El jueves 7 de enero, más de 800 efectivos de la PDI participaron del allanamiento a la comunidad Temucuicui. Ese día falleció el subcomisario Luis Morales de un disparo y 11 otros efectivos resultaron heridos. También se decomisaron 1.277 plantas de marihuana: 500 de ellas, según fuentes ligadas a la investigación, fueron encontradas en el domicilio de Jorge Huenchullán Cayul y de su pareja. No fue lo único que aseguraron encontrar ahí: también había un revólver, cartuchos de diversos calibres, 12.705 gramos de cannabis sativa a granel y $ 4.110.000 en efectivo. Cuando el operativo se hizo público, no fueron pocas las voces que criticaron la envergadura del procedimiento para conseguir esa clase de resultados.
Karina Riquelme, abogada de DD.HH. y exdefensora de Huenchullán, fue una de ellas:
-¿Estamos hablando de marihuana? ¿Ese es el delito? O sea, ahora los molestan por plantas y venta de marihuana, si es que eso fuera real, por supuesto. ¿Te parece grave? En general, a la sociedad no. Aparte de eso, en la investigación deben comprobar si realmente las encontraron en su domicilio.
Hasta la fecha, Jorge Huenchullán no ha sido formalizado por ningún delito producto del operativo de ese día. Fuentes del Ministerio del Interior admiten que 500 plantas no es demasiada droga. Pero sí que es una cantidad relevante para el nivel que circula en la zona. Y dan un ejemplo: con lo encontrado el 7 de enero, se puede afirmar que Huenchullán, quien no quiso participar de este reportaje, produce un volumen de plantas de cannabis sativa cercanas a la mitad de lo decomisado en 2019 en la región. No sólo eso. Según sus estimaciones, Huenchullán podía potencialmente entregar 30 millones de dosis de marihuana y, por lo tanto, manejar una pequeña fortuna:
-Considerando que de una planta se obtiene, en promedio, medio kilo de marihuana, Huenchullán podría haber producido, con esas 500 plantas alrededor de 250 kg de marihuana. Todo eso puede ser avaluado en más de $ 1.325 millones -sostiene una fuente conocedora de los detalles del allanamiento-.
Los resultados de lo que Investigaciones decomisó ese día fueron tema de conversación dentro del mundo mapuche.
-Nosotros somos críticos de esto. No vamos a aceptar que se trafique y que se consuma este tipo de droga al interior de las comunidades -expresa un lonko de una comunidad vecina.
No es el único. Un werkén de otro lof se desliga de la figura de Huenchullán.
-Nosotros podemos decir que son casos particulares, que puede involucrar a más personas. Es una preocupación que tenemos. Tenemos que empezar a generar un repudio de estas prácticas de algunas personas de manera individual, y que quieren vincularlo con el pueblo mapuche.
De pronto, incluso dentro de su mismo mundo, la figura de Jorge Huenchullán generaba debate.
El clan
Juan Segundo Huenchullán, dice un lonko que lo conoce, era un agricultor y conocido líder de la comunidad durante la dictadura. Por esos años, el 11 de noviembre de 1976, se casó con Ana Lucía Cayul. Tres semanas antes nació el primero de los siete hijos que tendrían: Jorge Álvaro.
El primogénito estudió en el Liceo Agrícola y Forestal Suizo La Providencia, en Traiguén. Se graduó en 1996 y ocho años después se convirtió en vocero, o werkén, de su comunidad. Justo cuando comenzó el proceso de recuperación territorial. Según los registros de la Conadi, Jorge Huenchullán fundó el 15 de septiembre de 2009 su comunidad: la tercera que existe al interior de Temucuicui. Lo hizo con 27 socios y agrupando a nueve familias. Huenchullán quedó como presidente y Víctor Queipul como vicepresidente y tesorero.
Un año después, el werkén salió a defenderlo públicamente cuando Queipul estaba haciendo huelga de hambre en la cárcel de Angol. Desde entonces su nombre sólo fue adquiriendo más resonancia en la zona. En 2015 encabezó las negociaciones con el entonces intendente Francisco Huenchumilla para retirar a los carabineros que se encontraban dentro de Temucuicui, además de la entrega de más terrenos. Y en 2017 fue una de las caras del rechazo de su comunidad al censo y a permitir que entraran los voluntarios del INE.
“La comunidad autónoma de Temucuicui ya manifestó la decisión de no permitir que ingresen personas del gobierno a hacer este censo, puesto que eso es un instrumento en el cual no nos vemos reflejados”, dijo esa vez.
Ese año fue la primera vez en que su nombre se vio relacionado a drogas.
“El día 9 de abril de 2017, al interior de la comunidad Temucuicui de la comuna de Ercilla, don Jorge Álvaro Huenchullán Cayul y su conviviente, doña Carolina Jacqueline Padilla Manquel, mantenían cultivadas, durante los meses de marzo y abril, 49 plantas de cannabis sativa de distintos tamaños, cuyas medidas fluctúan entre 1,15 metros y tres metros de altura; además, al interior de una dependencia ubicada a un costado de su vivienda mantenían 16 kilos con 50 gramos de droga en proceso de secado, sin contar con las autorizaciones respectivas para mantener esta droga en su poder”, sostiene el expediente judicial.
Luego vino su formalización en el caso Huracán, donde lo acusaron de asociación ilícita terrorista en septiembre del mismo año.
Humberto Serri, su defensor entonces, recuerda el caso:
-Jorge Huenchullán fue imputado de diversos delitos en la Operación Huracán, los mismos que se imputaban a los otros nueve procesados. En la causa se dictó sobreseimiento definitivo, por comprobarse que todo era un montaje y que no tenían vinculación alguna con ese u otro delito investigado.
