalobos le pidió que imprimiera “unas chapitas” con recursos de su área. “Situación a la que me niego en forma verbal y ella me increpa que ‘a la Karla no le va a gustar’”, relató Soto.

La “Karla” a la que habría mencionado la abogada era la exministra Karla Rubilar Barahona (RN), quien en ese momento era diputada y esposa del alcalde Malvoa. En la misma denuncia, el psicólogo aseveró que tras el episodio fue a la sede parlamentaria de Rubilar para aclarar la situación, pero que ella “no se refiere a este tema en mi presencia”.

Consultada por La Tercera Domingo, Rubilar dijo que “yo no tuve conocimiento de la querella hasta hace unas semanas, cuando me enteré por una periodista. Nunca fui citada a nada”. Malvoa, por su lado, desmiente que hayan usado recursos municipales para alguna campaña. “En la corporación no había recursos para hacer algo así”, dice. Y añade: “Esa querella es un asunto entre ellos dos, que tenían una disputa personal”.

Según compañeros de trabajo que la conocieron en Conchalí, la función de Villalobos calzaba con el perfil de un ingeniero comercial. De hecho, eso es lo que ella repetía: que se había titulado de esa carrera en la PUCV. Pero hoy confirmaron desde Conchalí que no hay ningún título universitario ni antecedentes en su carpeta funcionaria.

Lo otro que resaltaba era su personalidad: “Era una persona cálida. Te hacía sentir como que eras su amigo de toda la vida. Pero a veces eso te extrañaba. Uno decía, ¿cómo tanto? -dice un excompañero en reserva-. Lo otro es que te decía: yo soy amiga de tal persona importante. Y uno no le creía mucho, pero después aparecía con una foto con esa persona”.

De cualquier manera, para el psicólogo Soto los problemas continuaron. “Yo hablé con Rubén y Karla y me dijeron que quien hacía problemas se iba no más… Ahhh, y sin plata por hue...”, habría sido la respuesta de Villalobos ante nuevos reclamos. A ello se habrían sumado comentarios “a viva voz” de la abogada diciendo que yo “soy flojo y que nunca he trabajado (...) y que según su relato yo sería homosexual y que he incurrido en robos al interior del área que dirijo”.

Lo peor, de acuerdo a Soto, habrían sido hostigamientos en las inmediaciones de su domicilio en Conchalí, que lo obligaron a cambiarse de casa. En su nuevo hogar, en Quilicura, habría sido la misma Villalobos quien rondó su domicilio y le dejó una serie de mensajes hechos con recortes de diarios: “Esta es tu oportunidad/o tu familia en fatal atropello a la salida/el 80% de accidentes se generan por factores humanos”.

Finalmente, en octubre de 2011, el Ministerio Público decidió no perseverar en el caso y en una salida negociada, la mujer dejó la Coresam. Meses más tarde, en julio de 2012, Villalobos se fue a trabajar como subdirectora administrativa del Hospital San José de Melipilla, donde los desencuentros no tardaron en llegar y tuvo que enfrentar un sumario administrativo en su contra, que terminó con la medida disciplinaria de censura.

Si bien no están claros los motivos del sumario, lo cierto es que en medio de ese proceso, en marzo de 2013, Villalobos denunció que recibió una llamada al teléfono de su trabajo con amenazas de muerte: “Si le tocas un pelo a mi hermano, te las verás conmigo”, y “no vas a llegar ni a la esquina de tu casa en auto”, habrían sido las amenazas que nunca se pudieron corroborar.

Tras ese episodio, Villalobos no tardó en encontrar un nuevo trabajo. En mayo de 2013 aterrizó en la Subsecretaría de Educación, en momentos en que Carolina Schmidt era ministra en el primer gobierno de Sebastián Piñera. Allí se integró al Departamento Provincial Cordillera y luego al Centro de Perfeccionamiento e Investigaciones Pedagógicas (CPEIP), donde el recién destituido director de Educación Pública Jaime Veas era su jefe.

Una excompañera de Villalobos en el CPEIP, que pidió reservar su identidad, detalla cómo fue la llegada de la abogada al organismo: “Nos contó que pasó por Melipilla, que la habían echado de forma injusta. Que la habían perjudicado -dice-. También nos decía que era amiga de gente importante. Por ejemplo, que era amiga de quien fue ministro de Educación el 2014, Nicolás Eyzaguirre. Después, con las noticias del audio, supimos que era mentira”.

