Delitos “Comunes” II: Fiscalía decide formalizar a Karina Oliva y a otros 11 imputados que estuvieron vinculados al Frente Amplio por defraudar al Estado

A casi dos años de que el otrora fiscal nacional Jorge Abbott ordenara la apertura de una investigación de oficio en contra de Karina Oliva por presunto fraude en el marco de su campaña por la Gobernación Regional Metropolitana, el fiscal regional Sur, Héctor Barros, junto al investigador Milibor Bugueño, elevó una solicitud ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago pidiendo audiencia para formalizarla a ella y a su círculo más estrecho de colaboradores.

El persecutor de la Fiscalía Regional Metropolitana Sur, como pudo conocer La Tercera, no solo incluyó en la arremetida judicial a la denominada “estrella fugaz de la izquierda chilena”, sino que también a su expareja y expresidente de Comunes, Jorge Ramírez; a su exadministrador electoral Martín Miranda, y a otros ocho exdirigentes de la colectividad perteneciente al Frente Amplio y miembros que trabajaron para la campaña. Se trata de Camila Ríos Puebla, Jean Flores Quintana, José Robredo Hormazábal, Diego Corvalán Pérez, Juan Pablo Sanhueza Tortella, David Castillo Palma, Marcelo Riffo Sáez y Luis Romero Golzio.

Se suma al listado, además, a la hija de Ramírez, Ailine Ramírez Amaro, de 27 años.

A todos se les encausará por el delito de fraude de subvenciones, puesto que el Ministerio Público constató graves inconsistencias en la rendición de gastos de la campaña de Oliva que fueron en primera instancia denunciados por un reportaje de Ciper. A Miranda, además, se le imputará por infracción al artículo 31 de la Ley de Gasto Electoral, por haber presentado antecedentes falsos en su rol de administrador electoral. Y a Ríos y Robredo por apropiación indebida de dineros provenientes del erario fiscal.

Y es que gracias a una serie de diligencias realizadas en coordinación con el OS-7 de Carabineros, los investigadores determinaron que los imputados utilizaron la Fundación Chile Movilizado como “fachada” para triangular dineros que supuestamente había desembolsado en función de la campaña.

Entre otros elementos, los análisis y pericias dan cuenta de que la ONG copió informes de un estudio que Oliva y el partido, en esa época, encargaron a la encuestadora Criteria, para así recibir fraudulentamente un reembolso por parte del Estado de $120 millones.

Junto con ello, también el persecutor identificó una lista de boleteros vinculados a la otrora candidata y al movimiento que -según una decena de voluntarios y profesionales que participaron en la campaña a Gore-, nunca realizaron las actividades declaradas ante el Servel. Incluso, como han logrado acreditar los investigadores, usaron como respaldo documentos falsificados del Servicio de Impuestos Internos (SII).

Además de todo esto, de acuerdo con lo publicado por este medio, recientemente el Servicio Electoral presentó una nueva denuncia en este causa, pues a la fecha la tienda no ha acreditado gastos que ascienden a $142.686.823 y que se realizaron gracias a aportes fiscales entre 2020 y 2021.

Por lo mismo, el fiscal Bugueño también determinó ampliar las pesquisas y encargó interrogar a la actual directiva de Comunes.

En el marco de este caso, Karina Oliva -a pesar de que ha intentando deslindar responsabilidades- se posiciona como figura central, ya que de acuerdo con declaraciones contenidas en la carpeta estaba al tanto de todo e incluso se encargaba de ciertas transferencias a colaboradores.

Ramírez, en esa época, se desempeñaba como presidente de Comunes y, según testimonios recopilados, también estaba al tanto de las transacciones. Militantes de la tienda, de hecho, aseguraron que se caracterizó por lo “oscuro” de sus gestiones, coincidiendo con lo que plantearon quienes han trabajado con él. “Fue muy preocupante observar su liderazgo, porque, a mi juicio, es peligroso y sesgado”, dijo al ser consultado por su trabajo Francisca Keller Ávila, experta en innovación y comunicación política.

Martín Miranda era el administrador electoral de la campaña y, según la misma Keller, no era muy vivaz. “Era un inepto”, dijo la profesional. A su cargo estaba la rendición de los gastos y, por lo mismo, el Ministerio Público determinó encausarlo por dos ilícitos. Fuentes consultadas aseguran que este imputado es el que enfrentará un escenario judicial más complejo que el resto por la responsabilidad que tenía ante el Servel.

La hija de Ramírez, Ailine Ramírez, se vincula al caso porque emitió boletas por supuestamente haber realizado labores como monitora de despliegue territorial y brigadista para la campaña de Oliva.

Camila Ríos Puebla se desempeñó como secretaria ejecutiva de Comunes y, según declaraciones recopiladas por el fiscal Bugueño, habría solicitado la emisión de boletas a terceros.

Diego Corvalán Pérez aparece identificado en este caso como jefe del equipo electoral del Partido Comunes. De acuerdo con las pesquisas, por ese trabajo recibió $10 millones. Según declaró, recibió instrucciones directas de Ríos. “Era para rendirlo en la campaña de Karina Oliva; me indica la glosa que tenía que poner: ‘encargado de relaciones políticas campaña a la Gobernación Regional Karina Oliva, periodo completo’, y la fecha que tenía que poner era 13 de mayo, porque era el último día de campaña”, sostuvo en su declaración.

Juan Pablo Sanhueza Tortella, vicepresidente de Chile Movilizado e identificado como otro de los boleteros. Emitió una boleta con fecha 13 de junio de 2021 a la candidata por $5.000.000, por su trabajo como “encargado territorial Distrito N° 9 Campaña Karina Oliva por Pagar”.

David Castillo Palma era presidente de Chile Movilizado y también emitió una boleta para la candidatura. Emitió la boleta de honorarios N° 120 de fecha 13 de junio de 2021 por $3.000.000, por su supuesto rol como encargado territorial Distrito 13.

Marcelo Riffo Sáez, de acuerdo con lo expuesto por la diputada Claudia Mix, se trata de un supuesto empresario que trabajaba con el partido. Según dijo, rindió más de 12 servicios, entre boletas y facturas, en el balance del partido.

Jean Flores Quintana se desempeñó como encargado del diseño y planificación del despliegue territorial de la campaña de Oliva en el Distrito 8, durante la primera vuelta. Aparece emitiendo una boleta por $15 millones.

José Robredo Hormazábal, de acuerdo con las rendiciones realizadas, operó como jefe, coordinador y asesor comunicacional de Karina Oliva. Para esos efectos habría cobrado $20,9 millones.

Luis Romero Golzio, quien de acuerdo con documentos del caso se desempeñó como encargado territorial del distrito 14 de la otrora candidata y quien también emitió una boleta por $ 10 millones.

Si bien en la época en que se cometieron los presuntos delitos todos los imputados estaban vinculados al Frente Amplio como militantes de Comunes, cabe hacer presente que tras estallar el caso todos los implicados fueron expulsados por el Tribunal Supremo del partido.

Tras la solicitud del fiscal regional metropolitano Sur, se está a la espera de que el 7° Juzgado de Garantía fije día y hora para la formalización.