“Ministra, levante la cabeza, va a quedar encorvada”.
Eran pasadas las 13 del jueves en el Congreso Nacional y la jefa de la Segpres, Ana Lya Uriarte (PS), no soltaba la mirada de su celular en el pasillo del Congreso Nacional que da a la sala de la Cámara de Diputados, en medio de la votación de la acusación constitucional en contra del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson (RD). La abogada solo levantaba la cabeza para atender a los parlamentarios -algunos de mejor humor que otros- que la interceptaban para buscar respuestas ante un escenario que no estaba en los cálculos oficialistas y que expuso uno de los peores temores del Presidente Gabriel Boric: que su alter ego, parte esencial de la identidad del Frente Amplio y principal confidente, quedara aún más herido y al borde del abismo.
Boric llegó alrededor de las 14 horas al palacio de Cerro Castillo, en Viña del Mar, para seguir la votación por TV junto a su equipo -el jefe de asesores, Miguel Crispi, y el jefe de gabinete, Carlos Durán-, mientras esperaba a la mayoría del comité político que se encontraba en el Congreso. Todo esto, en medio de la crisis de los indultos, la peor que ha debido enfrentar el gobierno según reconocen ministros y dirigentes de partidos -y que también gatilló una acusación constitucional en contra de la exministra de Justicia, Marcela Ríos (CS)-. Con ese antecedente, sumado a la fuerte tensión entre las dos coaliciones oficialistas, Socialismo Democrático y Apruebo Dignidad, por la estrategia eleccionaria frente al nuevo proceso constituyente, el resultado de la votación de Jackson iba a marcar el devenir del gobierno: estaba claro que, si se aprobaba la acusación, un nuevo cambio de gabinete, con la posible salida del RD, era inminente.
A esa hora, mientras el diputado republicano Johannes Kaiser leía lentamente los argumentos de la acusación, ninguno de los integrantes del equipo de Jackson -que se movían de un lado a otro y se aferraban a cábalas como la corbata de uno de los asesores- podía asegurar que contaban con los votos suficientes para respirar tranquilos. Peor aún luego de que la cuestión previa fuera rechazada y que el debate se extendiera, pese a que sus predicciones decían lo contrario. Además, por su frustrado paso por la Segpres, tampoco tenían la certeza de que los parlamentarios que los tenían colgando de un hilo los iban a escuchar.
Así lo demostraron diputados del Socialismo Democrático que ni siquiera hicieron el intento de atender los argumentos ni reflexiones de Jackson. “Ahora nos escribe”, reclamaban algunos. Otros lo dejaron en visto y no respondieron sus mensajes en Whatsapp.
A la que sí escucharon en la semana fue a Uriarte, que destinó todos sus esfuerzos por ordenar a quienes manifestaban dudas.
“Andan diciendo que se va a portar mal, diputado”, los advertía uno a uno, quienes le aclaraban que solo estaban marcando un punto y que estaban cuadrados con el gobierno. “Por usted vamos a votar alineados”, le respondían. Incluso la ministra tuvo que ultimar esfuerzos para que el diputado Luis Malla, del Partido Liberal, pudiera aplazar una operación -y arriesgar su salud, según una de las advertencias de sus doctores- por llegar a la votación. Por eso fue aplaudido en la sala por sus compañeros oficialistas al llegar con cabestrillo.
Los ánimos eran dispares en ese minuto: mientras los diputados de Apruebo Dignidad eran puros nervios y tensión, en el Socialismo Democrático, sumados a la DC, tomaban la situación con humor y tranquilidad. “Menos mal que no es un concurso de simpatía”, se decían unos a otros a la espera de la votación.
En ese escenario Uriarte sumaba los últimos apoyos en conversaciones con parlamentarios de todos los sectores. Uno de esos fue el diputado independiente Hernán Palma, a quien mientras abrazaba fuertemente le decía: “Hay un diputado que no quiere ceder”. El mismo parlamentario que había criticado la supuesta cocina del acuerdo constituyente disfrazado de chef, y rechazado algunas propuestas del gobierno, ahora era el mejor aliado para llegar a quienes estaban dudando de su voto.
Las gestiones resultaron, porque pese a que no lograron reunir los votos que esperaban, gracias a algunos descolgados y el apoyo de la DC, Jackson salió airoso. Y el suspiro de su equipo fue pronunciado.
“Quiero agradecer (...) incluso a quienes son de oposición y dieron el paso y cruzaron una frontera que es difícil de cruzar, y que hoy también nos dan una lección al momento de rechazar o abstenerse respecto al fondo de esta acusación”, dijo Jackson al salir.
Pero los esfuerzos de la ministra Segpres no acabaron ahí, porque también el Presidente le encomendó a ella y a Carolina Tohá cuadrar a los partidos para que las coaliciones oficialistas vayan juntas en la elección constitucional. Una discusión en la que el PPD ha sacado los dientes y donde el debate nuevamente traslució la frágil y tensa relación entre las dos coaliciones del gobierno.
La “lista del indulto”
“¿Qué sentido tiene estar dentro del gobierno si vamos en listas separadas?”, le preguntó el miércoles la ministra Tohá a la bancada de diputados de su partido en el almuerzo en la oficina del vicepresidente de la Cámara, Carlos Bianchi.
Los parlamentarios no estuvieron de acuerdo con el planteamiento de la jefa de gabinete, quienes dieron argumentos estratégicos e identitarios para ir en listas separadas.
