La nueva Constitución y compromiso constitucional

Claramente estamos en presencia de un nuevo ciclo político, uno post-transicional. Su punto de partida fue el 2011. Pasamos de una ciudadanía introvertida a una extrovertida, con altos niveles de exigencia ética hacia el mundo público y privado, con mayor exigencia de mayor participación en los temas públicos, y críticas permanentes al modelo económico.

En 2013 resurgió el tema de una nueva constitución nacida en democracia. Esto llevó a afirmar que las democracias pueden cambiar sus constituciones (algunos decían que no), para lo cual no era necesario un big bang constitucional, sino que fuimos presenciado una «eclosión», es decir, el impulso al cambio dentro del propio sistema, en el cual la ciudadanía y algunos actores políticos abogaron por un nuevo texto.

Con este diagnóstico y contexto, la ex Presidenta Michelle Bachelet propuso al país un proceso constituyente abierto a la ciudadanía. Este tenía dos condiciones necesarias: acuerdos políticos amplios y legitimidad ciudadana. Fue una propuesta osada que dejó perplejos a muchos, pues conllevaba participación pública incidente en un momento anterior a la redacción de un texto. Se llevaron a cabo más de 8 mil encuentros autoconvocados, cabildos, consultas individuales que dieron lugar a las Bases Ciudadanas Para la Nueva Constitución. Todo observado por un Consejo transversal y los datos procesados por un Comité Técnico. También se propuso una sede donde discutir el futuro texto (una Convención Constitucional que se encuentra hoy en la Cámara de Diputados), y un nuevo texto constitucional que reflejara la incidencia de la participación (hoy en el Senado).

Pero el proceso quedó suspendido. No se pudo avanzar en el acuerdo político. No existió ni fuerza ni voluntad política de los actores para ceder en sus posiciones y buscar un acuerdo, especialmente en el mecanismo de cambio. Igualmente, el sistema de partidos estaba muy débil luego de los casos de corrupción política de 2015 y las nuevas reglas aún no entraban en vigencia. Especial es el caso de la ex Nueva Mayoría, cuyo animus societatis se encontraba en extinción, lo que se expresó en las elecciones presidenciales y parlamentarias de 2017. El nuevo Gobierno además fue claro aún: eliminó todo vestigio del proceso constituyente, bajando todas las webs con información del proceso.

Hoy hay un nuevo comienzo. Las movilizaciones de las últimas semanas han situado a la nueva Constitución como una de sus centrales demandas, requiriendo su adecuación a los cambios políticos, sociales y culturales. Esto refleja la necesidad de un pacto político y social, pues ligado a la disminución de las desigualdades, aparece la necesidad de este nuevo texto fundamental. Es decir, que esas correcciones sean parte de un acuerdo constitucional duradero.

El camino recién se retoma y no es claro su curso. Ahora bien, las dos premisas iniciales no han cambiado. Sin acuerdo político amplio ni legitimidad social no habrá Nueva Constitución y así lo ha demostrado la experiencia comparada. Para el acuerdo, se requiere construir puentes para el diálogo democrático-constitucional que reflejen la pluralidad político y social (sí, incluso aquellos que no están de acuerdo con nosotros), de modo que la Constitución sea lo contrario a la actual: el acuerdo lo más amplio posible, y no de unos pocos. A ello se suma la urgencia que la ciudadanía sea parte del proceso, no sólo votando, sino deliberando, por lo que se deben abrir espacios de participación cualquiera sea el camino.

Lo anterior es la única forma de otorgarnos una Constitución que sea un acuerdo compartido sobre la distribución del poder y los derechos fundamentales. Ello es necesario para generar un «compromiso constitucional», es decir, la adhesión a un texto constitucional que nos identifique y nos represente. Las Bases Ciudadanas del proceso constituyente, la Convención Constitucional propuesta y el proyecto de Nueva Constitución presentado son pasos sólidos para reiniciar la discusión constituyente. Ahora es cuando.