Un general bajo asedio: la encrucijada de Boric sobre el mandamás de Carabineros

—Ministra, necesitamos preguntarle si el gobierno respalda a Yáñez.

El miércoles al mediodía la vocera de gobierno, Camila Vallejo (PC), atravesaba rápidamente el patio de La Moneda cuando la prensa interrumpió su camino. Uno de los periodistas lanzó la pregunta que desató una nueva crisis en el gobierno que, esta vez, escaló a la máxima autoridad de Carabineros, el general director Ricardo Yáñez.

—Hay una solicitud de formalización, nosotros esperamos obviamente la audiencia de formalización para tomar cualquier decisión como gobierno— replicó la vocera.

Por error, la ministra reveló que el Ministerio Público había solicitado la formalización del general Yáñez, algo desconocido hasta ese momento. Si bien la vocera descartó haber tenido esa intención y se excusó en privado explicando que se refería a un “escenario eventual”, debido a que la situación judicial de Yáñez estaba instalada en la prensa, lo cierto es que se generó un traspié que terminó dando a conocer una compleja decisión tomada por la Fiscalía.

El día anterior, el martes 2 de enero, a las 13.30, el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, había ingresado un escrito al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago solicitando la formalización del general Yáñez —y de los generales en retiro Mario Rozas y Diego Olate— por el presunto delito de omisión de apremios ilegítimos.

El descuido de Vallejo pilló al ministro (S) del Interior, Manuel Monsalve (PS), en el Congreso. Al mando de la seguridad pública -por las vacaciones en Europa de la titular del cargo, Carolina Tohá (PPD)- se vio obligado a responder. “Estamos hablando de una eventual formalización. Esa solicitud, por ahora, no está formalizada en ningún medio formal”, dijo Monsalve. Quienes supieron de la situación comentan que Monsalve extremó la cautela debido a que los imputados de la causa aún no habían sido notificados.

La arremetida de Armendáriz dejó en una situación compleja a La Moneda, en plena crisis de seguridad marcada por una oleada de homicidios durante los primeros días del año, ya que obliga al gobierno a tomar una postura sobre la permanencia del general Yáñez.

La pregunta que se instala en Palacio apunta a determinar qué tanto resiste al mando de la policía uniformada un general que será formalizado por delitos vinculados al estallido social. Una interrogante que, además, se cruza con la retórica que sostuvo Boric y su sector respecto de los delitos relacionados al 18-O.

La relación Boric-Yáñez ha pasado por distintas etapas. Antes de llegar al cargo, el Mandatario empujó con fuerza la refundación de la institución y la renuncia de generales con responsabilidad de mando en los hechos ocurridos en el marco del 18-O. El Mandatario tuvo que llegar hasta La Moneda para que todo eso quedara atrás y diera un giro. En sus casi dos años de gobierno, Boric no solo ha explicitado su respaldo a Carabineros en reiteradas ocasiones, sino que eso lo ha concretado en aumento de presupuesto, entrega de nuevos vehículos policiales e incluso la tramitación de nuevas normas a favor de los uniformados, como la Ley Nain Retamal.

El Presidente ha dicho que su vinculación con la policía lo ha hecho “reflexionar” sobre sus “actitudes del pasado”. A eso se suma que ha visto de cerca la labor de Carabineros no solo en terreno, sino que también en su propia vida personal, debido a la permanente escolta policial que lo acompaña. En estos dos años, Yáñez se ha transformado en una figura estratégica para un gobierno que navega una crisis de seguridad.

Luego del improvisado protagonismo tomado el miércoles por Vallejo, el asunto quedó radicado en Monsalve.

El ministro (S) -quien mantuvo constante contacto con Yáñez estos días e incluso el viernes compartió con él en una actividad en La Araucanía- fue el encargado de transmitir las primeras definiciones. De sus primeras palabras se desprendió el criterio que usará el gobierno para evaluar la situación. Lo primero es que el respaldo es a las instituciones y no a las personas. Lo segundo, es que se tiene que respetar la autonomía de las instituciones. El tercer punto: las decisiones se van a tomar ante situaciones “judicialmente consolidadas”. El cuarto es que el foco debe estar en proteger a las instituciones, y el quinto es que una solicitud de formalización no es suficiente para remover a alguien de su cargo.

Uno de los criterios apunta a que antes de la formalización, citada por el Séptimo Juzgado de Garantía para el 7 de mayo, deben resolverse dos incidentes previos.

El primero es la solicitud de inhabilitación pedida el 24 de noviembre por el defensor de Yáñez, el abogado Jorge Martínez, al fiscal nacional, Ángel Valencia, en contra del fiscal titular de la indagatoria, en este caso Armendáriz, y la persecutora que lo acompaña en el equipo, la fiscal adjunta Ximena Chong. El escrito invoca la causal que hace referencia a que los investigadores tienen, según la defensa, “enemistad, odio o resentimiento que haga presumir que no se halla revestido de la debida objetividad”.

