Columna de Sebastián Izquierdo: Educación y Constitución, un programa escrito en piedra

“La educación deberá orientarse hacia la calidad, entendida como el cumplimiento de los fines y principios establecidos de la educación”. ¿Adivine qué principios y fines? Le doy una pista: revise el programa de gobierno del Presidente Boric; yo encontré una decena. ¿Cuál es el problema de esto? Que una Constitución no puede concebir la educación como un listado de políticas públicas, sino como un derecho humano fundamental, cuyo acceso y permanencia a una formación equitativa, inclusiva y de calidad debe ser garantizado.

El articulado que presenta el borrador oficial de la nueva Carta Magna no logró equilibrar la universalidad de este derecho con la pluralidad que exige toda sociedad libre. Esto, ya que en su búsqueda por definir la universalidad del derecho a la educación, lo sobrecargaron con ciertos fines y principios que coartan la vital libertad de enseñanza. Si a esto sumamos además la consagración de la libertad de cátedra no circunscrita al proyecto educativo, se está poniendo en riesgo el desarrollo autónomo de establecimientos educativos distintos al régimen estatal propuesto, lo que afecta a su vez la libertad que tienen los apoderados de elegir entre diversas opciones.

La eliminación del reciente avance que establece la obligatoriedad del kínder, impulsado por el expresidente Piñera; el fijar la Ley de Inclusión escolar que pone final lucro, selección y copago, promovida por la expresidenta Bachelet; la gratuidad universitaria perseguida por los exdirigentes universitarios que hoy integran el gabinete del Presidente Boric; y la idea de reemplazar el financiamiento de los establecimientos educacionales, reemplazando la lógica del subsidio a la demanda por el de la oferta, son algunas de las políticas públicas que han sido amarradas en la propuesta de nueva Constitución.

¿Cómo podrán las personas sostener las riendas de sus propios proyectos de vida, independiente de la situación en el que se encuentre? La fórmula planteada está lejos de abrir paso a esta posibilidad. Lamentablemente, en vez de armonizar la libertad de enseñanza con el derecho a la educación, deslindando sensatamente el rol del Estado y la sociedad civil, prefirieron plasmar un programa de gobierno, petrificando en el texto constitucional solo una de las diversas visiones que hay en disputa. Así, se ha entregado un espacio perfecto para la tecnocracia homogeneizadora que pretende nivelar equivocadamente las diferencias, en vez de considerarlas como algo propio de toda sociedad libre.

Cómo fue que nos alejamos tanto de aprovechar este proceso para obtener algo mejor para el país y quienes lo habitamos. En qué minuto la Convención confundió la búsqueda de un consenso amplio, que permitiera un mejor juego para nuestra democracia, con el fin de fijar sus ideas propias y personalistas. Como lo dejan ver las líneas aquí expuestas, concluyeron que lo mejor era dejar escrita en piedra políticas públicas educacionales que en realidad les debiese tocar decidir a futuros gobiernos. Que paradoja; han replicado la lógica de 1980 que tanto repudiaron, pero esta vez con un signo inverso.