Realismo sin renuncia

El anuncio del gobierno saliente indicando un incremento en el déficit fiscal estructural desde 1,7% a 2,1% del PIB ha generado un acalorado debate. Algunos comentaristas y ex autoridades han tratado de minimizar el tema sugiriendo que se trataría de un mero cambio en un déficit teórico (el estructural) y recordándonos que la caja fiscal disponible para gasto no se ve afectada. ¿Es esto lo realmente relevante? Y, más allá de este episodio ¿Cuál es el problema de fondo?

Desde 2001 la política fiscal se rige por una regla anclada en la saludable premisa de que el gasto corriente del fisco no esté determinado por sus ingresos corrientes, sino que por sus ingresos cíclicamente ajustados (estructurales) que dependen del crecimiento económico de tendencia y del precio del cobre de largo plazo. Esto implica que la mayor o menor disponibilidad de caja es irrelevante para definir un mayor o menor gasto público.

Precisamente lo que la regla busca es desconectar esos ciclos de caja de los del gasto, otorgándole mayor estabilidad a este último. En períodos de boom en que el fisco recibe mucha caja gastará solo una fracción y ahorrará el resto en sus fondos soberanos. Y en períodos de "vacas flacas", lo contrario: el fisco recibe poca caja, pero solventa su gasto con sus ahorros o bien emitiendo deuda.

En consecuencia, se equivocan quienes sugieren que la restricción activa del fisco es la caja de que dispone. Si así fuera, ya no existirían los US$25.000 millones que hay en fondos soberanos. A más de 15 años de la regla fiscal, sorprende que no haya completa claridad respecto de que el real determinante del gasto público son sus ingresos estructurales.

Por lo anterior, como lo ha señalado el Ministro de Hacienda Felipe Larraín, comenzar con un déficit estructural de 2,1% en lugar de uno de 1,7% del PIB no es para nada inocuo. Esto restringe la capacidad de gasto del gobierno entrante en exactamente este diferencial que equivale a unos US$ 1.100 millones.

Pero más allá de este episodio, el problema de fondo es otro. Se asocia con la pesada mochila fiscal que deja el gobierno saliente. Este heredó un déficit estructural de 0,5% del PIB y se comprometió al asumir, reforma tributaria mediante, a llevarlo a cero en 2018. De haber cumplido con la senda originalmente trazada, su déficit estructural anual promedio hubiera sido 0,7% del PIB en lugar del 1,6% que promedió finalmente. Esta diferencia equivale a un exceso de gasto en el cuatrienio por unos US$10.000 millones, más de un año de reforma tributaria.

La decepcionante trayectoria fiscal no solo daña la credibilidad de la regla. También es nociva para el juego democrático. Y es que la falta de disciplina fiscal de un gobierno, deriva en que todo el peso del ajuste se traspase al que le sucede. Esto limita su capacidad de gasto y, con ello, su legítimo derecho a llevar a cabo el programa de gobierno con el que fue electo.

Durante su mandato, la Presidenta Bachelet acuñó la famosa frase del "realismo sin renuncia". Un oximoron si se considera que en el mundo real de recursos escasos el realismo (fiscal) es siempre con renuncia. La pregunta políticamente relevante es quién termina cargando con esa renuncia.