Reconstruir para Sanar: el programa de Yasna Provoste

Existe un abismo entre el programa de Gabriel Boric y de Daniel Jadue cuando se le compara con el programa de gobierno de Yasna Provoste. Mientras los programas de los candidatos de la izquierda recogen la experiencia y la realidad del siglo XX, el de la candidata de la centroizquierda se hace cargo de los desafíos del siglo XXI.

Dos ejemplos grafican lo anterior de manera elocuente: el neosoberanismo que caracteriza la visión de Boric y Jadue en materia de relaciones económicas internacionales -el debate en días pasados en torno a la revisión de los tratados comerciales y de inversión es solo un botón de muestra-, a diferencia de la activa inserción internacional que propone Provoste, y las relaciones laborales propias de la sociedad industrial de los años 50 y 60 que proponen aquellos, a diferencia de la propuesta de la candidata del Nuevo Pacto Social que se hace cargo de los desafíos de la sociedad del conocimiento o de la información, en la era digital, en pleno siglo XXI. Lo hace asumiendo y sin desconocer los apreciables logros de los últimos 30 años (a diferencia de los programas de Boric y Jadue, que son variaciones en torno a la consigna de “no son 30 pesos, son 30 años”).

Reconstruir para sanar, como se señala en la introducción del programa, no solo se refiere a los desafíos post “estallido social” y pospandemia en los ámbitos de salud, educación, empleo e inversión, contaminación y emergencia climática, sino también en “la reconstrucción de las confianzas sobre la base del respeto y la convivencia” p. 22). No estamos hablando de una frase retórica. Estamos hablando de un Plan Transitorio de la Reconstrucción para Sanar -en los distintos ámbitos mencionados- de US$ 5.000 M anuales, de los cuales la mitad va a salud.

¿Qué duda cabe que el mayor esfuerzo del próximo gobierno, más allá incluso de las reformas estructurales -aunque el programa habla más bien de cambio gradual-, tendrá relación precisamente con las secuelas y los efectos de la revuelta de octubre y la pandemia? El programa es lo suficientemente realista y lo suficientemente ambicioso como para plantearse ese objetivo nacional.

Dos son, a mi juicio, los núcleos centrales de todo el programa y la parte más sustantiva del mismo, cruzado todo ello por los temas de inclusión, descentralización y perspectiva de género.

El primero, y a mi juicio el más logrado, es el primer capítulo sobre “Nuevo modelo de desarrollo” -aunque yo habría preferido hablar de estrategia de desarrollo en la tradición de Jorge Ahumada y Aníbal Pinto-, con un énfasis en innovación, emprendimiento, productividad y alianza público-privada, que son la base de lo que uno pudiera proyectar como estrategia de desarrollo del siglo XXI. Junto con la creación de tres empresas públicas en los campos de riego desalinizado en el desierto, litio e hidrógeno verde -el programa de Boric propone la creación de nueve empresas del Estado-, el énfasis está en las pymes, con énfasis en energía -se propone el cierre de plantas termoeléctricas en 2030, matriz energética 100% renovable a 2035, carbono neutral a 2040 y la instalación de un millón de techos solares-, y crisis y recursos hídricos, junto con propuestas en materia de pesca y acuicultura, minería sustentable y turismo.

Ese primer capítulo, que es la base del programa, tiene 51 páginas, casi el equivalente a los dos capítulos siguientes sobre protección y oportunidades (pensiones, educación y salud) y buen vivir en comunidad (transportes, vivienda, mundo rural, seguridad ciudadana, ciberseguridad, justicia y DD.HH., culturas, artes y patrimonio), quiero decir, la transformación socioambiental y productiva va en serio.

Entre las materias anteriores cabe destacar una pensión básica de $ 225.000, con una expresa declaración sobre respeto por los ahorros acumulados en la cuenta de capitalización individual (el programa de Boric contiene la misma declaración). Se habla de un aporte adicional de 6-8% de cargo del empleador, con un componente de ahorro individual y colectivo que será determinado por ley, con expresa mención que en el futuro sistema los fondos serán de los trabajadores y no del Estado.

En materia de educación se priorizará la educación pública, con énfasis en la educación parvularia (de abajo hacia arriba) y la brecha digital. Se habla de reformular el sistema de financiamiento de la educación escolar -habría que precisar en qué consiste- y de pagar la “deuda histórica” de los profesores (en un seminario en la Archi la candidata habló de 0,5% del PIB o el equivalente a US$ 1.500 M para unos 61.000 profesores). Se propone el fin del CAE, sustituyéndolo por un sistema de pago diferido, aunque no se habla de su condonación (se calcula que su condonación equivale a US$ 10.000 M, es decir, la mitad de todo lo que se proyecta para el próximo gobierno como Plan Transitorio de la Reconstrucción para Sanar).

