Un día después de que fiscales y policías peruanos allanaron oficinas del Ministerio de Salud y dos clínicas universitarias como parte de las indagaciones por la vacunación irregularmente anticipada contra el Covid-19 de casi 500 funcionarios, incluido el expresidente Martín Vizcarra, este sábado la prensa local informó de nuevos antecedentes en el marco del llamado “vacunagate”, que complican más la situación del exmandatario.
Según el diario La República, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso empezó a revisar el viernes el bloque de denuncias en contra de Vizcarra, por haber accedido a la vacuna de Sinopharm al margen del ensayo clínico y sin transparencia. Son en total ocho acusaciones contra el expresidente presentadas por congresistas de las bancadas Podemos Perú, Nueva Constitución, Unión por el Perú, Acción Popular, el Partido Morado y el Frente Amplio.
Estas acusaciones son por juicio y antejuicio político. Es en el primer caso en el que se apunta a su inhabilitación para ejercer la función pública por 10 años, apunta el diario limeño El Comercio.
Respecto del juicio político, señala La República, en las denuncias hay mayor concordancia sobre la posible infracción a los artículos 38, 39 y 44 por parte de Vizcarra.
El Artículo 38 establece que “todos los peruanos tienen el deber de honrar al Perú y de proteger los intereses nacionales, así como de respetar, cumplir y defender la Constitución”. El Artículo 39 precisa que todos los funcionarios públicos están al servicio de la nación. En tanto, el 44 señala que es deber del Estado proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, entre otros aspectos.
Por otro lado, las denuncias para el proceso de antejuicio político tienen un amplio abanico de delitos atribuidos a Vizcarra y van desde concusión hasta organización criminal.
El presidente de la subcomisión, el congresista Carlos Pérez Ochoa (Acción Popular), dijo a El Comercio que si bien el antejuicio y juicio político se conducirían “en paralelo” -de ser aprobados sus respectivos informes de calificación-, el segundo proceso es más acotado.
El parlamentario estimó que, de proceder el juicio político, la inhabilitación a Vizcarra estaría concretada en un mes y medio.
Por la coyuntura, cobra relevancia el juicio político, porque el resultado final podría ser que Vizcarra, hoy candidato al Congreso por Somos Perú, no pueda asumir el cargo, en el hipotético caso de que resulte elegido, destaca La República.
Ante ese escenario, Vizcarra llamó a no usar el tema políticamente para sacarlo de la contienda. “Lo único que pido es que no traten de usar su cargo para eliminar a un contendor político. No se aprovechen de las circunstancias”, dijo en un video.
