Voto electrónico, ¿rapidez, transparencia y seguridad?

Hemos asistido, en los días recientes, nuevamente a un escándalo en una elección interna de un partido político. Si bien las acusaciones de fraude electoral acompañan a ciertas tiendas políticas en sus elecciones internas, no es menor señalar también que el sufragio electrónico ha sido protagonista los "fallos" o "caídas"  en los mismos partidos que se han inclinado por su uso.

El voto electrónico ha tenido variados defensores. Cabe destacar, en primer lugar, al Presidente de la República, quien en 2016 señaló que es necesario introducir la tecnología y el sufragio electrónico para "evitar bochornos". El actual Ministro de Justicia también ha sido un defensor del voto electrónico, presentando una propuesta junto con el diputado Alessandri, argumentando su implementación para combatir el abstencionismo electoral.

Hay partidos políticos que también se han inclinado por implementar en sus elecciones internas el voto electrónico. Revolución Democrática ha usado este método para realizar elecciones y también consultas internas, con una participación que no supera el 5% del total del padrón de afiliados de dicho partido, por lo que el argumento de combatir la abstención al menos, en este caso, no se sostiene. La UDI también usó el voto electrónico para sus elecciones internas. El resultado fue un fiasco, fallando el sistema de comprobación de afiliados, impidiendo que varios de ellos pudieran sufragar.  Ahora asistimos a un nuevo escándalo electoral, vinculado al voto electrónico. Ciudadanos, partido político formado por el ex Ministro Velasco no ha podido encontrar un camino jurídico para abrir una urna electrónica que se encuentra en una nube y así resolver las supuestas inconsistencias de la elección interna.

El Servicio Electoral también ha mostrado interés por implementar el sufragio electrónico. Hace algunos meses abrió una consulta pública al mercado para recibir propuestas sobre instalación del voto electrónico en Chile, aun cuando para probar un sistema electrónico de votación, en una elección popular  requiere, en mi opinión,  la autorización de una ley orgánica constitucional. Finalmente, el Servicio Electoral retrocedió en su consulta pública por la polémica levantada.

Desde el establecimiento del "Sistema Electoral de Suscripciones" de José Miguel Carrera, pasando por la creación del Registro Electoral, la cédula única, el sufragio femenino, la ampliación de la ciudadanía  a los mayores de 18 años y a los analfabetos, hasta el fin del sistema binominal, el derecho electoral chileno ha avanzado en aras de profundizar la democracia, aumentar la participación e impedir la existencia de fraudes electorales. Si bien nuestro sistema de votación es viejo y romántico (papel y lápiz), es  seguro. La seguridad de nuestro sistema y la fe en él radica en que son los  ciudadanos y partidos políticos quienes observan el proceso,  escrutan las mesas y envían los resultados al Servicio Electoral y a la justicia electoral. Nuestro sistema además contempla la posibilidad de  reclamar dichos escrutinios ante la justicia electoral, que en plazo breve resuelve dando certeza de la inclinación de la voluntad popular.

El voto electrónico, en tanto no ofrece la fe pública que el viejo sistema nos entrega. Países democráticos como Alemania, Holanda o Inglaterra lo han desechado por los diversos problemas en materia de seguridad y transparencia que este presenta. En otros países ha sido foco de conflictos, como las elecciones en Venezuela, Estados Unidos (George W. Bush), o en la ciudad de Buenos Aires.

La participación ciudadana no pasa por la implementación del voto electrónico. Tampoco es excusa para su implementación la rapidez de la entrega de los resultados, puesto que en Chile, en poco más de cuatro horas después del cierre de las mesas receptoras de sufragios, es posible saber quienes serán nuestras autoridades para un nuevo período.

Lo sucedido ahora en un espacio tan pequeño como lo es un partido político tiene que ser una voz de alerta. El voto electrónico no ofrece la fe pública, la efectividad y la rapidez de los resultados que nuestro sistema otorga en cada elección. Nuestro sistema de votación es viejo, puede mejorarse, pero no debe cambiarse algo que ha funcionado tan bien desde la implementación de la cédula única electoral, en 1958, para reemplazarlo por  una tecnología cuestionada y sobre todo, que no ha dado muestras de seguridad y fe en algo tan delicado como un proceso electoral, corazón de la democracia.