Fue en Educación donde la abogada conoció a su actual marido, Luis Angulo Rantul (61), en ese entonces militante del PPD, con quien se casó el 2018. Angulo, profesor de Historia y Geografía, trabajó en la Subsecretaría de Desarrollo Regional en los gobiernos de Ricardo Lagos y Michelle Bachelet.

Luego, en 2017, cumplió funciones en el gobierno regional de Santiago y entre diciembre de 2022 y marzo de 2023 se desempeñó como profesional de comunicaciones del Ministerio de Ciencias. Su último trabajo, desde marzo de este año como asesor del Bienes Nacionales, Sebastián Vergara Tapia (PPD), terminó abruptamente cuando el nombre de su esposa hizo noticia, por lo que se le pidió la renuncia.

Por su parte, el periplo de Villalobos por la cartera de Educación terminó el 31 de marzo de 2016, cuando las autoridades, en medio de un nuevo sumario en su contra, decidieron no renovarle el contrato, “debido a deficiencias en su desempeño y a relaciones complicadas con sus compañeros de trabajo”. Así quedó plasmado en la demanda laboral que Villalobos presentó tras su no renovación. En la acción, la abogada denunció que en Educación se hacían contrataciones “por amistad” y que había “una cúpula” que la excluyó de sus funciones.

“Corolario de esto ocurre el 10 de noviembre de 2015, cuando me comunican que dos funcionarios, un hombre y una mujer, habían realizado una acusación porque yo habría orinado en la taza de esta última”, relató la abogada. La demanda laboral fue rechazada. “Lo de la taza fue algo muy comentado en la interna -dice la excompañera-. Se supo, porque existía un video: ahí se veía cómo Leonarda sacaba la taza del puesto de esa persona y, un rato después, la volvía a dejar donde mismo”.

Tras sus empleos en el mundo público, Villalobos decidió independizarse. El año 2016 ingresó a estudiar Derecho en la Universidad Bolivariana, cuyo dueño, Munir Hazbún Rezuc, luego se convertiría en su cliente y en pieza clave del escándalo por las miles de facturas falsas emitidas por empresas relacionadas a Factop.

Y un año más tarde, en 2017, creó la empresa “Steuern Asesorías SpA”, sociedad que es mencionada en el audio de la reunión con Hermosilla y Sauer, a la que se habrían emitido millones en documentos ideológicamente falsos. Ese mismo año registró su primera audiencia por Ley de Lobby, en la que representó a la empresa “Pesquera Villa Alegre” ante el SII de La Serena para el “levantamiento de exclusión y trabajo para pagar deudas generadas por tributos”.

Aún sin ser abogada, en agosto de 2019 tomó a uno de sus primeros grandes clientes, Gladys González Nuñez, “La Cuca”, quien le entregó un amplio mandato para representarla judicial y extrajudicialmente, como ocurrió en el caso contra Tonka Tomicic. Para González también ha hecho lobby ante el SII para “solicitar la condonación de giros”.

De cualquier manera, su negocio de asesoría legal y tributaria comenzó a ser exitoso, se asoció con su actual abogada defensora, Alejandra Borda, y luego cambió su oficina desde Santiago Centro al corazón financiero de Vitacura. En noviembre de 2021 aprobó su examen de grado y se convirtió oficialmente en abogada.

Desde ahí en adelante distintas empresas y personas han sido sus clientes, entre ellos, Daniel Sauer y Rodrigo Topelberg, socios y dueños de Factop y SFT Capital, y protagonistas del escándalo por las supuestas coimas y la emisión de miles de facturas falsas. Pero desde diciembre de 2022, su empresa Steuern Asesorías comenzó a registrar morosidades y protestos, los que hoy llegan a $ 119 millones, según boletines comerciales.

Por ahora, Villalobos ya ha declarado en tres oportunidades ante el Ministerio Público. En su testimonio, según ha trascendido, ha relatado que grabó la reunión como “resguardo” al darse cuenta de que estaba “en peligro” y ha insistido que quedará demostrado que no se ha sobornado a funcionarios públicos.