Estafa, fraude y falsificación: el avance en la investigación penal en Las Condes que remece a la administración Peñaloza

Siete meses han transcurrido desde que la Fiscalía Local de Las Condes recibió la denuncia donde concejales de la comuna advertían presuntas irregularidades en el proceso de adquisición -por parte del municipio- de 10 inmuebles para la instalación de un nuevo Cesfam. Según alertaron, podían estar ante hechos constitutivos de delitos de falsificación de instrumento público, fraude al Fisco y estafa.

En ese momento, marzo de 2023, la atención se había centrado en el caso de la exclínica Sierra Bella, que complica a la administración de Irací Hassler (PC) en Santiago. Pero en esta ocasión los ediles de la zona Oriente aseguraban que se podía estar ante un escenario mucho peor: también había indicios de cobros abultados, pero acá la compra ya se había ejecutado y los dineros ya habían sido retirados desde las arcas municipales.

Por lo mismo, el fiscal Rodrigo Mena accionó una serie de diligencias bajo total reserva, hasta que determinó oficiar a la PDI para que se allanaran las dependencias del municipio encabezado por la militante UDI Daniela Peñaloza. Se llevaron computadores, documentos y otros insumos, pero hasta ese momento la jefa comunal descartaba la ocurrencia de ilícitos. Reconoció, eso sí, que podía haber errores administrativos y, por tanto, ordenó una auditoría externa. Aunque más tarde esta fue cuestionada por la Dirección de Control del mismo municipio.

Sin embargo, el persecutor ha continuado realizando diligencias y prontamente los intervinientes en el caso podrán tener acceso al material reunido, ya que la próxima semana se levantará el secreto que existe sobre la indagación. De todas maneras, los ediles ya se han hecho una idea de lo ocurrido y posicionan a Peñaloza como la responsable del caso que remece a Las Condes.

Eso se fomentó, en parte, por las conclusiones a las que arribó la Contraloría, que alertó sobre complejas inconsistencias y faltas a la probidad. Entre ellas, incluso, que no fue posible comprobar la existencia de un proyecto propiamente tal.

Como se lee en la denuncia de los concejales ante la Fiscalía, todo comenzó cuando el 10 de marzo de 2022 se les citó a una comisión reservada donde el secretario general de la Corporación de Salud y Educación, Ricardo Gutiérrez, y el director de la Secretaria de Planificación, Alejandro Contreras, les presentaron antecedentes sobre establecimientos y condiciones necesarias para la construcción de un tercer Cesfam para la comuna.

Ese mismo día, como expusieron, se les pidió pronunciarse por la voluntad de comprar terrenos. Y al día siguiente se les envió una revisión del acuerdo tomado, señalándose expresamente que se aprobaba la adquisición de lotes correspondientes a un total de 5.315 metros cuadrados por un monto total de hasta 353.956 UD, más el pago de corretaje.

Sin embargo, cuando la concejala Catalina San Martín asumió a la cabeza de la Comisión de Hacienda del Concejo, se percataron de asuntos que les comenzaron a hacer ruido. Al revisar el detalle del proceso de la compra, “se nos informó que el precio de compra por parte de la municipalidad de estas 10 casas era de 68 UF el metro cuadrado, por casa. Sin embargo, el concejal Leonardo Prat hizo el cálculo y se dio cuenta que la casa que la municipalidad compró directamente a Vulcon y no a su propietario primitivo, como las otras 9, superaba con creces las 68 UF el metro cuadrado. En efecto, según la información entregada y haciendo el cálculo nosotros, se pagaron a Vulcon 112,6 UF m2 por la décima casa”, se lee en la denuncia.

Relataron, por lo mismo, que ese “antecedente de sobreprecio, y la eventual posibilidad de estar ante una compraventa viciada, con lesión enorme o un fraude a las arcas municipales, prendió las alertas”.

Producto de lo mismo, se pidieron nuevos antecedentes y ahí los ediles advirtieron que se les habría ocultado información y que el acuerdo que tomaron en el Concejo se había hecho en base a información incompleta. Como advirtieron en la denuncia, “el acta del Concejo, cargada y publicada en la página web de la municipalidad, hacía referencia nominativa a las sociedades vendedoras (Vulcon e Inmobiliaria FG Oriente II) y explicitaba un porcentaje de comisión de corretaje para la operación”, en circunstancias que ellos recordaban que eso no estaba incluido en los antecedentes que se les expusieron.

Así, llegaron a la conclusión de que las actas habían sido intervenidas. “La adulteración en el Acuerdo suscrito por el Concejo Municipal, además de constituir, a juicio de esta parte, el delito de falsificación de instrumento público, es del todo relevante puesto que sin aquella modificación no se podrían haber suscrito las compraventas posteriores, en especial aquella donde se adquirió el inmueble ubicado en calle Nueva Delhi Nº 1775, de la comuna de Las Condes, a un sobreprecio que alcanza casi 100% de aquel monto acordado como “máximo” por m2 en la cláusula cuarta del Contrato de Promesa de Compraventa”, relataron en la acción.

