¿Juicio a la campaña de Bachelet?

Las últimas revelaciones del escándalo brasileño del Lava Jato cobran un nuevo blanco latinoamericano: Michelle Bachelet. Más allá de los correos, trascendidos, aviones y rumores previos; no había hasta ahora una evidencia tan compleja como la que estaría aportando el ex Presidente de OAS, ahora singularizado como el "colaborador eficaz" número 130-2019, José Adelamario Pinheiro Filho, quien afirma que más de 100 millones de pesos fueron solicitados por el ex Presidente de Brasil, Lula Da Silva, para los "intereses de la campaña de Bachelet".

Si Michelle Bachelet fuera brasileña o peruana, la historia seguramente sería distinta. En esos países, la justicia, los fiscales y el Servicio de Impuestos Internos funcionan con agilidad y prontitud, y en cada uno de estos casos ha actuado con rigor y entereza. No por nada, en Perú, los últimos cuatro mandatarios peruanos han sido investigados y procesados por este caso, dos de ellos actualmente cumpliendo prisión preventiva y otro en calidad de prófugo de la justicia. En Brasil, Lula Da Silva está condenado y preso por una arista relacionada con el caso, mientras Michel Temer cumple arresto domiciliario por la misma causa. Similares investigaciones se desarrollan en Ecuador, Colombia, República Dominicana y Venezuela, entre otros países donde se desplegó la red de corrupción de esta compañía brasileña.

En Chile, en cambio, hasta ahora ha sido imposible avanzar en las investigaciones. Hasta fotos dentro del jet privado de la compañía OAS tenía Marco Enríquez-Ominami, pero la justicia determinó su sobreseimiento ante la ausencia de una querella del Servicio de Impuestos Internos. Respecto de Bachelet, las autoridades del Ministerio Público, pese a múltiples viajes a Brasil e intercambios diplomáticos, no habían logrado conseguir nada concreto y siempre se han mostrado recelosos de avanzar en la investigación en su contra.

Las dudas sobre el posible financiamiento irregular de la campaña de Michelle Bachelet son evidentes. Primero, el rol que juega el geógrafo Giorgio Martelli, que según su declaración habría estado diseñando mapas para OAS, pero que en una serie de hechos a lo largo de toda la campaña del 2013, lo muestran como el verdadero hombre de las platas de Bachelet. Fue el que descubrió la Factoría Italia como comando presidencial de Bachelet y que incluso pagó el arriendo los primeros meses; fue quien creó Asesorías y Negocios, receptora de cientos de millones de pesos de cuestionados aportes de empresas y que sirvieron para contratar a gran parte de los colaboradores de Bachelet; y fue el que habría intermediado los aportes a grandes empresas para conseguir los objetivos de financiamiento de la campaña. A pesar de este rol estelar, nos quieren hacer creer que apenas un par de meses después, Martelli volvió a dedicarse a la geografía y a dibujar mapas para una empresa experta en corrupción de países latinoamericanos.

Pero mayor es el cuestionamiento por el rol que juega el ex Presidente Lula Da Silva. Si ya era curioso que la entonces candidata Michelle Bachelet lo recibiera en medio de la segunda vuelta, mucho más cuestionable es que Lula viajara "auspiciado" por la empresa brasileña, precisamente, para garantizar el "buen ambiente" de negocios en Chile. Una foto que ahora cobra mucho sentido, considerando que Pinheiro afirma que Lula usó ese viaje para asegurar la continuidad de los proyectos en Chile y que tanto Ricardo Lagos, como Michelle Bachelet, podrían ser la prenda de garantía más evidente de esa anhelada seguridad. Finalmente, el apoyo de Bachelet para conseguir la libertad de Lula es el corolario perfecto de esta historia.

Mucho queda aún por investigar para poder llegar a la verdad en este caso. Pero a diferencia de otros países, las acciones y omisiones de la institucionalidad jurídica chilena siguen estando en deuda. Al parecer, no basta con que uno de los principales ejecutivos de una empresa condenada por corrupción en Brasil, haya mandatado a un ex Presidente, preso también por corrupción, a ejercer su influencia en Chile y que ello se haya materializado mediante un contrato eventualmente simulado entre la empresa corrupta y el administrador en las sombras de la campaña de la ex Presidenta. No, no es suficiente.

¿Qué más se requiere para que la justicia investigue y podamos eventualmente llegar a una condena?

Las interrogantes están abiertas.