TC y lucro en universidades: Tres claves sobre el fallo

Las miradas de desconfianza vuelven a apuntar al Tribunal Constitucional (TC). El organismo de larga data en la historia institucional del país (fue fundado en 1970), ha adquirido en los últimos años un protagonismo que muchos califican como excesivo y que escapa a su naturaleza estrictamente jurídica, para convertirse, en lo que algunos parlamentarios reclaman, en una "tercera sala" legislativa. Sus fallos en materias como la despenalización del aborto, la gratuidad, cuando ésta ha debido ser revisada como glosa presupuestaria, han generado polvaredas que inevitablemente despiertan dudas respecto a la asepsia política de sus deliberaciones.

Esta vez el foco se posó en quizás la ley más emblemática de la ex Presidenta Michelle Bachelet: el proyecto de educación superior, iniciativa que entre sus materias oficializa el derecho a la gratuidad. Y si bien ese punto no corre peligro, según lo que han adelantado algunos de sus ministros, sí ya es un hecho que la intención de prohibir que las universidades puedan incluir entre sus sostenedores entidades o personas con fines de lucro será invalidada por un error "de forma". Dicha materia, establecida en el artículo 63 del texto legal, fue materia de cuestionamiento durante el control obligatorio de constitucionalidad, ya que la mayoría de los integrantes del TC consideraron que dicho punto era materia de Ley Orgánica Constitucional (LOC), por lo tanto requería de una votación en el Congreso mayor que la que obtuvo cuando fue aprobada en la Cámara de Diputados, en junio del año pasado. En términos simples: fue ratificada con 66 votos y una abstención, y requería un quórum de 67. Es decir, faltó un voto.

¿Qué efecto genera esto? Además, de echar por tierra una de las demandas más exigidas por el movimiento estudiantil, que lleva años denunciando supuestas artimañas legales que se han aplicado en algunas universidades (impedidas legalmente de tener fines comerciales) para extraer recursos, también abre indirectamente la puerta para que instituciones que hoy tienen sostenedores que persiguen fines de lucro, puedan acceder a la gratuidad, algo que hoy está prohibido por glosa presupuestaria. ¿Qué pasó? La futura ley no incluyó esa condición como impedimento a la hora de establecer los requisitos institucionales para acceder al beneficio de financiamiento estudiantil (que hoy considera una acreditación igual o superior a cuatro años, un sistema de admisión, entre otras materias), dado que estaba establecido como condición sine qua non para ser una universidad. Ahora sin el artículo 63, cuya votación oficial está programada para hoy, no habrá barrera que elimine, de una vez por todas, la sospecha de lucro entre las casas de estudios. Lo que algunos llaman, el corazón de la nueva ley.