Valencia solo puede decidir sobre Armendáriz, ya que las inhabilidades de los fiscales adjuntos, en este caso Chong, son resueltas exclusivamente por el superior jerárquico de su jurisdicción, es decir, el mismo Armendáriz. Valencia dijo que resolverá “a la brevedad posible”. Pero la decisión no será fácil.

En la Fiscalía Nacional resuena algo que quedó registrado en el acta Nº4 de diciembre de 2019, donde se recogen opiniones vertidas por los fiscales regionales en el marco de un consejo general del Ministerio Público para discutir sobre lo ocurrido respecto de la persecución penal de los delitos del 18-O. Ahí, al tomar la palabra, Armendáriz dijo: “No podemos aceptar que una institución tenga un espíritu corporativo para encubrir delincuentes (…) Acá hay una responsabilidad de mando, ha habido una forma de enfrentar los problemas de orden público que es francamente inaceptable”.

El otro incidente que debe resolverse es la audiencia del 19 de enero, pedida por la defensa de Yáñez, para discutir su sobreseimiento definitivo en otra indagatoria: la de lesa humanidad.

La doctrina que instale el gobierno tuvo otra pista que llegó desde el ministro de Justicia, Luis Cordero. El titular de esa cartera se ha transformado en uno de los “bomberos” de La Moneda en situaciones judiciales complejas. “Legalmente no existe imposibilidad, otra cosa distinta es la atribución constitucional del Presidente, pero eso es un asunto que corresponde evaluar en el momento que corresponda”, dijo.

Además, en entrevista con La Tercera recalca que este es un “tema que depende de una evaluación del Presidente y del ministerio sectorial responsable, que es Interior”. Cordero separa la imputación penal por el cargo que ejercía en 2019 de su rol actual, por lo que, plantea, eso no debe impedir que se reconozca “lo que el general ha hecho” modernizando la institución.

En el gobierno comentan otro elemento para justificar su postura. La causa que se va a formalizar es una por omisión de apremios y que un escenario distinto, y más grave, habría sido que la formalización hubiera ocurrido en la causa por delitos de lesa humanidad. Pese a ese matiz, a más de una persona en el gobierno le incomoda la poca colaboración que ha tenido el general en la indagatoria.

Aunque los imputados tienen derecho a guardar silencio durante todo el proceso penal, comentan que poco ayuda que Yáñez se haya negado, en al menos cinco citaciones de la fiscal Chong, a declarar en la causa. Yáñez se defiende, plantea que ha colaborado declarando en otras causas, como la de Gustavo Gatica, pero que en esta indagatoria los fiscales que lo investigan “no le dan garantía de un justo y debido proceso”.

El criterio que se imponga con Yáñez debe ser pensado con cuidado, ya que, más adelante, podría devolverse como un boomerang. El único antecedente de una autoridad de este rango complicada por una situación judicial ocurrió a inicios de marzo de 2022, cuando la entonces ministra en visita, Romy Rutherford, procesó al excomandante en jefe del Ejército Ricardo Martínez.

Esa vez fue Martínez quien optó por renunciar ante la fuerte embestida judicial que activó Rutherford y que lo tenía acorralado. El militar dejó su cargo a solo una semana de que llegara su sucesor, el general Javier Iturriaga. El gobierno estaba a días de asumir y valoró el gestó. “Él, como comandante en jefe, puso primero a la institución y por eso renunció. En ese sentido, corresponde”, afirmó la exdiputada Maya Fernández (PS), quien en esa fecha ya había sido anunciada como la futura ministra de Defensa.

La vara que se aplique con el máximo líder de Carabineros podría tener que replicarse con funcionarios del círculo cercano del Mandatario. Su jefe de asesores del Segundo Piso, Miguel Crispi (RD), luego de una querella en su contra, está en calidad de imputado en el lío de platas del caso Democracia Viva que investiga el Ministerio Público. A medida que avancen las diligencias, la Fiscalía podría solicitar su formalización. Algo similar podría ocurrir con el ministro de Vivienda, Carlos Montes (PS), quien tiene calidad de testigo en esa indagatoria, pero su situación procesal podría cambiar si la Fiscalía adquiere nuevos antecedentes.

El jueves, la defensa del general sorprendió revelando un dato que causó incomodidad en el oficialismo. “El Presidente de la República habló con el general Yáñez y le manifestó todo su apoyo (...) Él no va a tomar ninguna decisión hasta saber de qué antecedentes se trata y cuál sería la magnitud de la formalización”, aseguró Martínez en declaraciones recogidas por Emol.

