$4.377 millones

**Esta columna la escribe Carlos Gajardo en conjunto con Pablo Norambuena, ambos ex fiscales.

A partir de la autodenuncia que en el año 2016 efectuó Lily Zuñiga por supuestas asesorías que habría hecho a la diputada Claudia Nogueira y que no habrían existido, la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente inició una investigación para determinar la posible existencia de un delito de Fraude al Fisco. La Investigación se extendió al conjunto de las asesorías efectuadas en la Cámara de Diputados y luego en el Senado. La Fiscalía requirió la entrega voluntaria de los informes de asesoría en ambas cámaras, pero sólo obtuvo respuesta positiva en los diputados. El Senado se negó a entregar información, desconociendo el texto expreso del artículo 19 del Código Procesal Penal que obliga a todos los órganos del Estado a proporcionar sin demora la información que le requiera el Ministerio Público. Inexplicablemente la Fiscalía desistió de dicha solicitud y partir de ese momento la causa ha tenido escaso movimiento.

Paralelamente, Chile Transparente ha instado por la publicación de las supuestas asesorías y ha solicitado información vía Ley de Transparencia, paradójicamente, normativa aprobada por los propios legisladores. A través de ella ha sido posible conocer que sólo durante los años 2015 y 2016, el Senado gastó en asesorías la friolera cifra de 4.377 millones de pesos. Consciente del problema de confianza en las instituciones existente, el presidente del Senado ha instado por la publicación voluntaria de los informes de respaldo, pero hasta la fecha sólo un 12% de los informes han sido publicados en la página web institucional, lo que alienta las sospechas de la inexistencia o precariedad de los citados informes.

La hipótesis de que las asesorías pueden constituir un delito de Fraude al Fisco, no es una idea descabellada que se le ocurrió a los fiscales que entonces conducían la investigación sino que se basa en la comprobación empírica que de los informes analizados en la Cámara de Diputados, un porcentaje muy relevante correspondían a informes disponibles en internet, como se comprobó también en el Senado con los informes de asesoría que le prestaba el abogado Omar Beltrán Valle al Senador Alejandro Guillier.

Asimismo, existe una imputación penal bastante seria, ad portas de ser conocida en juicio oral respecto del ex Senador Jaime Orpis a quién, en uno de los cargos de la Fiscalía, se le acusa justamente que los asesores que tenía en el Senado eran en realidad testaferros que triangulaban los dineros que recibían del Estado para luego devolvérselos al propio senador. Una acusación semejante acaba de ser conocida respecto del Diputado Celso Morales, cuyo chofer Ismael Díaz lo demandó laboralmente en julio del año 2017, señalando que del sueldo nominal que le pagaba la Cámara de Diputados de 2.300.000 pesos, él sólo recibía 500 mil pesos, debiendo entregarle la parte sustancial de dicha remuneración al propio Diputado. Para ello prestaba boletas de honorarios como "asesor comunicacional" de la Corporación si bien sus labores eran las de chofer. Convenientemente las partes arribaron a una transacción en el juicio laboral y el sr. Ismael Díaz volvió a trabajar en el Congreso.

Asimismo, durante el año 2017 un caso idéntico fue llevado a Tribunales por el Fiscal Roberto Sahr respecto de un concejal en Providencia que triangulaba los dineros de unas asesoras "fantasmas" que nunca prestaron servicios y cuyos ingresos terminaban depositados en la cuenta corriente de su cónyuge. El caso terminó con sendas condenas de tres años y un día de presidio para el concejal y su esposa.

La transparencia es un pilar fundamental para fortalecer el funcionamiento de las instituciones y promover la confianza ciudadana en ellas. Sin embargo, en ninguna parte del mundo el sistema se basa en la autorregulación y la buena voluntad de las autoridades sujetas al escrutinio ciudadano. Si la buena voluntad de parte de los propios senadores de trasparentar estas asesorías no ha funcionado,  si los reiterados intentos de la sociedad civil a través de órganos como Chile Transparente mediante la Ley de transparencia no han funcionado, si las solicitudes de entrega de información en los términos del artículo 19 del Código Procesal Penal que ha efectuado la Fiscalía no han funcionado, es hora que el órgano persecutor se ponga los pantalones y recurra a los tribunales de justicia para obtener la entrega forzada de los informes de estas supuestas asesorías. Al no obrar de ese modo contraría gravemente el principio de probidad y el de igualdad ante la ley y contribuye al desprestigio institucional no sólo del Parlamento sino también del propio órgano persecutor.