La “piñata” del fondo de tierras indígenas y la oportunidad constitucional

Desde el inicio de la política de compra de tierras a comunidades indígenas en 1994, el Estado de Chile ha adquirido 212.073 hectáreas con un costo de 491 mil millones de pesos, lo que ha beneficiado a 19.969 familias con un aporte aproximado de $ 24.600.000 a cada una. En algunas compras, como la de la comunidad Fermín Manquilef en la comuna de Freire, cuyo objeto fue permitir la construcción del nuevo aeropuerto de la Araucanía, llegó aproximadamente a $112.000.000 millones por familia.

A lo anterior, se deben sumar las más de 114.675 hectáreas propiedad del Estado, que han sido transferidas a comunidades indígenas y las 42.767 hectáreas por compras individuales según el mecanismo del artículo 20 a) de la ley 19.253, (según estudio UFRO-FUDEA de 2106), lo que da un total, entre compras y transferencias, de 369.515 hectáreas.

Así todo, la demanda de tierras aumenta en vez de disminuir y aún se encuentran pendientes con “aplicabilidad”, esto es, con informe jurídico favorable para compra de tierras, otras 678 reclamaciones. Una detallada actualización de estas cifras se puede encontrar en un reportaje de investigación que publicó La Tercera Domingo.

¿Cuáles han sido los resultados de esta política de tierras? El 2020 las tomas ilegales de terrenos por comunidades Mapuche en la Araucanía aumentaron en más de un 700%, a su vez, las comunidades inscritas en los registros de la CONADI han pasado de 679 en 1993 a 4.230 actualmente inscritas, al tiempo que la violencia en la zona, en vez de disminuir aumenta cada vez más.

Lejos quedó el optimismo con que Cornelio Saavedra escribió el 7 de diciembre de 1862 al Presidente José Joaquín Pérez, sobre los primeros pasos de la ocupación militar del territorio mapuche: “Señor Presidente: Angol ha sido ocupada sin resistencia alguna. Puedo asegurar a V.E., que, salvo pequeños tropiezos de poca importancia, la ocupación de Arauco no nos costará sino mucho mosto [vino] y mucha música.”

Hoy a casi 160 años de la comunicación de Cornelio Saavedra, todos hacen negocio con las antiguas tierras del “Arauco Indómito”: los gobiernos, comprando tierras a cambio de paz social y apoyo electoral; los violentistas exigiendo a punta de pistola más hectáreas, chantaje al cual todos los gobiernos se han sometido; algunos agricultores vendiendo a la CONADI campos quebrados a buen precio y ahora las empresas forestales, -tal como lo señala el mismo reportaje de La Tercera- esperando vender a la CONADI 64 predios que por distintas razones ya no quieren.

El Fondo de Tierras es así una gran “piñata” a la cual todos los actores del llamado conflicto mapuche (comunidades, agricultores, forestales y políticos) pueden sacarle una tajada. Todo lo anterior, con el fin original de restituir los “desmedros” de los llamados “títulos de merced”, entregados por el Estado de Chile a comunidades mapuche entre 1884 y 1929, por el cual se les reconocía la propiedad de algunos de sus terrenos. El proceso entregó 2.918 títulos con una extensión total de aproximadamente 510.000 hectáreas.

Lo más increíble del caso es que nadie conoce la cantidad de hectáreas que constituyen los “desmedros” y por tanto, no existe ningún límite conocido a la compra de tierras. Algunos expertos señalan que estos serían cerca de 100.000 hectáreas, lo que de ser efectivo, significaría que el Estado ha comprado más de 3 veces su obligación legal.

Así las cosas, no es de extrañar que el único intento serio por modificar la ley indígena, a través de una consulta según el Convenio 169 OIT en el año 2019, terminara con sendas agresiones a los funcionarios púbicos encargados de llevarla a cabo, desatando una ola de violencia, -apoyada o legitimada por parlamentarios y otros representantes políticos- a la que solo se pudo poner fin con el anuncio de su suspensión y posterior cancelación. ¿Era previsible? Sí, desde el momento que nadie quiere perder una “piñata” de este tipo.

¿Tiene solución? Hoy día ninguna. No existe un consenso político mínimo en torno a qué hacer con la actual política de tierras y así, las relaciones entre las comunidades mapuche y el Estado de Chile siguen cayendo en la lógica que tan bien describe el siguiente relato de Horacio Lara, en su libro “Crónica de la Araucanía” de 1889:

Señala Horacio Lara que, ante la amenaza de una guerra con España, el gobierno chileno decidió fortificar ciertas zonas del sur del país, con el fin de evitar que barcos españoles intentaran incursiones en ellas. En dicho contexto, es que en 1866 se procede a la fundación de un fuerte en el sector de Toltén en la actual región de la Araucanía.

Según el relato de Lara, el entonces teniente coronel Cornelio Saavedra aseguró a los Lonkos del sector que los españoles estaban amenazando la zona y que el ejército de Chile los quería defender, para lo cual era necesario construir un fuerte.

Los Lonkos, a esa altura conocedores de la “nobleza” chilena, contestaron con gran diplomacia que “daban las gracias al coronel que mandaba la tropa y al gobierno; pero que ellos eran bastantes fuertes y valientes para defender sus campos y sus intereses, y en consecuencia, que haría bien el coronel en mandarse mudar con sus soldados y que ellos no lo necesitaban.”

La negativa de los Lonkos hacía peligrar las intenciones de Cornelio Saavedra, por lo cual, cambiando de estrategia, intentó tranquilizarlos sobre tus temores a una invasión de los soldados chilenos y los invitó a una abundante comida, con trago y banda de música. Las fuentes señalan que la fiesta duró 2 días y al final, si bien los Lonkos no aceptaron expresamente el acuerdo, no pusieron problemas a las tropas de Saavedra para iniciar los trabajos de fortificación. Sin embargo, Cornelio Saavedra no guardaba muchas esperanzas en el débil acuerdo alcanzado, menos aun cuando él debía irse y dejar a otro oficial al mando.

Para asegurar el acuerdo, Saavedra comunicó a los Lonkos que, para mayor garantía de su buena voluntad, le dejaría nada menos que a un pariente del pueblo araucano al mando de la nueva guarnición: el comandante Juan Contreras, que tenía sangre mapuche (lo cual era falso).

Prosigue Horacio Lara relatando que los Lonkos se mostraron muy entusiasmados por la noticia y que después de conocer al comandante y conversar con él, llegaron todos a la increíble conclusión que en realidad sí conocían a su familia y que se debería tratar de un niño enviado a una colonia católica de la zona, al que habían dado por muerto, y así “prodújose una escena de abrazos y lágrimas de contento que prodigaban al afortunado primo que se encontraba en tan brillante situación”.

Aceptando el comandante Contreras su papel, oportunamente le dio por ¡reclamar la herencia de sus parientes!, a lo cual los Lonkos, con el mismo desplante del comandante, “reconociendo estos la justicia de su pedido le significaron, sí, que todos sus hermanos habían sido muy enamorados, y por esta causa estaba menoscaba la fortuna de sus padres.”

Tal vez, la actual Convención Constituyente pueda ser la oportunidad de tomarnos en serio, de una vez por todas el tema de las tierras del sur del país en serio y lograr un acuerdo amplio que permita definir y concretar mecanismos y límites claros a dicha política de tierras, los que podrían quedar establecidos en la propia Constitución Política y así terminar con la larga historia de medias verdades, engaños solapados, aprovechamiento o tomaduras de pelo que han marcado por siempre la relación del Estado de Chile y el pueblo mapuche.

Gonzalo Arenas Hödar

Académico USS