Fiscalía cerca entorno de director de la PDI en caso de lavado de activos y este acusa “campaña de desprestigio en su contra”

“Por el delito de lavado de lavado de dinero, solicito a ud.: remitir copia auténtica de la escritura pública de compraventa de fecha de la propiedad de (...) Héctor Ángel Espinosa Valenzuela”.

Con la firma del fiscal regional de Magallanes, Eugenio Campos, se despachó este requerimiento de información a la notaría de Viña del Mar, Luis Enrique Fisher Yávar, el 26 de abril. Esta solicitud tiene que ver con una de las últimas diligencias que el Ministerio Público decretó en la investigación por lavado de activos que sigue contra el director general de la PDI, Héctor Espinosa.

El 25 de mayo Ciper reveló que el fiscal Campos -el mismo que indagó el millonario fraude en Carabineros- investiga la adquisición de un departamento por parte de la esposa de Espinosa, en la comuna de Las Condes, luego de cancelar cerca de $250 millones al contado en vales vistas. Este generó un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) por parte del banco a la Unidad de Análisis Financiero (UAF), quien derivó una “alerta” al Ministerio Público, el 16 de diciembre de 2020.

Sin embargo, no sería la única propiedad en la mira. También se indaga la compra de otro departamento en Viña del Mar, pero a nombre del jefe policial.

Lo que investiga la Fiscalía y el OS-7 de Carabineros -compuesto por el mismo equipo que trabajó en el fraude de la institución uniformada- es de dónde salió el dinero para adquirir las propiedades, pues los peritos sospechan que los ingresos de Espinosa y su esposa no se condicen con los montos manejados en sus cuentas corrientes.

Por lo mismo, en enero de este año el fiscal Campos solicitó al Séptimo Juzgado de Garantía levantar el secreto bancario de Espinosa, requerimiento que finalmente fue acogido por el tribunal. En estas pesquisas, el equipo investiga al menos 40 transacciones realizadas en efectivo entre Espinosa, su esposa y el ayudante personal del director de la PDI.

El periodo investigado por Campos y el OS-7 abarca el periodo de 2015 y 2018, por lo que se requirieron antecedentes al Conservador de Bienes de Raíces de Santiago, el Servicio de Impuestos Internos (SII) y distintas entidades financieras. Hasta ahora, lo único que se ha logrado establecer es la venta de una propiedad en Concepción por parte de Espinosa por $80 millones.

La Fiscalía también solicitó, a través del oficio Nº 377, a la Subsecretaría del Interior, conocer todos los viáticos y asignaciones especiales internacionales que le hayan sido asignados a Espinosa y su ayudante. Lo mismo se solicitó respecto de los gastos de representación, protocolos y ceremoniales, desde 2014 a la fecha.

En esa misma línea, se solicitó a Interior informar si se autorizó la concurrencia de Espinosa a comisiones de servicios junto a terceros, y de ser así detallar si en los viajes se “erogó gastos para el Fisco o si dichos gastos fueron cubiertos por la autoridad invitante”.

Para conocer el origen de los fondos en efectivo que usó la esposa de Espinosa para adquirir la propiedad en Las Condes, además de las distintas transacciones del jefe policial, el Ministerio Público ya citó a declarar a los investigados.

El jueves de la semana pasada, se sentó frente al equipo investigador el ayudante del director de la PDI, identificado con las iniciales E.V.I. El detective, quien concurrió en calidad de imputado, guardó silencio. Su abogado Jorge Villalobos explicó que recién había asumido la defensa del policía, por lo que no contaban con los antecedentes necesarios para declarar ante Campos.

“Estamos estudiando los antecedentes y ahí tomaremos contacto con la Fiscalía para colaborar en el caso”, sostuvo Villalobos a La Tercera PM.

En tanto, para mediados de la próxima semana está citado a declarar Espinosa y su esposa, ambos en calidad de imputados. Como el director de la PDI ostenta un cargo de mando en la institución puede fijar el lugar donde prestar su testimonio.

Consultada la PDI sobre las diligencias en torno a las propiedades de su director y las ronda de declaraciones de su círculo cercano, señalaron que “llaman profundamente la atención las filtraciones a la prensa de una investigación reservada, en circunstancias que la Ley N°19.913 establece que este tipo de indagaciones son secretas, incluso, en lo relativo a la existencia de las mismas”.

En la respuesta de la institución agregaron que “el director general estima que existe una campaña de desprestigio hacia su persona y familia. En consecuencia, de manera particular iniciará las acciones legales correspondientes, dado que dichas filtraciones constituyen un delito. Que, como ya se ha explicado anteriormente, el director general ha manifestado de forma categórica que no tiene nada que ocultar y que, por ende, entregará al Ministerio Público toda la información que requiera”.