En materia de salud se habla de un Plan Universal y de un Seguro Único, al igual que Boric, pero no se indica -salvo una referencia general a un seguro complementario- qué pasará con los tres millones de personas que están en una isapre. Si en régimen se contempla que el 100% pague su 7% a este seguro público, ¿qué pasará con los tres millones de personas que están en el sistema de isapres? ¿Un “seguro complementario” significa que por sobre eso podrán quedarse en una isapre, es decir, pagando el doble o más de lo que pagan actualmente? Si el Fonasa, que atiende al 80% de la población, ya está completamente estresado con los efectos de la pandemia y las históricas largas listas de espera y falta de especialistas, ¿qué pasará si se le traspasan otros tres millones de personas?

El segundo gran cuerpo de ideas es el del capítulo cuarto, referido a un Estado sustentable y eficaz para un Nuevo Chile. Son 24 páginas de una propuesta moderna, innovadora y bastante radical, uno diría, que procura conjugar pacto tributario, sostenibilidad fiscal y modernización del Estado; es decir, un marcado énfasis en la recaudación fiscal y en la gestión de los nuevos y viejos recursos fiscales.

El programa se propone recaudar el equivalente a cinco puntos del PIB, a diferencia del de Boric, que plantea 9-10 puntos. El punto, sin embargo, requiere de clarificaciones si consideramos que en el programa de Bachelet nos proponíamos recaudar el equivalente a 3,2% del PIB, y solo alcanzamos 1,7%, por lo que tampoco es cosa de sumar y restar (el crecimiento promedio del gobierno de la Nueva Mayoría fue de 1,6%, lo que explica una buena parte de la menor recaudación). El énfasis, al igual que el programa de Boric, es en evasión, elusión y exenciones, la “triple E” de la que muchas veces se sacan cuentas alegres. A diferencia, sin embargo, del programa de Boric, hay un énfasis en el crecimiento económico (en días pasados, Nicolás Grau, principal asesor de Gabriel Boric, reconoció en una entrevista que el crecimiento no es una prioridad para su gobierno).

Un punto débil del programa de Provoste en materia de descentralización consiste en la supresión de la figura del delegado presidencial y en la creación de un Ministerio de Descentralización (también se contempla la creación de ministerios de Seguridad Pública y de Pueblos Originarios, lo que está muy bien, y del Mar y la Descentralización, lo que es dudoso). Eliminar la figura del delegado presidencial termina por alterar la definición de “Estado unitario descentralizado”, en la medida en que el delegado presidencial responde justamente a las características de un sistema unitario (en Francia, 40 años después de la reforma de Mitterrand sobre descentralización, sigue existiendo el prefecto como representante del nivel central en las regiones). Como aquí no se está proponiendo pasar a un Estado federal, se rompe el equilibrio con esta medida. Piénsese solo en lo que significa esa innovación en la línea de Interior, orden público y seguridad ciudadana, y la desorientación general que puede producir.

Finalmente, el programa contiene un capítulo sobre un “nuevo Chile verdaderamente inclusivo”, con un fuerte énfasis e innovadores medidas -varias de ellas bastante controvertidas- en materia de niñas, niños y adolescentes, adultos mayores y, sobre todo, pueblos originarios y género. Estado plurinacional, interculturalidad, Ministerio de Pueblos Indígenas y una serie de medidas en torno a un Nuevo Pacto del Estado con los Pueblos Indígenas son algunas de las medidas. En términos de género se propone rebautizar el reciente ministerio creado por Bachelet por el de Mujeres, Igualdades y Diversidades. También se propone la aprobación de unas ocho o nueve leyes, incluida aquella sobre legalización del aborto.

En síntesis, la transformación socioambiental y productiva, junto con un innovador esquema de pacto tributario, sostenibilidad fiscal y modernización del Estado aparecen como los dos cuerpos medulares de un programa de cara a los desafíos del siglo XXI. Reconstruir para Sanar es la propuesta de la centroizquierda, bajo al liderazgo y la candidatura de Yasna Provoste. Aunque las elecciones no se ganan ni se pierden con los programas de gobierno, lo que tenemos aquí es un intento de proyectar hacia el futuro el país de los últimos 30 años, sobre la base de los logros y de los nuevos desafíos que surgen de los cambios en Chile y el mundo. Subsiste la necesidad de una serie de aclaraciones y precisiones que habría que hacer en los temas que ya hemos mencionado.