Tohá también se manifestó muy molesta (ver entrevista en LT Domingo) con las palabras del exsenador Guido Girardi, quien días antes había entorpecido más el debate y marcado un punto de inflexión en la discusión al decir que una lista única sería una “lista del indulto”. Sus dichos tuvieron que ser reprochados, al menos públicamente, por la directiva del partido, pese a que en la interna algunos se rieron y utilizaron el concepto “Apruebo Indultar” para referirse a la otra coalición.
En Apruebo Dignidad también respondieron. “Uno podría decir que la lista del PPD será la lista de SQM. Pero si entramos en esa descalificación, no vamos a llegar a ninguna parte”, dijo el presidente del PC, Guillermo Teillier a La Tercera.
Convencer al PPD de ir en lista única también tiene otra dimensión: la directiva del partido tiene un acuerdo de palabra con la Democracia Cristiana para ir juntos en la elección y la mesa de la DC no está dispuesta a extender el acuerdo al Frente Amplio y al PC.
El martes en la tarde la ministra Ana Lya Uriarte se reunió con al presidente de la DC, el diputado Alberto Undurraga, y otros integrantes del partido, para asegurarse de contar con los votos para frenar la acusación a Jackson, mientras que los democratacristianos querían pedirle al gobierno que le bajara la intensidad y que no se entrometieran en el tema de las dos listas.
La advertencia de Undurraga fue primero en privado y después pública, por lo que Uriarte se vio obligada a transar en su postura.
“El gobierno no va a hacer ningún llamado a presionar ni nada”, dijo la ministra al día siguiente, pero en la interna el Partido Socialista ha cumplido un rol clave en la búsqueda de un consenso. El PS es partidario de no seguir la lógica de sus compañeros de coalición, lo que enreda el panorama que se ha discutido en las conversaciones y bilaterales oficialistas -algunos dirigentes han planteado que quebrar al Socialismo Democrático sería terrible-. La última reunión fue el viernes pasado en la oficina del Partido Liberal. Y hubo fricciones.
“¿Unidad de qué me están hablando?”, preguntó en la mesa el presidente del Partido Radical, Leonardo Cubillos, quien está a favor de ir en listas separadas en la elección y que ha manifestado en varias ocasiones sentirse excluido por integrantes del gobierno, al punto de que los ministros le dicen que tiene que solicitar reuniones con ellos por ley de lobby.
Mientras que el presidente de Convergencia Social, el diputado Diego Ibáñez, planteó y anotó tres argumentos para ir en una lista única: primero, que esta es una elección “diferente, no de concejales”; también apuntó a las diferencias con el proceso anterior por la contingencia, como que esa elección fue en pandemia y que hoy afectan las crisis económica y de seguridad. Y, por último, comentó que había que tener en cuenta el ciclo político del gobierno, tomando como ejemplo el populismo y las acusaciones constitucionales en el Congreso.
La reunión, de todas formas, terminó sin consenso.
“Me voy a ir antes de que termine para que no digan que hubo acuerdo”, bromeó José Toro, secretario general del PPD, partido que, pese a tener a la ministra del Interior, quien ha sido durísima contra la dos listas, se niega a transar. Ni siquiera si es que aumenta su participación en el gobierno ante el inminente reajuste -antes de marzo-, que al menos significará modificaciones en las subsecretarías.
Búsqueda de nombres
“Las convicciones no tienen precio ni se transan por cargos en el gobierno”, escribió en su cuenta de Twitter durante la tarde del miércoles la presidenta del PPD, Natalia Piergentili.
El mensaje -que luego eliminó- se debió a los rumores que surgieron de que su partido podía estar negociando cargos para ceder e ir en una lista única. Pero al paso dejó en evidencia un debate que se discute desde la crisis que provocaron los indultos en el Segundo Piso de La Moneda: cuándo hacer el próximo cambio de gabinete, debido a que hay ministros, como Marco Antonio Ávila (RD), de Educación, Marcela Hernando (PR), de Minería, y Julieta Brodsky (CS), de Cultura, que tienen una muy mala evaluación.
Lo que ya se activó entre los partidos es la conversación para hacer cambio de subsecretarios. En el Socialismo Democrático tienen solo 4 de los 39 y han pedido un reequilibrio entre coaliciones. Entre el gobierno, los partidos y los ministros hay comunicación para buscar nombres y solo queda definir la fecha para el ajuste, aunque tanto ministros como jefes de partidos creen que debería ser antes del 31 de enero. Un nuevo diseño, que como ha reconocido la ministra Tohá, ayudaría a balancear el peso político de ambas coaliciones en el gobierno.
Pero las fechas no acompañan: la próxima semana se votará la acusación constitucional en contra de la exministra Ríos, quien está más complicada que Jackson según los cálculos que hicieron los dirigentes oficialistas en la reunión del viernes. Además, hay mucha preocupación por los daños colaterales que esa discusión pueda tener en Boric (“lo hizo compartiendo la responsabilidad del Presidente”, dijo el viernes el abogado defensor José Antonio Viera-Gallo).
El Mandatario también tiene una agenda intensa: viajará el lunes a la Celac en Buenos Aires y luego partiría a Coyhaique, lo que dificulta cualquier anuncio, pese a que en La Moneda no lo descartan. Sobre todo porque luego, para dar por cerrado el tema indultos y recuperar energías, el plan es que sus vacaciones sean entre el 1 y el 15 de febrero. Justo los días en que las coaliciones deberán definir cómo enfrentar la elección.
