"Estoy mejor acá que en Brasil", le dijo Mauricio Hernández Norambuena (61 años) al ministro Mario Carroza, cuando se vieron las caras por primera vez la madrugada del martes 20 de agosto, tras el vuelo de tres horas y media que lo trajo desde Sao Paulo para volver a cumplir condena por el homicidio del senador Jaime Guzmán y el secuestro de Cristián Edwards.
Aunque llevaba más de una década investigando los delitos que involucraban al "comandante Ramiro" -como se conocía a Hernández Norambuena en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR)-, Carroza nunca antes había tenido la oportunidad de verlo en persona. "Pensé que lo iba a ver más afectado por su edad, por las condiciones de encierro en que se encontraba allá. Pero no, lo encontré una persona normal, más envejecido que las fotos que hay en el expediente", dijo Carroza.
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El ministro Mario Carroza interrogando el miércoles a Mauricio Hernández Norambuena.[/caption]
El juez de todas formas quedaría impactado con el breve relato que le hizo Hernández sobre el duro encierro que vivió durante los 16 años que pasó por cárceles de máxima seguridad en Brasil, purgando la condena por el secuestro del publicista Washington Olivetto (ver p. 14). Allá, le contó "Ramiro", cada vez que tenía visitas o debían sacarlo del pabellón donde estaba recluido en régimen de aislamiento, le colocaban un chaleco con electrodos. Si hacía un movimiento brusco o inesperado, recibía un golpe eléctrico.
Desde marzo pasado, sin embargo, su situación carcelaria había empezado a cambiar drásticamente. En contra de la opinión de las autoridades brasileñas a cargo de la Secretaría de Administración Penal y del Ministerio de Justicia, un juez federal ordenó su traslado desde la cárcel de máxima seguridad de Mossoro, en el estado de Río Grande do Norte, hasta el penal de Avaré, en Sao Paulo, un recinto para detenidos de mediana y baja peligrosidad.
"No podemos tenerlo más tiempo recluido", fue el mensaje de la justicia brasileña y que activó en paralelo al gobierno chileno y a la defensa de Hernández Norambuena.
Así, mayo sería un mes inusualmente activo. En Sao Paulo, la abogada brasileña de Hernández, Sabrina Bittancourt, presentó varios recursos judiciales para conseguir que su representado pasara a un régimen carcelario semiabierto o, incluso, a reclusión domiciliaria. Simultáneamente, en Santiago, el histórico abogado de "Ramiro" y exmiembro del FPMR, el penalista Alberto Espinoza, hacía lo suyo. En tres ocasiones solicitó, con la venia de la Corte Suprema, que el Ministerio de Relaciones Exteriores informara oficialmente qué estaba pasando con el proceso de extradición aprobado en 2004 por la justicia brasileña; a la vez, exigió un pronunciamiento formal de Cancillería respecto del tiempo que Hernández Norambuena llevaba privado de libertad para efectos de extradición.
"En agosto de este año se cumplirán 19 años", fue la respuesta que entregó Cancillería a los oficios de la Corte Suprema. Un cálculo que fue estimado incorrecto por la defensa del exfrentista, quien reiteró entonces la consulta a través del máximo tribunal de Justicia.
Alentados con la posibilidad de que obtuviera beneficios penitenciarios, los familiares y amigos de Hernández Norambuena iniciaron gestiones en completo secreto con varios gobiernos de centroizquierda para lograr la expulsión del exfrentista de Brasil y su traslado a un tercer país, bajo el pretexto de que Chile no podía cumplir las condiciones que exige la legislación brasileña para su extradición. Uruguay, señalan fuentes que conocieron de esas tratativas, fue con el país con el que más se avanzó esta idea.
La inusual actividad en torno a Hernández Norambuena encendió las alertas en el gobierno chileno. Fue un abogado brasileño vinculado al proceso por el secuestro de Olivetto, señalan en Cancillería, quien advirtió, a fines de mayo, al primer secretario de la embajada de Chile en Brasil, Jorge Cortés-Monroy -quien está a cargo del seguimiento de los procesos judiciales que involucran connacionales, especialmente del caso del exfrentista-, que la justicia brasileña no tenía más opción que cambiar el régimen carcelario del exfrentista, a la espera de que se pudiera ejecutar la extradición.
