Investigación por fraude en Las Condes: el control de daños de la UDI a una de sus principales promesas políticas

Fue el jueves pasado cuando miembros de la directiva de la UDI analizaron de urgencia un problema de contingencia. Ese día, la Policía de Investigaciones allanó la Municipalidad de Las Condes, dirigida por la militante gremialista Daniela Peñaloza, por la investigación de un supuesto sobreprecio en la compra de un inmueble para un Centro de Salud Familiar (Cesfam). El hecho se produjo luego de que un grupo de concejales del Partido Republicano y Chile Vamos ingresara una denuncia, afirmando que uno de los diez inmuebles que se compraron fue adquirido por cerca de $ 852 millones, en circunstancias que un mes antes la propiedad había sido adquirida por la empresa Vulcon Asset Management por unos $ 430 millones.

Por ello es que los concejales Catalina San Martín (Evópoli), Patricio Bopp (ex-UDI) y los republicanos Leonardo Prat y Sergio Melnick acusaron supuestos delitos de fraude al Fisco, estafa y falsificación de instrumento público. Esto último, porque acusan que fue adulterada el acta de un concejo en que se trató el tema. Por ello es que la PDI llegó hasta el municipio e incautó los computadores de tres directivos, mientras que Peñaloza entregó voluntariamente el suyo.

En la UDI analizaron internamente el tema e hicieron un plan de contención para defender a Peñaloza, quien dirige una de las comunas más importantes para la derecha y se ha posicionado como una de las promesas del gremialismo. Una de las determinaciones que se tomaron entre los miembros de la directiva que trataron la crisis, es que uno de los voceros del tema será el diputado y jefe de bancada Guillermo Ramírez, quien representa a esa comuna. Mientras que el presidente del partido, el senador Javier Macaya, también defendió a Peñaloza.

La primera definición que se adoptó para la defensa fue resaltar que Peñaloza ha sido proactiva en la entrega de información, recalcando que ella entregó a la PDI su notebook por cuenta propia. “Yo me alegro que la justicia esté haciendo la pega para por fin conocer toda la verdad. Y me alegro también que la alcaldesa haya sido tan proactiva para acelerar la investigación. Esto es exactamente lo que los chilenos esperan, y es todo lo contrario de lo que hemos visto en otros municipios investigados”, dice Ramírez. El partido también analizó el tema con abogados.

Es en esa línea es que la propia alcaldesa admitió “errores” en la compra, anunció un sumario administrativo y la contratación de una auditoría externa. En el partido dicen que la compra fue un error por parte de tres funcionarios, pero no creen que haya habido un negocio ilícito. De todas maneras, la línea que se ha mantenido es promover que el tema se resuelva luego, pues mientras más dure en la palestra pública, más daño se le hará a la municipalidad y a la propia Peñaloza.

En la UDI creen que el tema puede golpear electoralmente a la alcaldesa, quien solamente lleva un periodo en Las Condes y buscaría reelegirse para las municipales del 2024. En esa línea, un punto de preocupación ha sido que se compare el caso con el de la compra de la Clínica Sierra Bella que hizo la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler. En ese caso tanto la Contraloría como el Ministerio Público se encuentran investigando el supuesto sobreprecio en la adquisición del inmueble, por lo cual la jefa comunal tuvo que retroceder en la compra, y actualmente es imputada en el caso.

Otra definición fue recalcar que parte de la denuncia podría obedecer a fines electorales del Partido Republicano, que busca arrebatarle Las Condes a la UDI. En el gremialismo destacan que uno de los denunciantes -Patricio Bopp- renunció a la UDI para buscar un cupo como candidato a alcalde por republicanos. De hecho su salida la hizo efectiva antes de octubre de este año, para que no le afecte la Ley Antidíscolos y pueda competir en las municipales del 2024 por otro partido.

Bopp arremetió contra la UDI en una entrevista con La Tercera. “La UDI ha tenido una actitud pasiva y de omisión frente a casos graves de gestión y probidad en Las Condes”, dijo.