Columna de Cristián Valenzuela: Sin-vergüenzas

Fue el 8 de diciembre de 2021, cuando frente al anuncio del proyecto de Pensión Básica Universal por parte del gobierno de Sebastián Piñera, el entonces diputado Giorgio Jackson reaccionaba afirmando que “sería probablemente el más grotesco intervencionismo electoral que hayamos visto”. No conozco al ministro Jackson como para saber cuáles son los parámetros morales y éticos con los que actúa en política, pero si uno analiza con objetividad lo que ha ocurrido en las últimas semanas, el intervencionismo electoral de este gobierno no es grotesco, sino derechamente criminal. ¿Qué diría el ministro Jackson si hoy fuera diputado de oposición y el gobierno actuara de manera tan desvergonzada como lo ha hecho en estos días?

Bonos, minutas, impresiones, redes sociales y un despliegue mediático y territorial exagerado han marcado los últimos días de gobierno, todo para apuntalar la opción del Apruebo que sigue perdiendo en las encuestas. Lo que no hicieron durante cuatro meses por temas urgentes como la delincuencia, la economía o la educación, hoy lo hacen con descaro para lograr que se apruebe el texto de la Convención. El propio Presidente, que durante los primeros meses apenas salió de su oficina en La Moneda, ahora hace pautas todos los días en distintas comunas, siempre con la propuesta de la Convención en la mano y entrando de lleno en la discusión política del plebiscito, más allá de la excusa programática que use para utilizar la plataforma mediática que le da su cargo.

Quedan menos de 40 días para el plebiscito y es evidente que la intervención electoral del gobierno seguirá en aumento. Aun cuando la Contraloría decidió instalarse físicamente en La Moneda –algo que recuerda la peor época de los casos MopGate y Caval-, es poco probable que el Presidente y sus ministros sientan vergüenza y decidan ceñirse a los deberes y responsabilidades que le corresponden según la autoridad que detentan.

Ellos, como pocos, saben la importancia de lo que está en juego: la propuesta constitucional de la Convención representa una oportunidad histórica para la izquierda más extrema de poder avanzar hacia un estatismo desenfrenado y un control totalitario de los recursos naturales, medios de producción y del sistema político. Saben muy bien que la Constitución que se propone no pertenece a todos los chilenos, sino que está redactada por el Partido Comunista y responde al modelo ideal de texto constitucional que permitiría las transformaciones –o retrocesos– políticas y sociales que el comunismo proyecta para nuestro país.

Pero más allá del reproche administrativo o judicial, la ciudadanía entiende el trasfondo de lo que encierra la intervención electoral más masiva y desvergonzada del último tiempo. No solo se trata de la utilización de recursos públicos de manera incorrecta o el compromiso político que tiene un gobierno con el proyecto constitucional de la izquierda más extrema. Lo más relevante, a mi juicio, es que el gobierno haya decidido abandonar a los chilenos en el momento más crítico de nuestro país en temas tan relevantes como la inseguridad social o la inestabilidad económica. Que el Presidente haya decidido asumir como jefe de campaña y haya abandonado su rol de jefe de gobierno debiera indignar a las víctimas de la delincuencia y a los millones de chilenos que sufren con la inflación, la falta de acceso al crédito y el aumento de la pobreza.

Este gobierno fue elegido para gobernar, no para hacer campaña política, y el despliegue sin pudor del Presidente, los ministros y funcionarios debiera, últimamente, ser cuestionado por la ciudadanía. Si Contraloría no los detiene ojalá que lo haga Séneca, quien decía que la vergüenza puede restringir lo que la ley no prohíbe, para que no se convierta este gobierno en un refugio de sinvergüenzas.