Comienza el juego
En Santiago, la noticia inquietó al ministro de Justicia, Hernán Larraín. Había que moverse rápido. El exsenador e histórico dirigente de la UDI había intentado desde su llegada al gabinete destrabar la extradición del exfrentista. Los esfuerzos incluyeron algunas conversaciones del entonces canciller Roberto Ampuero con sus pares brasileños, Aloysio Nunes, primero, y con mayor fuerza con Ernesto Araujo, después de la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia. Pero el resultado era siempre el mismo. Mientras Chile no pudiera darle a Hernández Norambuena la garantía de que se le rebajarían las dos condenas a cadena perpetua a una menor de 30 años, como lo establece la legislación brasileña, nada se podía hacer.
El 11 de junio, a las 14.30 horas, el embajador de Chile en Brasil y exsubsecretario de Relaciones Exteriores en el primer gobierno de Piñera, Fernando Schmidt, se reunió en Brasilia con el ministro de Justicia, Sergio Moro, para hablar sobre la situación del líder del denominado Frente Autónomo. A la cita, en el despacho del exfiscal que llevó a la cárcel al expresidente brasileño Lula da Silva, se sumaron la asesora internacional del Ministerio de Justicia Giorgia Sánchez Diogo y Juliana Resende, directora adjunta del Departamento de Recuperación de Activos y Cooperación Jurídica Internacional, precisamente la unidad a cargo de los procesos de extradición en Brasil.
"Para todos los efectos, el gobierno brasileño da por entendido que la extradición está vigente y que su ejecución solo depende de que Chile cumpla con las condiciones que estipula el tratado", fue parte del mensaje que se transmitió a Chile y en el que también se advertía que, en poco tiempo, Hernández Norambuena podía estar en la calle, lo que aumentaba el riesgo de que se le perdiera el rastro.
El mensaje llegó a Santiago justo con el cambio de gabinete y la llegada de un abogado y exministro de Justicia a hacerse cargo de la Cancillería, lo que, afirman en el gobierno, facilitó el trabajo técnico con el equipo de Justicia para buscar una fórmula que permitiera concretar la extradición.
Todo se hizo con absoluto sigilo. El tema quedó exclusivamente en manos de un comité integrado por el canciller Teodoro Ribera, su jefe de gabinete, Carlos Bonomo, y algunos colaboradores cercanos; en la cartera de Justicia, solo el ministro Larraín, el subsecretario Juan José Ossa y el asesor internacional Cristián Jara estaban al tanto.
Es más, al Presidente Piñera y al ministro de Interior, Andrés Chadwick, solo se les informaba de manera genérica de las gestiones que se estaban realizando, al igual que a un pequeño grupo de abogados externos, a quienes se les solicitaron informes jurídicos específicos sobre distintos mecanismos que pudieran servir para destrabar la llegada de Ramiro.
Así, por ejemplo, se evaluó la idea de un indulto parcial en favor de Hernández Norambuena. La idea se desechó rápidamente, por tratarse de delitos de carácter terrorista.
A través de cables secretos entre los cancilleres Ribera y Araujo, se exploró sin éxito la posibilidad de que Brasil aceptara como garantía que Hernández recibiría una rebaja de condena -como exige la legislación brasileña-, de acuerdo con un proyecto de ley que hoy se tramita en el Congreso y que establece que en los casos de extradición se cumplirá la pena del país remitente.
Brasil, sin embargo, exigía que la ley estuviera vigente al momento de la entrega de Hernández Norambuena.
Fue así como a principios de agosto, los equipos de Justicia y Cancillería recordaron que en 2016 el abogado de "Ramiro", Alberto Espinoza, había presentado un escrito en el juicio de extradición en el que mencionaba el Tratado de Extradición de 2012, suscrito por Chile con los países del Mercosur.
