Ucrania: El drama de los niños deportados a Rusia llega a la CPI

Con la excusa de ponerlos bajo resguardo, desde el inicio de la guerra las tropas rusas han estado desplazando niños y niñas a su lado de la frontera: según fuentes ucranianas, hasta el momento se trataría de 240 mil menores de edad, entre los que habría 2.000 huérfanos. Al 10 de diciembre, solo 13 mil habían podido ser identificados, y 119 habrían vuelto a Ucrania.

Ya en noviembre, la Oficina Nacional de Información ucraniana hablaba de 11 mil niños, pero el número exacto es difícil de rastrear: el número se basa principalmente en las llamadas de los padres que buscan a sus hijos.

Diversos testimonios, recogidos por The Associated Press y The New York Times, confirman que las tropas rusas están dando en adopción a miles de niños ucranianos, en algo que ya denunciaba hace un tiempo el Instituto para los Estudios de la Guerra (ISW) de Estados Unidos. En un informe, el centro aseguraba que ya eran miles los niños sacados a la fuerza de Mariupol, y que eran entregados a familias en localidades rusas como Tyumen, Irkutsk, Kemerov o Artay Krai.

Funcionarios norteamericanos aseguran que Rusia hizo reformas legales, en miras a conceder la ciudadanía rusa automática a los niños deportados, “deliberadamente sustraídos por las tropas rusas”. Además de la nacionalidad, se les daría una “educación patriótica”.

La llegada de menores ucranianos es una historia recurrente en los medios rusos, aunque siempre se habla de ellos como “huérfanos” o niños abandonados y rescatados de las zonas de guerra. A pesar de esta versión, donde el Kremlin los recibiría en campos ofreciendo rehabilitación, juegos y refugio, muchos de esos niños habrían sido transportados a la fuerza desde las casas de sus padres.

Según los funcionarios rusos, ya se habían evacuado del Donbás a 150 mil niños. En esto, la comisionada de la Federación Rusa para los Derechos del Niño, Maria Lvova-Belova, ha defendido en repetidas ocasiones este tipo de deportaciones, e incluso ella misma adoptó a un niño de Mariupol.

Además de las reformas legales, Moscú remunera a las familias que acogen a estos niños, procediendo a cambios completos de nombre, apellido, fecha y lugar de nacimiento, en lo que algunos consideran una estrategia para “borrar” a estos niños de su origen ucraniano, de paso complicando su localización.

El 5 de noviembre desde Kherson se informaba sobre la manera en que las tropas rusas deportaban a los niños: habían secuestrado a 34 del pueblo de Preobrazhenka, “y fueron llevados a la ciudad rusa de Anapa”, señaló la jefa de la administración militar de Myrna, Valentina Holovata. El jefe de la región de Kherson, Yaroslav Yanushevich, detalló: “A los padres se les prometió que los niños serían devueltos a fines de esta semana, pero luego la estancia se extendió por otra semana”.

Con estas noticias y más informaciones se redactó un informe de 22 páginas, que alimenta una acusación mayor contra Rusia en la Corte Penal Internacional: se acusa a Moscú de genocidio. La asociación francesa “Por Ucrania, por su libertad y la nuestra” envió el informe a fines de diciembre a Karim Ahmad Khan, procurador de la CPI, con el fin de documentar “hechos particularmente graves de desplazamientos forzosos de niños ucranianos hacia Rusia”.

El informe señala que estas acciones, cuyo “objetivo asumido” es el de “rusificar”, “desnazificar” y “desucranizar” a los menores, “son susceptibles de constituir las infracciones subyacentes de genocidio y de crimen contra la humanidad”, apuntan los autores del documento, basándose en los artículos 6 y 7 del Estatuto de Roma.

La asociación se creó en agosto, y compiló tanto artículos de prensa como declaraciones oficiales, además de incluir las informaciones del reporte de Amnistía Internacional, que documentó casos de deportación en noviembre, pero que no habló de genocidio.

El “traslado forzoso de menores de un grupo a otro grupo” es uno de los actos que pueden constituir genocidio, según la Convención para la prevención y represión de este crimen, aprobada en 1948. “Debe considerarse también como un medio del agresor para asegurar una predominancia de naturaleza biológica y cultural sobre el grupo agredido, y de sus generaciones en el futuro”, señala el documento de la asociación francesa.

Especialista en derecho penal internacional, el abogado Emmanuel Daoud comentó a Libération los precedentes en la Alemania Nazi, con el secuestro de menores polacos y checos, y también “el Estado genocida turco con los jóvenes armenios que eran entregados a familias turcas” a principio del siglo XX. “Esto no es un elemento retórico de mi parte: los hechos en Ucrania están archicaracterizados. Los responsables civiles y militares, partiendo por Vladimir Putin, asumen esta política de rusificación bajo el pretexto de la descalificación. Todo está documentado”, señala el experto.

Ya en junio, la entonces alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, expresó su preocupación respecto a los niños que estaban siendo “deportados a la fuerza” desde el este de Ucrania a Rusia. “Nos preocupan los supuestos planes de las autoridades rusas para permitir el traslado de niños de Ucrania a familias en la Federación de Rusia. Estas medidas no parecen incluir políticas para la reunificación familiar ni contemplar los mejores intereses de los niños. Seguiremos de cerca el tema”, señaló entonces la expresidenta chilena.

En ese entonces, la Unicef también lanzó un comunicado denunciando las adopciones exprés de menores huérfanos ucranianos. “Unicef cree que la adopción nunca debe ocurrir durante o inmediatamente después de las emergencias. No se puede asumir que los niños separados de sus padres durante una emergencia humanitaria sean huérfanos. Deben darse todas las oportunidades para la reunificación familiar”, indicó la agencia de la ONU.

Según Daoud y la asociación que envió el informe a la Corte Penal Internacional, tanto Vladimir Putin como su ministro de Defensa, Sergei Shoigu y Valery Gerasimov, jefe del Estado Mayor del Ejército Ruso, deberían ser perseguidos por el tribunal. Asimismo, un elemento clave sería juzgado por Maria Lvova-Belova, que estaría a la cabeza “de un verdadero sistema de predicción, que va desde el secuestro de niños en Ucrania, a su traslado, y luego a su adopción en Rusia”, indica el abogado francés.

“Ella actúa bajo instrucción directa de Putin, y pone en escena la propaganda oficial en las campañas de naturalización, en presencia de gobernadores, con la asistencia de los servicios estatales”, detalla Daoud.

En entrevista con Libération, Damien Scalia, profesor de derecho de la Universidad Libre de Bruselas, explica que aun si la acusación de crímenes contra la humanidad contra Rusia parece casi cierta a estas alturas, el caso es distinto con el cargo de genocidio, que es siempre mucho más complicado de comprobar. “El primer problema es que hay que demostrar la intención de los rusos, y aparte, en el caso presente, habría que ver si no hay diferencia entre lo que es una deportación, un traslado de fuerza o la puesta de civiles bajo refugio en zonas de conflicto. En resumen, mover a las poblaciones para salvarlos. Jurídicamente, no es evidente”, señala el experto. Los hechos que se han venido acumulando durante estos ya 10 meses podrán ayudar a los jueces a decidir.