Balance de fin de año
El momento actual de crisis debe servir como una oportunidad para efectuar profundas modificaciones a los procesos de formación de las policías, a los protocolos de actuación en los procedimientos, a los controles financieros externos que deben implementarse y a la sujeción irrestricta al poder civil.
Llega el fin del año 2018 y es la hora de los balances. En el ámbito jurídico penal sin duda las grandes investigaciones del año fueron aquellas vinculadas a Carabineros, donde en una situación totalmente inusual, la policía uniformada no fue la colaboradora del ente persecutor, sino que fue el objeto de su persecución terminando diversos miembros de ella sentados en el banquillo de los acusados.
Así sucedió con la investigación que lleva adelante el Fiscal Regional de Magallanes Eugenio Campos que ha ido desentramando una compleja asociación que durante años se apropió de dineros fiscales utilizando diversos mecanismos con cuentas fantasmas, testaferros y dobles facturaciones que hasta la fecha en un monto que se incrementa periódicamente ya supera los 28 mil millones de pesos. En la investigación se encuentran formalizados más de un centenar de personas incluyendo a ex generales de la institución y en sus últimas aristas se intenta dilucidar si existió dentro de la propia Contraloría General de la República algún acto deliberado para evitar que estos hechos fueran investigados administrativamente.
Asimismo, a comienzos del año se devela que la operación "Huracán", que había sido exhibida como una sofisticada investigación en que con tecnología de punta y única en el mundo se habían podido interceptar comunicaciones vía mensajería electrónica que daban cuenta de la organización que diversos comuneros mapuches tenían para realizar atentados incendiarios y proveerse de armas, era en realidad un fraude orquestado por un grupo de chapuceros al interior de la institución, al mando de un supuesto ingeniero que incluso tenía su título universitario falsificado. La operación Huracán había logrado encarcelar con esas pruebas falsas a ocho personas que sólo recuperaron su libertad a través de un recurso de amparo acogido por la Excelentísima Corte Suprema. Lo más complejo para la institución fue que sus más altas autoridades avalaron el fraude y hoy día hay fundadas sospechas de que incluso pudieron ser parte de él. De hecho, el General Gonzalo Blu, ex jefe de inteligencia de Carabineros se encuentra actualmente en prisión por su participación en estos hechos en una investigación que avanza liderada por el Fiscal Regional de Aysén Carlos Palma.
Por si todo lo anterior no fuera suficiente, el 14 de noviembre recién pasado en un hecho que fue catalogado inicialmente como un enfrentamiento, se produjo la muerte por una herida a bala de Camilo Catrillanca. Sucesivas versiones policiales fueron desmintiendo las previas, mientras se hacían desaparecer videos de los hechos y se repartían por whatsapp fotos de vehículos policiales con impactos de bala. La investigación de la Fiscalía Regional de la Araucanía a cargo del Fiscal Regional Cristián paredes pudo demostrar que nunca hubo tal enfrentamiento, que Catrillanca se encontraba desarmando, que si existían videos y que tras el crimen se efectuó un nuevo montaje en el que habrían participado incluso abogados de la institución. Recientemente se ha anunciado la formalización por obstrucción a la justicia de los jefes del Gope y de Fuerzas especiales y de un abogado institucional, sin que sea descartable que las responsabilidades penales sigan escalando en jerarquía al interior de la institución.
Todo lo anteriormente reseñado dibuja un escenario inédito en los años de funcionamiento de la reforma procesal penal en que Carabineros en estas investigaciones no es un organismo auxiliar y coadyuvante del Ministerio Público, sino que sus miembros, muchos de ellos generales, se encuentran en el banquillo de los acusados por graves hechos de corrupción y falseamiento de pruebas, lo que es extremadamente grave para la confianza en el sistema de enjuiciamiento criminal.
El momento actual de crisis debe servir como una oportunidad para efectuar profundas modificaciones a los procesos de formación de las policías, a los protocolos de actuación en los procedimientos, a los controles financieros externos que deben implementarse y a la sujeción irrestricta al poder civil, todo lo cual a pesar de su urgencia ha sido permanentemente ignorado al momento de plantear las reformas a la institución. Ya es hora que así ocurra.
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