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El abogado defensor Alberto Espinoza.[/caption]
Ese era el marco dentro del cual tenían que actuar, pero faltaba algo más. En los archivos de Cancillería encontraron otra pieza clave para la operación. El Tratado de Extradición entre Chile y Brasil de 1937, en su Artículo 13, señala: "Cuando la pena aplicable a la infracción fuera la muerte, el Estado requerido solo concederá la extradición bajo la garantía, dada por vía diplomática por el gobierno requiriente, de que esa pena será conmutada por la inmediatamente inferior". La posibilidad de dar "garantías suficientes" al país requerido de que se bajarán las penas en casos de condenas a perpetuidad también está contemplada en el Tratado de Extradición entre Chile y Nicaragua.
El problema, señalan en el gobierno, era encontrar la forma de dar a Brasil "una garantía que fuera sincera y creíble", sin involucrar al Poder Judicial -único órgano que puede fijar una condena- antes de tener a Hernández Norambuena en Chile. El temor, dicen en el gobierno, era entramparse en una batalla judicial, similar a la que ha demorado la entrega del exfrentista Raúl Escobar Poblete, quien está preso en México. O como ocurrió en el caso de la extradición desde Brasil del pederasta Rafael Maureira Trujillo, más conocido como "Zacarach", en 2008, quien logró postergar en más de un año su retorno a Chile, presentando recursos de protección en los tribunales brasileños.
En 2016, el juez Carroza ya había intentado aplicar la media prescripción en beneficio de Hernández Norambuena, reduciendo así las dos condenas a perpetuidad que pesan sobre él a dos de 15 años, que sumadas daban los 30 años que exigía Brasil. Pero todo quedó en nada, luego de que la Corte de Apelaciones de Santiago revocara la resolución.
No fue fácil dar con la redacción justa de esa garantía diplomática. En el gobierno reconocen que entre el 6 y el 7 de agosto, el ministro Larraín sondeó con su par de Brasil, Sergio Moro, una primera propuesta enviada por la Cancillería chilena que no fue del agrado de los brasileños. En Brasilia exigían que la nota diplomática señalara explícitamente que a Ramiro se le aplicaría una sanción máxima de 30 años.
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Esta es la nota diplomática de la Cancillería de Brasil del 8 de agosto, que daba cuenta que Mauricio Hernández Norambuena estaba "apto para ser extraditado".[/caption]
El 8 de agosto, el embajador Fernando Schmidt se reunió con el canciller Araujo para proceder al intercambio de notas diplomáticas previamente consensuadas, con lo que se daba luz verde para traer a Hernández Norambuena a Chile.
Laura, no vengas
Por esa misma fecha, el abogado Alberto Espinoza fue a ver al juez Carroza a su despacho y le comentó que en pocas semanas le cambiarían el régimen carcelario en Brasil a Hernández Norambuena. Intrigado, el juez le preguntó qué pasaría entonces con el tema de la extradición. "No lo veo posible", le respondió el defensor de "Ramiro". Incluso, le comentó que creía que sería más factible que Brasil lo expulsara a un tercer país, sin mencionarle las gestiones que estaba haciendo la familia con Uruguay. No solo eso: Espinoza le entregó al juez un escrito en el que solicitaba nuevamente la aplicación de la media prescripción en favor de su defendido.
Instalado en la celda 325 del tercer piso de la Cárcel de Alta Seguridad, Ramiro ha sido visitado por sus familiares en los cinco días que lleva en Chile. A las autoridades ha comentado que quiere jugar fútbol, a pesar de su artrosis de rodillas.
En ese momento, ninguno de los dos sabía del acuerdo que habían intercambiado las cancillerías de Chile y Brasil y que ya comenzaba a materializarse. El 15 de agosto, "Ramiro" fue trasladado desde el penal de Avaré a la Superintendencia de la Policía Federal de Sao Paulo, a la espera de concretar su extradición a Chile, programada inicialmente para la noche del martes 20 de agosto.