A juicio del municipio, en todo caso, eso fue descartado por Contraloría, que indicó que al aprobar el acta de la mencionada sesión, simultáneamente los concejales aprobaron el tenor del acuerdo para la compra.

Una semana después de emitido el informe de Contraloría respecto a la situación del Cesfam, el tema fue abordado tensamente durante el Concejo Municipal en la sesión del 12 de octubre.

Tras tratar una serie de temas comunales, la alcaldesa Peñaloza tomó la palabra haciendo una reflexión respecto a lo sostenido por Contraloría. “Obviamente no han sido días fáciles para ninguno de nosotros (…) en lo personal porque obviamente no deja de indignar, no deja de doler, de dar rabia también que un proceso tan importante como la compra de un terreno para la construcción de un Cesfam, que sabemos tenga tantas fallas, errores, omisiones administrativas y que finalmente ha provocado que se pare este proceso, obviamente se vuelva lento”.

Seguido de eso, la alcaldesa de la UDI agregó que no podía obviar que el informe “da cuenta de errores, faltas y omisiones administrativas graves. No quiero tapar con un dedo el sol y no quiero quitarle seriedad, ni importancia a este informe”.

Peñaloza también apuntó a los concejales, a quienes señaló que les hablaba indicando que “estoy frustrada, que estoy indignada, que siento rabia por haber recibido mala información, incompleta, e incluso porque me omitieron información y debido a eso no pude detectar las irregularidades que estaban pasando, no lo pude detectar a tiempo. No pude detectar esos errores, esas irregularidades, esa falta de rigurosidad, incluso la descoordinación”.

El mensaje de la máxima autoridad comunal encontró buena recepción en el concejal Julio Dittborn, quien dijo que se alegraba de las palabras de la alcaldesa. “Mi impresión personal es que los desacuerdos que se han producido se han exagerado muchas veces, no quiero culpar a una parte o a la otra (…) Me alegra, después de haber leído el informe de Contraloría no aparecen”, señaló, denunciando que había concejales que se habían “alegrado con el informe de Contraloría”.

Apoyo que también recibió Peñaloza desde el concejal Luis Hadad (RN), quien en un tensa intervención aseguró que le molesta “cuando muchos de ustedes comparan esto con Sierra Bella”, porque no era así. Y es que a su juicio, “acá no hay una mención explícita de invalidación del proyecto, ordenó devolver la adquisición”.

La concejala Marie Claude Mayo (republicana) también apoyó las palabras de la alcaldesa y aseguró que “aclarar que los errores administrativos que se determinaron finalmente no son los mismos que denunciaron los denunciantes, lo cual yo me alegro”.

Sin embargo, las palabras de Peñaloza no tuvieron una buena recepción en algunos concejales, especialmente en quienes denunciaron lo ocurrido con el Cesfam desde el inicio. En ese contexto, la primera en apuntar a Peñaloza fue la concejala Isidora Alcalde, quien pidió “no volver a actuar a espaldas de los vecinos y del Concejo Municipal”.

Pese a eso, uno de los más duros en su exposición fue el concejal ex-UDI Patricio Bopp, quien inició “haciendo un poco de memoria”. Bopp aseguró que en abril “la culpa era de los concejales que no trabajaban en equipo y le hacían codazos”.

A lo que agregó: “Algunos comparan lo antes descrito con Sierra Bella; sin embargo, creo que es mucho peor. Con este pronunciamiento se abre un lamentable espacio que aumenta la posibilidad de que esta fuese una operación corrupta. El pronunciamiento de Contraloría es solo el comienzo de una larga investigación”.

“Alcaldesa, usted, los que han actuado por omisión y todos los que resulten responsables han hecho un gran daño, a ustedes nadie les ha fallado, ustedes les han fallado a 1.150 funcionarios municipales, a 1.700 funcionarios de la Corporación de Salud, y así puedo seguir que durante muchos años han trabajado para construir un prestigio. Le fallaron a 122 años de historia”, concluyó Bopp, recriminando a Peñaloza.

Posteriormente fue el turno de la concejala Catalina San Martín (ex-Evópoli), quien partió diciendo que “yo habría esperado que usted nos hubiese llamado a una reunión de emergencia, entendiendo la importancia que revestía este informe, pero en vez de eso, alcaldesa, usted prefirió ir a dar una entrevista a CNN”.

Recriminando que “Contraloría no se pronuncia respecto al proyecto del Cesfam porque no hay proyecto. No nos da una esperanza para crear un Cesfam, dice no me puedo pronunciar sobre la creación de un Cesfam porque no hay Cesfam. Ha pasado más de un año y no hay proyecto. Se gastaron 11 mil millones y no hay proyecto, a mí eso no me da esperanza, a mí me da pánico, alcaldesa”.

“Si usted hubiese escuchado a sus concejales sería distinto, si no nos hubiesen puesto como los enemigos desde el día número uno. Agradezco el cambio de tono, pero no nos permitamos olvidar igual como sucedieron las cosas. Acá Contraloría señala algo, que usted es la jefa de servicio y es la responsable de cómo se gastan los recursos públicos, entonces acá también hay responsabilidad”, concluyó San Martín.