Su intervención molestó en Palacio y también en Carabineros. De hecho, desde el entorno de Martínez comentan que sus palabras no eran parte de la agenda diseñada para enfrentar comunicacionalmente el caso. Por lo mismo, el general Yáñez habría pedido que no se volviera a referir al tema. Tanto así que Martínez reculó: “No escuché lo que hablaron, por lo que no me consta qué fue lo que le dijo”.

El error del abogado hizo que dejara de hablar con los medios de comunicación y desde su equipo dicen que “se concentrará en el estudio de la carpeta y en forma paralela ver detalles y argumentos de la audiencia de sobreseimiento”. Ni la Dirección de Comunicaciones de La Moneda ni tampoco la de Carabineros quisieron referirse a esta llamada. Así como optaron por el silencio, también optaron por no desmentir dicho contacto telefónico ni su contenido.

El viernes, al promulgar la Ley Karin, Boric dijo lo siguiente: “Lo que nos preocupa es que la institución de Carabineros, con la cual hemos desarrollado una labor intensa en estos dos años para llevar adelante las tareas vinculadas a seguridad, siga teniendo esa tarea como su prioridad. En eso vamos a seguir trabajando firmemente. No voy a comentar el detalle de conversaciones privadas, pero sepan que la voluntad del gobierno es que Carabineros esté enfocado en el combate a la delincuencia”.

Horas más tarde, Monsalve confirmó la llamada. “El Presidente, efectivamente, habló con el general Yáñez y quiero volver a reiterar que las conversaciones privadas del Presidente no se comentan. Al gobierno no le corresponde colocarse en escenarios hipotéticos. Cuando los escenarios ocurren, los gobiernos toman decisiones. Respecto del escenario de hoy, el gobierno considera que no se justifica tomar ninguna decisión, salvo seguir trabajando con Carabineros”.

La postura del Mandatario provoca fuertes tensiones en la alianza de gobierno. Un sector del PC y del Frente Amplio está tironeando a La Moneda para que remueva cuanto antes al general Yáñez.

“Estamos hablando de ser parte de un andamiaje que violó de manera sistemática y masiva los derechos humanos durante la revuelta popular. En situaciones de este tipo, que son de tal gravedad, mientras esté la investigación no está en condiciones de continuar al mando de esta institución”, dice la diputada PC Lorena Pizarro.

La parlamentaria es enfática y agrega: “Sin duda, debo decir que hay que sacarlo de su cargo”. Lo mismo hizo la encargada de derechos humanos del PC, María Eugenia Puelma. “Presidente Boric, repudio su actitud frente al caso del imputado Yáñez. Se trata de apremios ilegítimos, de vidas humanas, moralmente mala señal”, posteó en X.

La presión de la izquierda choca con la férrea defensa que hizo la derecha. La oposición cerró filas con Yáñez y rechazó la idea de removerlo. Por lo mismo, un movimiento en esa dirección complica al gobierno, que está enfrascado en tramitar una ambiciosa agenda legislativa de seguridad, que lleva, entre otras cosas, la intención de aprobar el tan ansiado Ministerio de Seguridad.

El gobierno optó por ganar tiempo. Lo complejo es que conforme pasen las semanas el zapato chino en el que se encuentra respecto de la permanencia del general Yáñez -que termina su mandato de cuatro años el 14 de noviembre- se irá apretando cada vez más. Él, por ahora, ya transmitió a sus generales que no renunciará, pero lo hizo con un matiz: “Voy a seguir trabajando hasta que las condiciones así lo permitan”.

En el oficialismo son varios quienes se atreven a aventurar que el único camino posible es que el gobierno vaya conversando con el mandamás de Carabineros una salida planificada. “Siendo la figura que es el general Yáñez al mando de Carabineros, va a ser algo que tiene que evaluar el gobierno y ellos sabrán si sale o no sale. Yo sí esperaría que el general, por cuidar la institución de Carabineros, diera un paso al costado si fuera formalizado en alguna de las causas en su contra”, dice la diputada Lorena Fries (CS).

Como ha sido la tónica durante estos dos años de la administración Boric, esa postura revive las diferencias entre las dos almas de la alianza de gobierno. “Mientras no se demuestre algún resultado, no existiría razón alguna para que autoridades formalizadas renuncien. Si fuese así, sería crear un mecanismo artificial de cambio de autoridades perjudicando la acción del Estado”, dice desde el Socialismo Democrático el timonel de los radicales, Leonardo Cubillos.

El oficialismo sabe que el costo de mantenerlo en el cargo será muy alto. Una pista indirecta de eso la dio el propio Armendáriz en su petición de formalización. En el escrito, el jefe de la zona Centro Norte consignó que la formalización durará cinco jornadas. Eso, dicen en el oficialismo, sería exponer al general Yáñez a casi una semana con toda la atención mediática enfocada en la formalización. Algo que, agregan, sería todo lo contrario a “cuidar y proteger” la institución.