¿Indulto a los indultos?

A casi un mes de que el Presidente Boric comunicara su decisión de indultar a personas declaradas culpables de delitos durante el estallido, la “noticia” continúa presente en la esfera pública. Esto, pese a los desesperados intentos de La Moneda por retomar su agenda y a que la coyuntura ofrece distintos flancos de interés. Si bien es cierto que los indultos han sido recurrente materia de debate en la opinión pública, este último terminó por transformarse en la crisis más severa que ha afectado al gobierno actual.

No cabe duda de que el momento escogido fue pésimo. No solo por el error de creer que su decisión iba a pasar desapercibida por la víspera del Año Nuevo, sino por el golpe que significó a la mesa de la ministra Tohá, quien por ese entonces intentaba llegar a acuerdos para controlar la delincuencia –el principal problema que debieran resolver según la encuesta CEP: 3 de cada 4 encuestados lo manifestó así–. Al final, la acción presidencial fue echar más leña al fuego de la crisis de seguridad. Ni el mea culpa del Ejecutivo, el cual reconoció “desprolijidades”, le ha permitido escapar de su eufemismo.

Para colmo, la cadena de graves errores que el gobierno ha forjado en este tema ha sido reforzada con descuidos de forma y fondo. Aunque el ministro de Justicia, tras revisar los “papelitos”, nos intente convencer de que desde el punto de vista jurídico el indulto estuvo bien tramitado, el “historial regado de delitos” de los indultados -como dijo un diputado oficialista- ha quedado en la retina ciudadana, como también la duda de si el presidente los tuvo o no a la vista. Esto será un flanco que acechará al gobierno durante todo su mandato, porque pone en duda el real compromiso con la seguridad.

Además de los errores, es insoslayable que el trasfondo de esta decisión refleja una visión romántica del estallido. Una postura que sostenía que la violencia en el estallido no sólo era una respuesta entendible, sino que incluso justificable. En ese relato quienes caían detenidos no eran delincuentes sino héroes -y luego presos políticos- que se inmolaron por una lucha social tan justa como necesaria. Esa mirada que muchos sostuvieron y ante la cual no pocos guardaron silencio vuelve a rondar a La Moneda. El problema del presidente es que lo que habría podido sostener como diputado ahora es inentendible como máxima autoridad, aún más tras el 4 de septiembre que enterró no solo el proyecto constitucional sino la forma de leer lo ocurrido.

La última encuesta CEP lo dejó más que claro. Un apabullante 94% nunca justificaría la delincuencia como forma de protesta. Entonces, sólo cabe preguntarse que movió la determinación del presidente. ¿Serán un guiño para un sector radical pero fiel? ¿Ese que compone su base irrestricta de apoyo; aquel 25% que lo respaldó en la primera vuelta y que sigue a su lado pese a los zigzagueantes atisbos de moderación? Bien puede ser, pero con una desaprobación del 70% huele a un suicidio político propio de quien lucha entre almas en pugna. Con lista única o no, para la ciudadanía no será fácil “indultar” este error, menos, si no son capaces de afirmar que no habrá más.