Gato por liebre

El bullado acuerdo que han construido algunas facciones de izquierda de la comisión de Sistema Político de la Convención, que debe ser abordado por el Pleno, consintió en descartar un régimen parlamentario para avanzar a un presidencialismo atenuado, con el cual el pueblo votará directamente quién gobernará. Se rechazó el “triunvirato” propuesto originalmente, acompañándolo ahora de un Poder Legislativo compuesto por dos cámaras asimétricas. ¿Es capaz dicho acuerdo de articular una institucionalidad que permita darnos gobernabilidad en democracia?

Se pudo haber acordado la instauración de un parlamentarismo, pero la decisión fue un sistema presidencial atenuado, donde las facultades del Presidente se verán menguadas. Por ejemplo, la capacidad de veto podrá ser revertida y la iniciativa exclusiva estará diluida. En el presidencialismo, los poderes Legislativo y Ejecutivo no deben quedar en el mismo grupo político, como sí ocurre en el semipresidencialismo y en parlamentarismo. Hay que tener especial cuidado con esto, pues no debemos olvidar que la democracia debe funcionar con pesos y contrapesos para evitar el excesivo poder de mayorías circunstanciales que terminen despojando de protección a las minorías. De lo contrario, el riesgo de que se produzca un control hegemónico por parte del grupo mayoritario es alto, abriendo las puertas a un autoritarismo validado en las propias urnas.

La arquitectura propuesta establece una asimetría de facultades entre ambas cámaras, la de diputados y la de regiones, que hace superflua a esta última. En los hechos, la idea planteada hace desaparecer el Senado. Por una parte, elimina la revisión de la producción legislativa de la fortalecida Cámara Baja, le quita la atribución de nombramiento de altas autoridades y le sustrae la posibilidad de ser el juzgado en las acusaciones constitucionales. En otras palabras, con dicha propuesta el contrapeso necesario para frenar a una cámara que quiera ir más allá de sus atribuciones, sería inexistente.

Argumentar que el Senado por ser “elitista” impide que las demandas populares se concreten, y que la “democrática” Cámara de Diputados permitiría un proceso más ágil, es un error tanto en los hechos como conceptual. Pareciera ser que los defensores de esta propuesta no comprenden que el Senado en realidad enriquece la democracia mediante una mirada reflexiva que no está sujeta al cortoplacismo del electorado. Reemplazarlo por una Cámara Regional limita la deliberación democrática. Además, las facultades están enumeradas taxativamente bajo el supuesto de que las prioridades regionales estarán mejor representadas, pero en realidad es imposible anticipar hoy qué proyectos de ley serán de interés regional. Por lo demás, el punto que preocupa aún más es que, bajo este diseño, esta nueva cámara no será capaz de hacerse valer ante la Cámara de Diputados, la que por su diseño proporcional legislará pensando principalmente en las grandes urbes, siendo el centralismo el que domine realmente. Todo esto, es gato por liebre.

Ojalá en los escasos espacios de mejora que quedan, los convencionales reformulen esta medular propuesta vía profundas enmiendas, que lejos de avanzar en descentralización y representatividad, socava de lleno las bases de una democracia liberal.