La influencia del werkén, o “Matute”, como es apodado en la comunidad, creció tras ese episodio. Hoy, Huenchullán, que se dedica principalmente a la venta de madera de manera informal, para lo que incluso dispone de un aserradero, cuenta con personas a su cargo y dispone de mucho respeto en la zona. Una forma de graficarlo, según fuentes que le han seguido la pista, es que los guardabosques o trabajadores forestales de predios particulares le piden autorización para realizar trabajos o ingresar a determinadas zonas de las cuales no es dueño, pero donde sí tiene el control territorial.
Según la abogada Karina Riquelme, quien trabajó con Huenchullán para la presentación de una demanda civil en contra del Estado de Chile por los perjuicios causados por la Operación Huracán, su representado ha sido acusado en 12 oportunidades desde la actual reforma procesal penal. Las causas van desde robo con intimidación, daños, amenazas, incendio, lesiones, desórdenes públicos, posesión de armas, amenazas a fiscal y otras. Sin embargo, la defensora señala que “todas han terminado sin condena. En muchas de ellas estuvo con prisión preventiva y terminaron por no perseverar, archivadas o sobreseimiento definitivo”.
La causa de drogas sí terminó con una condena y un juicio abreviado. Fue el 29 de junio de 2018, a dos semanas de ser sobreseído en Huracán.
Esa vez la sentencia del Juzgado de Garantía y Letras de Collipulli fue de 541 días de reclusión parcial domiciliaria nocturna, por cultivo de marihuana.
El registro judicial de Huenchullán siguió creciendo con causas menores que no prosperaban. El 17 de febrero lo formalizaron por usurpación no violenta de un fundo en Victoria, junto a otros 21 comuneros. Al mes siguiente, un gerente de operaciones de una empresa contratista de Forestal Mininco se querelló contra él por amenazas. Según el relato del denunciante, dentro de un predio de la forestal, Huenchullán le dijo que lo iba a matar con un palín.
En enero del año siguiente se cerró la investigación. La fiscalía decidió no perseverar, pero, aseguran fuentes policiales, ya lo estaban observando.
La sospecha
Algo empezó a cambiar en el mapa del tráfico de drogas en La Araucanía. Según fuentes de la fiscalía, durante la década pasada dejó de verse la marihuana prensada paraguaya que usualmente se decomisaba, y comenzaron a encontrar cannabis más sofisticada. El tráfico no era una de las prioridades de la zona y, menos aún, alrededor de comunidades de Temucuicui. Por ahí los delitos más usuales eran el robo de ganado y, un poco después, eso mutó al robo de ve- hículos. Fue en medio de ese tipo de operativos donde encontraron las primeras plantaciones, alrededor de 2015 y 2016. No era mucho, 15 o 20 plantas que aparecían cuando entraban a la comunidad buscando autos robados.
Desde el Ministerio del Interior ven ahí una explicación sobre por qué existió tanta oposición a abrir las puertas para el censo de 2017. Las mismas fuentes recuerdan que en agosto de 2018 se realizó un decomiso de drogas por un monto de $ 18 millones.
La lista sigue: el 16 de noviembre de 2019, tras coordinarlo por WhatsApp, dos jóvenes entraron a comprar a Temucuicui a las 20.00. Los vendedores, según la acusación de la Fiscalía de Collipulli, los asaltaron y les dispararon. Uno de los jóvenes, identificado como Matías Novoa Badilla, murió en el Cesfam de Ercilla. El otro sufrió una laceración en la región parietal derecha. Cuando la policía entró, incautaron 282 plantas de cannabis sativa a los vendedores. La causa, que es reservada, actualmente se encuentra en tramitación.
En octubre de 2020 se realizó otro allanamiento, donde se encontraron armas de fuego, chalecos antibalas, una camioneta, droga y dinero en efectivo.
Por lo mismo, en su cuenta pública de esta semana, Cristián Paredes, fiscal regional de La Araucanía, abordó el tema:
“Si bien el procedimiento de entrada y registro realizado el pasado 7 de enero en Temucuicui es el que ha tenido mayor repercusión, en el periodo se materializaron otras ocho diligencias en distintos sectores y comunidades de Ercilla, uno de ellos en la misma Temucuicui”.
¿El saldo de ese trabajo?: la detención de 24 personas, la incautación de 2.686 plantas de marihuana, más de 62 kilos de la droga seca y procesada y más de 28 millones de pesos, dijo Paredes.
La abogada Karina Riquelme observa esto con sospecha. Dice que asociar a las comunidades con drogas es la nueva forma de criminalizarlas:
-Siempre se está buscando una manera de hacerlo. Porque narcotráfico de pasta base, cocaína está lleno en todo Santiago y no entran a ninguna parte.
Desde el gobierno descartan unir las reivindicaciones territoriales mapuches con el problema del tráfico. Lo describen más bien como un negocio que algunos individuos realizan para ganar dinero, colgándose de la legitimidad de la causa indígena.
En esa categoría estarían Jorge Huenchullán y su pareja.
No sólo por su antecedente de 2017, sino porque para las policías es difícil explicar, por ejemplo, los cuatro vehículos que tienen.
Un informe al respecto dice: “Llama la atención la adquisición y venta de vehículos de parte de la pareja (…) en circunstancias que, por ejemplo, Padilla Manquel no registra actividad laboral ni inicio de actividades. Al igual que su esposo, que incluso registra viajes al extranjero (Florencia, Italia) y encargaría la construcción de una piscina de un costo de cerca de 11 millones”.