Pero hubo algo que el gobierno chileno pasó por alto. Desde hace muchos años, la familia de Hernández Norambuena había hecho una especie de pacto. Dadas las estrictas condiciones de aislamiento en que estaba recluido -aislado de la población penal y con la posibilidad de ver la luz del día solo una hora por jornada-, todos los meses uno de ellos viajaría a Brasil a visitarlo. Ellos eran su conexión con el exterior y le permitía al "Mauri", como le dicen cariñosamente, saber qué fecha era y qué estaba pasando en el exterior.
Este mes le correspondía el turno a Laura Hernández, una de sus hermanas, quien llegó a Sao Paulo el viernes 16, el día previo al ingreso de las visitas en el penal de Avaré. Como siempre, llamó a un contacto para coordinar el ingreso al penal. "Laura, no vengas, Mauricio no está acá", le dijeron. Sorprendida, la mujer llamó a Bittancourt, la abogada defensora, quien tampoco estaba al tanto de su traslado. Ambas comenzaron de inmediato a rastrear el paradero del exfrentista por distintas unidades carcelarias. Cuando supieron que estaba en dependencias de la Policía Federal, se alarmaron. Era claro que sería expulsado o extraditado.
Laura avisó a su familia en Chile y a miembros del Comité de Solidaridad con Hernández Norambuena. Pese a que por muchos años anhelaban tenerlo cerca y a la voluntad expresa de "Ramiro" de retornar a Chile, aunque fuera tras las mismas rejas de las que había escapado en 1996, el secreto con que se estaba realizando la operación y el hecho de que no se les hubiera informado nada a los familiares los llevó a dar un golpe comunicacional, adelantándose a las autoridades chilenas.
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Hernández Norambuena firmando su declaración.[/caption]
El domingo 18, a las 18.30 horas, divulgaron un comunicado acusando al gobierno de Bolsonaro de un plan para "enviar ilegalmente a Chile" a Hernández Norambuena.
La filtración obligó al gobierno a adelantar la operación.
A primera hora del lunes 19, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, llamó a la presidencia de la Corte Suprema para adelantar la audiencia con el ministro Haroldo Brito, que estaba agendada para la tarde de ese mismo día. A las 9.30 horas, el gobierno le informó al Poder Judicial, de manera muy general, las características del acuerdo que existía con Brasil para traer a Hernández Norambuena. No hubo ninguna palabra de cuándo se produciría. Larraín tampoco se lo dijo al ministro Carroza, cuando ambos se juntaron poco después, en una salita de la Corte de Apelaciones que tuvieron que conseguir a la rápida para que pudieran hablar en privado. Al juez de la causa, más que darle detalles de la operación, le preguntaron cómo tenían que proceder para coordinar a Interpol, Gendarmería y gestionar el ingreso a la Cárcel de Alta Seguridad.
Cielos cerrados
Hubo otro contratiempo de último momento que puso en duda el traslado de Hernández Norambuena a Chile.
Hasta el lunes en la tarde, la Fach no había logrado conseguir la autorización de Argentina para que el jet Gulfstream IV pudiera sobrevolar espacio aéreo argentino. Sin esa autorización, la aeronave no podía armar el plan de vuelo obligatorio. Pero no había caso: la comunicación con sus pares argentinos, en medio del feriado de tres días por el aniversario de la muerte de general San Martín y el Día Nacional del Puente Turístico, se hizo imposible.
Cancillería debió llamar a altos personeros del gobierno del Presidente Macri para conseguir esa autorización, que recién llegó a Chile poco antes al mediodía del lunes 19.
Solo entonces -y tras reunirse con el ministro Larraín- el canciller Ribera envió una carta por mano al presidente de la Suprema para avisarle que esa misma noche se realizaría el traslado del exfrentista. El juez Carroza sabría aún más tarde. Cerca de la medianoche, la PDI le dijo al magistrado que el avión de la Fach que traía a Ramiro ya estaba en vuelo y llegaría al Grupo 10 de la Fach. Carroza partió de inmediato para el postergado primer encuentro cara a cara, tras el último vuelo del excomandante "Ramiro".
