Ojo por ojo: los talibanes retomarán las ejecuciones y amputaciones por “seguridad” en Afganistán

Han pasado 40 días desde que el movimiento fundamentalista tomó las riendas de Kabul y los afganos están reviviendo los peores temores de cuando los talibanes gobernaron el país entre 1996 y 2001. El nuevo liderazgo insurgente prometió suavizar sus reglas para mantener la calma entre los ciudadanos, pero el ministro de Prisiones, el mulá Nooruddin Turabi, anunció ahora que restaurarán la política de ejecuciones y amputaciones de manos para quienes incumplan con la estricta interpretación de la ley islámica, lo que enciende las alarmas de la comunidad internacional ante la amenaza de que se repitan crueles crímenes en Afganistán.

“Cortar las manos es muy necesario para la seguridad. Nadie nos dirá cuáles deben ser nuestras leyes. Seguiremos el islam y haremos nuestras leyes respetando el Corán. Todos nos criticaron, pero nosotros nunca hemos dicho nada sobre las leyes y castigos de quienes nos criticaron”, señaló Turabi, un veterano talibán y uno de los fundadores del grupo insurgente en entrevista con la agencia de noticias The Associated Press.

Según el diario El País, la entrevista de Turabi, que tendría alrededor de 60 años, muestra cómo los líderes del grupo permanecen anclados a la línea dura y conservadora del movimiento que gobernó el país hasta la invasión liderada por Estados Unidos en 2001. Turabi, que regresó a Afganistán después de 20 años en exilio en Pakistán, fue ministro de Justicia en el gobierno talibán anterior y además se desempeñó como jefe del denominado Ministerio de Propagación de la Virtud y Prevención del Vicio, misma cartera que volvió a funcionar desde el 15 de agosto pasado, siendo establecida en la sede del ahora desaparecido Ministerio de Asuntos de la Mujer, en el marco de un gabinete interino compuesto solo por hombres.

“La gente se preocupa por algunas de nuestras reglas, por ejemplo, cortar las manos. Pero esta es una demanda pública. Si le cortas la mano a una persona, no volverá a cometer el mismo crimen. La gente ahora es corrupta, extorsiona a otros, acepta sobornos. Tenemos una Constitución, pero le introduciremos cambios y, en base a esos cambios, revisaremos los códigos civiles, penales y las reglas para civiles. Habrá muchos menos prisioneros porque seguiremos las reglas del islam, reglas humanas”, defendió Turabi en diálogo con Al Jazeera.

Por el momento, lo único que diferenciaría los próximos castigos físicos para los que desobedezcan las reglas del Corán, que los talibanes defienden al señalar que genera un “efecto disuasorio”, sería que para las nuevas ejecuciones “desarrollarían una política” y “no necesariamente se llevarían a cabo en público como antes”.

En medio de un éxodo de afganos que todavía intentan escapar del país, especialmente después de la salida de tropas internacionales, y el incierto escenario para los que aún permanecen en el país, los talibanes han anunciado el regreso de los “tribunales de sombra”. El sistema de justicia empleado por los fundamentalistas que impone sus propias sentencias está encabezado por el nuevo ministro de Justicia, el mulá Abdul Hakim Sharie, y ha sido el foco de preocupaciones por las persecuciones que se podrían desatar.

Bajo este sistema de los talibanes, las ejecuciones de asesinos condenados eran perpetradas por los propios familiares de la víctima y debían ser de un disparo en la cabeza. De lo contrario, podían acceder a aceptar el “dinero de sangre”, lo que permitía al culpable seguir con su vida.

Según el diario británico The Guardian, el castigo para los ladrones es la amputación de una mano, mientras que para robos en las carreteras es el corte simultáneo de una mano y un pie. Hasta ahora, los insurgentes ya revivieron un tipo de castigo, como es el avergonzar públicamente a los afganos acusados de hurto menor. Tan solo la semana pasada, se dieron al menos dos casos en Kabul, en que hombres fueron atados de manos, pintados en la cara para ser identificados y obligados a desfilar en la parte de atrás de una camioneta.

Un informe elaborado por Human Rights Watch (HRW), realizado a partir del acuerdo entre Estados Unidos y los talibanes, el 29 de febrero de 2020, para una retirada gradual de las fuerzas militares extranjeras desplegadas en Afganistán a cambio de que el grupo insurgente no permita ataques contra suelo estadounidense o sus aliados, cuestionó que el sistema judicial de los fundamentalistas fue responsable de una serie de “abusos cometidos por tribunales y cárceles talibanes, incluidas detenciones arbitrarias prolongadas y castigos sumarios”.

El texto basado en 138 entrevistas, entre ellas 120 diálogos con funcionarios, comandantes y combatientes talibanes, sostiene que cuando los insurgentes estuvieron en el poder en la década de 1990 dejaron un historial de “violaciones sistemáticas contra mujeres y niñas; castigos corporales crueles, ejecuciones; y supresión extrema de la libertad de religión, expresión y educación”.

De acuerdo con HRW, son los policías de “moralidad” los encargados de realizar los controles sociales en las calles. Los patrulleros talibanes realizan monitoreos a la “adhesión” de los residentes a los “códigos sociales”, como “la vestimenta, el comportamiento público, la longitud de la barba, la asistencia de los hombres a las oraciones de los viernes y el uso de teléfonos inteligentes u otros dispositivos tecnológicos”. El incumplimiento inicial de una de las reglas puede terminar en una advertencia o una ofensa menor, pero podría llegar a ejecuciones públicas.

La inquietud de las organizaciones de derechos humanos está instalada ante lo que podría ocurrir en los próximos días. Los denominados “grupos armados no estatales” tienen la obligación de cumplir con el artículo 3 de los Convenios de Ginebra de 1949 y al Derecho Internacional Humanitario, de lo contrario podrían ser juzgados por crímenes de guerra.

Aún con el regreso del “ojo por ojo” a Afganistán, el alto funcionario talibán Nooruddin Turabi intentó poner paños fríos, defendiendo que sus políticas están siendo diferentes a cuando tomaron el poder por primera vez en 1996, ya que permitirán el uso de “televisión, teléfonos móviles, fotos y videos, porque esta es la necesidad de la gente”.