Una fuga de confianza en la PDI

“Él llegaba con los dineros en efectivo y me los pasaba con las instrucciones de cuánto debía depositar en cada cuenta”. Esta fue la reciente declaración que dio, entre lágrimas, un subcomisario al Ministerio Público, tras los escándalos de corrupción ligados al exdirector de la PDI. Algunos años antes, la Unidad de Análisis Financiero detectó un llamativo movimiento financiero de la autoridad, al momento de comprar un inmueble junto a su esposa por $ 440 millones -principalmente al contado-. El exmandamás giraba cerca de $ 30 millones mensuales provenientes de gastos reservados, según la querella que el Consejo de Defensa del Estado presentó por malversación de fondos públicos, falsificación de instrumentos públicos y lavado de activos.

Lamentablemente, la institución que contaba con la más alta confianza ciudadana según la encuesta CEP 2021, se ha visto afectada por este grave escándalo. De poco sirvió la capacidad que esta tuvo para navegar en tiempos turbulentos como lo fueron las protestas del estallido y los fructíferos esfuerzos por mejorar la imagen de la institución. Si este oscuro entramado de corrupción no es enfrentado enérgicamente, podría ser el final de su valiosa reputación.

Lo ocurrido a fines de 2019 nos reveló la urgencia que tenemos de avanzar en varios planos, entre los cuales se encontraba la seguridad. Para lograr que las policías operen adecuadamente, la legitimidad es fundamental. El problema no es que las operaciones de estas se encuentren sometidas al escrutinio público, sino que no sean percibidas como correctas y necesarias, lo que dificulta su capacidad de revertir el creciente distanciamiento entre las instituciones y la sociedad. En este punto, la dimensión propiamente política del uso de la fuerza es, entonces, indesmentible y merece mucha mayor relevancia de la que ha tenido hasta ahora en nuestro debate.

Justamente, estos últimos hechos de la PDI son de suma relevancia para todos nosotros, ya que para que nuestra libertad surja y florezca, no basta con una sociedad civil vigorosa, sino que también se requiere de un Estado efectivo en hacer valer la ley. O, como nos decía Adam Smith, tenemos que reconocer que la seguridad es una condición sine qua non para la marcha de un país, su progreso y el paso a mejoras de la calidad de vida de sus habitantes.

Dos de los principales intelectuales de la teoría política, Thomas Hobbes y Max Weber, nos compartían su preocupación por la instauración de un sistema anárquico que podría amenazar a la humanidad. Hobbes señalaba que las personas renunciaban a su capacidad coactiva, delegándola en un tercero -Leviatán- que iba a actuar con justicia, garantizando la vida, libertad y seguridad, para que las personas pudiesen convivir pacíficamente. Weber, por su parte, identifica al Estado como el monopolio de la violencia legítima. La debilidad del nuestro para ser efectivo en esta labor, tiene que ver justamente con este último punto. En este contexto, la corrupción golpea uno de los pilares esenciales de coexistencia política, por lo que se requiere de medidas correctivas y seguir modernizando la normativa, que permitan rescatar la legitimidad de una institucionalidad en la que ya poco se cree.